Jimmy Morales llena la plaza de policías y divide al país entre buenos y “malos guatemaltecos”

Consciente de estar en terreno hostil y protegido por un despliegue de seguridad no visto hace años —integrado por cientos de policías, soldados, kaibiles y antidisturbios militares—, Morales lanzó un discurso amenazante. Dividió a los guatemaltecos entre buenos y malos (estos últimos, apoyados por “malos extranjeros”), jugó con la idea de la confrontación social y atacó a los medios de comunicación.

“Hace un año, malos guatemaltecos, junto a algunos malos extranjeros, quisieron secuestrar nuestra bandera, y quién sabe qué hubieran hecho con ella si se lo hubiéramos permitido”, arrancó el mandatario.

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El relato del presidente tenía un punto de realismo mágico. Según su visión de los hechos acontecidos en la misma plaza en 2017, una “horda de gente que atacaba y destruía, diciéndose pacifista”, quiso “secuestrar” la enseña nacional con aviesas intenciones. “Gracias al nacionalismo y profesionalismo” de los cadetes militares encargados de custodiarla, “no lo lograron”.

“Cómo pueden ser llamados pacifistas los que gritan oprobios, destruyen y aterrorizan”, dijo.

“Cómo pueden decir que luchan por la justicia guatemalteca cuando izan una bandera ajena a la nuestra en la plaza un 14 de septiembre”, añadió.

“¿Qué querían esos? ¿Qué buscaban? Lo mismo que ahora. Provocar una confrontación entre hermanos. Hermanos verdaderos, no nos dejemos provocar”, sentenció.

El discurso de Morales apenas era perceptible. Las consignas en contra (¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Jimmy Morales a los tribunales! ¡Jimmy cobarde, el pueblo está que arde!) gritadas al unísono por los manifestantes, impedían que sus palabras fueran legibles.

Para saber qué es lo que buscan los manifestantes, Morales no lo tenía difícil. Se encontraban a unas decenas de metros, detrás de la barrera de tres filas de policías civiles y militares. En sus carteles, mensajes contra la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la pobreza, de apoyo a la Cicig y de exigencia de renuncia del mandatario. Era sencillo saber qué querían. Morales, sin embargo, prefirió no acercarse para averiguarlo con sus propios ojos. Y, por si acaso, decidió matar también al mensajero.

“Es preocupante el silencio, la manipulación de la información, la imposición de falsos valores. No me preocupa el grito de los iracundos, me preocupa el silencio de los medios de comunicación. ¿Por qué la violencia provocada por esos pequeños grupos desestabilizadores es minimizada por los medios de comunicación nacionales e internacionales?”, se quejó.

Una vez Morales había descrito al malchapín, tocaba hablar del bueno, el “verdadero”, los suyos, a quienes el presidente definió como “la mayoría silenciosa”.

“Esa mayoría silenciosa que cuando marcha no abusa, cuando marcha hace saber su pensamiento en paz, concordia e inteligencia. ¿Qué es lo que quiere esa gran mayoría de guatemaltecos? Quiere la familia, la vida y el cumplimiento del orden natural de las cosas”, dijo el presidente, tratando de aprovechar la marcha celebrada contra el aborto y el matrimonio igualitario el pasado 2 de septiembre.

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Desde el inicio de la crisis abierta por su guerra contra la Cicig, no ha habido declaración de Morales que no haga referencia a estos conceptos, aunque nada tuviesen que ver con lo tratado en el resto de la alocución. El objetivo es claro: dividir el país entre una minoría ruidosa y el resto, el que sigue las tradiciones, obedece las leyes y ama su país. Un relato que pasa por alto la corrupción y que ubica la discusión en términos patrioteros de “o conmigo, o contra mí”.

Quizás una de las metáforas de la jornada la regaló Iván Díaz, gobernador del departamento de Guatemala, quien antecedió a Morales en el uso de la palabra. A voz en grito, como retando a los manifestantes, leyó punto a punto el Acta de Independencia de hace 197 años. Esa que en su primer punto declara que “Siendo la Independencia del Gobierno Español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin prejuicio de los que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe Político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en caso de que la proclamase de hecho el mismo Pueblo”.

Al otro lado de la barrera de policías, bien separados de los representantes oficiales, los descontentos insistían en exigir la dimisión del presidente. Eran menos que hace un año y no llegaron a tomar la plaza, pero lograron que las autoridades sentadas en el palco tuviesen que verlos y oírlos.

“Cuando llegamos al parque, calculo que éramos más de mil personas. Y para la intimidación que hubo durante la última semana, fue un buen número”, dijo Mynor Alonzo, dirigente de USAC Es Pueblo, una de las organizaciones que convocó a la marcha.

“La lluvia nos perjudicó, y además es un día laboral para muchas personas”, agregó Gabriel Wer, dirigente del colectivo Justicia Ya. “No es que esperemos un número específico de personas, lo que queremos es que la gente que se mueve del Obelisco para el parque tenga la oportunidad de manifestar y expresar su rechazo si así lo quieren”, agregó Briseida Milián Lemus, también de Justicia Ya.

Durante el recorrido de los manifestantes, decenas de automovilistas bocinaban en señal de apoyo y un grupo de estudiantes de un Instituto Nacional de Educación Básica se detuvo para apoyar al grupo gritando “¡Fuera Jimmy!”.

Al pasar frente al Ministerio de Gobernación, en la Sexta Avenida, los manifestaron se encontraron con un contingente de policías que desde la mañana rodeaba el edificio. Al a la Plaza se enfilaron a un costado de la fuente y se toparon con las vallas de seguridad que cortaban su paso. La bandera era izaba por cadetes de la Escuela Politécnica y el número de agentes les triplicaba.

Los manifestantes actuaron cautelosos frente a la temerosa presencia de las fuerzas de seguridad

Dos expedientes del MP por el control policial

A diferencia de hace un año, Morales logró dar su discurso. La bandera fue izada y los fastos oficiales pudieron desarrollarse, aún en medio de los gritos de protesta. Para evitar un desborde ciudadano como el que ocurrió en 2017, desde primera hora de la mañana un amplio operativo de seguridad fue montado en los alrededores de la Plaza de la Constitución, cerrando todos sus accesos. Uno de los agentes que custodiaba la entrada a la plaza por la Sexta Avenida y que no quiso identificarse reconoció que el dispositivo estaba motivado por los antecedentes.

Tanta policía no resultó una sorpresa. Días antes, Esteban Moranga, responsable del desfile que se celebra el sábado, había anunciado que la policía impediría el paso a participantes con mantas o carteles que declaren “non grato” o cuestionen al presidente. Querían así evitar lo ocurrido en Quetzaltenango, donde los mensajes contra el Gobierno mostrados por estudiantes en la feria Xelafer provocaron que Morales terminase por declinar su participación en los actos.

El despliegue fue inusitado. Únicamente se permitía el ingreso al parque por la octava calle, donde quien traspasaba el cordón era registrado, incluso los niños, los padres con bebés en brazos y los estudiantes que participarían en las celebraciones. Sobre las 15:00 horas, un nutrido grupo de antimotines militares irrumpió en la plaza y se resguardó en el parqueo subterráneo. Un kaibil al mando, que no quiso identificarse, explicó que solo actuarían en caso de que la fuerza pública, es decir, la policía, se viese desbordada, “como ocurrió el año pasado”. No portaban armas de fuego y aseguró que, en caso de disolver a manifestantes, solo emplearían gases lacrimógenos.

Tal exhibición de fuerza policial generó la reacción del Ministerio Público. El fiscal Yonni Morales, de la Fiscalía de Delitos Administrativos, se personó en el lugar, junto a cuatro investigadores, para tomar declaración a agentes de la Secretaría de Administración y Seguridad de la Presidencia presentes, pero apenas si logró su objetivo. Los agentes le impidieron el paso y se negaron a dar declaraciones oficiales.

Horas después, por medio de un comunicado oficial, el Ministerio Público anunció que había abiertos “de oficio” dos expedientes de investigación: uno por limitar el acceso al área mediante la colocación de vallas y agentes uniformados, que impedía la libre locomoción de los ciudadanos. El segundo, por la prohibición de la libre expresión del pensamiento. Las actuaciones podrían constituir delitos por “Resoluciones Violatorias a la Constitución” y “Abuso de autoridad”.

El artículo 35 de la Constitución de la República garantiza la “libre emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”. Además, la Carta Magna reitera que este derecho “no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”.

El artículo 423 del Código Penal castiga a los funcionarios o empleados públicos que dicten resoluciones u órdenes “contrarias a las disposiciones expresas de la Constitución”.

Prohibir la entrada en un espacio público con carteles contrarios al presidente podría entrar en esta tipificación.

Plaza Pública quiso hablar con representantes de la policía y Gobernación para saber quién dio la orden de blindar la plaza y cuántos agentes participaron en el dispositivo, pero no hubo respuesta. El oficial Pablo Castillo, vocero de la policía, explicó que los datos se ofrecerán a partir del lunes. Será entonces cuando el Ministerio Público avance con sus investigaciones.

La crisis política se incrementó hace dos semanas, luego de que Morales, acuerpado por el alto mando militar, anunciara que no renovará el mandato de la Cicig y asegurara que no aceptará ninguna “orden ilegal” en alusión a una eventual disposición de la Corte de Constitucionalidad para que diera marcha atrás al respecto.

Se prevé que las manifestaciones ciudadanas continúen durante los próximos días, y que el tribunal constitucional resuelva los recursos que diversas organizaciones han planteado en contra de Morales, para saldar la crisis. O para empeorarla.