Juicio por genocidio: la defensa del general Rodríguez Sánchez

Hace cinco años, el 10 de mayo de 2013, Rodríguez Sánchez fue el único que celebró el fallo emitido por el Tribunal A de Mayor Riesgo. Mientras a Efraín Ríos Montt lo sentenciaban a 80 años de prisión inconmutables por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, a él le absolvían. La celebración duró poco; 10 días después se ordenó la repetición del juicio y desde entonces está ligado a este proceso penal. Al final de este nuevo debate, la defensa ha tomado el turno para atacar la acusación de la fiscalía.

Ester Guerrero Gálvez, abogada del militar acusado, tomó casi cuatro horas para hacer su exposición. Seleccionó fragmentos del archivo de 56 páginas que el Ministerio Público (MP) presentó para imputar a Rodríguez Sánchez. Cada vez que tenía oportunidad resaltaba los errores que, desde su punto de vista, tiene el documento. “Está hecho sin técnica, no tiene pies ni cabeza”, y “fue difícil identificar la participación” del militar retirado.

El sostén de sus argumentos fue la declaración del experto en asuntos militares, Rodolfo Robles, de origen peruano. A través de segmentos de audio que hizo reproducir durante la audiencia, presentó dos ideas: el G2 no tenía cadena mando pues era un asesor y los planes militares no fueron hechos para combatir a la población sino a la subversión.

 “El MP nos presenta tres hipótesis. Dice que el dolo (voluntad deliberada en la comisión de un delito) puede deducirse de las circunstancias que rodean al acusado. O de los hechos o de la política general de la época en que ocurrieron los hechos. Pero el perito Rodolfo Robles, el perito estrella del MP, nos vino a decir que los planes (militares) estaban perfectos, bien hechos y que eran para combatir a la subversión y no para matar a la población civil ni cometer actos deleznables contra ninguna etnia”.

Guerrero Gálvez insistió en que no hubo intencionalidad del Ejército de acabar con una etnia. También se quejó de que el MP le achacara a su defendido el haber elaborado, dirigido y supervisado las acciones contra la población civil. “A partir de los estudios de inteligencia nos habla de 267 víctimas mortales, al menos cinco mujeres violadas por el Ejército de Guatemala, (y) no por José Mauricio Rodríguez Sánchez”.

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En cambio, “eran los comandantes de zona los responsables de lo que pasaba en su zona”, un argumento que han destacado los defensores de todos los militares acusados por delitos contra los deberes de la humanidad.

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 “Dice el MP que los superiores siempre están informados…que él era jefe de una operación y tenía en su poder que no se dieran esas atrocidades, pero Rodolfo Robles dijo que el G2 no tenía cadena de mando”. “Dice el MP que tenía el poder de forzar a los soldados y patrulleros bajo su mando a realizar las masacres, asesinatos, destrucción, violaciones…pero el único que podía tener esa posición jerarquica era el comandante general del ejército”. Una referencia directa a Efraín Ríos Montt. De hecho, el nombre del exjefe de facto, fallecido en abril pasado, fue mencionado con sutileza e indirectamente en varias ocasiones.

Por ejemplo, se hizo referencia a que Rodríguez Sánchez, a diferencia de Ríos Montt no obstaculizó el juicio. En cambio, ha estado dispuesto a colaborar y a que no se interrumpa.

En una pantalla que la reducida audiencia no podía ver, la defensora mostraba párrafos de la acusación y las fallas que la defensa notaba. “Señalan hechos de 1981, el golpe de Estado de 1982 y hasta 1983, pero el acusado no era G2 (jefe de inteligencia) en 1981. Era teniente coronel”.

La jurista también señaló que en la acusación se presentaba a Rodríguez Sánchez como jefe del Estado Mayor del Ejército y como comandante General del Ejército. Puestos que no ocupó en ese periodo.

 Una visión diferente de los peritajes

 “Nos trajeron muchos análisis periciales, unos testimonios duros, que realmente lamentamos escucharlos porque ningún ser humano merece ser maltratado” dijo la abogada como anticipo a la crítica a los informes elaborados por los expertos forenses.

Criticó el reporte de la Fundación de Antropología Forense, porque no pudo determinar la fecha exacta del deceso de los restos exhumados en el área ixil (San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul, municipios de Quiché), debido a que estaban deteriorados. “La única forma de tener certeza total era el carbono 14 y eso no se usa en Guatemala”, expuso Guerrero.

“Las fechas fueron estimaciones y para acusar a alguien por genocidio, me parece irresponsable. Porque genocidio no es un delito de bagatela. Debieron armar una plataforma probatoria y eso no sucedió en el debate”.

El monólogo de la defensa señaló que, aunque se reportaron varias masacres, los vestigios de bala en estos “fueron una nada” y que tampoco se supo si eran balas del Ejército o de la guerrilla.

Otro argumento fue que no pudo ocurrir la destrucción de la población, de su cultura, al negarles el uso de su vestimenta o su idioma, porque en el debate se evidenció que varios testigos vestían su ropa originaria y necesitaron de un traductor.

Como conclusión, Guerrero Gálvez pidió que Rodríguez Sánchez fuera absuelto de toda acusación. Y para revertir el impacto de lo expresado en la audiencia, Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos tomó unos minutos para hacer un requerimiento.

De forma espontánea dijo: “El Genocidio ya se probó y se condenó. Las víctimas han esperado 30 años. La mayoría de los testigos no pidió dinero. No es un tema económico como se quiere desvirtuar”.

Y como contraposición a lo dicho por Guerrero Gálvez, hizo una mención a los planes militares. “Decían que debían proteger a la población, pero ¿quién era la población y quién era enemigo?”

Para concluir, insistió en que la justicia transicional no divide al país, “no hay personas peleándose en la calle” y pidió al Tribunal que asumiera el papel tan importante de impartir justicia al pueblo ixil.

En esta jornada Rodríguez Sánchez se quedó con el deseo de hablar. Tenía las notas listas en su libreta para hablar ante las dos juezas y un juez, pero el Tribunal no quiso extender más tiempo la audiencia.

El final de la jornada tuvo un momento de tensión, cuando un grupo de ixiles que presenció el debate exigió a los querellantes que explicaran porqué portaban la vestimenta indígena (un saco corinto con detalles bordados), o de qué poblado eran. Ante la negativa de respuesta, los indígenas, que eran acompañados por otros particulares, decidieron hablar en voz alta sobre las masacres cometidas por la guerrilla que no han sido juzgados.

La próxima cita será el 26 de septiembre. Ese día Rodríguez Sánchez podrá hablar y luego se convocará para escuchar la sentencia.