La corrupción ha detenido el progreso de un país tan rico como Guatemala, que con tanto recurso natural y humano sería una patria pujante, con una digna calidad de vida para sus habitantes. Lejos de ello, tenemos un alarmante retroceso: ¡casi el 50 % de desnutrición infantil! Eso significa que nuestros niños no alcanzarán la talla que por genética les corresponde. Serán presa fácil de las infecciones y tendrán bajo desarrollo escolar, baja productividad en la vida adulta y bajo intelecto. Es decir, nos están arrancando la posibilidad de un mejor futuro. Según el Unicef, ocho de cada diez niños del área rural padecen desnutrición crónica. Las estadísticas muestran que somos los primeros en desnutrición entre 22 países de América Latina y el Caribe.
El Unicef documentó que Guatemala, El Salvador y Venezuela son los tres países con las tasas más altas de homicidios de niños y jóvenes a nivel mundial. Según el informe de Insight Crime de 2017, ocupamos el sexto puesto en homicidios en América Latina. Cabe resaltar el informe del Inacif de 2017, que muestra que mueren en promedio 62 mujeres de manera violenta en el país. Nos corresponde un horripilante tercer lugar en feminicidios en este continente.
Las cifras de analfabetismo son alarmantes. Según el Conalfa, en 2017 había más de un millón de guatemaltecos que no sabían leer ni escribir. El Unicef muestra que las deficitarias condiciones de saneamiento afectan a seis millones de pobladores y que casi tres millones de guatemaltecos no tienen acceso a agua de tubería con tratamiento.
El sistema de salud se mantiene colapsado, con bajas cifras de coberturas, con una paupérrima atención de segundo y tercer nivel, y con un primer nivel de atención prácticamente paralizado. Son 44 los hospitales de la red de servicios de salud con incontables deficiencias en rubros que van desde medicamentos básicos hasta una abandonada infraestructura. Esto repercute en la violación constante del derecho a la atención en salud por parte del Estado, según estudios documentados por el PDH.
Guatemala ocupa el puesto 143, el tercero de Latinoamérica, en los peores índices de percepción de corrupción, según Transparencia Internacional. Además del peligro constante en que se encuentra la libertad de expresión, recordemos que los asesinatos de periodistas y las amenazas contra ellos han sido la constante en los últimos gobiernos.
Las principales rutas de acceso están seriamente dañadas. El colapso de puentes y carreteras dificulta las actividades comerciales y el transporte de personas y productos. Las vías secundarias tienen profundos daños y están casi abandonadas.
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Mientras tanto, el Ejecutivo comandado por el binomio presidencial y el Legislativo comandado por el partido oficial han trabajado arduamente en alianza por mantener la impunidad y han centrado sus esfuerzos en una lucha férrea para expulsar a la Cicig del país. Sus estrategias han ido desde las más infantiles, como nombrar no grato al comisionado de esa entidad, hasta las más malévolas y planificadas, como los frecuentes viajes de representantes de este gobierno a Estados Unidos para cabildear y negociar el retiro de aquella entidad investigadora, con no despreciables cifras de dinero invertidas y con el reciente despliegue de los altos mandos militares para dar un mensaje del poder absoluto del gobierno actual. Además, la mayoría de los legisladores se han esforzado en mantener el transfuguismo, en evitar a toda costa las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos y en modificar las leyes para proteger sus fechorías sin que les importe que abominables criminales salgan beneficiados de estas oscuras reformas, esto último impedido por la atinada movilización ciudadana. Y, por si fuera poco, recientemente el Congreso tiene planificado violentar la independencia de los poderes a través de la modificación de la Ley de Antejuicios para poner de rodillas a las pocas fuerzas de balance que hemos tenido, como la Corte de Constitucionalidad y el Procurador de los Derechos Humanos.
Entonces, no debemos perder el norte. No debemos dejarnos distraer y creer que la lucha contra la corrupción tiene una tendencia de izquierda, que la lucha anti-Cicig es de derecha, que está en juego el matrimonio entre personas del mismo sexo o que se está promulgando el aborto. Tampoco deben distraernos las declaraciones sobre la magia del Gobierno con esos «camiones viejos que atrapan aviones» o sobre lo «carísima» que es la única universidad estatal.
Nuestra lucha debe ser firme. Debe tener objetivos claros: no permitir la impunidad y la persistencia de la corrupción, estar atentos a que la justicia caiga con todo su peso sobre estos macroasesinos. Primero debemos limpiar la casa como una condición sine qua non para el progreso del país. Luego, retomar la lucha por las verdaderas reformas de la Ley Electoral. Y finalmente, exigir al Legislativo y al Ejecutivo que en sus agendas solo existan discusión y planes para darle al guatemalteco seguridad, educación, salud, empleo y bienestar.
Cuando ya casi habíamos perdido la esperanza, en el lejano departamento de Quetzaltenango vimos en unas pancartas llevadas por chiquillos cómo surgían embriones de verdaderos patriotas. Los hermanos de la provincia han levantado sus voces de protesta y han enseñado la fuerza del pueblo. Vemos hoy una universidad estatal y algunas privadas que, como verdaderos entes académicos, han adoptado una actitud beligerante y consecuente, así como una procuraduría de derechos humanos y una Corte de Constitucionalidad que hasta hoy han logrado un contrapeso temporal.
Es momento de lucha, de propuesta, de tomar lo que es nuestro: el presente, el futuro de Guatemala. Retomo la frase de Otto René Castillo: «Vamos, patria, a caminar. Yo te acompaño».
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