Honduras: La huelga más larga en la empresa que simbolizó las “banana republics”

Ramilio Carranza, de 53 años, trabajador de la bananera Chiquita Brands de La Lima (departamento de Cortés, norte de Honduras), supo que estaba en problemas a principios de diciembre de 2017. Un día le llamaron del hospital privado Medical Center, en el mismo municipio de la plantación, y le anunciaron que la cita que su esposa tenía agendada con el doctor para el día 27 quedaba cancelada. Le dijeron que ya no atenderían a los empleados de Chiquita como habían hecho en las últimas seis décadas, que el contrato se había extinguido. Carranza no da el nombre de su mujer, “eso no importa”, dice, pero sí explica que es diabética y que la insulina le cuesta 500 lempiras (Q155,97) cada 20 días.

A finales del año pasado, a través de varias circulares, Chiquita anunció a sus empleados que la atención se prestaría en otra clínica en la ciudad de San Pedro Sula, ubicada a media hora en carro desde la entrada a las fincas. Finalmente, el Hospital del Valle, otro centro médico privado, construyó una clínica en el recinto de oficinas de la empresa en La Lima. Sin embargo, Carranza considera que la nueva infraestructura no reúne las condiciones básicas para atender las necesidades de los trabajadores. Carranza se ha tenido que resignar porque no dispone de dinero para afrontar un seguro privado. Por eso, dice, se unió a una huelga que se extendió durante 77 días. Por eso y porque, como consecuencia de esa medida, al menos 93 trabajadores fueron despedidos por la bananera.

Carranza es un tipo corpulento, luce un pequeño bigote, tiene la piel oscura y se expresa con firmeza. En un primer momento manifiesta suspicacias; teme que los periodistas fuesen enviados de la empresa para sacar información. Dice estar acostumbrado a los infiltrados y no se fía. Nos encontramos en una de las plantas empacadoras. Junto a Carranza, en un espacio con mesas y cubierta separado de la maquinaria, otros cuatro compañeros matan el tiempo sesteando. También está un vigilante de seguridad, armado con una escopeta, pero que departe con los huelguistas como si fuese uno de ellos. Hace calor. Mucho calor. Muchísimo calor. Un perro deambula buscando sombras. Las cintas transportadoras están paradas. Así permanecieron entre el 26 de diciembre de 2017 y el 12 de marzo de este año. Es el tiempo que ha durado la huelga con la que los trabajadores rechazaron una modificación en las condiciones sanitarias que están reguladas en un convenio de trabajo vigente desde 2014. En todo este tiempo dejaron de cortar los frutos y llenar las cajas con el mítico logo de una mujer cargando unos bananos. Un icono que al principio se llamó Miss Chiquita, pero pasará a la posteridad como Chiquita Banana. Aunque los accionistas de la empresa han cambiado, lo que no se modifica es la imagen de marca y el sticker azul con el que se identifica a sus bananos.

El caso de Carranza y de su esposa no es único, pero sirve como ejemplo para explicar por qué más de dos mil trabajadores de la icónica bananera se fueron a la huelga. Según el convenio de condiciones de trabajo, la empresa tiene obligación de prestar a sus empleados, en el lugar “más cercano” a la plantación, servicio médico en 13 especialidades (dermatología, oftalmología, cirugía general, medicina vascular, traumatología y ortopedia, medicina interna, pediatría, ginecología y obstetricia, anestesiología, radiología, otorrinolaringología, neurocirugía y medicina de rehabilitación). En Honduras no es necesario afiliarse al seguro social si la empresa provee de un seguro privado, al contrario de lo que ocurre en Guatemala donde es obligatorio. Desde hacía seis décadas, el tratamiento a los trabajadores de la bananera se ofrecía en Medical Center, un hospital privado ubicado en La Lima, propiedad de Chiquita Brands hasta 2005 cuando lo compró el Banco Atlántida.

Ni la compañía ni el Medical Center explican por qué se rompió el convenio. Pero los trabajadores en huelga consideraban que al trasladar la prestación de los servicios médicos a San Pedro Sula, la bananera violó el punto 13 del acuerdo entre empleados y empresa.

Los huelguistas regresaron a sus puestos de trabajo el lunes 12 de marzo. La militarización de la zona, 34 órdenes de captura cursadas y la amenaza de más despidos, que se sumarían a los 93 que ya son efectivos, provocó que depusieran su protesta. Pero conflicto no se ha cerrado.

El lunes 26 de febrero el fin de la huelga se veía lejano. La preocupación entonces era explicar los motivos que les habían llevado al paro. La distancia es una de sus quejas. José Romero, de 40 años, empleado de la bananera, explica que San Pedro Sula está a ubicada más de media hora en carro de la entrada a las plantaciones. Si alguien trabaja en el interior y sufre un percance, dice, tiene que contar con cerca de una hora de trayecto en una de las dos ambulancias que la empresa dispone en el interior de su finca. Eso si el tráfico no está trabado, lo cual es una lotería. Demasiado tiempo si le ocurre lo que a José María Ortiz, de 54 años, quien relata cómo hace tres años sufrió el ataque de una barba amarilla, una de las serpientes más venenosas que se conocen en esa zona del país. Se salvó porque le atendieron rápidamente y el doctor estaba en La Lima. Si hubiese tenido que llegar hasta San Pedro Sula no estaría aquí para contarlo, asegura.

Un conflicto de estas características es terreno abonado para rumores. Algunos trabajadores aseguran que el cambio de ubicación del centro médico ha provocado víctimas, como un compañero que murió por un infarto, la esposa de otro trabajador, o incluso algún niño. Nadie es capaz de aportar un nombre ni de relatar las circunstancias concretas. Alguien que conocía a alguien se lo dijo a otro alguien. “Trabajamos en plantas diferentes, no todos nos conocemos”, se excusa Alan Pérez, de 24 años. Si no hay nombre, no hay caso, no hay modo de probarlo.

Además de las distancias, los trabajadores se quejan de la calidad del servicio sanitario recién implantado. “En el nuevo centro solo hay un baño, está construido en lo que antes eran oficinas y apenas hay especialidades”, asegura Lilian Reyes, de 44 años, que mata el tiempo jugando a la Chalupa, una especie de bingo, con cartones a una lempira, con la que los trabajadores se entretienen bajo las sombras de los árboles en la entrada a la plantación. Muestra una factura de 9.600 lempiras (Q2,991) por pruebas a su madre y a su hermana. Fueron realizadas en el Medical Center, en La Lima, el centro en el que antes eran atendidos, pero ahora, con la obligación de pagarlas. Dice que no firmó, que “no voy a caer en sus abusos”.

“Este es el primer paso para llevarnos al IHSS (Instituto Hondureño de Seguridad Social). Y eso no funciona”, se queja Romero. El IHSS está en el centro del mayor escándalo de corrupción en la historia reciente de Honduras. En 2013 se denunció que una red de funcionarios públicos desfalcó cerca de US$200 millones (Q1.475,7 millones) de los recursos de esa institución. En opinión del trabajador, el traslado forma parte de un plan para despojarles de la atención en una clínica privada con cargo a la empresa. “El salario no da para acudir a un médico privado. Nos dejan sin atención, es lamentable”, dice.

En la recta final de la protesta existió discusión incluso sobre el número sus partidarios. Los empleados que se mantenían vigilando el acceso a la planta afirmaban tener el apoyo de la mayoría de los operarios de ocho de las diez fincas, mientras que Elías Funez, presidente de Sitraterco, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la bananera, aseguraba que solo un pequeño grupo secundaba la protesta. La plantación está dividida en diez fincas, que se reparten entre los departamentos de Cortés y El Progreso: Corazal 06, Corazal 07, Mopala, Santa Rosa, Ceivita, Indiana, Limones, Laurel, Omonita y Coob. Las dos últimas fueron las primeras en deponerla huelga y reiniciaron las labores el 5 de febrero.

El pasado 4 de marzo se superaron los 69 días parados que duró la protesta más larga registrada en la mayor compañía bananera de Honduras. Chiquita Brands, anteriormente United Fruit Company a través de Tela Railroad Company, lleva establecida en el país desde 1912, más de un siglo, y es un elemento indispensable para conocer su actual configuración social, económica y hasta política.. El antecedente al actual plantón es la huelga de 1954, un hito histórico, convertido en la mayor muestra de descontento en Honduras hasta las movilizaciones contra el golpe de Estado que depuso a José Manuel Zelaya en 2009.

“Nadie desea que haya un paro”, explicaba José Antonio Ortega, nacido en 1951, tres años antes de la histórica huelga de la que escuchó por su padre y empleado en Chiquita Brands entre 1979 y 2016. Actualmente está jubilado. Cuando la salud se lo permite, agarra una bici destartalada y se desplaza hasta el retén para dar ánimos a sus antiguos compañeros. “Me sigo considerando uno de ellos, sigo pagando la cuota del sindicato”, afirma, orgulloso. Trata de insuflar ánimos recordando que hubo otras protestas, como la de 1980, en la que proclamaban “huelga en el 80 por el 80%”, en referencia al aumento salarial que exigían. Admite, sin embargo, que nunca vivió un plantón que se alargase tanto en el tiempo como el de ahora.

Empresa, trabajadores, sindicato y Estado

La historia suele ser olvidadiza con los momentos de tedio. Es habitual que se escuchen relatos épicos en las que los trabajadores salen a la calle a defender sus derechos e, incluso, hasta consiguen victorias. El año 1954 en Honduras es un ejemplo. En aquel tiempo, Chiquita Brands tenía más de 35 mil trabajadores. Constituía casi un “Estado dentro del Estado”. El país se paralizó por completo desde el 1 de mayo. Protestas, plantones, marchas en Tegucigalpa o San Pedro Sula que exigían cuestiones básicas, como libertad sindical, creación de un ministerio del Trabajo, mejores condiciones salariales y sanitarias, un Código del Trabajo y Seguridad Social. Buena parte de estas reclamaciones se implementarían a partir de 1957, durante la presidencia de Ramón Villeda Morales, que se impuso en las elecciones tras el derrocamiento de una dictadura que se alargaba desde 1935. Contrasta esta situación con lo ocurrido en Guatemala cuando, también en 1954, el presidente Jacobo Árbenz Guzmán era depuesto por un golpe de Estado apoyado por EE.UU. para defender los intereses, precisamente, de la United Fruit Company. Sin las empresas bananeras de capital norteamericano no se puede entender el pasado reciente de los países centroamericanos.

Aquella huelga fue también el origen de Sitraterco, acrónimo de Sindicato de Trabajadores de La Tela Railroad Company, que mantiene el nombre a pesar de que la empresa ya no esté en manos norteamericanas.

Aquel año, 1954, es un espejo en el que es inevitable reflejarse, aunque las cosas han cambiado. Muchos de los logros reivindicados entonces han comenzado a menguar. De la ofensiva al retroceso, a proteger lo que se pueda. Bienvenidos al fin de la historia, que diría Francis Fukuyama. Quizás este relato nostálgico forme parte también de una visión idealizada. Y eso que el contexto actual de Honduras es terreno abonado para la movilización. Desde el 26 de noviembre, cuando se celebraron las elecciones presidenciales, el país sufre una grave crisis política. Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, fue reelegido y la oposición, liderada por Salvador Nasralla y el expresidente Zelaya, de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, denuncia fraude y mantienen una campaña de protestas.

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Los trabajadores de Chiquita siempre han querido separar ambas cuestiones y han asegurado que la suya era una huelga exclusivamente laboral. No parece que el presidente Hernández tenga simpatizantes en el acceso a la bananera. Si hay algún “cachureco”, como se conoce popularmente a los fieles del Partido Nacional, no lo dice. Pero todos los entrevistados insisten en que su protesta no es “política”, que se ciñe a sus derechos como trabajadores.

“La gente nueva no viene con la mentalidad de respetar las conquistas que se lograron anteriormente”, decía con pesar José Romero, uno de los líderes de base de los huelguistas. Estaba molesto con sus dirigentes. Se quejaba de un acuerdo firmado el 5 de febrero entre la dirección de Sitraterco, la empresa y la secretaría de Trabajo, a pesar de la oposición de los huelguistas. El documento, del que Plaza Pública dispone de una copia, consta de 20 puntos y ahí se regula la atención médica que Chiquita Brands ofrecerá a sus empleados. La mayor parte de especialidades (salvo cirugía, radiología y anestesiología), estarán en la clínica construida en las instalaciones de la empresa en la Lima. Las otras tres, se ofrecerán en San Pedro Sula. También se registra el compromiso de que los trabajadores retomarían sus labores el 6 de febrero, algo que no se cumplió salvo en el caso de dos de las fincas.

“Dicen que lo hicieron para salvar la organización, pero aceptaron lo que nosotros les habíamos dicho el 24 de enero que no firmasen”, aseguraba Romero, que creía que el acuerdo era un retroceso y que la dirección del sindicato había traicionado a los empleados. Consideraba que las dos fincas que aceptaron regresar al trabajo antes que ellos lo hacían por coacciones y estimuladas por un bono extra que la empresa ofreció tras el pacto del 5 de febrero.

El presidente de Sitraterco, Elías Fúnez, ofrecía una versión distinta. En conversación telefónica, mantenida antes de que la huelga llegase a su fin definitivamente, afirmaba que solo una “pequeña facción” es la que seguía la protesta. Explicaba que habían consultado con sus bases y que la mayoría estaba de acuerdo con aceptar lo que ofrecía la dirección, que básicamente es admitir que la atención médica será a partir de ahora en la clínica construida por el Hospital del Valle. “Si siguen así, podemos tener problemas, ya que hay trabajadores que nos preguntan que por qué no vamos en su contra”, afirmaba. En su opinión, la huelga solo genera “división” entre los trabajadores.

Fúnez apuntaba a la teoría de la “mano negra”. Decía que los huelguistas “se sentían fuertes” porque recibían apoyo y víveres de fuerzas externas, aunque no las identificó. Aseguraba que, al contrario que este grupo, otros trabajadores sufrían las consecuencias de no recibir el jornal por su trabajo. Alan Paz, de 24 años, contradice esta idea. Admite que recibieron sustento económico de dos sindicatos de La Ceiba y Olanchito, un total de 100 mil lempiras (Q31.165), pero que esta es una cantidad que no llega ni siquiera para abonar un salario a cada uno de los trabajadores, que cobran de media 2 mil lempiras (Q623) semanales. Dice que en ocasiones hubo vecinos de San Pedro Sula, La Lima o El Progreso que les dejaban alimentos en la posta. Reconoce que la huelga tuvo efecto en las localidades cercanas y que se encontraban “muy solos”.

La tesis del acuerdo ya suscrito entre los principales actores y del pequeño grupo instrumentalizado la compartía José Francisco Morazán, del departamento de Comunicación del ministerio de Trabajo de Honduras. También a través de vía telefónica, limitaba el número de huelguistas a un centenar y consideraba que obedecían a una agenda política diferente a la de los intereses laborales. En su opinión, el hecho de que el departamento de Cortés sea uno de los más activos en las protestas contra Juan Orlando Hernández tuvo que ver con la capacidad de aguante de la huelga.

El funcionario se mostró preocupado por el posible desenlace de la huelga. Una reflexión que no se puede tomar a la ligera cuando se habla de una empresa que, en 2007, fue condenada por el departamento de Estado de EE.UU. por pagar US$1,7 millones a las Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, para proteger sus instalaciones, lo que le supuso una multa de US$25 millones.

Antes del fin de la protesta, Morazán consideraba que la compañía estaba en una “posición dura” y explicó que su apuesta, la de la compañía, era una resolución por vía administrativa, que es la que podría concluir con una orden de desalojo violenta. A pesar de que en aquel momento descartaba el choque entre trabajadores y policía, el 9 de marzo, agentes de los Cobra (comandos especiales) y del Ejército trataron de expulsar a los huelguistas. Se registraron incidentes, heridos y tres trabajadores fueron detenidos. Dos días después, el exterior de la plantación amanecería completamente militarizado, para impedir que los trabajadores bloqueasen el paso.

Chiquita Brands no quiere dar explicaciones. Ni en sus oficinas de San Pedro Sula ni en la finca Omonita, donde han abandonado la protesta desde el 5 de febrero, aceptaron ser entrevistados. Tampoco permitieron que se visitase la planta que sí está en funcionamiento. El 21 de febrero emitió un comunicado en el que aseguraba tener grandes pérdidas. En esa fecha ascenderían hasta los 400 millones de lempiras (Q124,8 millones), por lo que actualmente son todavía mayores. Según este documento, la compañía consideraba que “la disputa laboral” fue solventada el 5 de febrero con el acuerdo sellado entre el Sitraterco y la secretaría de Trabajo. En el comunicado, la bananera insistía en que “desconoce” los motivos por los que no se ha retomado la producción. Plaza Pública quiso saber cuánto dinero invierte la empresa en la salud de sus empleados, pero fue imposible debido a la negativa a responder preguntas.

Ninguno de estos argumentos convencía al centenar de trabajadores que el 26 de enero vigilaban el puesto de control en el acceso a la planta. Tampoco ahora han cambiado de parecer, pero han acatado para evitar males mayores. Aquel día, en la barrera que impedía el paso a la propiedad privada, habían colgado una bandera de Honduras y otra de Sitraterco. Permitían el tránsito de los camiones y los vehículos particulares. “Los únicos que no pasan son los de administración”, explicaba Romero. A las 8 de la mañana, el grupo que guardaba el acceso a la planta era numeroso. Un par de horas después se había desperdigado, buscando el refugio de la sombra. Hacía calor. Mucho calor. Muchísimo calor. Las malas hierbas habían comenzado a ganar terreno y los bananos se pudrían en el suelo. Hará falta, al menos, tres meses de trabajo para recuperar la producción desde el momento en el que los empleados regresen a sus labores, indicaba René Bonilla, de 40 años.

Un empleo de padres a hijos y una metáfora sobre EE.UU.

Trabajar en Chiquita tiene algo de identidad, de formar parte de algo que ha condicionado la forma de ser de un territorio. La empresa se estableció en Honduras en 1912, aunque entonces se llamaba Tela Railroad Company y era una filial de United Fruit Company, empresas norteamericanas dedicadas a la agroexportación. La referencia al ferrocarril tiene que ver con que recibió concesiones de terrenos a cambio de construir una vía férrea. Desde entonces, ha marcado la economía y la política del país. Que durante muchos años se le haya conocido como “La Compañía”, a secas, como si no existiese otra, es símbolo de su poder. La huelga de 1954 es otro ejemplo: una protesta en una empresa terminó condicionando a todo un Estado. Un tercer dato: en 1975, medios estadounidenses acusaron a su entonces presidente, Eli M. Black, de haber sobornado al entonces dictador hondureño, Oswaldo López Arellano, para que aprobase leyes que le permitiesen pagar menos impuestos. El caso se conoció como “bananagate”.

Su poder ha menguado porque su impacto en la economía hondureña no es el mismo. En algo más de medio siglo ha pasado de 35 mil empleados a dos mil fijos y una cifra indeterminada de temporales.

El peso de “La Compañía” va más allá de su nivel de producción y de las divisas que deja en Honduras. Tiene que ver con la falta de Estado efectivo. En el país centroamericano siempre ha existido un ente externo con mayor poder que las propias administraciones. Podríamos debatir si es causa o consecuencia. Desde principios del siglo XX, las bananeras operaban como verdadera autoridad, poniendo y quitando gobiernos. Otra versión del “plata o plomo” popularizado por la serie norteamericana Narcos: o aceptas el soborno o te monto un golpe de Estado. A partir de la segunda mitad del siglo pasado pesó también la necesidad de EE.UU. de contar con una base desde la que operar contra los movimientos guerrilleros en El Salvador, Nicaragua y Guatemala. A estas alturas es el narco, directamente, a quien se señala como poder en la sombra. Pero esa es otra historia. Aunque todo se mezcla. Un trabajador, que no quiere que su nombre aparezca en este tipo de relatos, cuenta cómo en tiempos en los que su padre trabajaba en la bananera, en los años 80 del siglo pasado, se veían obligados a echar café en los contenedores que llegaban de Puerto Cortés. Según dice, entre risas, el olor a cocaína era tan fuerte, por los cargamentos procedentes de Colombia, que utilizaban el grano para intentar disimularlo. “Ahora eso no ocurre”, afirma, como excusándose, con risa nerviosa. “No vayas a poner mi nombre ahí”, insiste.

Aunque nació en EE.UU. y opera en 70 países, Chiquita Brands International es uno de los emblemas de la presencia norteamericana en Centroamérica. Ahora ha pasado a manos brasileñas. Desde 2014, las compañías Cutrale y Safra son las principales accionistas tras una operación de US$1,300 millones. Quizás este sea un ejemplo micro de algo más profundo. ¿Es posible que el capital de EE.UU. muestre signos de debilidad y menor capacidad de influencia? Da para la reflexión: una compañía que simboliza una parte de la hegemonía norteamericana en Honduras o Guatemala es adquirida por una empresa originaria de Brasil, una de las potencias emergentes de la región. Todo un símbolo. El diario argentino “Clarín”, lo describió así: “una empresa ícono del colonialismo de EE.UU. pasa a manos de Brasil”.

Más allá de lecturas geopolíticas, a José Romero lo que le preocupa son las consecuencias en su trabajo. “Dijeron que iban a respetar los convenios y todo lo firmado anteriormente, pero no es cierto”, se queja. Su intranquilidad va más allá del conflicto actual. Cree que los nuevos dueños no tienen interés por la plantación, que no invierten en infraestructura ni en mejoras, que los tienen abandonados. Tiene miedo de que este sea el comienzo del fin, el declive de la bananera.

Recordemos que el peso de “La Compañía” en el departamento de Cortés la convierte casi en tradición familiar, en un empleo que pasa de padres a hijos, en un estatus. Lo explica Ernesto Ramírez, de 52 años, quien trabajó 20 años en la finca Los Limones y lleva una década en Corazal 06. Su padre, José María, pasó toda su vida entre los bananos. “No vas a encontrar un producto mejor en el mercado”, dice. A pesar de todo, siente orgullo por su trabajo. Quiere mostrar todo el proceso, desde la siembra hasta el empacado. Cómo se seleccionan los racimos. Cómo se protegen con bolsas de plástico y se transportan mediante un cable metálico. Dos meses de brazos caídos dejan la plantación a merced de la naturaleza y Ramírez mostraba su deseo de que todo se resolviese rápido.

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La producción de banano reporta a Honduras cerca de US$500 millones anuales. La empresa no ha ofrecido datos de facturación anuales. Tampoco José Morazán, del ministerio de Trabajo. El principal mercado al que se exporta es Estados Unidos. Según la prensa local, uno de los efectos de la huelga ha sido el incremento de las ventas de banano de Guatemala a Honduras, a causa del incremento del precio en su país.

Un operario de Chiquita Brands suele cobrar algo más de 2 mil lempiras (Q624) semanales, lo que hace un total de 8 mil lempiras (Q2,500), que es el salario mínimo del país. A ello se le suma ventajas de acceder a la salud en un centro privado, tanto él como sus familiares directos.

Hablamos de un país en el que más del 60% sufre condiciones de pobreza y cerca de un 20%, pobreza extrema, según datos del Banco Mundial, lo que le pone a la cabeza de Centroamérica en número de personas necesitadas. El segundo es Guatemala. Según el Instituto Nacional de Estadística de Honduras, el 7% de su población está desocupada. Es decir, que un amplio porcentaje de la población sufre penurias económicas a pesar de tener un empleo.

Cuando se les pregunta, todos los trabajadores en huelga se encargaban de reiterar que derechos como la atención médica se consiguieron a través de protestas como la que ellos protagonizaban.

93 despidos y un conflicto que no se cierra

Tras más de dos meses de huelga, la mayoría de trabajadores ha regresado a sus puestos. Todos salvo los 93 despedidos. Las condiciones son las que la empresa marcó en su acuerdo del 5 de febrero con el ministerio de Trabajo y la dirección de Sitraterco. Queda pendiente la situación de los expulsados. Su readmisión se convirtió en una segunda exigencia de los disconformes, que se sumó a las reivindicaciones originales. Bessi Martínez, de 44 años, es una de ellas. La empresa le acusa, como a sus compañeros, de “ausencia injustificada”. El 26 de febrero, mientras la sindicalista mostraba su orden de despido, una avioneta atravesaba el cielo en diversas ocasiones, dejando caer un producto químico sobre la plantación. Aunque estar expuesto a este riego no es lo más saludable, para los empleados esta visita tenía algo de seguro de vida. Según su lógica, la compañía no se molestaría en fumigar si tuviese previsto dejar el país.

La amenaza de marcharse es recurrente desde que comenzó la protesta. En realidad, se trata de un ritual indispensable para cualquier huelga que se alargue en el tiempo. La dialéctica de una huelga es una disputa casi universal y la amenaza empresarial de abandonar la producción y dejar a los trabajadores sin empleo, un recurso generalizado. En su único comunicado, Banana Brands no hizo ademán de marcharse. La experiencia dice que cuando una transnacional decide abandonar un territorio no es producto de la improvisación o la coyuntura. Mostrarse inflexible es parte de la negociación. Al final, Chiquita no se ha marchado.

“Las bases dialogamos y decidimos que regresasen a trabajar porque no queríamos arrastrarles a más despidos”, explica Martínez, en conversación telefónica. Denuncia que en la madrugada del viernes, decenas de policías trataron de desalojar el acceso a la bananera. Asegura que se produjo el robo de motocicletas y bicicletas. Que algunos de sus compañeros tuvieron que pasar todo el fin de semana escondidos entre las palmeras. Se queja de que los uniformados utilizaron bombas lacrimógenas, incluso fuego real, que no mostraron ninguna orden de desalojo y que se han cursado 33 órdenes de captura contra empleados de las fincas. Este último extremo es desmentido por Jorge Martínez, miembro de la dirección del Sitraterco, que dice no tener constancia de reclamaciones de aprehensión contra trabajadores.

Al final, se imponen las condiciones pactadas entre la empresa, el ministerio de Trabajo y el Sitraterco. A la hora de las explicaciones, cada uno buscará ofrecer un relato coherente. Sobre el papel, que es lo que se llevará a la práctica, la atención sanitaria la prestará el Hospital del Valle en la clínica construida en las oficinas de Chiquita, en La Lima.

Queda pendiente la readmisión de los despedidos. Una consecuencia de la protesta pasa a ser el punto principal del debate.

A pesar de que los trabajadores, salvo los despedidos, han regresado a sus puestos, su firma no está en ningún acuerdo. El martes 13 de marzo, todas las partes, incluida una representación de los huelguistas, se reunió en Tegucigalpa. La clave estaba en la readmisión de los 93. Jorge Martínez, del Sitraterco, afirmaba que existía el compromiso por parte de la empresa de devolverles el trabajo, aunque aseguraba que “hay que darles tiempo”. Es decir, que la reincorporación no es inmediata. Bessy Martínez, que es una de las afectadas, lo niega. Afirma que el mensaje que ha llegado a sus compañeros es que la empresa se ha cerrado a volver a aceptarles. La diferencia entre estas versiones simboliza la fractura entre los líderes de Sitraterco y parte de sus bases.

Martínez está preocupada y ofrece una visión pesimista. Denuncia que “la empresa está pagando” por la protección de los militares y que sus representantes fueron obligados a abandonar la sala de reuniones el mismo martes. “Si no se firma nada, volveremos a ir con todo”, vaticina.

Es posible que la huelga más larga en la historia de la empresa que dio origen al concepto “banana republics” no haya escrito su último capítulo.