La crisis humanitaria en Centroamérica es real

Los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica —Honduras, Guatemala y El Salvador— cada vez tienen menos capacidad para proteger y mantener los derechos más fundamentales de una buena parte de sus ciudadanos. En consecuencia, hay una diáspora masiva de personas que huyen de la violencia, la muerte, las extorsiones, la pobreza, la desigualdad… El camino, no obstante, también está lleno de lo mismo: violencia, extorsiones, secuestros y muerte, pero a pesar de ello, huir es incluso mejor que quedarse en casa. Ya no importa a dónde, cualquier lugar es mejor porque “el hogar ya no es un dulce hogar”, como indica el último informe de Amnistía Internacional, que ha determinado que en Centroamérica se vive una crisis humanitaria, con cientos de personas que buscan asilo o refugio en otros países del continente.

Según AI, la violencia y ya no la búsqueda de una mejora económica ha configurado las más recientes dinámicas de movilidad humana hacia Estados Unidos. Es el motivo principal por el cual cientos, miles de personas dejan todo atrás y abandonan sus países de origen. “Están huyendo”, recalca el informe. Aunque también el documento específica que para el caso de Guatemala se necesita investigación adicional para analizar los factores relativos a la migración, que se encuentra aún en un proceso de transición entre la gente que todavía sueña con un trabajo en Estados Unidos y los que huyen del país por la violencia.  Además de que Amnistía Internacional no analiza a profundidad las reducciones de homicidios de los últimos años en Guatemala que, como indicaba en 2015 el analista Carlos Mendoza del Central American Business Intelligence (CABI), “¿llevamos un año de estancamiento en la tasa interanual. ¿Por qué no seguimos mejorando?”.  La pregunta: ¿cómo repercute en las migraciones específicamente de Guatemala?

Sin embargo, AI explica que el fenómeno de movilidad humana en la región retrata una crisis de refugiados que apenas está empezando a ser reconocida a nivel mundial. “América Central y del Norte se enfrentan a la crisis más aguda de personas en movimiento que la región ha presenciado en décadas. El control que las pandillas ejercen sobre amplias franjas del territorio afecta a toda la sociedad, y tiene diferentes impactos en los diferentes grupos: por ejemplo, la violencia sexual contra mujeres y niñas, los ataques específicos contra personas LGBTI y el reclutamiento forzado de menores de edad, especialmente niños”, explica Amnistía Internacional.

Ya desde la crisis humanitaria declarada en 2014 por Estados Unidos ante la oleada de niños no acompañados, la ONU esbozaba las causas de violencia como origen de las migraciones: “El problema radica en los países de origen de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, donde la infancia se ha convertido en sinónimo de presenciar y sufrir violencia; experimentar violaciones de los derechos humanos y discriminación por diversos motivos; sufrir exclusión social; y verse privado de educación, oportunidades de empleo, servicios médicos e incluso alimentos”. Era normal esperar que el mismo diagnóstico se reflejara en las dinámicas migratorias en general para Guatemala, El Salvador y Honduras, como Amnistía Internacional ahora recalca en su informe.

Para el Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, es indebido que en el informe de AI, los países del Triángulo Norte sean colocados al mismo nivel, sin distinción o explicaciones específicas para cada nación. “No es justo que se pueda meter a los tres países en un mismo bolsón porque tenemos muchas diferencias. A pesar que tenemos muchas similitudes también tenemos muchas diferencias”, dice.  Morales explica que si bien la migración no es igual a hace 20 o 30 años, o a los años en que sucedió el conflicto armado interno, hoy por hoy, los migrantes de Guatemala aún buscan oportunidades de empleo o estabilidad económica como premisa para salir del país.

“La migración en Guatemala es multicausal. No es lo mismo con Honduras o El Salvador, que la inseguridad es relevante. Creo que Amnistía Internacional comete un gran error al generalizar que es la violencia la causa principal de las migraciones en los tres países”, indica Morales.

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En contraste, el informe de AI, explica que ya desde abril de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estableció que la cantidad de personas solicitantes de asilo en México y Estados Unidos, provenientes de los países del Triángulo Norte, podían ser catalogadas como “perfiles de riesgo”, que en conjunto describen la crisis regional humanitaria que vive Centroamérica.

El futuro, ante este panorama, no pinta nada bien. Las cifras de los últimos años establecen una tendencia para comprender la situación de la gente que busca otro lugar para vivir. Algo que retrata la situación de los Estados de Centroamérica. Las deportaciones de México a El Salvador, Guatemala y Honduras se incrementaron un 231, un 188 y un 145 %, respectivamente, entre 2010 y 2015. “Es un incremento medio del 179 %”, dice Amnistía Internacional.

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Las causas de la huida masiva recaen en los datos que explican la violencia en la región. Pero también en cientos de testimonios que han sido recopilados en este informe en el que los migrantes cuentan las causas y consecuencias de estar en la ruta migratoria hacia Estados Unidos. Pandillas, extorsiones, amenazas y violencia configuran las razones más contundentes. Y en el camino, los migrantes están conscientes de la ausencia de un destino seguro, la constante búsqueda de un refugio permanente, y el temor que existe ante la posibilidad de ser retornado. Saben que en casa –Honduras, El Salvador, Guatemala– lo que hay es muerte.

En 2012, Honduras fue uno de los países más mortales del mundo fuera de una zona de guerra, con 92.7 homicidios registrados por cada 100, 000 habitantes (7,172 homicidios en total).

Los índices de violencia en El Salvador han aumentado y disminuido bruscamente según la política relativa a las pandillas. La cifra de homicidios se redujo de 4,366 en 2011 a 2,567 en 2012, cuando se declaró una tregua entre maras enfrentadas, y repuntó en 2015 a 6,656 (hasta alcanzar la cifra récord de más de 108 homicidios por cada 100,000 habitantes) cuando se rompió la tregua. Tan sólo en los tres primeros meses de 2016 se registraron al menos 2,015 homicidios, pero la cifra se redujo a casi la mitad entre marzo y abril.

Guatemala también aparece clasificado como uno de los países más violentos de la región, con 5,718 homicidios en 2015 (35 homicidios por cada 100.000 habitantes): una reducción respecto a los 6,025 de 2012.El Canciller Morales indica que este año, 2016, según datos del Ministerio de Gobernación, la tasa de violencia homicida será la más baja a la fecha: 29 por cada 100,000 habitantes. “Tenemos problemas de seguridad, no lo vamos a negar. Pero no se comparan con los datos de Honduras ni El Salvador”, dice Morales.

Crisis de refugio

En estos contextos violentos no es difícil imaginar por qué la gente opta por huir de su país de origen. En la actualidad existe un aumento constante en las solicitudes de asilo de personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador –hasta niveles nunca vistos desde la era de los conflictos armados en la región– que cuantifica la magnitud del número de personas que huyen de los países del Triángulo Norte en busca de protección. “El número de personas refugiadas y solicitantes de asilo que presentaron nuevas solicitudes de El Salvador, Guatemala y Honduras se incrementó de 8,052 en 2010 a 56,097 en 2015: un aumento del 597 por ciento a lo largo de cinco años”, señala Amnistía Internacional.

Según advierte el ACNUR, todos estos grupos pueden estar necesitados de protección internacional de acuerdo con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951. Sin embargo, hay un buen número de personas que regresan, día a día, a sus países de origen, como deportados. A sus casas, de donde salieron intentando esquivar la muerte.

Los países del Triángulo Norte han tenido que hacer frente a la llegada de una cantidad sin precedentes de personas deportadas, muchas de ellas con graves necesidades de protección. Amnistía Internacional concluye que los países centroamericanos no tienen una política clara para auxiliar o atender a las necesidades de los familiares de las personas migrantes que han sufrido violaciones graves de derechos humanos durante su trayecto a través de México. “Los Estados del Triángulo Norte deben reconocer su responsabilidad en la crisis de protección de la región, y deben diseñar e implementar políticas públicas y marcos jurídicos para brindar protección a las personas deportadas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, las mujeres y las personas LGBTI”.

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El Canciller Morales insiste en que Guatemala no está tratando de evadir su responsabilidad ante el tema migratorio. “Nunca hemos invisibilizado a nuestros migrantes. Pero para Guatemala no podemos hablar de una crisis humanitaria. Es distinto. Nuestros migrantes aún son migrantes económicos. Ocho de cada diez migrantes, de tres millones de guatemaltecos en Estados Unidos, se fueron buscando una mejora económica. No huyeron de la violencia.  Y no los ocultamos sino que buscamos la forma de combatir las causas originales, como la pobreza, la desnutrición. Cinco de cada diez niños en Guatemala padece desnutrición”, dice.

En el  informe de Amnistía Internacional –uno de los más completos que describen la crisis humanitaria de Centroamérica–, también se analiza los 750 millones de dólares estadounidenses que se supone que se van a gastar en la región como parte del Plan de la Alianza para la Prosperidad. Una panacea o placebo terapéutico que bajo el respaldo de Estados Unidos pretende atacar las causas fundamentales de la migración como medio para erradicar el flujo de migrantes aunque como indica el documento: “está concebido principalmente para fomentar el crecimiento económico y para detener la delincuencia organizada. Sin embargo, es poco probable que todo plan que no aborde las graves necesidades de protección internacional de decenas de miles de personas de Centroamérica disuada seriamente de la migración o brinde una protección significativa a quienes se enfrentan a la violencia”.

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El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, viajó esta semana a Honduras para presentar este informe. Shetty señala en una entrevista para New York Times: “Queremos que esta crisis de refugiados que hoy es invisible sea visible y queremos pedirle a los gobiernos de la región que adopten las medidas de protección necesarias en dos niveles: que no se produzca la huida debido a la violencia de las pandillas y que se proteja a quien regresa en ese contexto de deportaciones masivas. México y Estados Unidos están enviando gente deportada de vuelta a estos países —hay un gran incremento de esas cifras— y estos deportados, si bien son recibidos al llegar a su país, se quedan sin protección en cuanto dejan el centro y regresan a las mismas zonas que han abandonado. Al peligro. Algunos son asesinados”.

El canciller Morales insiste en que Guatemala no oculta una crisis de refugiados. El hecho de que Amnistía Internacional incluya a Guatemala dentro del informe, y dentro de una crisis de refugiados, le parece “un sensacionalismo, algo irresponsable, con ganas de tirar un tarrayazo sin fundamento”. El Ministro de Relaciones Exteriores admite que el país tiene problemas de violencia, que la gente está saliendo de Guatemala. “Pero no por razones de violencia que no llega a los niveles de El Salvador u Honduras. Somos tres países similares pero con diferencias”.

Lo cierto, no obstante, es que la violencia, los homicidios, los deportados, los secuestros, los desaparecidos, las pandillas, extorsiones, la diáspora, el miedo, las solicitudes de refugio están ahí… Y todo parece indicar que la crisis humanitaria en Centroamérica, como insiste Amnistía Internacional, es real. Que además puede empeorar.