Gobierno aduce la lucha contra el narcotráfico para cercar 22 municipios

El Estado de Sitio decretado por el Gobierno en 22 municipios del nororiente del país coloca un cerco en El Estor y al Valle del Polochic, un área en donde abundan los conflictos irresueltos. Sin embargo, Semuy II, que pertenece a El Estor, destaca más como un área abandonada que como un centro de operaciones criminales. El pasado tres de septiembre, en ese lugar, fueron ejecutados tres oficiales del Ejército y dos comunitarios resultaron heridos con arma de fuego, en un hecho todavía no aclarado.

Desde la capital, Semuy II se ubica a casi 360 kilómetros de distancia. Es un poblado de 110 familias aproximadamente que viven sin energía eléctrica ni servicios básicos, con mala señal de telefonía y con acceso a una única escuela en donde se imparte educación primaria. Desde 2017 los habitantes ocupan los lotes que les cedió una empresa de palma africana, Naturaceites, como parte de un acuerdo para resguardarlos del peligro por deslizamientos de tierra en el área que antes habitaban.

Apenas identificado en el mapa, para llegar a esta finca –de la que todavía está pendiente el trámite de escrituración a favor de la población– hay que rodear el Lago de Izabal o ingresar por un camino escabroso por la aldea Teleman, en Panzós, municipio de Alta Verapaz.

El martes tres de septiembre, cuando se sabía poco del incidente entre pobladores y oficiales del Ejército, fue Naturaceites la que proveyó una ambulancia para trasladar a los dos pobladores heridos hacia el hospital de La Tinta, otro municipio de Alta Verapaz.

Héctor Herrera, comunicador de la empresa, explicó que la coordinación ocurrió a las tres de la tarde de ese día, a través del liderazgo del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode). Para ese momento no se sabía que esa apacible comunidad de sembradores, albañiles y empleados de las fincas de palma era escenario del horror.

Emboscada o enfrentamiento, ¿quién disparó primero?

Un día después de los hechos, el presidente Jimmy Morales refirió en conferencia de prensa que los habitantes del lugar habían actuado como aliados del narcotráfico; que estaban armados y que, al poner a niños y mujeres al frente del grupo, habían sometido a los tres jóvenes oficiales que iban tras una aeronave que pretendía aterrizar con droga.  

El Ejército a través de su vocero, Óscar Pérez, aseguró desde el primer día que la patrulla había caído en una emboscada. Según el mandatario Morales, los oficiales no iniciaron el fuego sino que fueron despojados de su armamento, que fue utilizado según la versión oficial para cegarles la vida. Esta versión se contradice con el informe científico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que luego de las necropsias informó que era posible que el arma utilizada haya sido una escopeta. El Ejército utiliza fusiles tipo Galil.

Los cuerpos de los sargentos Isaías Baleu Caal, de 22 años, César Augusto Leonel Seb Tun y el alférez Carlos Stiven Mayen Cabrera, estos últimos de 30 años, fueron entregados a sus familiares el jueves cinco de septiembre. Uno fue velado en Villa Nueva, otro en Izabal y otro en un municipio de Alta Verapaz. Dos de ellos son mayas q´eqchí, igual que la población de Semuy II en donde murieron. El Inacif informó que para el tratamiento de los cuerpos utilizaron técnicas de investigación legal para ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias.

De la unidad militar que integraban se sabe poco. Uno fue rescatado con herido de bala y recibió una condecoración en su cama del Centro Médico Militar. Dos más se refugiaron en un pantano del que fueron rescatados. Otro más logró huir sin presentar daños. Ellos deberán rendir declaración ante fiscales del Ministerio Público a cargo de la investigación.

De vuelta a las versiones que contradicen la gubernamental, Rony Méndez, alcalde de El Estor, y Julio César Macías, ex líder guerrillero conocido como César Montes, han dado la suya.

Méndez dijo el miércoles al programa ConCriterio que Semuy II era parte de una treintena de comunidades en el sur de El Estor, a la que describió como «una zona muy peligrosa desde el conflicto armado interno. Una zona abandonada por el Estado, donde por muchos años ha costado bastante (lograr) la gobernabilidad; en donde ha habido conflicto social y conflicto agrario».

Del evento dijo que el pelotón del Ejército, en su incursión en la comunidad para buscar la traza de la nave con supuesta droga, se encontró con un grupo de comunitarios cerca de las 10:30 de la mañana. Explicó que la presencia de militares les es ajena. El relato del Alcalde indica que todo inició a las 10:30 horas, cuando los comunitarios pidieron que los soldados explicaran su presencia en el lugar. A la 13:30 horas ya habían muerto los tres oficiales, otros habían escapado y en medio de la trifulca hubo dos comunitarios heridos.

«Existe malestar de la población del por qué de la presencia militar. No comprendieron la misión en la que estaba el pelotón y, según información de la comunidad, ellos respondieron con su armamento y esto fue lo que provocó el incidente», expuso. En ese relato no se habla de narcotraficantes sino de un malentendido que terminó en un enfrentamiento.

Por su parte, Julio Macías o César Montes, que dirige la Fundación Turcios Lima y mantiene estrecha comunicación con poblaciones de las Verapaces y El Estor, dijo el miércoles al canal Guatevisión que los soldados usaban pasamontañas, que asustaron a las mujeres y que éstas aprovecharon cuando ellos subieron a la sierra para llamar a los hombres del poblado.

Al verse rodeados, explicó, los oficiales abrieron fuego e hirieron en el abdomen a una persona y a otra en la pierna. Los nombres de los heridos no se han compartido pero se sabe que se trata de un hombre y una mujer. «En el campo la gente tiene una escopeta o un rifle 22. Nuestra gente no tiene esas armas (AK47). En Semuy II hay muchos ex kaibiles; incluso hay gente que fueron entrenados en Haití y El Congo. Tienen más habilidad que los oficiales de la marina que llegaron», dijo.

Semuy II no estaba en la lupa del Estado ni de la empresa de palma africana. La zona sur de El Estor, sin embargo, en perpetuo abandono estatal «es utilizada por esta mala actividad (el trasiego de drogas) por algunas personas que se dedican al mal negocio y eso es del conocimiento de todo el municipio y no puedo negar que eso suceda», justificó el alcalde Méndez

Territorio de conflictos

El miércoles, cuando el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil (PNC) procesaron la escena del crimen, con el acompañamiento del personal de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) de Izabal, un grupo de pobladores observaba.

«La comunidad es tranquila, están bastante retirados y no se veía situación tensa; no tenían armas. No vi que tuvieran armas blancas ni de fuego. La Policía y el Ministerio Público acordonaron el área (de la escena del crimen), atrás de la escuela frente a un campo, y había un pequeño grupo de personas, la mayor parte adultos y niños que observaban». Eso es lo que pudo constatar Astrid Franco, auxiliar departamental de la PDH en Izabal.

La población no quiso hablar mucho. «Son reservados en dar explicaciones», refiere Franco. Algunos solo dijeron que no estaban en el área y que cuando les avisaron ya ocurría el enfrentamiento. La palabra clave es: enfrentamiento. En lo que coinciden todas las versiones es que hubo dos bandos pero no se puede afirmar que uno de esos grupos fuera de narcotraficantes. Hasta el momento, el Gobierno es el único que sostiene esa teoría, que termina por colocar a los pobladores como aliados de grupos ilícitos.

Lo que es seguro es que la Policía no pudo ingresar al lugar. La estación más cercana se ubica a más de casi cuatro horas de distancia, en el área de Mariscos, municipio de Los Amates, Izabal. Los cuerpos de los tres oficiales fueron entregados y trasladados vía aérea a Puerto Barrios.

Semuy II ahora está marcada como el lugar en donde los cuerpos de los tres integrantes del Ejército fueron retenidos y ejecutados con saña. Una fotografía que se hizo pública en diferentes medios, sin que hasta ahora se sepa quién la difundió, y que el presidente Morales describió, exponen una obra macabra. Tres cuerpos uniformados que yacen en el suelo, uno de ellos sin rostro porque, según dijo el presidente Morales, le dispararon de frente. Y una cabellera sembrada en una estaca.

Una atrocidad de la que el Gobierno se ha atado para justificar que se imponga un Estado de Sitio en 22 municipios. Ha servido para que el Gobernante repita el discurso de la necesidad de equipar al Ejército «porque persigue naves con camiones». Este año, el Ejecutivo vio frustrados sus planes por comprar dos aviones a la Fábrica Argentina de Aviones, S.A. por 210 millones de quetzales. Y un buque por 90 millones a Colombia.

En tanto, el Congreso falló el jueves y no pudo aprobar de urgencia nacional el Estado de Sitio en  los cinco municipios de Izabal, cuatro de Zacapa, uno de Petén, dos de El Progreso, nueve de Alta Verapaz y uno de Baja Verapaz.

Detrás de los líderes campesinos

¿Por qué ampliar el control a tantos lugares? La respuesta es poco específica. Porque «está bajo la influencia del crimen organizado que manipula a las organizaciones». Así lo dijo Mario Duarte, el secretario de Inteligencia Estratégica, al programa A Primera Hora de Emisoras Unidas el jueves cuando se publicó el decreto gubernativo.

El funcionario y el Gobierno entero no explican más. Se escudan en que no pueden argumentar porque se trata de «temas de seguridad nacional». El miércoles en conferencia de prensa, el presidente Jimmy Morales acusó que «muchas personas en la región (donde se ha declarado Estado de Sitio) han estado vinculadas a acciones del narcotráfico», «en contubernio con pseudo defensores de derechos humanos y pseudo campesinos», a quienes señalan de ser utilizadas para proteger el ingreso de narcóticos al país.

Sin dar nombres, el Presidente evidenció que buscan detener a personas vinculadas a grupos campesinos. El jueves amplió la información. Dijo que durante el Estado de Sitio buscaban emprender once acciones:

1. Captura de personas que se presume participaron en el asesinato de personal militar
2. Destrucción de pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico
3. Erradicación de cultivos y sustancias ilícitas
4. Detención y captura de estructuras de narcotráfico que delinquen en el área
5. Detención y captura de grupos armados ilegales que actúan como brazo armado del narcotráfico.
6. Detección y desarticulación de grupos dedicados al tráfico y comercio de armas de fuego ilegales
7. Actualización de los focos de invasión y usurpaciones de propiedad privada para su desalojo
8. Desarticulación de estructuras de extorsión y sicariato
9. Detección y cierre de corredores para el contrabando, tráfico de personas y otros ilícitos
10. Actualización y levantamiento de datos para determinar tipo y cantidad de asistencia en las comunidades del área (para programa de ayuda social)
11. Colocación de puestos de registro y control para detener el flujo de ilícitos derivados de contrabando, narcotráfico y delincuencia organizada

El anuncio del Presidente preocupa a las organizaciones campesinas y mantiene en alerta a las organizaciones locales e instancias internacionales de derechos humanos.

Las organizaciones establecidas en la Plataforma por la Defensa de la Tierra y del Territorio, conformada por el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (Uvoc), la Central Campesina Chortí Nuevo Día, la Organización de Mujeres Guatemaltecas Mamá Maquín y la Congecoop plasmaron en un comunicado su preocupación. Argumentan que la situación de los defensores y defensoras se ha agravado y el nivel de conflictividad se ha elevado durante el año 2019.

De acuerdo a la información compartida, hasta julio de este año, la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) registraba 12 asesinatos de líderes comunitarios, cinco intentos de asesinato, 360 agresiones, 227 difamaciones y 260 casos de criminalización.

Una de las conclusiones del pronunciamiento es que el problema agrario es la causa estructural de los conflictos, así como la violencia contra la población indígena en el país.

Yuri Arana, titular de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA), confirmó que la entidad atiende 412 expedientes por disputas de derechos, ocupaciones, regularizaciones y límites territoriales. Los dos primeros ocupan casi la totalidad de los casos.

Casi el 70% de esta conflictividad se ubica en el área del Polochic: Tamahú, Tucurú, La Tinta, Panzós y Senahú, en Alta Verapaz; y El Estor, en Izabal. De éstos, sólo La Tinta no fue incluido en el Estado de Sitio. En algunos de estos expedientes hay negociaciones en curso, en otras hay trámites para obtener tierras pero en otros no se han logrado acuerdos. Incluso hay riesgo de desalojos. Se suma a la conflictividad las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ahora de la corporación transnacional rusa Solway Investment Group, cuya licencia para el proyecto Fénix fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad.

Esto ha sido foco de protestas desde el año 2018, cuando fue asesinado el líder del grupo de pescadores Carlos Maas. Las mismas se han incrementado porque un grupo de pobladores que está de acuerdo con las operaciones de la mina también han usado las manifestaciones como forma de expresión.

En comunicación telefónica con Plaza Pública, Rodrigo Tot, líder q´eqchi´ en las Verapaces y ganador del premio ambiental Goldman, lamentó los hechos ocurridos en Semuy II. El culto evangélico al que asistió la noche del miércoles dedicó unas oraciones para los fallecidos. Sin embargo, siendo ésta una tierra y población que funciona con la ausencia del Estado, su mayor preocupación era saber qué impacto tendrá en sus actividades normales.

De acuerdo a la Ley de Orden Público, el Ministerio de la Defensa tiene el control del área y se restringen las garantías constituciones como la libre locomoción, de reunión y manifestación; la portación de armas; y permite detenciones e interrogatorios sin orden judicial. Tot no entiende por qué deben quedar suspendidas sus actividades religiosas y teme que esto sirva para reprimir las luchas por el derecho a la tierra. Todo es incertidumbre por ahora.

Territorio del narco

Izabal es uno de los departamentos en donde el narcotráfico ha operado con amplitud. En el municipio de Morales operaba Mario Ponce (extraditado y condenado en 2012 a 25 años de cárcel en Estados Unidos), cuyas tierras –aunque extinguidas a favor del Estado– son tan amplias que no se descarta sigan funcionando como pistas para el aterrizaje de naves desde Honduras y Suramérica. 

Además de él, la familia Mendoza fundó un imperio que apenas se empezó a descalabrar a causa de las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.

No obstante, el caso por el que fueron detenidos en 2016 fue por la apropiación ilícita de tierras en Petén y lavado de dinero. Walter Obdulio Mendoza Matta y cuatro de sus hijos fueron condenados en 2019 a penas de dos a 19 años.

En las Verapaces hubo presencia del grupo mexicano Los Zetas, que tuvieron su auge de 2009 a 2014 aproximadamente, además del histórico impacto de la familia Lorenzana en Zacapa. Estas tres familias han sido desarticuladas, al igual que varios de sus sucesores. A pesar de ello, el nororiente mantiene una actividad constante por el trasiego de droga debido a su ubicación estratégica.

A pesar de los planes del gobierno para el Estado de Sitio, el jueves varios diputados del Congreso cuestionaron que con este proceso se pueda poner freno a este ilícito y a los problemas históricos y estructurales de esa zona. Mientras tanto, empresas y algunos diputados esperan que se utilice la situación para desalojar fincas ocupadas –los empresarios han reportado durante años las operaciones de grupos armados–.

En ese contexto, el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, aseguró que pedirá apoyo a las agencias estadounidenses para la investigación. A pesar de los planes del Gobierno, todo queda en manos del Congreso. Luego de fallar para tener la asistencia de 105 diputados en la sesión en la que pretendían aprobar el Estado de Sitio por 30 días de urgencia nacional, ahora han decidido hacerlo en tres debates. Los diputados más experimentados, Mario Taracena y Oliverio García, han hecho un llamado a sus colegas para que se restrinja la discrecionalidad en el gasto público por la vía de excepción que permite un Estado de Sitio.