La magnitud de la tragedia también quedó enterrada

Nueve días después de la erupción del volcán de Fuego, las lluvias han impedido que continúe la búsqueda de los desaparecidos por parte de las autoridades. No está claro cuántas personas están todavía bajo los escombros. El gobierno cuenta 197 desaparecidos, pero ese dato no es preciso. El Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta que en la aldea El Rodeo y en la comunidad San Miguel Los Lotes vivían de 2,345 personas, mientras que el Registro Nacional de Personas (Renap) tiene contabilizadas a 4,692 personas mayores de edad residentes allí. Sí, los datos tienen un amplio rango de diferencia y nadie tiene claro cuál es el real.

La cifra del INE proviene de una actualización cartográfica que realizó este año para preparar la logística de trabajo antes del Censo. El gerente de la institución, Mauricio Guerra, dijo en conferencia de prensa dos días después del desastre, que con esa información era posible ubicar geográficamente cada vivienda. Y que sabían cuántas mujeres y cuántos hombres las habitaban, el número de comercios e instituciones públicas e incluso, los accidentes geográficos de la zona.

El presidente Jimmy Morales aseguró, en esa misma conferencia del Sistema de Emergencia, que el registro sería público y se podría “verificar con total transparencia”. Sin embargo, el INE no quiso compartir el reporte. Guerra dijo a Plaza Pública que solo podía entregarlo la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Pero el secretario de esa institución, Sergio García Cabañas, no lo proporcionó aduciendo que era el INE el encargado de enviarlo.

En esa misma conferencia de prensa, ese martes 5 de junio, García Cabañas ofreció una plataforma digital que estaría lista un día después y en donde con “un solo clic” sería posible consultar por nombre a los heridos, fallecidos, desaparecidos y albergados. Más de una semana después esa plataforma no está lista.

Cuando se le consultó a García Cabañas por qué no se había publicado esa información, que él mismo ofreció para el miércoles pasado, respondió: “Yo puedo decir muchas cosas, pero pueden ocurrir muchas cosas. Mire ahora, van más de 12 mil evacuados, meter toda esa información en un día es imposible”.

Según el INE, en El Rodeo residían 1,535 habitantes (745 hombres y 790 mujeres) y en San Miguel Los Lotes 810 personas (386 hombres y 424 mujeres). El segundo registro de habitantes que se conoce es el del Renap, esta entidad reportó que le entregó DPI (Documento Personal de Identificación) a 4,295 adultos en El Rodeo y a 397 en San Miguel Los Lotes.

La Conred reporta otros datos en sus boletines. Desde el sábado mantiene la cifra de 110 fallecidos. Ese día la cantidad de albergados era de 4,175. Para el miércoles 13 de junio, el conteo era de 3,652. Con 186 viviendas destruidas y 750 más en riesgo, la mayoría de Escuintla.

Entre esos miles de personas están los sobrevivientes de El Rodeo y de Los Lotes. ¿Cuántos? Tampoco se sabe, porque se desconoce si todos entraron a los albergues, y si están ahí, habrá que esperar a que las autoridades levanten una base de datos. De momento solo entregan una cifra general de albergados que provienen de todas las comunidades afectadas y amenazadas. Si se tuviera claro cuántos supervivientes hay de esas dos comunidades y cuántos vivían allí, podríamos aproximarnos al dato real de fallecidos, pero no contamos con esa información. La lista de desaparecidos se hizo a través de reportes de supervivientes, pero en muchos casos fueron familias completas las que murieron, porlo tanto no hay nadie que les reporte.

La falta de información precisa se produce porque se incumplió con la realización del censo en 2012. Karin Slowing, analista independiente en temas de desarrollo y que dirigió la Secretaría General de Programación y Planificación de la Presidencia (Segeplan) de 2008 a 2012, reconoce que esa carencia de datos impedirá que algún día se conozca con exactitud la magnitud de la tragedia.

“Se necesitará de personal que pueda analizar los datos de censos y lugares poblados. Habrá que hacer croquis, esquemas geográficos y que eso se pueda contrastar con los datos que den las municipalidades y los líderes comunitarios. Con eso y un buen método se puede llegar a una estimación. Pero siempre serán estimados, porque no hay datos actualizados”, explica.

Giovanni Guzmán, subdirector de mediación de la oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), considera que esta falta de certeza suma a la preocupación y desesperación de los supervivientes. "El registro de personas desaparecidas es fundamental. Sabemos que el no encontrar algún familiar crea afectaciones emocionales y de derechos humanos”. Por eso considera que hay que convocar a los ministerios de Educación y de Salud, a las municipalidades, a las iglesias, a los pobladores, a los líderes comunitarios y al Tribunal Supremo Electoral, para que en conjunto puedan reconstruir esas cifras.

Guzmán asegura que en la supervisión que hizo la PDH el fin de semana pasado, no vieron que a los albergados se les entreviste, a pesar que ellos son la principal fuente de información.

El descontrol en los albergues

Si el día de la emergencia hubo yerros que costaron vidas, también son notables varios errores en el tratamiento posterior al desastre. La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) es la responsable de administrar los 17 albergues “oficiales” que existen en Escuintla (14), Sacatepéquez (2) y Suchitepéquez (1).

Pero los registros no incorporan los de aquellos albergues “no oficiales”, que se han instalado en casas, iglesias, o locales privados. Esa información está ausente en los reportes de damnificados.

Aunque se maneja una cifra de albergados, no se pueden consultar sus nombres, edades, situación médica, procedencia ni ninguna información. La Sosep llenó una ficha para registrar cada ingreso, pero lo hizo en papel y apenas el lunes empezaron a digitarla en una plataforma que les dio la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La responsable de comunicación de la Sosep, Mariana Morales no quiso dar una fecha precisa de cuándo terminarán el levantado de datos. “Hay que usar el sentido común, son cuatro mil registros. Pueden ser tres días o una semana, dependiendo de la cantidad de personas que tengamos para trabajar en esto”, indicó.

Guzmán, el subdirector de mediación de la PDH, destaca que esa falta de unificación de datos provocará problemas para plantear la reubicación y asistencia a las familias.

“Ahorita la primera etapa es la de atención a la crisis. Después viene lo más importante, porque las familias que se quedaron sin viviendas no van a vivir por siempre en un albergue. Mientras más se extiende (su permanencia) en esos lugares, más se afecta su salud y el desarrollo de su vida”, explica.

De hecho, la desesperación de las familias ya es evidente. Especialmente porque en algunos lugares hay sobrepoblación.

En la Escuela Tipo Federación, José Martí, en la zona 1 de Escuintla, hay 732 personas y la Escuela Méndez Montenegro de Alotenango, Sacatepéquez, hay 580. José María Godoy, titular de la Sosep, aseguró el domingo que lo ideal es que en cada lugar se tenga de 250 a 300 personas como máximo, para mantener “las condiciones de higiene y salud”.

Esas condiciones ya se ven afectadas en estos momentos. Aunque tienen atención médica y no les faltan alimentos, carecen de suficientes sanitarios, no tienen lugares adecuados para bañarse o para lavar la ropa. Además de esas incomodidades, están expuestos a peligros.

El lunes 5 de junio se reportó el intento de violación de una niña de 11 años en un albergue de Escuintla. “El agresor le lanzaba besos a la niña e intentó tomarla por los hombros”, reportó la Procuraduría General de la Nación. Abraham Rodríguez López de 23 años es el presunto agresor y fue detenido. Lo que se sabe es que entró como visitante.

La Sosep asegura que ellos administran los albergues pero la seguridad le corresponde a la Policía Nacional Civil.

Guzmán insiste en que antes de planificar, el gobierno debe tener registros, estadísticas e indicadores. “Si el gobierno no tiene estos registros va a ser en perjuicio de las familias, porque en este plan de reconstrucción, vivienda y ayudas que se les sigan dando se corre el riesgo de que apoyen a unas y excluyan a otras”.