La muerte inconclusa de Andrés Pedro Miguel

La fiscalía acusaba a Ricardo Arturo García López y Óscar Ortiz Solares de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Pidió una condena de 56 años de cárcel para cada uno de los sindicados. La defensa, en cambio, argumentó legítima defensa, aceptaron parte de la responsabilidad, haber disparado, mas solicitaron que sus defendidos quedaran absueltos. Y los querellantes adhesivos, representantes de los agraviados Esteban Bernabé Mateo y Antonio Pablo Pablo, son los únicos que hablaron del delito de asesinato. Y el abogado de María Francisco Marcos, viuda de Andrés Pedro Miguel, reclamó únicamente un debido resarcimiento.

En este tiempo, audiencia tras audiencia, se han repasado los sucesos de aquel día, se han tratado de reconstruir los hechos y los antecedentes.

En el camino de Santa Cruz Barillas hacia las instalaciones del proyecto hidroeléctrico Cambalam, de Ecoener-Hidralia, lo que hay son rastros de violencia. Enfrentamientos que han dejado huella. Es un panorama tenso que retrata la oposición de varias comunidades, desde 2011, a la instalación de una hidroeléctrica. Hay, por ejemplo, portones tirados, mallas metálicas destartaladas, zanjas que cortan el paso, y al menos tres camiones, una aplanadora y una retroexcavadora que, calcinados, yacen como enormes y pesados esqueletos sobre esta carretera.

Sobre ese tramo de terracería se ubican las comunidades de Poza Verde, Recreo A, B, C, D, San Carlos, Las Brisas y Santa Rosa. También, de modo paralelo, en el otro lado del camino, los 14 terrenos de 22 manzanas que pertenecen desde hace seis años a Ecoener-Hidralia, la empresa española que pretende construir una hidroeléctrica de 5Mw de potencia en la región. 

El 1 de mayo de 2012, entre todos esos vestigios, cuatro comunitarios y dos empleados subcontratados como seguridad de Ecoener-Hidralia, protagonizaron un enfrentamiento. Se midieron. Se miraron. Apenas un instante. Pero lo suficiente para que uno de los comunitarios, Andrés Pedro Miguel, falleciera a causa de una herida por arma de fuego, y otros dos, Esteban Bernabé Mateo y Antonio Pablo Pablo, resultaran lesionados.

Como responsables de haber disparado, 26 días más tarde, Ricardo Arturo García López y Óscar Ortiz Solares fueron capturados. Una glock 9 mm y una Jericho .45 serían incautadas en la casa de García López.

Tras casi un mes de debate, el Tribunal A de Mayor Riesgo ha analizado estos hechos, ha contrastado las pruebas y el documento de acusación. Y antes de dictar sentencia, Patricia Bustamante, Pablo Xitimul y Eugenia Castellanos, los jueces, quieren intentar explicar, explicarse, lo acontecido.

Entre las huellas de las balas

En el trayecto que sigue el caudal del río Qan’bala’m, hay una retroexcavadora calcinada, inservible y abandonada. Mediante las fotografías no es posible imaginar la fuerza que la dejó quieta en ese lugar. “Una turba la dejó así”, ha dicho el abogado defensor Bryan Palacios. Se trata, en todo caso, de la comunidad de Poza Verde, el sitio exacto en que Ricardo García López y Óscar Ortiz Solares se toparon con Andrés Pedro Miguel, Bernabé Mateo, Antonio Pablo Pablo y “un desconocido”, como ha indicado el MP, al que únicamente identificó como Bronco.

Antonio Pablo dijo haber ido a la iglesia y justo a esa hora, las doce del mediodía, regresaba por ese lugar.

Bernabé Mateo declaró que había asistido a un desfile, y de regreso a casa, pasaba frente a la retroexcavadora.

Ricardo García López y Óscar Ortiz, por su parte, indicaron que habían llegado para tomar fotografías de la destrucción en las instalaciones de la hidroeléctrica y los alrededores. Regresaban a esa hora en dirección de Santa Cruz Barillas. Habían dejado el auto de la empresa en la entrada del camino.

Y de Andrés Pedro Miguel, varios testigos indicaron que trabajaba en un cafetal cercano al lugar en el que se encuentra la retroexcavadora.

Si bien no hay una explicación unificada de cómo inició el ataque, los comunitarios defienden a capa y espada que intentaron saludar. La respuesta a su saludo fue en forma de disparos. Los acusados, por su parte, han señalado que fueron atacados. Se defendieron. Desenfundaron la única arma que portaban y dispararon. “Ellos también estaban armados”, resaltaron. “Habían bloqueado el camino colocando piedras”.

Según los jueces, lo ocurrido a partir de ese momento sucedió así:

Antonio Pablo Pablo, Bernabé Mateo y el Bronco iban varios pasos delante de Andrés Pedro Miguel. No se supo, tras la investigación del MP, si los comunitarios portaban o no armas de fuego. Lo cierto, dice la juez, es que varios testimonios dan cuenta de que Antonio Pablo Pablo tenía un revólver en el interior de su morral, también de que Bernabé Mateo estaba armado.

Los casquillos rescatados de la escena del crimen han dado indicios de que se detonaron al menos dos armas de fuego. Una Glock 9 mm y una Jericho .45, según las evidencias. Y un revólver, señalan los testimonios, que según los peritos balísticos “no deja huellas en el terreno”.

“La existencia de más de dos armas y más de tres personas armadas en el lugar ha quedado clara”, enfatiza el tribunal.

Andrés Pedro Miguel cae al suelo. Herido. Le han disparado. Cae con el rostro sobre la tierra. Así lo encuentra el MP. Una bala calibre 9 mm le ha perforado el pecho y la espalda. Pero el peritaje no descubre si el proyectil entró por el frente o desde atrás. Y esto es importante porque en la escena que describe la juez Bustamante, Ricardo García López no dispara, en ningún momento, en contra de Andrés Pedro Miguel. No hay ningún casquillo de su arma –la Glock 9 mm– cerca del fallecido. En cambio, García López sí dispara una o dos veces en dirección del río, dispara en contra de Antonio Pablo Pablo, Esteban Bernabé Mateo y el Bronco.  

Para el Tribunal, estos tres comunitarios estaban armados. Según los testimonios, estaban armados. Pero el MP no lo investigó. Y tampoco investigó si hubo disparos en contra de los acusados. En todo caso porque el lugar desde el que disparaba Ricardo García López era también el lugar en el que Andrés Pedro Miguel perdió la vida.

“Lo insólito es que dejan al occiso atrás estando los tres delante. Ninguno vio quién le disparó. Lo cual no es creíble”, explica el Tribunal.

En cuanto a la bala 9 mm en el interior de Andrés Pedro Miguel, la juez dice: “El perito del informe balístico fue enfático en la posibilidad pero no a la certeza de que la bala provenía del arma de los acusados”. El MP no lo pudo acreditar.

Tampoco documentó cómo fue disparada la Jericho .45. Dos de sus casquillos yacían cerca de la retroexcavadora.

La bala entonces que mató a Andrés Pedro Miguel, según los juzgadores, fue percutida desde la orilla del río. Desde el lugar en el que huían Antonio Pablo Pablo, Esteban Bernabé Mateo y el Bronco. Sospechan que en todo caso “el desconocido”, el otro comunitario llamado Bronco, tuvo responsabilidad. Pero el MP no ha podido traerlo a la corte, o siquiera ubicarlo.

Ante todo esto, el tribunal dice entrar en un estado intelectual de duda ante la acusación.

Y resuelve.

En primer lugar, que el delito de homicidio adjudicado a Ricardo García López no se ha podido probar. La juez Eugenia Castellanos lee la absolución para el acusado. No obstante, “en tanto que  Ricardo García López sí disparó en contra de Antonio Pablo Pablo, sin causarle la muerte, es responsable del delito de lesiones graves”. La pena que ordena el tribunal es de cinco años de prisión, conmutables por Q25 diarios.

En cuanto al otro acusado, los jueces explican que no se pudo probar ni la portación de arma ni tampoco un solo disparo ni su participación directa en los hechos. “Por lo tanto, Óscar Ortiz es absuelto de todos los cargos”, añade Castellanos.

Bustamante advierte a pesar de todo que la muerte de Andrés Pedro Miguel debe ser resuelta. La orden es para el MP. “El Ministerio Público debe encargarse de una nueva investigación para esclarecer la muerte de Andrés Pedro Miguel”. Pero para ello, el tribunal indica que deben crearse, primero, mesas de diálogo entre Ecoener-Hidralia y al menos tres líderes comunitarios. Dictamina que el MP debe ser consciente del contexto en el que se trabaja, que debe haber pertinencia cultural en su nueva investigación. 

El fiscal Víctor Álvarez dice que apelará. “Es lo que queda”, señala, resignado.

Seis horas después de la muerte de Andrés Pedro Miguel, un estado de sitio, el primero implementado por el gobierno de Otto Pérez Molina, sería decretado durante 18 días.

Era el primer día de la feria patronal que el pueblo celebra cada inicio de mayo. Santa Cruz Barillas celebraba así el aniversario 124 de su fundación.