Había una vez dos compinches: el alcalde y el constructor

Érase una vez, en un pueblo muy muy lejano llamado Sayaxché, dos grandes amigos. El primero se llamaba Rodrigo, y era el alcalde del municipio. El segundo, Luis Eduardo, era dueño de una gran empresa constructora. Los dos amigos eran muy felices porque sus negocios florecían. Rodrigo encargaba a Luis Eduardo gran parte de las obras de la municipalidad. A cambio, Luis Eduardo le ofrecía a su amigo los mejores precios del mercado, es decir, los más elevados. Las obras no eran de muy buena calidad, pero no importaba porque las ganancias eran dignas de un Califa.

Todo iba bien en el mejor de los mundos para estos dos amigos, hasta que un funesto día, llegaron al pueblo dos auditores de la Contraloría General de Cuentas (CGC). Estos funcionarios suelen invadir las municipalidades para intentar arruinar la vida de los servidores públicos. Los auditores escrudiñaron las cuentas y los contratos de la municipalidad con celo inaudito y acabaron encontrando lo que buscaban: pretextos para poner una denuncia penal en contra del buen Rodrigo y de todo su Concejo Municipal.

Dios gracias, nadie fue a la cárcel. Esas cosas horribles no sucedían en aquel tiempo y en ese lugar. La denuncia penal murió de muerte natural en un juzgado del departamento Petén, al que pertenece Sayaxché. Pero el incidente rompió el idilio entre Rodrigo y Luis Eduardo. Los dos hombres se distanciaron, e incluso, su relación se convirtió en franca enemistad. Rodrigo dejó de solicitarle obras a Luis Eduardo, y Luis Eduardo tuvo palabras muy duras contra Rodrigo.

El tiempo pasó, pero los rencores no. La entrañable amistad de Rodrigo y Luis Eduardo nunca más volvió a florecer. Hoy, ambos son rivales en las elecciones municipales. Rodrigo busca reelegirse por tercera vez como alcalde de este municipio en el que casi 70% de la población es pobre, y donde el 34% de los niños están desnutridos. Mientras Luis Eduardo está determinado a arrebatarle el puesto cueste lo que cueste.

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La moraleja de esta triste historia es la siguiente: “Amigos alcaldes y constructores, huid de los entes fiscalizadores si vuestra amistad queréis conservar”.

El jugoso negocio de la construcción

Lo narrado es la historia de Rodrigo Pop, alcalde de Sayaxché y candidato por el partido Compromiso Renovación y Orden (CREO), y de Luis Eduardo Ayala Pineda, dueño de la empresa constructora San Luis y candidato por el Comité de Amigos de Buenas Ideas Al desarrollo (Cabra).

Rodrigo Pop, quien se enorgullece de ser el primer alcalde indígena de Sayaxché, llegó a la política tras una larga trayectoria en organizaciones sociales. Fue miembro durante 16 años del Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), una organización que busca visibilizar el drama del desplazamiento forzado ocurrido durante el conflicto armado. Rodrigo Pop abandonó el trabajo social y entró al ruedo político. Fue candidato a alcalde por el partido CASA en 2007, pero fue hasta 2011 por CREO que alcanzó la alcaldía*.

Luis Eduardo Ayala Pineda, empresario apodado “La Cabra”, llegó a Sayaxché hace 20 años, proveniente de su natal Escuintla. Tuvo a su cargo durante varios años una explotación maderera. Hoy es dueño de la constructora San Luis y de una empresa de transportes. El empresario constructor financió la campaña electoral de Rodrigo Pop. En la mayoría de los mítines de Pop, aparecía Ayala Pineda a su lado.**

"Sí me apoyó, pero no con gran dinero”, admitió Pop a Plaza Pública. “Un poquitillo nomás, sólo un empujoncito para llegar a la alcaldía”. A regañadientes, Ayala Pineda, admite haber financiado a Rodrigo Pop. “Es cierto, lo financié, pero lo pasado, pasado está”.

La inversión de Ayala Pineda en la candidatura de Rodrigo Pop rindió frutos de inmediato: en 2012, la municipalidad de Sayaxché le otorgó 66 contratos por un total de Q23,7 millones. Aun así, Rodrigo Pop minimiza la importancia de estas obras. “Él quería que le entregara la municipalidad y que le diera todos los proyectos, pero no se los di. Le ofrecí algunas obras, pero pequeñas, por eso él peleó conmigo”, afirma el alcalde.

En cuanto a la calidad de las obras, Pop opina: “Era mal trabajo. Nos dio muchos problemas. Él siempre quería cobrar de más. Por eso nos peleamos”. Varios habitantes de Sayaxché, que prefieren omitir sus nombres, aseguran también que la obra realizada por Ayala Pineda o era de muy mala calidad, o nunca llegó a realizarse.

Las redes ilegales que sustentan la política

El 16 de julio de 2015, Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentó un informe temático sobre el financiamiento de la política en el país: una radiografía del sistema viciado que domina a Guatemala desde la escala local hasta la nacional, en el que se detalla en particular el funcionamiento de las redes político-económicas ilegales. Estas redes se aglutinan alrededor de diputados distritales y alcaldes para edificar una estructura de empresas constructoras y proveedoras del Estado. Su objetivo es canalizar fondos públicos que, a través de comisiones, sobornos o distribución de utilidades, aumentan su poder e influencia.

Según la CICIG, el 50% del financiamiento de las campañas electorales proviene de estas redes. Este gasto es en realidad una inversión necesaria para acceder al poder y a los recursos del Estado. Los financistas esperan que el candidato devuelva el favor, asignándoles contratos mediante mecanismos no competitivos y a precios superiores a los del mercado.

Entre las redes mencionadas por la Comisión en su informe, están la de Baudilio Hichos, diputado por el departamento de Chiquimula y la de Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, ambos con procesos judiciales abiertos por el Ministerio Público y la CICIG para que se les retire la inmunidad por casos de corrupción. Otro caso que ejemplifica esta situación es la de Adolfo Vivar, exalcalde de Antigua Guatemala, quien aguarda en prisión el inicio de su juicio por peculado, cohecho activo y asociación ilícita.

La efímera relación entre Rodrigo Pop y Luis Eduardo Pineda en Sayaxché obedece plenamente a este patrón tan extendido en el territorio nacional.

Dos auditores en Sayaxché

El que Rodrigo Pop estuviera muy insatisfecho por las obras realizadas por Ayala Pineda no fue razón para dejar de contratarlo. En 2013, la constructora San Luis recibió contratos por otros Q7,6 millones de quetzales. Pero de repente, la fiebre constructora cesó.

En junio 2013, un comerciante radicado en Mixco llamado Esteban Pérez Córdova denunció al alcalde Pop por su contubernio con el constructor Ayala Pineda. En respuesta, el Ministerio Público solicitó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría sobre estos contratos. La Contraloría accedió, y envió dos contadores a Sayaxché para determinar la legalidad de los contratos adjudicados a la empresa San Luis entre enero del 2012 hasta julio del 2013.

Los auditores consignaron todos sus hallazgos en un informe al que Plaza Pública tuvo acceso. La CGC descubrió que en las licitaciones públicas, la municipalidad de Sayaxché solía favorecer la oferta más elevada, siempre y cuando la presentara la empresa de Luis Eduardo Ayala Pineda. Por ejemplo, para el mejoramiento de la calle que une el municipio con la comunidad de Mario Méndez, Pop descartó una oferta de Q4,5 millones a favor de la oferta de la constructora San Luis, por Q5,37 millones. Una decisión que Luis Alexis Velasco Ramos, uno de los auditores que realizó el informe califica de “contratos teledirigidos”.

Los auditores comprobaron también la falta de supervisión de la obra. Reprocharon además al alcalde que no publicara a tiempo los documentos de la licitación y la contratación en la página de Guatecompras.

Otra de las conclusiones a la que llegaron los auditores es que el alcalde incurrió en fraccionamiento de obras. Según la ley, los alcaldes pueden escoger a dedo la empresa de su agrado, siempre y cuando el gasto no sea mayor a Q90 mil. Si la obra o la compra supera ese monto, están obligados a realizar una cotización pública, a la cual puede participar cualquier empresa.

Hecha la ley, hecha la trampa: cuando una obra cuesta más que esos fatídicos Q90 mil, muchos alcaldes deciden dividirla en contratos pequeños. Por ejemplo, afirmarán que la reparación de una carretera del kilómetro cero al kilómetro cinco es una obra, y del kilómetro cinco al 10, es otra obra distinta. Rodrigo Pop usó y abusó de esta artimaña. Los auditores se sorprendieron al ver la cantidad de contratos que favorecieron a Ayala Pineda por montos de Q87 mil, Q88 mil, Q89 mil, y hasta un contrato por Q89,978.

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Por fin, los auditores señalaron que muchos de los contratos suscritos con Ayala Pineda no correspondían al giro comercial de sus empresas. ¿Cómo puede ser que una constructora de obra pública tenga a su cargo el mantenimiento del ferry de Sayaxché, la reparación de los vehículos municipales o “el transporte de personas a diferentes lugares”? Obviamente, allí había una nueva irregularidad que denunciar.

Todos estos hallazgos condujeron a los auditores a poner una denuncia penal el 11 de diciembre de 2013 en contra de Rodrigo Pop y de todo el Concejo Municipal de Sayaxché.

Esta denuncia significó el fin de la relación entre Pop y Ayala Pineda. “Él no me apoyó, por eso nos peleamos”, repite Pop. “Hasta dijo una vez: ¡que se vaya preso ese indio!´´”.

Ayala Pineda afirmó a Plaza Pública, en una corta y tensa conversación telefónica, que no había enemistad entre ellos, sino simple distanciamiento. No quiso hacer comentarios acerca de las denuncias. “A mí por teléfono no me gusta hablar porque hoy todo lo graban con las escuchas”, explicó.

El alcalde Rodrigo Pop es más locuaz: “Antes éramos amigos, y luego ya no. Somos enemigos. Él me amenazó, y yo le contesté: ‘usted no me amenace porque yo también se la puedo hacer’. No porque él sea grandote y yo chiquito me tengo que dejar intimidar”.

Después de la auditoría de 2013, la Contraloría volvió a la carga y, tras otro estudio realizado por otros funcionarios, interpuso una nueva denuncia penal el 22 de mayo de 2014.

Ninguna de las dos acciones judiciales trajo consecuencias para nadie. El Ministerio Público, con los informes en mano, pidió un antejuicio en contra de Pop, pero este quedó empantanado en el Juzgado de Primera Instancia de la Libertad, Petén, a cargo del juez Moisés Chavarría López. Chavarría López había sido muy cuestionado en 2009 cuando dejó en libertad, tras el pago de una fianza de Q5 mil, a cuatro miembros del grupo de narcotraficantes mexicanos Los Zetas, que protagonizaron un tiroteo en Cobán en el que murieron dos policías. Fue también este juez el que cerró uno de los casos de estafa y defraudación tributaria en contra de María Marta y Christa Eugenia Castañeda Torres, hijas de Gloria Torres, quienes eran parte de otra estructura político-económica ilegal, cercana al gobierno de Álvaro Colom, mencionada en el informe de CICIG.

Aunque el antejuicio en contra de Pop no avanzara, las denuncias hubieran podido dejarle fuera de la contienda electoral de 2015. El Tribunal Supremo Electoral exige a todos los candidatos un finiquito que demuestre que no tienen cuentas pendientes con la Contraloría. En el caso de Pop, la CGC no se lo hubiera podido entregar por las causas legales abiertas en su contra. Pero por fortuna para él, en junio de 2015, apenas un mes antes de que venciera el plazo para solicitar el preciado finiquito, el juez Moisés Chavarría desestimó las dos denuncias de la Contraloría, sin que se conozcan sus motivos para ello. Se intentó contactar telefónicamente al juez Chavarría, pero al momento de la publicación de ésta, no había respondido a los llamados.

Los auditores de Contraloría que plantearon la denuncia penal optaron por no ejercer su derecho de oposición a esta decisión judicial. Se plegaron al criterio del juez.

De esta forma, un Rodrigo Pop perfectamente libre de toda contrariedad judicial, pudo inscribirse como candidato a la alcaldía por el partido CREO.

¿Por qué los auditores dejaron que el juzgado de La Libertad echara por la borda su trabajo sin oponerse? “Nosotros cumplimos nuestro trabajo, que es entregar el informe. El MP y los juzgados son los que luego tienen que utilizar la información. Si los órganos de justicia deciden otra cosa, por gusto va a uno a reclamar, porque ellos ya tomaron la decisión”, se defiende el auditor Luis Alexis Velasco.

Carlos Mencos, jefe de la CGC, desliga a la institución de la decisión de sus auditores: “Ellos tienen la independencia de decidir si se oponen o no a la resolución del juzgado. En la mayoría de los casos, ellos se oponen. En los casos en que no se oponen, nosotros lo que hacemos es trasladar al Inspector General de Contraloría para que evalúe la actuación de los auditores”.

Hoy, gracias a la oportuna acción del juzgado de La Libertad, Pop puede hacer campaña para su reelección. Él está convencido de que triunfará por tercera vez. Lo cierto es que su falta de reacción ante la crisis de la contaminación del Río La Pasión, en junio 2015, ha disminuido notablemente su popularidad en particular en las comunidades que se quedaron sin acceso al agua.

Luis Eduardo Ayala Pineda es además un rival de peso, capaz de movilizar enormes recursos para su campaña electoral. Con su comité cívico CABRA, está “seguro al 100%” de ganar los comicios municipales. Los desplazamientos del candidato constructor van acompañados de ferias, torneos de futbol y generosas rifas. Además, para promocionarse, ha emprendido obras de mejoramiento de carreteras y calles tanto en el casco urbano de Sayaxché como en las aldeas. Esto, sin tener ningún cargo oficial en la municipalidad.

*Corrección: Por un error se había consignado que Rodrigo Pop fue electo como alcalde en 2007, y que su relación con Ayala Pineda había empezado en ese año. Se corrigió ese párrafo donde se informa el inicio de la gestiónd de Pop en 2012 por el partido CREO.