Guatemala y su multimillonario plan para reducir la contaminación

Los delegados de Guatemala en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) se presentaron orgullos en Alemania. En este tema el país tiene una buena cara que mostrar: produce solo el 0.04% del total de gases de efecto invernadero y posee una de las 19 áreas megadiversas del planeta. Es decir que contamina poco y aporta un ecosistema vital para la Tierra. Guatemala tiene, además una amplia legislación ambiental, ejemplo en el continente. En la pasada conferencia presentó el Plan de Acción Nacional contra el Cambio Climático (PANCC), un proyecto muy ambicioso que, entre otras cosas, pretende reducir para 2030 las emisiones en un 11%.

Todo esto hace que en las conferencias internacionales Guatemala sobresalga. Pero de vuelta en casa, la realidad es otra. Implementar ese plan requiere de un presupuesto que no se tiene y de una comunicación interinstitucional que resulta complicada.

Las COP son los eventos ambientales más importantes a nivel mundial. En esta edición se reunieron los 196 países firmantes del Acuerdo de Paris, el cual los compromete a reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), los causantes de que la temperatura global aumente y que se producen por la contaminación. Guatemala ratificó este convenio en 2016. Ese mismo año, el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sydney Samuels presentó el plan en la COP22, la cual tuvo lugar en Marruecos.

Este año Samuels, acompañado de miembros del Consejo Nacional de Cambio Climático (CNCC), presentaron las acciones que se han realizado de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC) y el PANCC. Las que el gobierno destaca son la creación del CNCC para coordinar todo lo relacionado al tema; la planificación del Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SNICC), el cual permitirá tener información estadística y reportes relacionados al tema; la creación de un Fondo Nacional de Cambio Climático, el cual administrará y ejecutará los recursos para prevenir, planificar y responder a los impactos del cambio climático en el país; e informar acerca del proceso de ratificación de la Enmienda de Kigali, en la cual el país se adheriría al Protocolo de Montreal del Convenio de Viena sobre la capa de ozono.

El país también participa en un panel en conjunto con la ciudad de Buenos Aires para hablar de políticas ambientales. Argentina tiene una política para la preservación de bosques nativos, para el sector energía y el sector industria que resulta relevante para la situación guatemalteca, explica Samuels. Además, el ministro tendrá reuniones con sus homólogos y con varios sectores de la cooperación internacional. Esto último para solicitar fondos para ejecutar el PANCC.

Un modelo en legislación (en papel)

En 2006, un estudio del Banco Mundial informó que en Guatemala existen 2,500 documentos legales relacionados al área ambiental. El más importante es la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, promulgada el 5 de diciembre de 1986.

Nils Saubes, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL), explica que en el país se habla de temas ambientales que en otros lugares ni siquiera han sido debatidos. Incluso tener el PANCC es un paso adelante de otros países latinoamericanos, pues en la mayoría este plan aún es un borrador que será aprobado en los próximos años.

El PANCC de Guatemala es la política ambiental que debería guiar al país hasta 2030. El plan establece que se reducirán las emisiones de GEI en un 11.2% con recursos propios, pero con el apoyo de la comunidad internacional este número podría aumentar a un 22.6%. Esto lo hará a través de medidas de mitigación y adaptación que buscan que el país se convierta en carbono cero o neutral. Es decir, un balance entre la cuantificación de emisiones y las acciones de reducción de estas. También establece guías para reducir la vulnerabilidad en la cual se encuentra la población y ampliar la capacidad de respuesta ante una crisis climática.

El plan empezó a ser redactado en 2015, durante la administración de Otto Pérez Molina. El Banco Interamericano de Desarrollo financió la contratación de la empresa “Green Development” que ayudó con su formulación. El primer borrador fue entregado a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan) en diciembre de 2015. En marzo de 2016 se integraron 11 subcomisiones de revisión y en noviembre fue presentado de manera final. Las comisiones estuvieron integradas por el Ministerio de Salud y Asistencia Pública (MSPAS), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), el MARN, y el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En papel todo está bien. Pero en la práctica la situación es muy distinta. Saubes duda que este plan pueda ser realizable en 13 años. El director del IARNA, Raúl Maás, dice que el plan es un documento “bonito” para presentar ante el resto del mundo, pero inviable por la falta de recursos.

Para ejecutar todo el PANCC se necesitarían unos US$100 millones. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es uno los más pequeños del Gabinete. Es el penúltimo en el Presupuesto General de la Nación. El año pasado recibió Q142.5 millones. Este año, Samuels pidió al Congreso Q185.5 millones, de los cuales el 51% irán a políticas públicas relacionadas al cambio climático, el 27% para el funcionamiento del ministerio, el 16% para el tema de conservación y el 6% para campañas de sensibilización.

Samuels ve viable el PANCC a partir da la voluntad política que, asegura, tiene el Gobierno para su ejecución. El ministro señala que para el presupuesto de 2019 se incluirá un rubro de cambio climático en el Presupuesto General de la Nación, como parte de una política de economía verde que trabaja actualmente el Ministerio de Finanzas (Minfin). Aun así, los recursos del país serían insuficientes, por lo que el funcionario señala la importancia de la cooperación internacional.

La cooperación internacional ya ha aportado a Guatemala. Actualmente existe un programa de adaptación al cambio climático en el corredor seco, financiado por el Banco Alemán gubernamental de Desarrollo (KfW, por sus siglas en alemán). Este proyecto tiene un costo de 9 millones de euros. Otra institución que tiene programas activos para la reducción de emisiones de GEI es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Esta, por ejemplo, dio un monto de US$10 millones para apoyar al MARN en la elaboración e implementación de la estrategia de desarrollo con bajas emisiones.

Por eso la delegación guatemalteca, en su posición oficial en la COP23, hizo un llamado para exhortar a la comunidad internacional a dar apoyo técnico y financiero a la implementación del PANCC. Pidió financiamiento para la operativización del Fondo Verde del Clima y para las medidas de adaptación. Además, se hizo un énfasis en el estatus del país como “particularmente vulnerable” y que esto lo ubica dentro del principio de responsabilidades comunes de los países desarrollados. Estar dentro de esta categoría significa que el país tiene poca capacidad de respuesta ante una crisis, a pesar de contar con recursos para salir de esta.

El PANCC no es la respuesta a todos los problemas ambientales, coinciden el ministro y los expertos. Detrás de este hay un problema cultural, de desigualdad y de pobreza. Pero es un primer paso. El PANCC tiene dos ejes clave: la adaptación y la mitigación. La primera se refiere a los esfuerzos humanos para hacer frente a los nuevos entornos del clima. La segunda se centra en reducir la emisión de GEI y mejorar la industria que produce los mismos, como lo son el transporte público y el sector agropecuario. Se necesita de ambas para realizar una política pública que sea funcional.

Adaptación

Zonas marino-costeras

El plan busca incrementar cinco mil hectáreas de zonas marino-costeras bajo mecanismos de conservación, mantener el bosque del mangle, aumentar la superficie arrecifal y reducir muertes en las zonas marino-costeras. Si bien el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) han mostrado interés en mantener el bosque de mangle, las acciones se han quedado cortas. El país no ha sido capaz de aumentar y mantener las zonas terrestres, se considera que la capacidad y recursos para hacerlo en zonas marino-costeras en un plazo tan corto tampoco sea viable, aunque el MARN ya esté trabajando en esta área. 

Agricultura, ganadería y sector agropecuario

Se plantea aumentar un 10% de los granos, reducir en un 5% las pérdidas de los campesinos por el cambio climático, aumentar el 15% del territorio nacional manejado con enfoque agroecológico sostenible y adaptado a los cambios de clima. Ya existen proyectos en el sector agropecuario con objetivos similares a los del PANCC. Algunos son liderados por sociedad civil y otros por cooperación internacional. Los proyectos se centran en apoyar a las comunidades a retornar a sus semillas nativas y evitar las genéticamente modificadas. Estos esfuerzos aumentaron en 2013 luego de que el Congreso aprobara la Ley Monsanto. Un ejemplo es la organización Utz’Che, en Totonicapán, que busca empoderar a campesinas para retornar a las prácticas ancestrales a la hora de cosechar. El proyecto recibe ayuda de la comunidad internacional. En términos institucionales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) es el responsable de esta área.

Recursos forestales

El 34% del territorio nacional será bosque, se dará un incremento de 2% de manejo de bosque comunal, menos del 14% de las especies estarán en peligro de extinción y el 5% del área estará libre de incendios forestales o plagas. También contempla aumentar en un 1% la superficie del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap). Samuels afirma que para 2025 se espera que 1.2 millones de hectáreas sean sembradas, esto ayudaría con el porcentaje que se busca alcanzar. Asimismo, el MARN trabaja en varios proyectos para reducir las emisiones de la deforestación y degradación (REDD), el cual se encuentra presente en varios territorios del país.

Las iniciativas REDD+, además, incluyen un apartado de política de género. Con este se busca que las mujeres campesinas y agricultoras también puedan recibir ingresos por el cuidado y manejo de los recursos forestales, un trabajo históricamente asociado a los hombres.

Infraestructura

Habrá más reglamentos de construcción disponibles en las municipalidades, se dará un aumento de 5% en la infraestructura estratégica y se reducirá un 5% la infraestructura de la red vial afectada por eventos extremos. En este tema, la institución estatal que entra en juego es el Ministerio de Comunicaciones, el cual ha tenido baja ejecución en los últimos años. 

Gestión de los recursos hídricos

El primer objetivo de este plan es simple: el país contará con una Ley de Aguas. La Ley de Aguas es una de las iniciativas que está engavetada en el Congreso y que, a pesar de la presión que reciben los diputados todos los años, no es aprobada. Esto crearía una Política Nacional del Agua y fortalecería la conservación, evitaría el desvío de ríos y otro tipo de actividades realizadas por agricultores y empresarios para garantizar sus cosechas. Esta parte del PANCC se ve menos factible que el resto, consideran los expertos, pues sin la legislación adecuada no se podrá trabajar.

Mitigación

El área de mitigación es más complicada, señala Edwin Castellanos, director del Centro de Estudios Ambientales y Biodiversidad (CEAB) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG). Esto porque requiere de una mayor inversión en el país y que, para los empresarios, no tendría ganancias la primera década del funcionamiento del proyecto. Las áreas que trabajan mitigación son las siguientes:

Energía

Transporte

Espera contar con un inventario de emisiones de GEI por tipo de transporte y reducir la intensidad de emisiones de este sector. Esta área, señalan Maás y Castellanos, podría ser atacada al tener un transporte público eficiente que evite que cada persona tenga su propio vehículo. Sin embargo, se ve poco probable de lograr en la próxima década.

Energética

Busca aumentar el porcentaje de energía renovable en el país y reducir las emisiones de GEI por el consumo de leña, por la industria manufacturera y la construcción. Sin embargo, no maneja números de cuánto se debería reducir para hacer viable el PANCC. Castellanos asegura que si Guatemala cambiara toda su energía a renovable (hidroeléctrica y geotérmica) podría llegar a la cuota de la reducción del 11%. Sin embargo, Saubes ve esto poco factible debido a la conflictividad existente alrededor de las hidroeléctricas y su instalación.

Residencial y comercial

El plan busca reducir intensidad de emisiones GEI del área residencial y comercial para 2026. Sin embargo, no dice cuánto ni de qué manera.

Sector agropecuario

Se espera reducir el porcentaje de Giga gramos de GEI emitidos por este sector derivados de las prácticas y del uso de fertilizantes. Asimismo, se busca reducir el porcentaje de emisiones de dióxido de carbono derivadas de la quema de residuos agrícolas. Detrás de este proceso se deben dar campañas de sensibilización y emitir un reglamento claro acerca del uso de la tierra.

Desechos

Se espera reducir los GEI emitidos por los desechos y residuos domiciliares, y por los desechos líquidos. Sin embargo, el país no cuenta con rellenos sanitarios funcionales y que sean aptos para las prácticas que busca el PANCC. Castellanos dice que la manera correcta de lidiar con desechos es tener chimeneas en estos con una quemadora que convierta el metano en dióxido de carbono. El único relleno sanitario que tiene chimeneas se encuentra en Amatitlán, pero no cuenta con quemadoras.