Vale la pena reflexionar que no han existido acusaciones generalizadas de fraude en el período que inicia con la llamada «transición democrática», inaugurada con las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente en 1984. Aunque existió a) un régimen restringido de participación dada la exclusión de expresiones de izquierda radical originada por la tutela militar y la continuidad del conflicto armado en la parte inicial de la transición, b) se produjeron intentos de golpe de Estado en el gobierno de Vinicio Cerezo Arévalo y el autogolpe de Jorge Serrano Elías, y c) existan limitaciones y dificultades profundas en el sistema político que se expresan en las graves acusaciones de corrupción, impunidad y «cooptación» institucional, las generaciones que han nacido en este período, no tienen una experiencia directa de fraude, tal y como sí tuvieron quienes vivieron en el período previo.
Según expresión de Víctor Gálvez Borrell, existió un período político electoral de fraudes sucesivos de 1974 a 1982. Pero las elecciones que recibieron más acusaciones de fraude fueron las de 1974. En las elecciones generales de ese año, dos militares competían por la presidencia del país. El candidato oficial, impulsado por la coalición Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y el Partido Institucional Democrático (PID) fue el general Kjell Eugenio Laugerud García y como candidato de oposición, el general Efraín Ríos Montt postulado por el llamado Frente Nacional de Oposición (FNO), integrado por la Democracia Cristiana (DC), el Partido Revolucionario Auténtico y el Frente Unido de la Revolución (FUR).
El FNO se proclamó ganador con más del 50 % de votos, pero el Registro Electoral montó un fraude y declaró ganadores a la coalición MLN-PID y a Laugerud García. Entre otros efectos, este fraude electoral hizo que Ríos Montt saliera del país como agregado militar en España, existiera un gobierno carente de toda legitimidad y se alentara la insubordinación ya existente al mostrar, de nuevo, que la vía electoral de disputa del poder estaba bloqueada. El gobierno de Laugerud García gana un respiro debido al terremoto del 4 de febrero de 1976 y logra finalizar su mandato para entregar el puesto a otro general.
[frasepzp1]
Lo que quiero señalar con este breve recordatorio es que, aunque han existido dificultades y problemas en las elecciones generales y, definitivamente, han existido problemas mayores en elecciones locales (municipalidades y otras instituciones), desde tiempos del conflicto armado y de la «transición democrática» de 1985, no se había tenido en Guatemala una experiencia de fraude tan abierta y descarada como la de las elecciones a rector en 2022.A las «tradicionales» prácticas de compra de votos (con fiestas, jaripeos y licor) y acarreo de votantes, se suma la violación de procedimientos formales y el impedimento de participación de electores de la oposición, sin sustento legal claro. Estos últimos aspectos son los que hacen que existan acusaciones de fraude descarado y resten toda legitimidad a las autoridades universitarias (aunque tengan el respaldo de la ley, que ellos mismos violaron).
El Consejo Superior Universitario y el rector espurio Walter Mazariegos Biolis, tienen el dudoso honor de ser parte de la «punta de lanza» del retorno a una época que se podía considerar cosa del pasado. Si se suman la «cooptación» de la institucionalidad política y jurídica, así como ataques a medios de comunicación como parece ser el caso de Rubén Zamora, bien se puede considerar que estamos a las puertas de graves acontecimientos.
La única nota esperanzadora es que la resistencia contra el fraude se mantiene en abierta oposición. Y se debe considerar que los fraudes son actos políticos costosos cuyas consecuencias no se pueden calcular adecuadamente.
[1] Se puede discutir esta afirmación y considerar que hay mucho más que democracia «formal» o democracia «procedimental» pero, aunque es una definición restringida, representa una forma usual de considerarla.
Más de este autor