Juan Carlos Paiz: Los empresarios tienen la misma responsabilidad que todos los ciudadanos en el colapso

Paiz Mendoza es uno de los más evidentes operadores del sector empresarial de Guatemala. Ha sido directivo de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), la Federación Centroamericana de Exportadores (Fecaexca), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), entre otras.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, fue comisionado presidencial para la Competitividad y la Inversión y coordinador oficial de la delegación guatemalteca ante el gobierno de Estados Unidos en la negociación del Plan para la Prosperidad. Durante su participación en el gobierno del Partido Patriota, impulsó una agenda centrada en inversiones para la infraestructura, energía, educación y salud. Dejó el cargo el 22 de agosto de 2015, un día después de que la cúpula del Cacif exigiera la renuncia a Pérez Molina.

Ingeniero Industrial por la universidad de Texas A&M, máster en Administración de Empresas por el Incae, y en Productividad por la Universidad Francisco Marroquín, de la cual ha sido profesor, Paiz Mendoza tiene a su cargo la organización del Encuentro Nacional de Empresarios (Enade), impulsado por Fundesa. Este año, en su décima cuarta edición, girará en torno a la infraestructura como elemento clave para el desarrollo.

¿Cómo entiende Fundesa el concepto de desarrollo?

Somos la Fundación para el Desarrollo. En el tema económico, con “Démosle Chance a Guatemala”, se ha incrementado el empleo formal, de 935 mil empleos a 1.250.000. Se hizo el Consejo Privado de Competitividad, que le da seguimiento a las calificaciones de riesgo país en conjunto con el Gobierno. Cuando Fitch Ratings o Standard & Poor’s nos califican, le explicamos cómo es Guatemala juntos. Eso no sucedía antes. Eso ha servido para que la calificación de Guatemala hoy no haya disminuido, sino que ha mejorado un poco. Eso se puede decir que es desarrollo.

Uno de los retos más importantes que tenemos es cómo disminuir la pobreza, y por eso hemos empezamos a analizar cómo podemos influir sobre los indicadores más importantes de pobreza, y por eso pensamos en infraestructura vial.

Al menos dos Enades anteriores (2010 y 2011) se concentraron en la reducción de la pobreza. ¿Qué resultados ha habido?

En el tema de pobreza es difícil saber cuál es el nivel real debido al problema de los indicadores, y mucho más difícil es decir que Fundesa ha tenido incidencia en que esto haya cambiado. Lo que nosotros estamos buscando es lograrlo a través del plan K’atun 2032, que muestra cómo se va a organizar el país y la importancia de cerrar las brechas en el desarrollo rural. En el Enade del año pasado, sobre ciudades intermedias, queríamos hacerle conciencia al país de las necesidades de inversión para que esas ciudades estén preparadas para que la población pase de ser rural a ser casi complemente urbana en 15 años.

Da la impresión de que los conceptos de “desarrollo” y “reducción de la pobreza” que ustedes manejan no coinciden con las aspiraciones de bienestar colectivo y lucha contra la desigualdad.

El tema de “Démosle chance a Guatemala” es precisamente ese: tener una visión de largo plazo para darle al país indicadores que sean sostenibles. Eso se ha logrado. Hay tres sistemas que se le envidian a Guatemala: el sistema macroeconómico, el sistema de telecomunicaciones y el sistema de energía. Esos tres modelos han funcionado. El Enade se ha enfocado en el fortalecimiento de las instituciones.

Pero sí hemos trabajado el tema de la desnutrición: hemos mantenido la presión con la alianza por la desnutrición sobre cómo se están llevando a cabo los diez pasos de la Ventana de los mil días. A raíz del Enade de hace dos años, medimos el índice de desarrollo a nivel local y evaluamos cómo han desarrollado sus niveles de salud, educación, seguridad, corrupción. Se construye un indicador de desarrollo local para cada municipio.

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¿En qué municipios miden esos indicadores?

En quince. Entre ellos están Carcha y Quetzaltenango. Todos los municipios que han entrado en este proceso han mostrado algunas mejorías, aunque en el tema económico es donde menos.

¿Con qué criterios eligieron esos municipios?

La voluntad de los alcaldes para poder trabajar, nada más. Es como el índice de competitividad llevado a nivel municipal.

¿Algo que mostrar en el tema de combate a la desigualdad, mayores oportunidades, bienestar…?

Esa es la reflexión que hicimos este año, sobre cómo logramos modificar el sistema, porque si yo no tengo la carretera cerca me alejo del desarrollo y se genera más pobreza. No importa que trabaje el tema de educación, seguridad o salud si la carretera rompe el desarrollo de la comunidad. Cuando empezamos a trabajar este tema vimos que había una brecha entre el desarrollo de la capital y el del resto del país.

En al menos seis de los trece Enades que ha realizado Fundesa desde 2003, el término “desarrollo” ha formado parte del nombre. ¿En qué se ha desarrollado Guatemala durante ese tiempo como consecuencia de los aportes de los Enades?

En algunas partes ha habido y en otras no. Desde 2013 nos hemos enfocado en el plan “Guatemaltecos Mejorando Guatemala”. Tiene tres pilares: una Guatemala Próspera, una Guatemala Segura y una Guatemala Solidaria, y busca un mejor país basado en instituciones fuertes. Le hemos dedicado un Enade a Guatemala Segura y los resultados han sido muy buenos: han bajado de 34 a 26 homicidios por cada 100 mil habitantes. Se delineó el proceso para actuar en la reducción por medio de un Observatorio de Seguridad Ciudadana (creado a partir del Enade de 2014) que ha hecho que las autoridades estén más atentas. Es parte de un proceso; no quiere decir que haya más medicinas en los hospitales porque Fundesa lo haya hecho, sino porque pusimos nuestro granito de arena al organizar sus inventarios.  En el tema de Solidaridad trabajamos con el Ministerio de Salud para que la mayor cantidad de recursos estén disponibles para utilizarlos en medicinas. Eso es un impacto directo. En la desnutrición, hubo un gran avance al hacer una gran alianza en contra de la desnutrición, pero las autoridades no lograron los resultados que se querían; es poco lo que ha bajado la desnutrición, pero se logró institucionalizar el tema. En Prosperidad, tenemos a Quetzaltenango, que ha hecho un plan de desarrollo público en el que se ve como una ciudad que se puede posicionar en uno o dos años como un destino de inversión propia. Eso es desarrollo.

¿A qué se refiere al decir que han contribuido en la reducción de los homicidios?
Lo más importante es el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Lo que buscamos es que se muestren los resultados para que cuando vengan nuevas autoridades se enfoquen en los resultados que la ciudadanía espera de ellos, y sea mucho más fácil que le den continuidad a los programas que se vienen trabajando.

Algo que no toca los aspectos medulares del problema…

Precisamente eso es lo que cambia este año en el Enade con el tema de infraestructura. En lugar de tomar un tema y buscar cómo se puede arreglar o mejorar, esta vez nos meteremos a fondo en el sistema. No tendremos una propuesta lista para el Enade. De hecho, pasamos el Enade a segundo plano para buscar que la propuesta sea de los ciudadanos. Eso nos llevará por lo menos seis meses, llevarlo a la ciudadanía para que opine y diga: “este es un sistema que me parece para poder operar”.

¿Cuál será el punto de partida de esa propuesta?

La revisión integral del sistema de infraestructura. Hicimos un diagnóstico, vimos las velocidades, los kilómetros, las brechas con otros países, sus legislaciones. Nos encontramos con varios temas que podrían ser críticos en el tema de infraestructura. Primero, tenemos 441 leyes y reglamentos alrededor del sistema de infraestructura, que hacen legalmente muy difícil la operación de las personas que quieren ser funcionarios en esas áreas. Segundo, se está pagando un peaje de Q1 por galón de gasolina, que no se está utilizando para construcción y mantenimiento. Además, nos encontramos con carreteras grandes cuya construcción tiene problemas legales por el tema de corrupción, pero sin una salida legal clara para que las construya alguien más. Nos encontramos, también, con la ausencia de visión del sistema.

Nos dimos cuenta que ni triplicando los fondos del Ministerio de Comunicaciones, se podrían construir los caminos rurales necesarios. Se puede hacer unos kilómetros por acá y otros por allá, pero nada más. Entonces, nos pusimos una meta de construir tres metros por ciudadano de carretera, para triplicar lo que ya hay. La propuesta es llevarle a los ciudadanos toda la información.

¿Qué errores tiene el sistema actual de contratación de infraestructura?

Que para contratar una obra el Estado necesita tener en un año todo el dinero para ejecutarla, pero el proceso de licitación puede durar hasta siete u ocho años. Luego de que en cada obra se establecen parámetros de los materiales a usar; que contrata a un supervisor por cada obra al que le paga cada mes, y que por lo tanto no tiene interés en que la obra se construya con rapidez porque mientras más dure más gana; que la calidad de las obras no está regularizada, sino que se establece en cada contrato; y que el constructor reduce la calidad de la carretera para asegurarse el mantenimiento.

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Estamos de acuerdo en que, además de las autoridades, ese sistema vicioso y corrupto ha sido creado y fomentado por los constructores privados, que son los que más se benefician de ello…

Totalmente. El sistema ha generado corrupción. Antes el sistema fue totalmente público y fue un fracaso. Ahora es casi en un 100% subcontratado con constructores privados y es un fracaso. Entonces, lo que proponemos es cambiar el marco legal, de contratar un bien a contratar un servicio, y el servicio debe ser por un período de tiempo. Si contratamos un servicio por un período de tiempo, la inversión que hará el que dé ese servicio estará directamente relacionada con la calidad porque él también deberá dar el mantenimiento.

Hay que construir la institucionalidad de infraestructura que se aleje de la política, que se aleje del Ministerio de Comunicaciones, que haga la visión. Que diga: estos son los kilómetros de carreteras que necesita Guatemala, estas son las prioridades, este es el sistema. Y luego que defina el derecho de vía para que podamos beneficiarnos del valor agregado que va a tener una carretera cuando pasa por un lugar. Ese valor agregado que se le integra al valor que va a recibir el gobierno. Ahí es el Estado el que regula y el que audita.

Desde 2013 en Guatemala no se construye un kilómetro nuevo de carretera. La red vial del país está colapsada. ¿Qué provocó esa situación?

La corrupción. Y la corrupción se da porque el sistema es difícil, es complejo y hay una ausencia de valores de los actores que participan en este.

¿En qué momento identificaron ustedes que el sistema se basa en prácticas corruptas?

El trabajo de profundizar sobre el sistema lo estamos haciendo para el Enade. No tenía esas respuestas hace un año. No me había percatado. Lo que yo creía era que incrementar la inversión en infraestructura en un 1% del PIB iba a disminuir la pobreza en un 1%.

Esto no es nuevo. Ha sido un secreto a voces del que se empieza hablar por las investigaciones de la Fiscalía y la CICIG, no por un acto de ética o autocrítica…

Así es la política. Hay sistemas colapsados en el país, como la política, la salud, la educación. La construcción de carreteras está en ese nivel.

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¿Cuál es la responsabilidad del sector empresarial del colapso del sistema?

La misma de todos los ciudadanos que han visto que eso pasa y no han hecho nada, no lo hablamos.

Pero un ciudadano de a pie no tiene la misma influencia frente al Estado que el sector empresarial organizado o una organización como Fundesa.

¿Por qué no? Si todos los ciudadanos tenemos que rescatar este país. El sector de construcción tal vez tenga algo que decir al respecto, pero yo no represento al sector de la construcción ni apruebo los hechos de corrupción que se han dado.

Lo que sí es cierto es que el sistema está más colapsado que nunca, y hoy cuesta Q3 mil millones más que en 2013 hacer lo que no hicimos, reparar esas carreteras. Llegamos a un colapso que nos está costando dinero a todos y no se ve la luz al final del túnel.

Entre otras razones, por la pésima calidad con que fueron construidas esas carreteras por los empresarios corruptos.

La corrupción hay que atacarla para atrás y para adelante. Para atacarla para adelante hay que cambiar el sistema, que es lo que estamos proponiendo; para atacarla para atrás quizá la Contraloría General de Cuentas podría evaluar los contratos y su cumplimiento. No tengo una respuesta sobre cómo pedir cuentas a los corruptos, por eso apoyo al Ministerio Público y la Cicig.

¿Cuáles son las líneas generales que ustedes plantean?

Hacer una institucionalidad que funcione como la Comisión Nacional de Energía, que funcione de manera independiente al Ministerio de Comunicaciones, como la comisión funcional independiente del Ministerio de Energía y Minas. Que esa institucionalidad desarrolle la visión a largo plazo de país y se licite como en energía, donde son muy buenas. La última que ha hecho, que fue una subasta inversa, tuvo 16 etapas de rebaja de precios y 84 oferentes. Los precios que tenemos son una séptima parte de los que tiene Costa Rica con su sistema público, que es lo que ha hecho que la energía baje de precio.

¿Esa es una forma solapada de privatizar la red vial del país?

El sistema de red vial no se puede privatizar. Eso es exactamente lo que no estamos proponiendo. Al contrario, queremos fortalecer el rol del Estado en la determinación de la visión de las carreteras, la determinación de los servicios que se requieren, y en la determinación de cómo van a ser las licitaciones públicas para que se pueda participar. Más bien nos estamos yendo a un Estado más regulador en el tema de carreteras y que no esté a la libre la contratación de las obras.

¿También podría hacerse reformando Covial y fortaleciendo al Ministerio de Comunicaciones?

Pero seguiría siendo político. El problema es que se mezcla la construcción de carreteras con la política por la participación del Congreso. Si no hay independencia, si no hay una autoridad del Estado que sea fuerte e independiente, como lo es la Comisión Nacional de Energía, se volverá a recibir la presión de los diputados en la distribución y construcción de carreteras. Eso es lo que tenemos que sentarnos a discutir.

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Las empresas constructoras nacionales e internacionales, muchas de las cuales han sido sindicadas de hechos de corrupción, seguirán participando en las licitaciones…

Sí. ¿Pero quién más tiene la capacidad de construir?

Estoy de acuerdo. Pero ¿se les debe permitir que siga beneficiándose de los negocios del Estado sin que previamente haya un mea culpa, un reconocimiento de sus delitos, un compromiso público de que no incurrirán en las mismas prácticas?

¿Qué tiene que ver Enade y Fundesa con la corrupción en las carreteras?

No solo con el sector de la construcción sino con el empresariado a nivel general. Algo tendrán que decir sobre la ética empresarial, la transparencia, la probidad…

Durante los últimos años hemos hablado de eso. Creemos que nosotros tenemos que liderar un proceso de ética empresarial. Pero no sé qué tiene que ver con esto.

¿Cómo se le explica a la ciudadanía que se pretende implementar un nuevo sistema de infraestructura en el que participarán los mismos empresarios que corrompieron el sistema anterior? ¿Por qué los ciudadanos habrían de apoyar un proceso semejante?

Ese es un asunto de la Cámara de la Construcción. Yo como guatemalteco acepto mi responsabilidad de no haber hecho nada en contra de la corrupción en el momento en que se estaba formando, pero que una organización A tenga que hacer un mea culpa por lo que hizo un grupo de personas en el sector B, eso es lo que no me parece.

No entiendo qué tiene que ver Fundesa con eso. Quizá el Cacif, que es la unión de cámaras que representa los intereses del sector privado. Nosotros somos un grupo de empresarios que velamos por el desarrollo de Guatemala.

¿Acaso el desarrollo de Guatemala no tiene que ver con la ética, la transparencia y la honorabilidad de un sector tan importante como lo es el empresarial?

El modelo que estamos planteando es precisamente eso, un modelo que haga transparente todo el actuar de las empresas que van a participar en el proceso. Eso es atacar la corrupción. Como ciudadano estoy convencido de que la única forma de encontrar y procesar a los corruptos es fortalecer los procesos actuales de la Cicig y el Ministerio Público.