Tomas sin permiso el teléfono de tu pareja y te pones a mirar sus mensajitos. Descubres que te ha estado ocultando una vida secreta: ¡en realidad es narcotraficante! Cuando confrontas a tu pareja, te denuncia por violación a su privacidad, mientras que la denuncia que planteaste en su contra por ser narco no prospera.
Así de ridícula es la situación que está viviendo la magistrada Morales (conocida como la Mema), quien luego de denunciar serias ilegalidades dentro de la CSJ se enfrenta a un proceso disciplinario en su contra impulsado por, ¿quién más?, la magistrada y expresidenta de la CSJ Silvia Patricia Valdés.
El 5 de octubre de 2017, el pleno de la CSJ consideraba la solicitud de antejuicio en contra de Luis Rabbé. La solicitud fue rechazada por el pleno con tres votos en contra, entre ellos el voto razonado de la Mema. Después, la Mema se dio cuenta de que en el proyecto de resolución correspondiente se encontraba la firma de un magistrado suplente que no había integrado ni conocido el proceso ni había votado en él.
Al firmar el proyecto de resolución, el magistrado González no solo faltó a la ética, sino que cometió el delito de falsedad material, regulado por el artículo 321 del Código Penal. Es importante resaltar que nunca estuvo en duda el hecho de si el magistrado firmó el documento o no. Tampoco se discute el hecho de que él no presenció la sesión. Ambas cosas se comprueban mediante testimonio bajo juramento y con documentos originales y genuinos.
Para realizar la denuncia de falsedad material, la Mema necesitaba el documento firmado por el magistrado González para presentarlo ante el Ministerio Público. Fue este hecho el que denunció la expresidenta de la CSJ Patricia Valdés.
El artículo 42, literal q, de la Ley de la Carrera Judicial dispone que es falta gravísima «sustraer, destruir, alterar o extraviar evidencias o documentos oficiales». Y con esto la Mala trata de clavar a la Mema independientemente de que el documento que esta sustrajo era clave para denunciar una irregularidad delictiva dentro de un proceso en el cual se deberían haber resguardado al máximo el debido proceso y la transparencia.
De todas formas, la Mema no puede ser culpable de sustraer ningún documento, ya que la sustracción implica un acto «fraudulento» (según la Real Academia Española), lo cual no es válido en esta situación porque el documento fue extraído para un fin legítimo: realizar una denuncia.
La denuncia que presentó la Mema, lejos de constituir una «falta gravísima», era obligatoria según el artículo 298 del Código Procesal Penal. Ese artículo establece que los funcionarios están obligados a «denunciar el conocimiento que tienen sobre un delito […] sin demora alguna». Es más: la Mema habría cometido un delito si no hubiera denunciado la irregularidad, como bien lo establece el artículo 457 del Código Procesal Penal (sobre el delito de «omisión de denuncia»).
Sin embargo, Patricia Valdés decidió, ante todo, resguardar la «integridad física» de los expedientes de la corte antes que resguardar el debido proceso y denunciar malas prácticas constituyentes de delitos. No es secreto que la Mema ha sido una espina en el costado de la muy cuestionada magistrada Valdés, pero realizar una denuncia de esta naturaleza solo para ganar puntos políticos es vergonzoso. Es más: se puede considerar una obstrucción de la justicia.
Cabe destacar el preocupante papel de la Supervisión General de Tribunales, sin cuya complicidad no habría avanzado la denuncia contra la Mema. A pesar de tener toda la información a su disposición, sigue insistiendo en que la Mema debe ser sancionada. Dicha entidad, representada en este caso por Ana Patricia Lainfiesta, efectivamente está ratificando una estrategia para perseguir a quienes denuncian la corrupción en vez de enfocar sus esfuerzos a acabar con estas prácticas ilegales dentro del Organismo Judicial.
Una de las cosas más preocupantes de todo esto es que, bajo juramento, uno de los trabajadores de la corte y testigo en el caso declaró ante la Junta de Disciplina que buscar firmas de personas que no tuvieron nada que ver con la resolución es una práctica común. La respuesta a esto brilla por su ausencia.
En resumen, la Mema está siendo perseguida pese a su inocencia demostrable, hay prácticas ilegales pero normalizadas dentro de la CSJ, la Supervisión General de Tribunales es cómplice de silenciar a denunciantes de estas irregularidades y la expresidenta de la CSJ está litigando maliciosamente en contra de la Mema.
No se puede permitir que los mismos integrantes de la CSJ castiguen esfuerzos de depuración de la judicatura. Deberían estar fomentando una cultura de denuncia, no de encubrimiento. La Junta de Disciplina está pendiente de resolver el caso próximamente: deberíamos estar atentos para ver si esta no es cómplice también en silenciar a quienes denuncian.
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