Fuimos convocados por una plataforma anónima denominada Frente Ciudadano contra la Corrupción (FCCC), que el día de la actividad se reveló como un espacio de convergencia amplia, pero bajo la conducción de actores importantes del sector privado.
El acto en sí tiene su significancia, particularmente porque no se había visto un espacio tan amplio de unidad nacional desde la firma de los acuerdos de paz en los años 90. El discurso inicial de un importante líder del sector privado, Pedro Lamport, fue seguido minutos después por el mensaje de representantes de autoridades ancestrales comunitarias mayas (el alcalde indígena de Nebaj, Miguel de León, y el coordinador del gobierno plurinacional, Rigoberto Juárez). Entre esos actores públicos hay muchas diferencias sobre el proyecto de país y de Estado que debe tener Guatemala en el siglo XXI, pero ese día estuvieron unidos por un factor común que representa un piso para la construcción de nuestro futuro: sepultar el sistema corrupto que ha dominado el quehacer político nacional desde hace demasiados años.
Dada la convocatoria a ese foro ciudadano por parte de empresarios, diversos sectores han reaccionado con suspicacia. Para la ultraderecha, los empresarios presentes en el FCCC no fueron más que traidores serviles a favor de la Cicig y el MP que, siguiendo un guion maquiavélico elaborado por el empresario Dionisio Gutiérrez, pretenden hacer de Guatemala una cabeza de playa del socialismo del siglo XXI, estilo Venezuela. Como dijo alguien por ahí, el chiste se cuenta solo.
Del otro lado del espectro ideológico, los cuestionamientos fueron para las autoridades ancestrales comunitarias mayas. Se las señaló de tontos útiles de una maniobra del sector privado cuyo único fin es garantizarles impunidad frente a sus crímenes como colaboradores y articuladores del sistema de corrupción que ha vivido el país. Bendecir su impunidad es una traición a la lucha por la justicia de los pueblos mayas, lo cual queda claro dada la presencia de Dionisio Gutiérrez en el acto. Sí, el mismo que, según la ultraderecha, pretende imponer el socialismo del siglo XXI en Guatemala a través de la candidatura presidencial de Thelma Aldana. De nuevo el chiste se cuenta solo.
Pero en los chistes hay que entresacar algunas verdades. La más importante es que, efectivamente, el sector privado está procurando negociar un paquete de leyes que les evite pagar cárcel por crímenes ya cometidos. Empresas y empresarios han participado del sistema de corrupción a través de diversos mecanismos: aportando financiamiento electoral ilegal a partidos políticos, defraudando al fisco y comprando voluntades para no ser perseguidos por incumplir las leyes tributarias, participando en esquemas de fraude aduanero para evitar pagar los aranceles correspondientes, recibiendo contratos gubernamentales en condiciones lesivas al interés público y que violan la normativa vigente que regula la adjudicación de dichos contratos, y ganando de manera irregular licitaciones de obras y concesiones públicas a través de sobornos directos a funcionarios de gobierno.
Decirlo y reconocerlo es un acto mínimo necesario para caminar hacia un sistema en el que la corrupción sea la excepción, y no el motivo principal para hacer política y ejercer el gobierno. Un sector privado enemigo de la corrupción es amigo del interés público y un aliado firme de la ciudadanía y de la democracia en nuestro país. El país y la sociedad ganamos con empresas y empresarios que no le hacen el juego a la corrupción.
Cualquier reforma legal, por lo tanto, debe partir del reconocimiento de la verdad de lo acontecido. El segundo paso es garantizar que frente a esos crímenes confesos no exista impunidad. La sociedad requiere que exista justicia y que los hechos sean juzgados. Quizá a través de procedimientos abreviados y partiendo de la aceptación de cargos, pero que sean juzgados sin duda alguna.
En tercer lugar, es importante que exista reparación por el daño causado a la sociedad y al Gobierno. ¿Qué tipo de reparación debe darse? Se puede discutir. Pero, de nuevo, la reparación de daños es un principio de justicia esencial.
Por último, cualquier reforma normativa o creación de nueva legislación debe incorporar garantías claras de no repetición. El perro que quiera volver a comer huevos debe quemarse más que la trompa. La reincidencia y la repetición de actos criminales deben autorizar a las autoridades judiciales a usar todo el peso posible de la ley. Guatemala no es un juego: es nuestra patria. Y el que pretenda jugar con nuestro futuro, que sepa desde ya que no se saldrá con la suya.
Un punto final que es muy importante: la justicia no debe tener como objetivo el encarcelamiento masivo de quienes violan la ley. Privar de libertad a las personas, sobre todo por períodos largos, debe ser la excepción, y no la norma. Y eso, dicho sea de paso, se aplica con mayor razón en el caso de la prisión preventiva. Hay demasiados privados de libertad que podrían estar en sus casas esperando juicio. Ya es hora de que la lucha contra la impunidad y los derechos humanos se den la mano en ese tema. No hay que esperar a que se hagan acusaciones contra empresas y empresarios para empezar a aplicar este principio elemental de justicia.
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