“La ciudadanía va a confiar en el MP en la medida en que se esclarezcan casos”

Esta abogada experta en derechos humanos y derecho penal ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la cátedra universitaria, así como a asesorar organizaciones civiles (la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, fundada por el obispo Juan Gerardi) y a organizaciones internacionales (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo).

Afable y de timbre de voz un tanto melifluo, Paz y Paz evita  proporcionar datos personalísimos: “No estoy casada, pero tengo una bonita familia, de la cual no hablo por razones de seguridad”. Al ser observada mientras manipula el teléfono con la mano izquierda, sale al paso de la pregunta sobre su formación ideológica: “Siempre he tenido un gran compromiso con los derechos humanos y la vigencia del estado de Derecho”.

En la tarea que asumió en diciembre está sola. Su anillo principal de colaboradores lo integran Javier Monterroso, secretario privado; Arturo Aguilar, secretario de asuntos internacionales y cooperación; Mynor Melgar, secretario general, y Alejandro Rodríguez, secretario de política criminal.

Las líneas siguientes resumen una plática con Paz y Paz.

Los jefes de los comandos Sur y Norte de Estados Unidos, general Douglas M. Fraser y almirante James A. Winnefeld, reconocieron el 4 de abril que la región más peligrosa del hemisferio está en el triángulo Guatemala, Honduras y El Salvador. ¿Qué opina?

La respuesta no es nada sencilla. Lo más fácil sería contestar que vamos a mandar gente a las fronteras, pero en este momento, en estas condiciones, esa no es la solución. El despliegue territorial del MP tiene que ir acompañado por el de los otros entes de justicia.

Fraser y Winnefeld, en la audiencia ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, también se mostraron preocupados porque la mitad de las armas que llegan a México pasan por Guatemala, al igual que casi toda la cocaína que entra en Estados Unidos.

Comparto esa preocupación. Además, hay que reconocer que nos estamos enfrentando a estructuras poderosas, a las que les presta apoyo parte de la población, por diversas razones. Son estructuras con armas, vehículos… eso se puede ejemplificar con “Chamalé” (Juan Alberto Ortiz López, acusado de traficar drogas y capturado el 30 de marzo).

Mientras el crimen goza de apoyos como usted dice, la presencia de instituciones del Estado es limitada. El MP solo está desplegado en el 17% del país.

Sí, apenas tenemos 34 fiscalías municipales, más las distritales y las de sección.

En San Marcos, donde operaba “Chamalé”, hay tres fiscalías y unos centenares de policías para la seguridad de un millón de personas.

El poder corruptor del narcotráfico y el poder de la violencia son reales. Por eso insisto en que cualquier despliegue territorial que hagamos todos los entes de justicia es un blindaje para poder hacer algo.

Algunos expertos sostienen que si el Estado no cuenta con capacidad de llevar tranquilidad a la población, es mejor que deje a los narcos en paz.

Yo no estoy de acuerdo.

Ellos se basan en el caso de México, donde la lucha contra el narco ha provocado 36 mil muertos en cinco años.

No podemos desmontar el estado de Derecho y que en algunas zonas del país manden las estructuras criminales. Hay población que está sufriendo homicidios, violaciones y una serie de crímenes que deben ser atendidos.

Que el Estado debería tener más recursos y gente mejor capacitada para enfrentar esta situación, sin duda. Pero por no tenerlos no es conveniente ver a otro lado y permitir que el territorio nacional sea del narco. Eso no lo podemos permitir.

Aunque poco se puede hacer con recursos limitados. El año pasado el MP solicitó al Congreso Q1 mil 300 millones, pero solo fueron aprobados Q613 millones. ¿Qué se debe sacrificar o priorizar con tan poco dinero?

Vamos a priorizar el trabajo de las fiscalías de Delitos contra la Vida, contra el Crimen Organizado, contra la Corrupción y de la Mujer.

Usted ha dicho que “avergüenza” que el MP apenas sea eficiente en el 12 por ciento de los casos.

Eso lo vamos a cambiar, pero poco a poco. En la Fiscalía de Delitos contra la Vida, por ejemplo, ya implementamos un modelo para aumentar la efectividad en el esclarecimiento de los casos (apenas un poco más del 2%. En una década han ocurrido 54 255 homicidios o asesinatos, según registros oficiales). Pareciera absurdo, pero en la mitad de los casos se utilizó recursos en muertes por causa naturales con procedimientos para investigar asesinatos.

En el caso de los delitos contra mujeres, es el primero o el segundo que más se conoce en nuestras fiscalías. El año pasado hubo más de 40 mil denuncias, pero no hemos demostrado una respuesta efectiva.

¿Qué se debe hacer para que la ciudadanía se acerque al MP a presentar denuncias? No es secreto que la falta de seguimiento a éstas contribuye a la impunidad.

En casos de delitos contra la vida, pero sobre de todo de violencia contra mujeres, los fiscales a veces desaniman a las víctimas, pues les dicen que no se va a avanzar rápido. Estoy convencida de que eso lo podemos superar con sensibilidad y capacitación, pues la ciudadanía va a confiar en el MP en la medida en que se esclarezcan los casos.

En semanas recientes usted fue felicitada con efusividad por la captura de “Chamalé”, pero también criticada acremente por la liberación del alcalde de Villa Nueva, Salvador Gándara.

Lo de Gándara fue una decisión judicial que no compartimos y que consideramos incongruente con la decisión inicial de la jueza de ligarlo a proceso y dictarle prisión preventiva. Consideramos que sí hay peligro de fuga, pero tenemos que respetar la independencia judicial.

Alguna gente dice que no estaba bien “armado” el caso.

Está sólidamente armado, porque en un caso de lavado de activos la mayor parte de la prueba es documental. Desde su posición de poder, consideramos que Gándara puede influir en testigos y el acceso a documentos.

¿Y no lo investigaron por ejecuciones extrajudiciales, de lo que fue acusado por organizaciones de derechos humanos?

El antejuicio que nos habilitó la persecución penal de Gándara fue por lavado de dinero.

Pero ese tipo de decisiones judiciales afectan al MP y reducen el amplio margen de confianza con el que usted llegó a la institución en diciembre.

Con resultados positivos podemos mantener ese respaldo.

Supongo que no ha descartado que el próximo presidente o presidenta de la República, como ha ocurrido siempre, la destituya del cargo o le pida la renuncia.

Si se cree en la independencia del MP no puede ser que cada presidente que llegue cambie a quien dirige la Fiscalía General. De lo contrario, como ha dicho el jefe de Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), se estaría provocando un golpe de Estado.

Le recuerdo que, según la Constitución, la fiscal general tiene las mismas atribuciones y preeminencias que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y solo puede ser removida porque se declare con lugar un antejuicio por la comisión de un delito.