La agonía de las reformas constitucionales

El pasado lunes, el diputado independiente Oliverio García Rodas, quien preside una mesa de trabajo creada para darle seguimiento a la propuesta, pidió a las diferentes bancadas del legislativo decidir, de una vez por todas, si están dispuestos a oxigenar la iniciativa para que cobre vida, o de lo contrario, darle los santos óleos.

Para evitar “esfuerzos innecesarios”, García Rodas, solicitó a los representantes de cada bloque que consulten en sus respectivas bancadas cuántos diputados están dispuestos, en serio y sin excusas ni pretextos, a apoyar las reformas en caso fueran llevadas de nuevo al pleno para su aprobación. “No tiene sentido ponerse a discutir algo que no va a ser aprobado”, razonó. El legislador recordó que en el pasado, los jefes de bloque ya firmaron compromisos para aprobar la iniciativa, pero que cuando éstas se discutieron no alcanzaron los votos para su aprobación.

De los 25 artículos de la Constitución que se propusieron para reformar en octubre del año pasado, el Congreso aprobó tres y rechazó dos de los cinco que fueron discutidos, en las diez sesiones que dedicó a esta discusión. Durante ese tiempo, 70 enmiendas fueron presentadas por las diferentes bancadas: diez fueron rechazadas y 60 se quedaron pendientes de discusión.

La iniciativa fue elaborada por una Comisión Técnica integrada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público (MP), la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y avalada y suscrita por el Presidente Jimmy Morales, y los entonces presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Ranulfo Rojas, y del Congreso, Mario Taracena. Previo a ser presentada a los diputados, la iniciativa, cuyo objetivo era reformar el sistema de justicia para garantizar su independencia y profesionalización, fue discutida durante más de seis meses por representantes de diversos sectores a nivel nacional.

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García Rodas dio una semana de vida a las reformas.

Frente a las cámaras la mayoría de diputados dicen que sí están de acuerdo, que las apoyan, que son necesarias, que hay que buscar consensos, que pronto las aprobarán, que están comprometidos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Pero al apagarse los micrófonos, en privado, los legisladores dicen lo contrario: que no, que las reformas ya no van, que no es el momento, que no les interesa, que no creen en las comisiones técnicas, que no les conviene aprobarlas, que para qué, que así estamos bien.

Los tres artículos aprobados se refieren al fortalecimiento de la carrera judicial, las garantías para la administración de justicia y los requisitos e incompatibilidades para ser magistrado o juez. No se aprobaron los artículos que pretendían modificar las prerrogativas de antejuicio para diputados y reconocer el derecho indígena. Con el rechazo de esta última se caía una de las cuatro patas de las reformas, referida a mejorar el acceso a la justicia. Aún quedaban los de fortalecer la independencia, imparcialidad y transparencia; asegurar la idoneidad, capacidad y honradez de los funcionarios; y despolitizar los procesos de selección y nombramiento de los funcionarios del sistema de justicia. Es decir, recuperar el sistema de justicia de la influencia de terceros en las decisiones judiciales.

La CICIG, el cuco

Aunque para el 27 de agosto las reformas ya eran un cadáver, el presidente Jimmy Morales, en su intento por deshacerse de Iván Velásquez, las usó ese día para justificar el frustrado acuerdo donde declaró “non grato” a Iván Velásquez. El comisionado —acusó Morales— “intentó por diferentes medios presionar a los diputados del Congreso para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que discutiera y aprobara institucionalmente como manda la ley”. El mandatario no precisó a qué tipo de presiones se refería. Álvaro Montenegro, de la organización JusticiaYa, califica de “irónico e irresponsable” ese argumento, debido a que “el comisionado Velásquez conformó la secretaría técnica a solicitud del presidente Morales”. Excepto algunos diputados del partido oficial, FCN-Nación, como su jefe de bancada Javier Hernández, acuerparon la acusación de mandatario. La presencia en el Congreso de Velásquez y Thelma Aldana cuando se discutieron las reformas, fue “una intimidación directa” a los legisladores, dice Hernández.

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Lo que sí es cierto, es que la participación de la CICIG en el proceso generó anticuerpos dentro del Congreso por el rechazo a su trabajo en contra de la corrupción dentro de la mayoría de bancadas. En lo que va de la legislatura actual, 27 de los 158 diputados han sido objeto de procesos de antejuicio a petición del Ministerio Público (MP) y la CICIG, supuestamente por estar involucrados en hechos delictivos. “Nunca nos sentimos presionados por el comisionado Velásquez —para aprobar las reformas constitucionales— pero algunos diputados no querían involucrarse solo porque la CICIG y el MP son parte de la secretaría técnica de las reformas”, explica Raúl Romero, diputado del partido Fuerza. “Hay gente aquí en el Congreso que está enferma, porque si algo huele a CICIG o MP, automáticamente dice que no, aunque sea bueno para Guatemala”, agrega Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza.

El tibio apoyo que Jimmy Morales había dado a la aprobación de las reformas, desapareció luego de que en enero de este año el MP y la CICIG iniciaron una causa penal en contra de José Manuel Morales, su hijo, y Sammy Morales, su hermano, por la supuesta participación de ambos en el caso Botín Registro de la Propiedad. A partir de entonces, el mandatario dejó de pronunciarse a favor de las reformas y todo lo que tenía que ver con Velásquez.

El diputado Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional, quien desde siempre se ha opuesto a la la CICIG y a las reformas constitucionales, y que fue uno de los pocos que apoyó de manera pública la expulsión de Velásquez, expone otro argumento a su rechazo: “tienen una carga ideológica de izquierda”, que no representan intereses nacionales sino particulares.

Eutanasia

La mesa de trabajo que es presidida por el diputado Oliverio García Rodas fue creada el 23 de agosto, con carta blanca para “iniciar de cero” la discusión de la propuesta. La misma está integrada por un representante de cada bloque: Julio Lainfiesta (UCN), Enrique Álvarez (Convergencia), Fernando Linares (PAN), Alejandra Carrillo (MR), Raúl Romero (Fuerza), Álvaro Arzú (Unionista), Walter Félix (URNG), Juan José Porras (VIVA), Orlando Blanco (UNE), Dorian Taracena (EG) y Juan Manuel Lau (Todos). Son ellos los que deberán responder la próxima semana a García Rodas sobre la decisión de sus bancadas sobre si le rescatan la iniciativa, o la dejan morir en una gaveta.

Algunos diputados de los bloques minoritarios creen que el futuro de las reformas no debe decidirse en la mesa de trabajo, sino en el pleno y a viva voz. Carlos Fión de CREO, Amílcar Pop de Winaq, y Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, coinciden en que la discusión en el pleno es importante “para que así la población conozca cuál es la postura de cada legislador” respecto a los cambios a la Carta Magna.

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Las razones de fondo para rechazar las reformas al sistema de justicia, señala Pop, es que ningún legislador “quiere liberar al poder judicial de las ataduras que le han colocado los poderes privados y el sector político, quienes están interesados en que la corrupción y el enriquecimiento ilícito continúe”. O en palabras de la activista Helen Mack: “los diputados no quieren perder el poder ante los magistrados, quieren seguir perpetuando un sistema de impunidad en el que las mafias nos gobiernan; que las redes de corrupción e impunidad sigan imperando”.

Las organizaciones de la sociedad civil que han apoyado el proceso se niegan a ver morir una vez más la oportunidad de reformar la Constitución para modificar el sistema de justicia del país. María de los Ángeles Fuentes, de la organización Guatemala Visible, dice que mantiene la “esperanza” de que los diputados retomen el tema en la mesa técnica y le den una oportunidad de vida a la iniciativa. “Todo puede ser mejorado. Estamos en diálogo constante con toda la voluntad de concretar una propuesta”, dice. Sin embargo, lamenta, “los diputados no tienen interés en que esto se haga. No puede ser que el clamor popular sea que la justicia sea pronta y cumplida, y que los diputados le den la espalda a la población que los eligió”.

Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, e Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, creen que la mesa técnica es una instancia “inútil” creada para entrampar el proceso. Insiste en que no se puede permitir el fracaso del proceso. “Estos cambios son urgentes y la solución no es seguirlos postergando”.

Más pesimista —o más realista, según se vea—, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro-Justicia, afirma que en esta legislatura será imposible lograr acuerdos, “porque este es un Congreso ilegítimo”. De no aprobarse las reformas, como se prevé, dice, lo que corresponde es reformar las leyes ordinarias como la de la carrera judicial y la de comisiones de postulación, para, de esa manera, evitar que el sistema de justicia siga siendo controlado por poderes paralelos. Además, agrega, “hay que continuar denunciando la complicidad con las mafias de los diputados que promueven la no aprobación”.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, asegura que está comprometido con los cambios al sector justicia, e informa que ha recibido invitaciones de diversos sectores para ser parte de grupos de diálogo que esperan hacerle frente a polarización del tema. “Debe replantearse el camino para cambiar las metodologías y buscar los consensos que les den legitimidad, además de fuerza legal”, señala.

“O llegamos a acuerdos a través del diálogo —advierte Helen Mack— o el sistema judicial seguirá cooptado por las mafias”.