Seguridad nacional o el reconocimiento del derecho que se tiene a migrar. Soberanía de las fronteras o reconocer a los migrantes como personas, como sujetos que pueden existir ante la ley y solicitar protección desde el Estado. Durante mes y medio el Congreso de la República mantuvo una álgida discusión en torno a estas dos perspectivas antes de aprobar el Código de Migración, un compendio de leyes que modificará profundamente la perspectiva de Guatemala sobre miles de personas que solicitan refugio o atraviesan o regresan a su territorio cada año. Finalmente, el martes 20 de septiembre, el nuevo Código de Migración, tras más de 10 sesiones legislativas, fue aprobado con un enfoque de derechos humanos, aún a la espera de obtener la ratificación del presidente Jimmy Morales para que entre en vigencia.
“El fin último del nuevo Código es el migrante. La persona y no la seguridad. Con ello el Estado de Guatemala contará con una ley moderna, casi única en todo el continente”, explica el abogado Oswaldo Samayoa, uno de los promotores de la aprobación de esa normativa.
La aprobación del Código de Migración, no obstante, ha significado un largo proceso de más de tres años de trabajo. Además de varias iniciativas de ley que sufrieron diversas modificaciones, reparaciones, mutilaciones, hasta ser conocida por el pleno de diputados sin elementos que tomaban en cuenta el tema de apátridas o la asistencia y acompañamiento legal de guatemaltecos en el extranjero. Más de 50 artículos que desaparecieron a lo largo de los últimos meses pero que, como indica Jean Paul Briere, diputado ponente de este proyecto y presidente de la Comisión del Migrante en el Congreso, la ley aún es robusta con más de 240 artículos. “Era parte de las condiciones que muchos diputados pedían para que el Código fuera discutido”, explicaba Briere. “A pesar de los condicionamientos no se perdió la profundidad con que se quiere abordar el tema migratorio: Derechos de las personas y orden en los flujos de personas que ven a Guatemala como origen, tránsito, retorno y destino”, indicaba.
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En consecuencia, el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso fue inaugurado con la discusión y, finalmente, la aprobación (109 votos a favor) del Código Migratorio. Un tiempo que se evidenció el pulso parlamentario entre dos de los diputados más antiguos que laboran en el Legislativo: Mario Taracena, actual presidente del Congreso, y Fernando Linares Beltranena, jefe de la bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN). Ambos, desde ya, han anunciado su interés por dirigir el pleno de diputados para 2017. El Código de Migración, como comentan fuentes parlamentarias, sería tan sólo una escaramuza previa, algo que sucede antes de que ambos diputados se postulen en los próximos meses en busca de presidir el Congreso de la República.
Durante las sesiones parlamentarias para discutir el Código de Migración, en agosto y parte de septiembre, los dos diputados (Taracena y Beltranena) marcaron la tendencia dentro del Congreso en cuanto a votos, discusión y modificaciones de esta nueva ley que creará una Autoridad Nacional Migratoria, promoverá la carrera de servicio migratorio, y dará vida al Instituto Nacional de Migración, que conlleva la desaparición de la actual Dirección General de Migración.
Por un lado, el interés de Mario Taracena en torno al Código de Migración fue enfocado a la ausencia de participación burocrática del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) en la iniciativa original, y cuya presencia fue vista como necesaria por parte de las dos terceras partes de los diputados del Congreso. Distintas funciones del Minex, como trámites, aclaraciones de procesos, en efecto, fueron espolvoreadas sobre el Código de Migración como propuesta del presidente del Congreso de la República. “Reparaciones necesarias”, indicó el propio Taracena.
Fernando Linares, por su parte, insistía en “la protección de los guatemaltecos ante la amenaza de los migrantes”. Sus distintas propuestas de modificación al Código de Migración se sostenían desde el argumento de seguridad nacional y soberanía del territorio. “Hay que discriminar a las personas no por su nacionalidad, sino por el peligro que representan. Debemos saber de dónde vienen y a qué vienen. Hay que proteger a los guatemaltecos. No es justo reconocer el derecho de los ilegales de la misma forma en que se reconocen los derechos de los que han entrado formalmente, por la puerta grande”, explicaba Beltranena. Las votaciones rechazaron la posición del diputado del PAN. Sobre todo por el detalle de los tiempos establecidos para votar a favor o en contra de cada una de las enmiendas y cambios propuestos: 10 o 20 minutos para las sugerencias de Taracena, y 30 a 60 segundos para las proposiciones de Beltranena.
Un Congreso que obedeció las indicaciones de Taracena que decía “esta sí” sobre sus propuestas para incluir a la Cancillería, y “esta no” para dejar fuera cualquier intento de Beltranena.
“Todo el Código de Migración fue construido desde la lógica de que el migrante no es un delincuente, no atenta contra la soberanía o la seguridad del país. Se trata de abordar una crisis humanitaria de la mejor forma posible. Migrantes como personas, no como criminales”, explica el abogado Samayoa.
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El Código de Migración recién aprobado también establece la extensión de la red de servicios consulares, así como la construcción de albergues para el abrigo y protección temporal de migrantes extranjeros y guatemaltecos que soliciten asistencia para retornar al país. También crea un andamiaje para la búsqueda de migrantes desaparecidos. Los migrantes que ingresen de manera ilegal en el territorio guatemalteco ya no serán señalados de cometer una falta administrativa sino que en lugar de ello, lo que se pretende es que puedan obtener asistencia, refugio y ayuda humanitaria. Se trata, en sí, de la implementación de un Sistema Migratorio que coordinado por diversas instituciones gubernamentales empezará a construir una base de datos para intentar entender, explicar y abordar desde el Estado el fenómeno migratorio que ocurre a lo largo y ancho del territorio guatemalteco.
La nueva ley crea el Instituto Nacional de Migración, que sustituirá a la actual Dirección General de Migración, un ente semiautónomo que entre sus funciones deberá promover la carrera migratoria, la Comisión Nacional de Refugiados, el Consejo Nacional de Protección y la Unidad de Verificación de Campo en la Subdirección de Extranjería, así como la emisión de pasaportes
