Guatemala, el derecho y la política: ¿una reconciliación imposible?

1.

Hace unos 15 años, más o menos, con motivo de una visita a Guatemala, Josef Thesing dio una conferencia magistral en el auditorio de Asíes. Thesing era por ese entonces el director del instituto internacional de la Konrad Adenauer, miembro de la Democracia Cristiana (DC) alemana, gran amigo de Guatemala y, entre otras cosas, también benefactor de nuestro país, diría yo, porque ayudó a fundar el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Rafael Landívar y, aun antes, la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Y es que él creía firmemente en la formación como mecanismo para elevar la calidad de la política. En aquella ocasión, en Asíes, con el ceño fruncido y con ánimo admonitorio, Thesing dijo ante la audiencia que abarrotaba el lugar que el problema de América Latina era que la política no se ejercía en los marcos establecidos por el derecho. La mayoría de los políticos, afirmó, transgreden y no respetan la ley si eso sirve para alcanzar sus fines. Esto, sin duda, es cierto también para Guatemala.

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2.

Los políticos presentes se sintieron incómodos frente a lo que parecía que iba a ser una crítica despiadada de la clase política. Sin embargo, en el curso de la conferencia, el camino que tomó Thesing, para sorpresa del público, dio un giro que esta vez incomodó a los empresarios de la élite, que al principio celebraron la apertura del discurso, pues ya sabemos que estos señorones consideran que estaríamos mejor sin políticos, es más, sin política, ya que entonces viviríamos en el reino del mercado y de sus humanitarias virtudes. En este giro, Thesing enfiló sus argumentos hacia aquellos que no cumplen con sus obligaciones tributarias, que evaden con impunidad y eluden con la ley a su favor la contribución necesaria para cumplir con los asuntos y necesidades comunes del Estado. De ahí, continuó, la crisis fiscal crónica del Estado guatemalteco y su incapacidad para cumplir con sus obligaciones establecidas en la Constitución (seguridad, educación, vivienda social, salud). Más de uno en la mesa que presidía el evento saltó de su silla cuando Thesing prácticamente regañó a los grandes empresarios. Esta postura del politólogo alemán, a decir verdad, es propia de la DC alemana. Si no, veamos lo que dijo hace unos meses la canciller Angela Merkel al declarar, a propósito de la pandemia, que ella no entendía por qué los ricos no querían pagar impuestos en América Latina.

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3.

La conferencia de Thesing me hizo recordar las veces que se ha roto la institucionalidad en Guatemala, cuántas veces los así llamados liberales  guatemaltecos han participado en la ruptura de su propia legalidad, pues, solo para ejemplificar, en la historia reciente hemos sido testigos de golpes de Estado e intentos de estos, como los que sufrió Vinicio Cerezo cuando quiso echar a andar una reforma tributaria dentro de la ley, cuando la Corte de Constitucionalidad nos impuso la candidatura de Ríos Montt en 2003, cuando el régimen necesitaba un recambio ante su agotamiento y se dio el golpe de Estado de 1982, cuando Juan José Arévalo iba a ser candidato a la presidencia y posiblemente ganar en 1963 y se dio el golpe de Peralta Azurdia y, ante todo y sobre todo, cuando ocurrieron la invasión de la CIA y el golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente Jacobo Arbenz por la reforma agraria y la reforma tributaria que este impulsó y que el Congreso aprobó, de manera que el 30 de junio de 1954, por primera vez, se iba a cobrar el impuesto sobre la renta. Castillo Armas lo derogó como una dádiva a la élite cafetalera. Hay que reconocer que Arbenz modificó la composición de la CSJ porque las decisiones de esta trababan la reforma agraria y que lo hizo a través del Congreso, forzando la institucionalidad. Por supuesto, hay cientos de ejemplos más si nos enfocamos en otros períodos, pues, sin ir muy lejos, la Cicig demostró hasta la saciedad no hace mucho que en Guatemala la política y la economía funcionan con prácticas mafiosas e ilegales, que el crimen organizado actúa dentro del Estado y que la corrupción no es un problema aislado, sino estructural. Esta historia y este conjunto de fenómenos precisamente explican el fracaso de nuestro capitalismo dependiente y subdesarrollado, su fracaso en sacar de la pobreza y la miseria a cientos de miles de guatemaltecos, que serían muchos más si no fuera por el sacrificio de los que han votado con los pies y se han marchado, con todos los riesgos y peligros, a Estados Unidos.

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4.

Ahora bien, lo más grave y deletéreo para el Estado de derecho en nuestra historia fueron los 36 años de conflicto armado interno (1960-1996), cuando la izquierda, ante los gobiernos autoritarios, optó por la lucha armada como única estrategia posible para la toma del poder y se puso así al margen de la ley, y cuando el Estado guatemalteco devino en contrainsurgente, de modo que emprendió una guerra sucia utilizando mecanismos extralegales, como escuadrones de la muerte, ejecuciones extrajudiciales y tortura, para combatir a la oposición armada y no armada y puso en práctica una estrategia de tierra arrasada que produjo una violación masiva de los derechos humanos en el área rural. Ese período de nuestra historia, que llega hasta los primeros gobiernos civiles (Cerezo, Serrano, De León), va a pasar a los anales de la historia como el reino de la impunidad. Y una de las principales víctimas de este conflicto armado desde el punto de vista institucional fue el Estado de derecho.

5.

A lo que quiero llegar después de este recorrido es que, en efecto, Thesing tiene razón: la política en Guatemala no se ha atenido a lo que dicta la ley, ni los actores políticos, militares y económicos se atienen completamente a lo que dicta la ley, a lo que ella obliga, a los límites que impone, pues tenemos una larga historia de irrespeto a las constituciones vigentes y a la leyes, es decir, de impunidad. En conclusión, no hay una cultura de legalidad, no existe un respeto pleno a las leyes y a nuestra Constitución. Cuando hay decisiones jurídicas que no sirven, están en contra o no satisfacen a intereses poderosos, se violenta la institucionalidad. A esto hay que agregar que, además de débiles en el ámbito del Estado de derecho, tampoco hay una cultura democrática en las élites (tradición conspirativa, financiamiento ilícito de la política, intolerancia a la diferencia), dos dimensiones que en la realidad van unidas. Sin Estado de derecho no hay democracia y sin democracia no hay Estado de derecho. Estas conclusiones, sin embargo, no son suficientes.

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6.

En este contexto, y a propósito de la crisis institucional actual, celebro los artículos de Eduardo Mayora Alvarado publicados en Prensa Libre, pues creo sinceramente que hace una excelente contribución al debate. Lo felicito por ello. Sus artículos destacan lo mejor de la tradición liberal, señalan acertadamente la valiosa contribución liberal al derecho y a la política modernas con los principios del gobierno de la leyes, la división de poderes, la independencia judicial y la necesidad de que haya una instancia máxima que tenga la última palabra en la interpretación de la leyes y de la Constitución, una instancia no subordinada a los poderes fácticos o a otros poderes formales.^[1] Estos principios los ha reiterado el liberalismo desde Locke, Montesquieu, Madison, Constant y muchos otros. Sin embargo, según mi punto de vista, el análisis de Mayora Alvarado se queda en la forma, lo que está muy bien, pero se olvida del contenido. Y es solo en este nivel en el cual podemos llegar a la raíz de la crisis que hoy se abate sobre nuestro sistema de justicia. Mayora Alvarado se limita a explicar la arquitectura formal y su funcionamiento, el papel clave de la Corte de Constitucionalidad, su independencia y el carácter supremo de su interpretación de la Constitución, sin duda algo muy valioso, pero, sin calificarlo de superficial, es necesario decir que su análisis no logra dar cuenta de lo que sucede en Guatemala. Hace falta abordar el mar de fondo porque lo que está en juego y está en su raíz en esta enésima crisis constitucional es el poder político, es decir, quién lo ejerce, cómo lo ejerce y con qué fines. Al quedarse en el nivel de la forma, se puede decir, como se ha dicho, que lo que sucede en la crisis institucional es un mero lío entre poderes y actores, que habrá arañazos, etc. Por ello el análisis de Mayora Alvarado cae en el vacío. No lo escuchan. Los líderes de la clase que él representa no quieren saber sobre sus argumentos válidos porque a lo que aspiran es a tomar el poder judicial del Estado para garantizar protección y blindarse frente a lo que pueda pasar en el futuro y a que la economía continúe respondiendo a sus intereses, o sea, garantizar medidas para proteger sus acciones, seguir haciendo negocios con el Estado y punto. Los demás intereses no cuentan. Los sectores populares, la clase media ilustrada no cuentan, no tienen voz en el concierto para diseñar un país para todos y todas. En definitiva, en todo esto está la clave para entender la inestabilidad política que nos atraviesa desde tiempos inmemoriales y que hoy vuelve a manifestarse. La solución de lo jurídico es lo político. Es ahí donde radica porque o construimos un régimen democrático inclusivo sobre la base de un nuevo pacto social (con una Asamblea Nacional Constituyente) o seguiremos así hasta el final de los días. O hasta cuando la comunidad internacional nos imponga el buen sentido político y jurídico, con lo cual Guatemala perdería definitivamente toda traza de soberanía.

7.

Mientras se logra resolver lo político, ante la crisis crónica que atraviesan el Estado y sus poderes en estos momentos, es justo afirmar que la actual Corte de Constitucionalidad es el último bastión con poder para defender el Estado de derecho y la democracia frágil y precaria que tenemos. Un triunfo de sus enemigos en la CSJ y en el Congreso nos llevaría irremediablemente hacia un régimen autoritario, si no totalitario, signado por la arbitrariedad y el abuso del poder, lo cual sin duda va a arrasar a todos y a todas, incluidos lo que hoy con entusiasmo se han unido coyunturalmente al Pacto de Corruptos.