A la calle: sin techo pero con electricidad

El 17 de agosto de 2012 en la colonia Bethania de la zona 7 de la capital guatemalteca se empezaron a escuchar los rumores de una invasión. Un grupo de hombres había tomado la parte del barranco del otro lado del puente de El Incienso y hacía un llamado a ocuparlo. Decenas de familias que alquilaban en asentamientos colindantes: Las Torres, Santa Rita, El Cerrito, El Bosque, o en las colonias adyacentes de la Península Bethania -San Lázaro, Niño Dormido- ­­se hicieron con palos y mantas, dejaron sus habitaciones, y llegaron a marcar territorio.

Pocos de sus nuevos inquilinos se enteraron de que solo tres días después de la toma, el 21 de agosto de 2012, la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), que tiene instaladas tres torres de alta tensión y cuenta con usufructo sobre el terreno para servidumbre de paso sobre esta propiedad estatal, presentó la primera denuncia de desalojo. El comité de vecinos interpuso un amparo, que durante 2013 fue quedando sin efecto en diferentes instancias judiciales, hasta que el 29 de enero de 2014 retornó al Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, que declaró “con lugar la solicitud de desalojo”.

En la mañana del 25 de junio, seis meses después de esta resolución, casi dos años más tarde de que se establecieran el asentamiento, un millar de efectivos de la Policía Nacional Civil llegó con la intención a sacar a los vecinos de sus casas. A estos les tomó por sorpresa, se aferraron a sus lotes sin contar con mayor salida, invocando su derecho “a una vivienda digna”. Tras una reunión sostenida aquel día entre el abogado de EEGSA, que solicitaba su inmediato desalojo –apoyado por funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público-, personal de la Procuraduría de Derechos humanos y delegados de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, se detuvo la acción.

Las entidades encargadas de velar por los derechos humanos convencieron al juez José Luis Patán Piché, de que no se estaba respetando ninguna garantía humanitaria, al dar media hora para expulsar a estas familias sin tener ningún lugar al que pudieran desplazarse. Patán finalmente resolvió darles dos semanas más para salir del lugar de buena fe.

“Nos tomó por sorpresa”, explica Lourdes Martínez Hernández, “La Chalupa”, una de las vecinas de este asentamiento, durante una marcha al Congreso de la República y la Procuraduría General de la Nación, celebrada el 2 de julio para pedir apoyo a los diputados de la Comisión de la Vivienda y al Procurador. A Lourdes, de 29 años y madre soltera de cuatro hijos, originaria de Los Amates, Izabal, no se le ocurre ninguna alternativa si finalmente se ejecuta el desalojo. Lo único que dice es que no va a moverse de su terreno, que no va salir del lote 60 del sector 1.

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Para encontrar el lote de “La Chalupa” hay que llegar hasta el fondo del asentamiento. Linda Vista es una mancha gris hojalata en el borde del barranco de El Incienso, una de esas manchas que en los informes se denominan cinturones de pobreza. Está presidida por tres torres de alta tensión y separada de la carretera del Periférico por una muralla de láminas pintadas de blanco. Sobre la puerta de entrada puede leerse en letras negras “comunidad La Injusticia”, el nombre con el que rebautizaron al asentamiento tras el intento de desalojo.

El lote 60 del sector 1 se encuentra al final de una estrecha callejuela de barro con casas de lámina a los lados. Al concluir la vía, cuando parece que ya solo puede haber precipicio, todavía hay que dar un salto de medio metro, y descender otro pedazo de quebrada por unas escaleras hechas de bolsas de tierra. El terrenito de Lourdes es un peñón de unos 48 metros cuadrados con olor a desagüe, lleno de barreños de agua, que sobresale hacia el gran desprendimiento natural que los separa la ciudad. En frente, se ve el asentamiento de La Ruedita, en la zona 3, y unas decenas de metros a la derecha, la parte del Gallito ocupada, ambas comunidades creadas entre los años 40 y 50, poco después del primer asentamiento, El Incienso.

Linda Vista fue el último de los grandes terrenos invadidos en Ciudad de Guatemala, que actualmente cuenta con 580 asentamientos registrados por el Centro Estudios Urbanos y Regionales (CEUR) de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Según el último informe de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) en todo el país hay 1,7 millones de familias sin vivienda. Guatemala es el departamento con mayor carencia, con 326 mil 200 familias sin una casa en base a datos de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (ANACOVI).

Al llegar al lote de “La Chalupa” nadie da señales de vida. No es sino hasta el cabo de unos minutos cuando, del interior de una casa construida con láminas viejas y oxidadas, sale una niña de cinco años, despeinada y vestida con un pantalón de pijama rosado. Rubén González, uno de los miembros del comité del asentamiento, sugiere que lo más probable es que su madre esté trabajando. Pero justo después de decirlo... aparece Lourdes. Tiene los ojos cristalinos del cansancio. Se le ve tan frágil como el terreno donde está asentada su casa.

Lourdes continúa la historia que comenzó a relatar el día anterior. Llegó al asentamiento en agosto de 2012. Su marido la acababa de abandonar con cuatro hijos y ya no tenía dinero para el alquiler. “Se miró de dónde iba toda la gente. Me vine con naylitos y mis palitos y con todo lo que tenía, porque estaba alquilando”. Cuenta que han pasado agua y sol. “Las calles nosotros las hicimos, limpiamos toda la suciedad, porque esto era un basurero; había huesos de chucho, huesos humanos hallamos unos que otros”.

Ante su apariencia de normalidad, cuenta que por vivir justo al borde ha tenido acceso a terreno para sembrar, y muestra las ramas verdes de maíz que asoman desde el inicio de la caída del cerro, no logra evitarlo y al final de la entrevista comienza a llorar. Las amenazas de desalojo con las que despierta cada día están agotando sus pocas energías. “Estoy triste, ¿qué culpa tenemos nosotros?”, se pregunta esta mujer que trabaja de 7 de la mañana a 8 de la noche, “en una casa” donde gana “Q50, a veces Q30”. –Q900 a Q1,500 mensuales, contando con que trabajara 30 días al mes-.

Según las cifras ofrecidas por el Ministerio de Trabajo, el Banco de Guatemala y el Instituto Naciona de Estadística, el salario mínimo para trabajos no agrícolas en mayo de 2014 era de 74,97 quetzales diarios y el precio de la canasta básica a este mismo mes era de Q99,4. Es decir, Lourdes gana Q25 menos que el salario mínimo diario, y esto solo para tener el dinero disponible para comprar los alimentos básicos para sus cuatro hijos –sin pagar alquiler- debería de ganar dos o tres veces más. 

Su lote es posiblemente el que está peor ubicado del sector 1, que es, además, el más abandonado. Así lo explica al salir Mario Orantes, el presidente de la junta del comité de los sectores 2 y 3 y líder del asentamiento. Orantes tiene 48 años y dos hijos, trabaja en una empresa de control de plagas, le gusta hablar y llena sus respuestas de datos y cifras. “¿Usted quiere que le cuente la cronología?”, pregunta.

Un año “de clandestinos”

El actual líder de la comunidad, aclara, inicialmente, que no formaba parte de la junta del primer comité -todos los que conformaban la primera junta ya salieron del asentamiento,- pero sí fue uno de los hombres que tomó el terreno.

—El de 17 de agosto de 2012 entramos, oficialmente. Pero teníamos un año de estar viviendo clandestinamente aquí, escondidos. Éramos un pequeño grupo, de unos 60, muchos no eran de aquí, nos turneábamos 20, 20, 20. Nos manteníamos allí abajo, con casetillas (covachas) chiquitas de nylon. Después de un año y algo, cuando vimos que no venía la policía a sacarnos ni nada por el estilo, ya tomamos la decisión de: ‘sí entrémosle de una vez’, explica el presidente del Comité.

Los días siguientes fueron un peregrinaje constante y en la primera semana ya habían llegado a 225 familias. Pero las lluvias que cayeron durante esos primeros días fueron una prueba de selección natural. Algunas no aguantaron ver cómo sus champas se desmoronaban por la acumulación de agua en mitad de la noche, o las vigilias para evitar que nadie llegara a quitarles su espacio, y se fueron marchando. Finalmente, se quedaron de 168 familias, cerca de 900 personas. Se cerró el número y se constituyó una nueva comunidad en El Incienso: Linda Vista.

En los meses posteriores, los nuevos inquilinos de esta comunidad fueron igualando el terreno, allanándolo, zanjándolo y comenzaron a comprar sus láminas de 100 quetzales para construir sus casas. La misma empresa de energía eléctrica que había solicitado su desalojo, comenzó a poner postes de luz en el asentamiento y contadores en los lotes y a proveer del servicio, y la mayor parte de vecinos pensó que lo habían logrado, que EEGSA había cedido.

—Había habido dos invasiones previas de este mismo terreno, —explica Orantes— pero duraron un día, dos, y los sacaron. Pero usted dice ‘ya pasamos una semana, ya pasamos 15 días’, cuando siente ya pasó el primer mes, y cuando siente ya va a cumplir dos años como nosotros, eso le da la confianza para invertir trabajo, materiales.

Apoyados por “unos gringos” y por Lider

Al llegar a su sector, el 3, Orantes muestra los suelos ya asfaltados y el inicio de una obra de drenaje. Cuenta que todo lo han construido ellos a “piochazos y sudor”. Los materiales han sido donados por una organización norteamericana, de que la prefiere omitir el nombre, conocidos allá como “los gringos”, que calcula han invertido aproximadamente Q150 mil en la comunidad.

—¿Es una organización cristiana? — se le pregunta.

—Parece que no… ¿cómo se llama cuando no le ponen a uno una religión? O sea, sí le hablan de Dios, porque inclusive el protocolo es que después de trabajar, ellos hacen visitas y la gente pasa a recibir donaciones. A veces de bolsas de alimentos, ropa, calzado, nos han dado un ecofiltro a cada familia, incluso ahora estaban donando pilas. Ellos han traído camas, literas, cunas para niños, porque aquí han nacido bastantes niños. En dos años solo en este sector han nacido como 25, 30 niños.

Mario añade que su mujer se encargó de tramitar el “bono seguro” para las mujeres del asentamiento, pero que finalmente no lo consiguieron. Agrega que el único que les ha dado alguna ayuda, a parte de “los gringos”, ha sido el partido Lider, cuyo anterior secretario general, Edgar Ajcip, se desplazó al asentamiento y durante seis meses entre finales de 2013 e inicios de 2014, Lider les proporcionó unas “pequeñas bolsas de alimentos”. Explica que también han llegado diputados del partido TODOS a hacer ofrecimientos “vinieron el candidato Roberto Alejos, otro diputado que también se apellida Alejos y Ronald Arango”, aunque finalmente nunca les dieron nada.

—¿Y el Gobierno? ¿Y el Partido Patriota?

“Ellos... solo palos”.

Mientras nos conduce nuevamente al borde del precipicio, para mostrar el sistema de drenajes y tres sanitarios, continua con “la cronología”. Los días posteriores a la invasión él dejó el lugar por temor a represalias legales, y fue su mujer con sus dos hijos quienes ocuparon el terreno. “Yo no estaba claro, qué clavo, qué vergüenza, qué esto y lo otro”, explica.

Orantes había vivido toda su vida en el barrio San Lázaro, en la Bethania, al otro lado del Periférico. Pero su hijo tuvo una enfermedad de pequeño que le hizo perder parcialmente el habla, y para llevarle a recibir tratamientos empezó a trabajar en las noches poniendo música en discotecas. El dinero que ganaba no era suficiente, explica a la par que ofrece información sobre el alquiler de la vivienda:

—Por una habitación, de cuatro por cuatro metros, sin baño, difícilmente paga usted menos de Q500 o Q600. Una casa, de Q900 a Q1,000 no baja. Ahora ya, una casa formal, ya con sus comodidades, póngale una habitación para los padres, una cocina, en menos de Q1,500, Q1,800 no la encuentra. Si, humildemente, gana Q2,000, no le alcanza. —informa Orantes.

Mientras continúa el recorrido por las calles, mostrando una tortillería donde llevan a “los gringos”, y las cabinas telefónicas, ofrece cifras sobre el tipo de familias que viven en el asentamiento. Según sus datos, el 50 % de los habitantes son indígenas y el otro 50 % “mixteados”. “Clase baja. Mucha gente del interior. El 99,5 % no ganamos más de Q1,000 al mes, hay muchas madres solteras –calcula que un total de 23-, que venden frutas, verduras, chatarra, o que trabajan tortilleando o en casas, y que, si bien les va, ganan Q20 o Q30 al día”, agrega.

Según Giovanni Guzmán Serén, jefe del departamento de mediación y resolución de conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos, hasta el momento nadie se ha desplazado al asentamiento a realizar un censo. Lo que es seguro es que, con contadas excepciones, viven “en extrema pobreza”.

María Akabal tiene 45 años y es originaria de Santa Cruz del Quiché. Sigue la marcha que transcurre desde el Congreso a la PDH acompañada de su madre, una anciana indígena con unas largas trenzas y la piel muy tostada y arrugada, que no habla ni entiende una palabra de español, y solo sigue en su mundo el paseo por las calles. Akabal tiene cuatro hijos. Su marido no le “salió bueno” y su hijo mayor ya se marchó. Actualmente ella y su hija de 15 años no trabajan por quedarse “cuidando la champita”. Quien lleva el sustento a la casa es su hijo de 11 años, que dejó la escuela porque no le “alcanzaba” y que trabaja en una carnicería en la colonia 4 de Febrero, por Q400 al mes.

Demetrio Chicá tiene 60 años, trabaja cuidando carros “por cualquier lado”, antes de trasladarse al asentamiento vivía “al otro lado de la carretera”, gana entre Q40 y Q50 diarios. Nora Mejía, otra de las inquilinas de Linda Vista, tiene 4 hijos y su marido también la abandonó. Asegura que gana Q20 en una tortillería de la zona 18, en la que trabaja siete días por semana (Q600 mensuales). Ella llegó a la ciudad a los 15 años, desde Tejutla, San Marcos, a trabajar en una casa. “Mis padres eran muy pobrecitos”, agrega. Nancy Morales también está en la marcha, acompañada de dos de sus cuatro hijos. Tiene 23 años, gestos agradables y ganas de hablar. Ofrece su dirección sin ningún problema, el lote 55 del sector 3.

Ya en el asentamiento, la casa de Nancy, establecida en una calle asfaltada, se ve mucho más robusta y mejor construida que la de Lourdes, con láminas nuevas y un marco de madera en la entrada. Sobre la cama, decenas de moscas rodean a un bebé, que su madre toma y asienta sobre su cintura para conceder la entrevista. A su lado, en el suelo, una niña muy pequeña juega sin parar de reír con una piedra de unos 300 gramos, que se pasa por encima de la cabeza, de un lado al otro.

Nancy es originaria de San Pablo, en el departamento de San Marcos. Llegó a trabajar a la ciudad con 18 años, también en una casa. Tenía dos gemelos, recién nacidos, que se quedaron con sus padres. El progenitor de estos niños, explica, “no se hizo responsable de ellos”. “Ahora, estos dos sí tienen padre”. Un aprendiz de albañil que gana Q1,500 mensuales y al que ella apoya vendiendo “limones y otras frutas”. Ambos vivían en la zona 12 cuando tuvo lugar la invasión. Se enteraron por las noticias “porque ahora, acuérdese que hay algunos teléfonos que tienen radio de una vez”.

—Ese día estábamos escuchando y, media vez oímos eso, vinimos aquí a ver si conseguíamos un pedacito, si lográbamos. Y, gracias a Dios, Dios nos permitió entrar aquí. Sin ningún centavo, no pagamos nada a cambio. Yo no tengo luz y, mire, le doy gracias a Dios, porque si en verdad nos van a sacar, gasto en vano. —explica, práctica, la joven madre.

La gran duda es si es cierto que los habitantes de este asentamiento no pagaron nada por entrar. Todos los entrevistados aseguran que no pagaron y solo Demetrio Chicá, el hombre de 60 años, cuenta que pagó Q60. Sin embargo, el taxista que nos lleva al asentamiento explica que quienes invaden terrenos son hombres expertos, que llegan a ocuparlos y después venden los lotes o cobran una mensualidad. Mario Orantes rechaza en varias ocasiones que sea cierto y pide que los investiguen, “a ver cuántas propiedades tenemos”. Giovanni Guzmán, de la PDH, informa que en base a sus averiguaciones tampoco pagaron, pero que algunas de las personas que llegaron ya tenían una casa y ocuparon el lugar con la intención de venderla o alquilarla posteriormente, “nosotros les informamos que si hacían eso podían incurrir en el delito de estafa”, explica Guzmán.

Nancy sigue parada en la puerta de su casa, lleva puesta una falda roja ceñida y una playera negra, tiene una energía juvenil y ganas de contar su vida. Después de la intervención de Orantes y sabiéndose la protagonista de la entrevista, retoma la palabra.

—Antes aquí todo era monte, aquí los montes llegaban al alto de las covachas. (“Dejá mama, ahí hay pan”, se dirige a su hija pequeña, con tono imperativo y de molestia). Aquí habían animales, había serpientes, montón de cosas, aquí todo esto está construido a pura costa de la gente. Aquí no hay ayuda de la Municipalidad, no hay ayuda del Presidente, nada. Ni siquiera de la Vicepresidenta.

La niña que juega con la piedra ríe traviesa, aunque evidencia parecer de algún retraso.

—Ella es niña Damaris, tiene dos años, —explica Nancy. Ella aquí se me desnutrició, por motivo de que aquí teníamos que estar siempre para que nadie se metiera. Ella se me enfermó de la desnutrición... a ella aquí le dio la neumonía, incluso hasta aquí le dio el rotavirus. —la niña, cuyos ojos están medio cerrados, como si siguiera enferma, sigue pasándose el pedrusco por la cara— Cuando yo muy vine aquí, yo sentía que esto era un infierno para mí, porque no estaba acostumbrada a nada. Porque como yo estaba alquilada, yo estaba acostumbrada a tener el agua, la luz. Ahorita, gracias a Dios, ya me acostumbré. Ya no me quiero salir de aquí. Como le cuento, aquí sufrimos bastante. Muy bien vinimos, toda la gente sufrió. Y, ahora, como decimos nosotros, ‘¿por qué el Presidente nos quiere sacar?’, ¿por qué no nos sacó cuando teníamos seis meses?

Se señalan las tres torres de energía, distanciadas de una veintena de metros de su casa y se pregunta si no tiene miedo de una descarga.

—Pues mire, aquí han caído aguaceros fuertes, hasta rayos, y gracias a Dios no ha pasado nada. Aquí no se ha escuchado que se diga, se murió tal Fulano o se lastimó tal Fulano porque le cayó un rayo. Gracias a Dios, no.

Terreno "NO APTO"

Después de que la EEGSA interpusiera la solicitud de desalojo, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) envió dos dictámenes al juez donde declaraba el terreno inhabitable. El informe de CONRED, después de toda la evaluación de la zona donde está ubicado, declara que “se considera NO APTO por no presentar condiciones de habitabilidad, ante la exposición de campos eléctricos y magnéticos y al estar considerado en una zona general G0 (natural), considerada por su topografía y orografía de vocación para la conservación del medio ambiente y los recursos naturales y que, por sus condiciones para la potencial ocurrencia de deslizamientos o derrumbes, se considera de riesgos de desastres y no apta para la ocupación humana continua, por lo que se sugiere el traslado de las familias a un lugar habitable”.

Amanda Morán, arquitecta del Centro de Estudios Urbanos (CEUR), que ha recopilado y estudiado la historia de los asentamientos, explica que los asentamientos de El Incienso, muchos de estos formados en los años 90, ya fueron legalizados y están posicionados en lugares de las mismas condiciones. “Esa es la nueva estrategia, decir que son inhabitables porque no pueden confrontarlos tan violentamente como antes. Pero todos esos asentamientos de esa área tienen las mismas características, de estar en laderas. Están en esas áreas porque los barrancos no tienen un propietario, la gente busca esos lugares desvalorizados”.

La “actitud pasiva” del Estado para proporcionarles vivienda

Dos semanas después del intento de desalojo, el plazo que el juez les dio para su salida pacífica, solo dos de las 168 familias habían dejado el asentamiento. El Gobierno tampoco cumplió con su parte: proporcionarles una alternativa. La Ley de la Vivienda, aprobada en 2012 (decreto 9-2012), en su artículo 2, literal h, señala: “El Estado, a través de sus instituciones, deberá garantizar a todas las personas guatemaltecas el derecho a la tenencia de una vivienda digna, adecuada y saludable”. Luego agrega: “proporcionará a las personas residentes en asentamientos humanos precarios la opción de tener una vivienda digna, adecuada y saludable”, para el efecto y también a través de esta Ley, fueron creados el Consejo Nacional para la Vivienda, dirigido por la Vicepresidencia (artículo 9) y el Fondo para la Vivienda (FOPAVI), artículo 25.

Giovanny Guzmán, de la PDH, explicó que en agosto de 2012, personas de este asentamiento llegaron a la Procuraduría a solicitar apoyo para legalizar su situación, pero que al evaluar el terreno y en base a los dictámenes de CONRED establecieron que no cumplía con las condiciones. De esta manera, el 2 de octubre de 2012, la PDH notificó tanto al CONAVI como a FOPAVI tramitar un nuevo lugar para desplazarles.

En aquel momento FOPAVI solicitó expedientes de cada familia, para lo cual era requerida una copia de cédula de vecindad, constancia de ingresos (en el caso de que el trabajo fuera informal acudir a un perito contador), constancia de carencia de bienes y de vivienda (en el Ministerio de Finanzas), certificado de nacimiento y de estado civil.

Mario Orantes explicó que la gente del asentamiento finalmente no completó los expedientes por no contar con recursos, “pedían constancias de matrimonio… la gente no tiene dinero para pagar abogados, aquí somos de clase baja, para abajo”.

Según información de la PDH, sí hubo 38 familias que lograron entregar sus expedientes. FOPAVI, sin embargo, nunca dio el seguimiento ofrecido y los expedientes al día de hoy no han sido tramitados.

“El Estado no ha estado en la capacidad, o no han tenido voluntad, pero finalmente no ha habido ninguna opción de vivienda. Les ofrecían un crédito o un subsidio, pero decían que ellos eran quienes debían buscar el terreno. No hubo ningún procurador ni nadie para apoyarles a hacer todos los trámites. Ha habido una falta de respuesta de las autoridades y una actitud pasiva. FOPAVI nunca se trasladó al asentamiento”, dijo el jefe de la unidad de mediación de conflictos de la PDH.

“Esa ha sido la falla”, “se les va a seguir violando el derecho a la vivienda”, agregól Giovanni Guzmán.

* * *

Es 10 de julio, rondan las 9 de la mañana. El plazo proporcionado por el juez ha expirado y, aunque no hayan encontrado salida para estos vecinos, el Estado sí parece claro en querer no violar el derecho de servidumbre de paso de EEGSA. La audiencia prevista se cancela y el juez José Luis Patán Piché, del Juzgado Décimo Primera Instancia Penal, llega directamente a una reunión con los vecinos en el estacionamiento de una gasolinera ubicada en las cercanías del puente El Incienso. Patán llevaba puesto un chaleco antibalas proporcionado por la EEGSA, que además había llevado seguridad privada, según informaron, para “proteger al juez”. Están también presentes el mandatario de la empresa eléctrica, Rodolfo Polanco, y el abogado defensor, las únicas dos personas con chaleco antibalas. Además, siguen de cerca la reunión los fiscales del Ministerio Público, representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, personal de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Sistema Nacional de Diálogo y decenas de vecinos.

En una esquina, presencian los hechos dos patrullas antimotines.

Durante la reunión, el asesor de la comunidad informa al juez de que han presentado un nuevo amparo y el juez responde que si este admite a trámite, él no tiene inconveniente en frenar el desalojo.

“Les pusimos contadores para garantizar sus derechos humanos”

Durante esta misma audiencia informal, alejado del tumulto y cerca de su vehículo, el mandatario de la empresa y representante legal, Rodolfo Polanco, habla en actitud de alerta sobre los motivos de solicitar el desalojo.

—En primer lugar, porque ellos están usurpando un área que es propiedad del Estado. En segundo lugar, la propiedad fue declarada inhabitable por CONRED, porque representa un alto riesgo para la vida de las personas, porque está en la orilla del barranco, y están viviendo bajo líneas de alta tensión; y el día que una de ellas se descuelgue yo no quiero saber qué va a pasar. Vuelvo a repetir, nosotros lo estamos haciendo como una medida por el derecho de servidumbre que tenemos sobre la línea.

—Pero ustedes si pusieron postes de luz en la comunidad y contadores en las casas —es cuestionado el mandatario ante la principal pregunta que se ha hacen los vecinos: ¿Por qué, si les iban a sacar, les pusieron los contadores, que les han supuesto un gasto por familia de unos Q700?

—Cabalmente. Es una medida, y usted me va a entender, es para proteger sus derechos humanos. Toda vez que hay lugares en que, cuando no se les da energía eléctrica, los mismos invasores se autoconectan a nuestras líneas y eso puede ocasionar un accidente y la muerte de ellos. Entonces, nosotros, para resguardar su vida, y como medida preventiva, les proveemos del servicio de energía.

—Para garantizar sus derechos humanos ustedes les proveyeron de energía eléctrica y ahora ¿están solicitando el desalojo? —se le cuestiona.

—Es correcto.

Al conectar la electricidad a los vecinos de este asentamiento, la EEGSA violó sus propias normativas internas, que establecen que los nuevos clientes deben demostrar la propiedad del inmueble donde se realizará la conexión o la autorización expresa del propietario.

Después del diálogo entre el juez y el asesor legal de Linda Vista, Byron González, el abogado de EEGSA, solicita la palabra. “Teniendo en cuenta que el desalojo fue suspendido por cuestiones de humanidad, y que se llegó a un acuerdo, que solo fue una medida dilatoria como otras tantas que han interpuesto los usurpadores, yo solicito al honorable juez que certifique lo conducente en contra de los señores Ángel Alexander Hernández Lazo y Mario Agustín Orantes Aguilar, toda vez que ellos están en usurpación agravada, delito de desobediencia, y solicito que se decrete lo que es la inmediata aprehensión de ellos”.

Mario Orantes se ha quedado paralizado, y al preguntarle sobre la orden de captura todavía no lo tiene asimilado. Finalmente, sin que le quede a nadie claro qué va a suceder a continuación, el juez se marcha, los antimotines se repliegan y la reunión poco a poco se va disolviendo.

“Ya no opera plazo”

Al llegar a su oficina, en el tercer nivel de la torre de tribunales, dentro del Juzgado Décimo de Instancia Penal, el juez José Luis Patán muestra los tres tomos de expediente sobre el desalojo en Lida Vista. La denuncia de desalojo, presentada por EEGSA el 21 de agosto de 2012 y las fechas en que fue declarado sin lugar el amparo presentado por los vecinos. La ultima instancia, la Corte de Constitucionalidad, revocó la apelación el 3 de diciembre de 2013 y el 29 de enero de 2014, el juez declaró con lugar la solicitud de desalojo. Fue programado para marzo, pero Gobernación no pudo reunir a la cantidad de policías que consideraron necesaria y lo volvieron a recalendarizar para el 25 de junio.

—Nosotros ya teníamos los agentes necesarios para hacer el desalojo en forma violenta, pero entramos en un diálogo y dijeron que necesitaban unos 15 días para sacar sus cosas y que no querían ningún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Incluso quedamos en que ellos me tenían que rendir informe cada tres días para indicarme como estaba yendo el desalojo. Y la audiencia de hoy era para llegar y entregar en posesión la finca al poseedor, que es la Empresa Eléctrica. Pero llegamos y está completamente igual. Hoy quedamos en que, como están en lo mismo, vamos programar el operativo para el desalojo. No sabemos para cuándo. No depende de mí el coordinar 1,000 o 2,000 agentes.

(Ese mismo día, el juez programó el desalojo para el 30 de julio)

—Cuando se produzca el desalojo ¿hay un plazo de media hora para avisarles?

—Para mí no opera plazo, porque ellos ya están más que sabidos de que hay una orden de desalojo, incluso se les dio 15 días más para salir.

Mario Orantes menciona una última posibilidad: un nuevo amparo presentado en tribunales. (Ese fue presentado el 8 de julio y aceptado a trámite el día 16)

—¿Qué harán si al final los sacan?

—Tomaría mi decisión de desarmar e irme con el culo entre las patas. Peligroso, porque va a haber gente que me pueda reclamar. Yo le dije al juez que no me hago responsable de lo que pase. Aquí hay gente que está dispuesta a morir por ese terrenito, y lo que pase no lo miro nada motivante, no va a ser un desalojo fácil. La gente no va a salir, —responde Orantes.

A todos los vecinos entrevistados se les hace la misma pregunta. ¿A dónde van a ir si les desalojan? A excepción de Nancy, que dice que volvería alquilar, pero que necesitará un gran espacio para guardar sus “láminas y parales”, ninguno tiene una respuesta, como si no lo hubieran pensado. Lo único que dicen, con mayor o menor seguridad, es que ellos no se van a ir.