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La posición ambigua de Tigo: Tiene los derechos sobre la banda 4G pero no puede usarlos, por el momento

Monterrosa contó que Giammattei le dijo que «así se tenía que hacer»
En Brasil, el ente regulador del espacio radioeléctrico otorgó el usufructo de 20 Mhz de la banda 700. Recibió 2,400 millones de dólares a cambio.
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La posición ambigua de Tigo: Tiene los derechos sobre la banda 4G pero no puede usarlos, por el momento

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Guatemala quiere subastar la banda de 700 MHz, óptima para implementar la tecnología 4G. Por recomendación internacional este espacio debe quedar libre de cualquier uso y después ir a concurso. De hacerlo bien representaría millones para el Estado. Sin embargo, Tigo ya tiene el 30% de la banda: le compró a Ángel González sus derechos de explotación para transmitir televisión que tenía en esas frecuencias. Aunque las autoridades aseguran que por ahora la telefónica no puede usarla para internet, tampoco son tajantes en negar que les favorecerá. Ir en contra de Tigo, asegura el exsuperintendente, le costó el puesto.

El servicio de telefonía e internet en Guatemala es un pastel partido en dos: Un duopolio. Dos empresas controlan el mercado: Tigo, subsidiaria de Millicom y expropiedad del empresario guatemalteco Mario López, y Claro, asociado con América Móvil, multinacional que pertenece a Carlos Slim. Según Telesemana, para 2019 Tigo controlaba el 52.4% de las líneas móviles, mientras Claro, tras la compra de Telefónica, administra el 47.6%.

Esta repartición, sin embargo, no ha generado un servicio de internet más eficiente y veloz. Midiendo sólo velocidad de carga y descarga, en 2019 Guatemala ocupó el puesto 102 en el mundo según estimaciones del índice global speedtest, debajo de Nicaragua, Costa Rica y Honduras. Aunque hacia 2020 la telefonía móvil ocupó un puesto más alto (78), la conexión fija está rezagada hasta el puesto 135, por encima únicamente de Venezuela en el continente y de algunos países africanos.

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Esta medición, sin embargo, no considera latencia de red (suma de retardos temporales), cobertura, precios o cortes. Por ejemplo, en el país sólo 18% de la población tiene acceso a internet fijo, según datos del Banco Mundial.

Una posible solución a la «brecha digital» y la ineficiencia del servicio podría descansar en la implementación de la tecnología 4G, que depende de la subasta de la frecuencia 700 del espectro radioeléctrico. Es decir, «el aire» a través del que se transmiten datos desde las antenas a nuestros celulares.

La subasta de la banda 700 debió empezar hace una década. El gobierno actual intentó retomarla, pero la reciente decisión del hoy superintendente de Telecomunicaciones, Marco Batén, pone en duda que será un negocio justo: respeta la transacción entre Albavisión y Tigo que otorga el 30% de la banda a la que era empresa de Mario López, y es ambiguo en decidir si le permitirá usar esos bloques para internet.

Tigo compró a Ángel González un tercio de la banda premium para el 4g

Según datos a los que accedió Plaza Pública y confirmados por el actual superintendente, en 2020 Tigo compró a empresas vinculadas a Ángel González (Radio Televisión de Guatemala, S.A y Televisiete) los derechos de usufructo sobre la banda 700. La transacción fue facturada por las empresas de González a Comunicaciones Celulares S.A., nombre legal de TIGO.

Con esta transacción la telefónica intentó ganarse la salida, y adelantarse a un proceso de subasta que podría representar millones para el Estados, claro, si lo hace bien.

La banda de 700 Megahertz del espectro radioeléctrico es reconocida como la idónea para transmisión de datos en alta frecuencia (UHF), que permite la tecnología 4G. La telefonía funciona a través de ondas electromagnéticas, mediante las cuales transmite información que nuestras terminales móviles (celulares y computadoras) convierten en audio e imágenes.

En la banda 700 (que va de la frecuencia 698 a la 806 Mhz) existe una frecuencia de onda adecuada para transmitir más datos y llegar a más territorios con menos potencia. Esto optimiza la tecnología requerida (antenas) para la cobertura, en comparación con bandas más altas (800 para arriba que van más rápido, pero permiten menor alcance).

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Estas características facilitan a las empresas de telefonía optimizar el uso del espectro radioeléctrico (el aire, que es propiedad de Estado). Si es del interés de las empresas telefónicas, o una exigencia del gobierno, también permite ampliar la cobertura del internet para nuevas poblaciones.

La velocidad de carga y descarga en dichas frecuencias viabiliza la llamada tecnología 4G o de cuarta generación, que refiere a un sistema de intercambio de datos con una capacidad de transmisión de más 100 megabytes de información por segundo. Es decir, cargas y descargas casi inmediatas. A diferencia, la 3G, la que actualmente cubre la mayor parte del país, sólo permite transmitir 2 megabytes por segundo.

Esto implica que toma más tiempo la transmisión de datos y percibimos las conexiones más lentas, como explica José Bagur, el ingeniero en mecatrónica e investigador de la Universidad del Valle que desarrolló el satélite «Quetzal 1».

Del lado de las empresas de telecomunicaciones, el 4G no sólo permitiría conexiones más estables y veloces sino también vender toda la tecnología del llamado internet de las cosas: activar nuestro aire acondicionado, cerrar ventanas, precalentar el horno de la estufa desde nuestro teléfono, e incluso las llamadas ciudades inteligentes, según indica Bagur.

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Una banda que deben ordenar

Una publicación de la gremial 5G Américas (que agrupa a grandes desarrolladores de tecnología y telecomunicaciones en el mundo) expone que en América Latina los estados otorgaron la mayoría de los bloques de la banda 700 a empresas de televisión.

En la conferencia mundial de telecomunicaciones celebrada en 2012 por la Unión International de Telecomunicaciones (UIT), instancia de Naciones Unidas que emite recomendaciones para el mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico, sugirieron liberar o limpiar esta banda de canales de televisión para favorecer las telecomunicaciones. Sin embargo, esta transición ha sido lenta en toda la región.

La situación de Guatemala está bien descrita en el anterior párrafo. Muchos bloques de la banda 700 fueron otorgados a canales de televisión (como Albavisión) y los esfuerzos realizados para limpiar esa y otras bandas y permitir condiciones para la tecnología 4G han fracasado por procesos poco transparentes.

Las disputas para estas licitaciones son constantes. Por ejemplo, en 2017, la extinta GUATEL reclamó que eran ellos los encargados de subastar la banda que va de 1700 a 2100 Mhz, a pesar de que la Ley de Telecomunicaciones indique que la Superintendencia de Telecomunicaciones es la encargada de administrar el espacio radioeléctrico. La Corte de Constitucionalidad desestimó el reclamo.

Sin embargo, la banda no se subastó porque estas frecuencias están reservadas para el Estado según la Ley de Telecomunicaciones. Esto obligaba a reformarla antes del concurso, cambio que no ocurrió, según Analy Noriega, de la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, entidad que supervisó desde sociedad civil el fallido evento. «Se inició una subasta a pesar de ir en contra de la ley», indicó.  

Las recomendaciones de la UIT indican que la SIT debe limpiar la banda 700 y trasladar a quienes actualmente la usan a la banda 600. Luego, debe sacar a subasta los derechos de usarla. Aquí empiezan las discrepancias.

«Así se tenía que hacer»

«Fui removido el 23 de diciembre por el viceministro (de comunicaciones). Tenía hasta el 23 a medio para firmar una resolución, en la que se reiniciaba el reordenamiento para iniciar la 4G (banda 700). Pero en esa resolución debía dejar inmersos y reconocer los derechos de una compañía telefónica (TIGO) dentro de la banda 700», explicó en una entrevista a radio ConCriterio José Monterrosa Menzel, superintendente de Telecomunicaciones destituido en los últimos días del año pasado.

En otra entrevista a Soy502 declaró que buscó apoyo del presidente Alejandro Giammattei para exponer su razonamiento, pero éste le exigió formalizar los derechos de usufructo a TIGO. Según Monterrosa, Giammattei le dijo que «así se tenía que hacer, que él no podía perder cierta preferencia que tenía con ciertos canales» refiriendo probablemente al consorcio Albavisión.

Monterrosa se refiere a la resolución 664-2020, publicada el 30 de diciembre de 2020 con la firma del nuevo superintendente, Marco Baten. La polémica y contradictoria resolución señala tres cosas: que se respetarán los derechos de usufructo adquiridos por operadores en la banda 700 (todos de audio y video, no de internet); que los usufructuarios serán readecuados a frecuencias donde sean útiles para limpiar la banda; y que sólo una parte (60 de los 108 MHz disponibles) saldrán a subasta para servicios de telecomunicaciones.

¿En manos de quién están los otros 48Mhz? Tigo ahora es dueño de 36, que compró al consorcio Albavisión.

La resolución muestra contradicciones. Por ejemplo, algunos considerandos del mismo documento citan oficios de la gerencia de frecuencias (OFI-SIT-GRF-170-2019) y de Gerencia Jurídica (con fecha 11/12/2020) donde indican que los derechos de usufructo en la banda, independientemente del servicio que se explote, serán readecuados, y que la banda será liberada y reordenada para su subasta. En otro, en cambio, indica que considerarán los derechos adquiridos por un operador de servicio móvil para la readecuación de las frecuencias. Y en las resoluciones, afirman que aprueba el reordenamiento de la banda, pero que respetar los derechos que no superen los 30 Mhz.

Pero en algo es claro el dictamen firmado por el nuevo superintendente: ratifica la resolución de que sólo subastaran 60 Mhz, es decir, obvia los 36 adquiridos por TIGO.

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La telefónica tiene las manos atadas, por el momento

El superintendente Baten indicó en una entrevista a Plaza Pública que la resolución respeta los derechos de usufructo adquiridos de la empresa, pero no autoriza su explotación para telecomunicaciones. Según Baten, aún deben realizar los dictámenes jurídicos, legales y técnicos para determinar si TIGO, la principal empresa de telefonía del país, puede usar sus títulos para el servicio de telecomunicaciones. Por ahora «no pueden, de momento, no», señaló Baten.

Baten indicó que la resolución 664-2020 ya está impugnada (no especificó quién lo hizo) ante el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda mediante dos recursos de revocatoria. De acuerdo con el Artículo 85 de la Ley General de Telecomunicaciones, el MICIVI (instancia decisora en los reclamos ante la SIT) tiene diez días para confirmar, revocar o modificar las resoluciones de la superintendencia. El mismo MICIVI que, según el exsuperintendente Moterrosa, forzó su salida por no firmar la resolución.

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De confirmarse la resolución, Tigo mantendrá sus derechos en la banda, y si la SIT lo ratifica, podrá usarlo para telecomunicaciones, evitándose participar en el ejercicio de subasta que demanda la Ley. Los otros operadores, ya sea presentes o posibles, entrarán a competir con esa desventaja.

Aun así, Tigo está en una posición ambigua: hoy por hoy posee los derechos de usufructo de poco más del 30% de la banda 700, pero no está claro si puede usarlos para realizar telecomunicaciones. Negarse a esta posibilidad y considerar que se debía limpiar y subastar toda la banda le costó, asegura el exsuperintendente, su puesto.

Plaza Pública intentó conocer la postura de Tigo al respecto, pero el departamento de relaciones públicas no respondió para esta publicación.

Cuánto podría perder Guatemala si confirma la compra de Tigo

Estimar la cantidad exacta de recursos que perdería el país si ratifica la compraventa entre Tigo y Televisiete es difícil. «Mil millones... de dólares» adelantó el ex Superintendente Monterrosa en el programa de radio, pero podría ser mucho más, porque el precio lo definirían quienes compitan por los bloques.

La Ley de Telecomunicaciones da libertad a la SIT para definir la forma en que se subastará la frecuencia (artículo 62), y la UIT define hasta diez distintos tipos de subasta, que los estados utilizarán a partir de los objetivos nacionales de desarrollo económico que quieran alcanzar con la asignación del espacio radioeléctrico: asegurar de recursos económicos, cobertura de regiones, impulso de un servicio público (salud, educación), etc.

Según Baten, la subasta también depende de factores como el mercado de usuarios, precio del megahertz según los habitantes y la población a cubrir.  

De cualquier forma, se puede hablar de cientos, sino es que de miles de millones de dólares.

Por ejemplo, en Brasil, el ente regulador del espacio radioeléctrico otorgó el usufructo de 20 Mhz de la banda 700 en todo el territorio a tres empresas, y el derecho sobre 87 municipios a una más (Claro, TIM, Vivo y Algar, respectivamente). Recibió 2,400 millones de dólares a cambio, aproximadamente 18,000 millones de quetzales. Los operadores además pagaron los costos administrativos de limpieza de banda, que suman 1,100 millones de dólares según publicaciones de la gremial 5G Américas.

La subasta del 4G en Chile aplicó un modelo llamado «concurso de belleza». Subastó 70 de los 90 Mhz disponibles, pero además de recursos económicos, solicitó a las empresas cubrir zonas aisladas del país (1,281 localidades) y favorecer con internet a 500 escuelas. Ante la cerrada competencia, Entel (recibió 30 Mhz), Movistar y Claro (recibieron 20Mhz cada una) sumaron 20 millones de dólares, alrededor de 157 millones de quetzales, según 5G américas.

En caso el MICIVI y la SIT de Guatemala decidan permitir a Tigo explotar los 30 Mhz que compró a Ángel González, cambiaría el escenario para iniciar la subasta, porque hay una empresa que ya ganó terreno ante cualquier otro posible competidor. Estimar la cantidad de recursos que esta concesión significaría para Guatemala es complejo, pero los ejemplos de Brasil (retribución económica) y Chile (cobertura e impulso de un servicio) dan un referente.

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La subasta podría significar para el Estado beneficios más allá de lo económico: Podría acortar la brecha digital y conectar a sectores aislados, aspecto que adquiere más importancia ahora que la educación depende de la conectividad al internet.

A lo anterior se podría agregar la posibilidad de ofrecer un mejor y probablemente más barato servicio a los usuarios, los precios podrían ir a la baja en un mercado con más empresas en competencia. Mientras tanto, sólo hay dos platos en la mesa y uno está apartando la tajada más grande.

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