La batalla por el Duty Free

El 30 de julio de 2015, el Ministerio Público (MP) informaba de capturas en la cúpula de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Rudy Baldemar Villegas Venegas, exsuperintendente, y otros cuatro funcionarios de esa institución fueron detenidos por defraudación aduanera. Se les acusaba de beneficiar a La Riviera, una de las empresas insigne del panameño Grupo Wisa. Según el MP, La Riviera simuló reexportaciones desde 2009, al vender en el Duty Free del Aeropuerto Internacional La Aurora. Le acusaban de no haber pagado millones en impuestos de importación. La empresa asegura que lo único que hizo fue cumplir con los pasos establecidos por la SAT.

Los cinco detenidos fueron ligados a proceso y liberados una semana después, tras el pago de una fianza de Q50 mil por cada uno. La panameña Lucía Touzard Romo, representante legal en Guatemala del Grupo Wisa, y otros dos exfuncionarios de la SAT, contra quienes fue girada orden internacional de captura, permanecen prófugos. En octubre de 2015 un juez cerró las tiendas de La Riviera en el aeropuerto. La Fiscalía reúne las pruebas para presentar acusación. Los ilícitos, según las investigaciones, tendrían sus orígenes en una negociación fraudulenta en la que se sospecha, estaría involucrado José Manuel Moreno Botrán, director General de Aeronáutica Civil (DGAC) durante el gobierno de Óscar Berger Perdomo (2004-2008).

En tiempos de Berger

Esta historia tiene un largo pasado. Durante décadas tres asociaciones de beneficencia, apoyadas por grandes grupos empresariales nacionales, tuvieron el oligopolio de las ventas en el Duty Free. La remodelación del aeropuerto durante el gobierno de Óscar Berger (2004-2008) y presiones de parte de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI, por siglas en inglés), abrieron una convocatoria al Grupo Wisa. La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) presionaba en ese momento por que la remodelación llevara cambios en la calidad de las tiendas del Duty Free. Berger Perdomo estuvo de acuerdo y, según La Prensa de Panamá, modificó en 2007 el Acuerdo Gubernativo 939-2002 para que la DGAC enviara invitaciones personalizadas a entidades “de reconocido prestigio nacional y/o internacional”.

Un mes antes de dejar su puesto como Director General de Aeronáutica Civil, el 7 de diciembre de 2007, José Manuel Moreno Botrán envió una invitación directa a Hamudi Waked, vicepresidente de Grupo Wisa. La invitación sería lo más cercano a una licitación pública que tendrían los diez locales del renovado aeropuerto internacional La Aurora. Moreno Botrán se basó en ese cambio para invitar a la empresa de los Waked. En la invitación se describe con detalles todos los locales disponibles y se especifica qué se puede vender en cada uno.

Tres semanas después, y a escasos días de salir del gobierno, el 29 de diciembre de 2007, la DGAC y el Grupo Wisa firmaron el contrato. En el documento se menciona el dato que sostiene el argumento del MP: se condiciona a la SAT a emitir una resolución que permita a La Riviera operar en el aeropuerto.

*  Nota del editor: Se agrega el siguiente párrafo tras conocer la versión de Moreno Botrán. 6-6-2016; 11.30 horas.

Pero en el contrato y la invitación también se menciona que la opción está abierta a Duty Free, sin pagar impuestos, y a Duty Paid, pagando los impuestos correspondientes. La SAT debería escoger. Existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia, luego de una demanda de las asociaciones de beneficencia, que desliga cualquier problema del contrato y la invitación en el caso. Los fiscales del MP que llevan la investigación, sin embargo,  dijeron a Plaza Pública que ellos continuarán las diligencias porque la SAT no era la correspondiente, y el contrato es el principal vínculo.

El MP intentó profundizar en el expediente del Grupo Wisa en los archivos de la DGAC. Pero la abogada Raquel Soto Arias notificó que el expediente estaba perdido. Entre 2013 y 2014, esta abogada cobró Q975 mil de la DGAC.

* * Nota del editor: Se suprimen los tres párrafos que seguían a continuación en el texto original.  6-6-2016; 11.30 horas.

La Riviera

“Es una gran decepción”, dijo en febrero de 2016, luego de tomar un respiro, Juan Luis Correa, el vicepresidente del Grupo Wisa. Sentado en una cómoda silla en el despacho de sus abogados litigantes, el bufete Vielman, y con la zona 10 capitalina como telón de fondo, Correa se lamentó de la situación. “El país nos invita, nos da requisitos, y luego nos demanda. Eso es increíble”.

Los empresarios pagaron US$4.7 millones por el derecho de llave para diez locales, y estaban a punto de invertir Q100 millones para remodelarlos cuando se dieron las capturas. Wisa es una de varias corporaciones que han se han beneficiado del boom de inversiones extranjeras en Panamá.

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Desde el momento de la llegada de La Riviera, hubo tensiones y presiones de cada lado. Las capturas y el cierre de La Riviera son un capítulo de una batalla opaca. La medida tomó un camino de disputas legales que está por llegar al mismo país panameño, donde Wisa presiona para demandar internacionalmente a Guatemala.

En Guatemala, el debate tiene posturas polarizadas. Grupo Wisa, sus abogados y algunos expertos dicen que se está atacando un detalle legal (cómo operar), y en verdad sólo se está favoreciendo a las asociaciones de beneficencia que tienen sus tiendas en el aeropuerto, y que se vieron perjudicadas por la competencia que les representó el grupo panameño. Las asociaciones, por su lado, afirman y documentan que es a ellas a quienes se marginó, mientras relatan cómo sus ventas (y los servicios que prestan, según esos ingresos) se han ido a la lona desde la llegada de La Riviera.

“Aquí lo que hay son oligopolios que no pueden competir. Hay vínculos entre los grandes monopolios de este país y esas asociaciones de beneficencia. Ese es el verdadero problema”, señaló Correa.

Caridad e intereses empresariales

“Nosotros no somos un monopolio, estamos amparados en la ley”, se defiende Vilma Rodas Johnson de Cordón, presidenta y representante legal de la Sociedad Protectora del Niño (SPN), en sus instalaciones centrales en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Con una voz pausada y en apariencia a punto de quebrarse, Rodas de Cordón detalla todos los problemas que les ha ocasionado la llegada de La Riviera.

La SPN es una asociación de beneficencia fundada en 1920, meses después de la caída del dictador Manuel Estrada Cabrera. “Varias señoras se reúnen en el teatro Lux para ver la necesidad que tenían las madres trabajadoras. Eran personas altruistas”, cuenta Rodas. En la actualidad, cuida a más de 1.500 niños de sectores bajos y populares, a los que se les otorga una beca que cubre una buena parte de los costos.

Su presupuesto es de Q14 millones anuales, y para llegar a esa suma se vale de un “aporte simbólico” de los padres (que ronda en el 10% del presupuesto), eventos sociales, aportaciones de socios, y el Duty Free que el Congreso le otorgó en 1979, durante el gobierno de Romeo Lucas García. Pero desde 2009 que opera La Riviera, han trabajado en números rojos.

“Son señoras de dinero, cuyos maridos les abren las puertas a la política. Es gente que hace mucho bien al país”, trata de profundizar en una sala de espera del aeropuerto La Aurora, Eugenio Fernández Dussaq, miembro del Centro de Integración Familiar (CIF), otra de las tres asociaciones que se vieron beneficiados por las dictaduras militares para operar en el aeropuerto.

El CIF fue agregado por el Congreso en 1984, durante el gobierno del general Óscar Mejía Víctores, al decreto 68-79, que permitía a la SPN y a las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul (SVP) operar en el aeropuerto. “Eso nos da para cubrir un 15% del mercado, ahora que La Riviera ya no está”, apunta Fernández. El resto del mercado va para la SPN (65%), que tiene tres locales (uno especializado con productos Ron Zacapa) y solo puede vender licores y perfumes, lo que más se vende en el aeropuerto. Por último están las SVP, que tienen dos locales y venden artículos electrónicos y misceláneas.

El CIF fue fundado por el sacerdote español y jesuita Antonio Gómez y Gómez en 1971 con el apoyo de varias familias acaudaladas. Uno de sus primeros y más grandes proyectos se encuentra en Rabinal, parte de una región azotada por la represión del Estado a inicios de los 80. “El CIF ayudó a los damnificados del terremoto (de 1976), y con la represión funcionamos como mediadores del Ejército con la población”, respondió Fernández en un correo previo a la entrevista. Eso los salvó de la ola de masacres que se dieron en Plan de Sánchez, Rabinal y Río Negro.

“Eran jesuitas muy conservadores”, recuerda el también jesuita Francisco Iznardo, parte de una generación de sacerdotes que abogó por la Teología de la Liberación. “Para la élite de este país era muy beneficioso tener un ’padrecito de ellos‘, que no les cuestione nada, que ven que está haciendo algo por los pobres”. No es casualidad por eso, según Iznardo, que los empresarios se acerquen a estas asociaciones.

La fundación Juan Bautista, de la corporación Multi Inversiones, donó cientos de miles de quetzales por años al CIF, según Fernández. También lo hizo la familia de la exprimera dama, Wendy Widmann de Berger, Godoy Becker, y Granai. El actual presidente de CIF es el multimillonario azucarero Fraterno Vila. “Un presidente de las asociaciones como la nuestra debe tener llaves que nos abran puertas”, enfatiza Fernández.

Desde que el sacerdote Gómez y Gómez murió, los apoyos al proyecto en España cayeron. También lo hicieron las ventas con la llegada de La Riviera. Entonces esas llaves se hicieron más necesitadas. Hoy el proyecto de Rabinal cuenta con el apoyo de la corporación SEGA (parte de Microsoft) y de Fundazucar, la principal forma en que los grandes azucareros realizan aportes sociales que descuentan de lo que deben aportar con impuestos al Estado de Guatemala.

La presidenta de las Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul (SVP), según documentos del ministerio de Gobernación, es Sandra Monteros Saravia de Mata, esposa de Carlos Mata Castillo, presidente de la Central American Bottling Corporation (Cabcorp.), que produce Pepsi en Guatemala, y es considerado por la revista Forbes como uno de los 12 millonarios más importantes de Centroamérica.

Mata también tiene inversiones en hidroeléctricas, en el Banco Industrial, y en la industria de alimentos. La vicepresidenta de SVP es Mayté Solórzano de Muadi, cuñada del empresario de Agexport, Pedro Muadi, expresidente del Congreso, preso por la venta de plazas fantasmas. . Las autoridades de las SVP se negaron tras varias solicitudes a dar su opinión a Plaza Pública para este reportaje. En una ocasión mencionaron que en la Asociación “todo estaba en orden”.

“Son proyectos que no van al fondo del problema, no buscan justicia, sino que se quedan en la caridad y en no pagar impuestos”, apuntó el sacerdote Iznardo.

La guerra legal

El MP afirma que el documento de la discordia es la autorización que realizó la SAT para que La Riviera pudiera operar. En ella la SAT les permite constituirse como un Depósito Aduanero y que sus ventas pasen como reexportaciones, ya que nunca tocan suelo guatemalteco.

“La SAT no podía eximir de impuestos a La Riviera. Eso lo puede hacer sólo el Congreso”, explica la fiscal Heidy de León, de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Pero la versión del MP es hasta el momento eso, una versión.

“Por esas medidas arbitrarias Guatemala es ahora el hazmerreír de Centroamérica. Los fiscales no entienden de derecho aduanero”, afirma en su oficina de zona 13 el abogado tributarista Carlos Herrera, parte del bufete Díaz-Durán, recientemente mencionado  en los Panama Papers, y defensor de los intereses de La Riviera.

Herrera explica con lentitud un tema intrincado, y que se reduce a que en Guatemala no existe una Ley de Duty Free. Como no existe una regulación coherente de parte del Estado, afirma, es necesario valerse de otros mecanismos regionales. Eso fue lo que hizo la SAT en el caso La Riviera: no concedió exenciones, como dice el MP, sino que le dio un marco para operar: los Depósitos Aduaneros.

Según Herrera, dentro del marco del Código Aduanero Unificado Centroamericano y su Reglamento II se dice que los países que no tienen una legislación para el Duty Free pueden usar figuras especiales (“auxiliares de la función pública” u otros). Eso es, a su juicio, lo que hizo el Grupo Wisa: creó un Depósito Aduanero donde guarda sus mercancías suspendidas de pagar impuestos de importación, para luego venderlas en sus tiendas en el aeropuerto, como una reexportación de productos que nunca ingresaron al país. Los mecanismos son los mismos que utilizan otras empresas de maquilas o en zonas francas.

Meses antes de tomar posesión como ministro de Finanzas, Héctor Julio Estrada compartió esa opinión en una columna en Plaza Pública. Dijo que pasar de ese problema técnico a llamarla una estructura paralela era un exceso. Emilio Pinto Zimeri, gerente de La Riviera, sostuvo para este reportaje que durante ese periodo ellos siguieron pagando otros tributos como el Impuesto de Solidaridad y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Pinto Zimeri compartió una auditoría de 2012 de la SAT que deja constancia de que La Riviera estaba al día en el pago de otros impuestos que le exigía el Estado. La solicitud a la SAT la realizó la Fiscalía de Delitos Económicos del MP como parte de sus averiguaciones sobre el caso.

Herrera, el abogado tributario, se pregunta: “¿Si había problemas, por qué no ejecutó la fianza?”, y se responde inmediatamente: “El Ministerio Público está perdido”.

Para Eugenio Ramírez, del CIF, la cosa es clara, pero del otro lado del argumento. Como ejemplo muestra una factura de La Riviera donde se lee que los productos están exentos de impuestos, lo que es falso e ilegal, ya que, dice, el Congreso nunca les concedió ese privilegio.

A través de documentación a la que Plaza Pública tuvo acceso, se muestran las tensiones internas en la SAT para que la resolución que permite a La Riviera utilizar el Depósito Aduanero fuera aprobada. Los ex Intendentes Rudy Villegas y Raúl Díaz Monroy presionando porque se diera, mientras la Secretaría General, a cargo de Jorge Andrino Grotewold, negándose.

La pelea finalmente llegó a tribunales. A varios tribunales, incluida la Corte de Constitucionalidad (CC). Tanto los juicios civiles como de lo contencioso-administrativo le dieron la razón a La Riviera: lo que había en el fondo era una disputa comercial. Nada más. Es decir, las asociaciones buscaban con las demandas que interpusieron sacar a La Riviera del mercado del Duty Free. No había ninguna ilegalidad, solo intereses.

Las sentencias se dieron pese a que tanto la PGN (el abogado del Estado), la Contraloría General de Cuentas, y la Secretaría de Asuntos Específicos del entonces presidente Álvaro Colom (a cargo del empresario Luis Velásquez), dijeron que había serios problemas con los contratos.

Una resolución de CC dio al final cierta razón a las asociaciones. Dijo que si bien La Riviera no estaba ejerciendo presiones directas para que la SAT los beneficiara, un numeral de la resolución de la SAT era inconstitucional, por lo que debía cambiarlo: esa institución no puede otorgar beneficios fiscales.

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Entre el tiempo en que se puso la demanda y la resolución de la CC, la SAT pasó el contenido de ese numeral del artículo (31) a otro (28), por lo que la sentencia de la CC quedó sin efecto. Fernández, del Centro de Integración Familiar (CIF), documentó el caso en una presentación de Prezi. Al final de su resolución, la CC repitió lo que dijeron otros juzgados: se debía velar por la libre competencia, en alusión a los intereses empresariales de las asociaciones de beneficiencia.

En 2012 apareció la Asociación Pro Derechos del Consumidor (Asprodeco), y demandó a La Riviera ante el MP. Asprodeco está compuesto por por miembros pagados del CIF, incluido Eugenio Fernández Dussaq y Ricardo Zetina Góngora. Ese es el único caso que lleva Asprodeco, que es señalada por La Riviera.

Cuestionado por el conflicto de interés, Zetina Góngora se defendió: “Se ve mal, yo sé, pero fue pura casualidad”.

La Fiscalía asegura que todo se hubiera evitado con una ley de Duty Free.

Los panameños

Tres gigantescas torres gemelas son la más reciente construcción del nuevo centro de negocios de la ciudad de Panamá. Se trata del Soho Mall, un complejo multiusos que le costó US$360 millones al Grupo Wisa. Las torres se mercadean como la nueva forma de hacer shopping. Todas las tiendas de prestigio tienen locales en el nuevo centro comercial. El Grupo Wisa ha pasado de ser una iniciativa familiar de migrantes árabes a una gigantesca corporación con inversiones en infraestructura, seguros, Duty Free, inmobiliarias, medios de comunicación, y todo lo que tenga que ver con zonas francas (áreas territoriales donde las actividades económicas están exentas de impuestos). Pasaron, según un reportaje de Travel Markets, de la Zona Libre de San Andrés, Colombia, a la Zona Libre de Colón, en Panamá, donde encontraron un éxito sin precedentes. El grupo reportó en 2009 US$59 millones de ganancias netas.

El poder que han ido logrando no ha estado, fuera de controversias. Un sencillo recuento hemerográfico hace ver que en una parte importante de los países donde tiene sus tiendas La Riviera, hay casos o señalamientos de tráfico de influencias y corrupción.

Su país de origen, Panamá, para empezar. Según una investigación del periódico panameño el Panamá América, el entonces asesor presidencial de Mireya Moscoso (1999-2004), George Weeden Gamboa, recibió por años el equivalente a casi Q3 millones de parte de Waked International, parte del Grupo Wisa. Una parte de ese dinero era depositado mensualmente en una cuenta de la hermana de Mireya, Ruby Moscoso (que fungió como primera dama).

Durante el tiempo en que se registraron esos pagos, Mireya Moscoso le dio una concesión millonaria de locales en el aeropuerto de Tocumen a la empresa del Grupo Wisa. Según dijo un portavoz de esa corporación para ese reportaje, Weeden Gamboa era el dueño de cuatro de los locales, y los montos eran para pagar los arrendamientos.

Luego en 2009, una fiscalía de Colombia comenzó pesquisas por inconsistencias en la contabilidad de La Riviera. La Agencia Antidrogas (DEA) y el Departamento del Tesoro estadounidenses se mostraron públicamente interesados por el caso y pidieron colaborar. Según ese reportaje, en Nicaragua y República Dominicana se encontraron casos similares. Luego de que el Estado panameño se negara a colaborar con las investigaciones, la Fiscalía colombiana se inhibió de conocer el caso en 2010. Pero el 5 de mayo de 2016 esa misma fiscalía detuvo a Nidal Waked, la cabeza del Grupo Wisa, por lavado de dinero. La captura fue parte de una operación donde estaba involucrado el Departamento del Tesoro norteamericano. La DEA lo tildó de ser “uno de los más grandes lavadores de dinero y facilitador de crímenes en el mundo”.

El núcleo del problema

En 2011, en el auge de la tensión entre La Riviera y las tres asociaciones guatemaltecas, se suscribieron tres documentos importantes. Eran finiquitos que cada asociación firmó con la empresa del Grupo Wisa donde desistían de continuar con las demandas, en una especie de acuerdo de paz. “Yo lo sentí como una extorsión, la verdad”, dijo Eugenio Fernández de CIF. Lo mismo dijo Vilma Rodas de Cordón, de la SPN. Ambos mencionan que el finiquito fue la fase final de una serie de presiones y amenazas. Según dijeron, luego de la licitación para el Grupo Wisa, los locales que ocupaban pasaron a tener un estatus temporal. Y ese estatus terminaba en 2011.

Ambos también dijeron que las presiones vinieron de la abogada Gladys Maritza Ruiz de Vielman, cabeza del bufete Vielman. En enero pasado, el presidente Jimmy Morales la propuso como embajadora de Guatemala en Washington. En una entrevista para este reportaje, Ruiz de Vielman dijo que las acusaciones de las asociaciones eran infundadas.

Varios abogados del bufete Vielman tenía fuerza en la DGAC en ese 2011. Según datos de Guatecompras y la DGAC, tres de los miembros de este bufete ubicado en el edificio Mariamelia en la zona 10 de la capital (Zully Chinchilla de Cuevas, Ricardo Rubio Palma y Eduardo Pinto), recibieron en ese año Q149 mil por asesorías brindadas a la DGAC.

Uno de los abogados, Eduardo Pinto, también tenía interés en el caso: es el representante del Grupo Wisa en los juicios del caso que el MP lleva en su contra. Gladys Maritza Ruiz de Vielman buscó desligarse en la entrevista: dijo que cada abogado en su despacho puede llevar los casos que escoja, y que eso no implica que el bufete esté relacionado. El resto son solo coincidencias.

Las asociaciones de beneficencia afirman que esas presiones eran parte de un plan por dejar que solamente La Riviera tuviera presencia en el aeropuerto. Como ejemplo mencionan el caso de la empresa JAED S.A., que en 2007 intentó ingresar papelería para estar en el aeropuerto, pero la SAT les negó esa posibilidad.

El abogado y experto fiscal Carlos Herrera, parte del bufete Díaz-Durán, participó en esa petición, y contradice esa versión. Afirma que fueron dejados fuera por un error técnico. No hubo nada político de parte de la SAT.

Pero el tema de los lugares y la presencia en el aeropuerto es al final de cuentas el núcleo central del conflicto.

Antes de cerrar, según el gerente de La Riviera, Emilio Pinto Zimeri, la empresa panameña pagó a la DGAC Q500 mil en concepto de rentas de locales y porcentajes de ventas, de los Q8 millones que facturaban mensualmente.

Actualmente, Wisa presiona al ministerio de Comercio del Estado de Panamá para demandar al Estado de Guatemala dentro del marco del Cafta y el Sieca por prácticas desleales para competir, según quedó claro en una carta a la que se tuvo acceso. Está por verse si las capturas a sus grandes ejecutivos en Colombia harán cambiar la estrategia.

Ese mercado ahora se lo dividen las tres asociaciones. Y es algo que no buscan perder, sino acrecentar.

En marzo de 2008, los diputados César Fajardo y Nery Samayoa, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pretendieron reformar la ley que dio los privilegios a las tres asociaciones. No buscaban sacarlos, solamente incluir a más asociaciones: la Asociación Pro-Futuro y el Instituto Neurológico de Guatemala podrían vender a pasajeros en tránsito que salieran del país.

La iniciativa de ley, según un diputado de la UNE que prefirió guardar anonimato, fue vetada por grandes empresarios y sus diputados. El supuesto bloqueo mantuvo los privilegios de las asociaciones de beneficencia, que continuarán con sus beneficios intactos.

Según Fernández Dussaq, del CIF, ya han enviado cartas a los dos últimos mandatarios, Alejando Maldonado y Jimmy Morales, para que se les otorguen a las asociaciones los diez locales de Wisa. En ese momento el Duty Free regresará a lo años cuando el Estado militar les otorgó los beneficios que nadie ha podido cuestionar.