Gobierno hace malabares con banda 4G y beneficia a Tigo
Gobierno hace malabares con banda 4G y beneficia a Tigo
- La banda 700 del espectro radioeléctrico es ideal para implementar la tecnología 4G o 5G
- En Guatemala este espacio radioeléctrico está ocupado por iglesias, bancos, radios comunitarias entre otros. Las recomendaciones a nivel mundial, avaladas por técnicos de la Superintendencia de Telecomunicaciones, sugieren despejarla para poner a subasta.
- En 2020 Tigo compró los derechos para transmitir audio y video que tenía Ángel González (dueño de los canales 3, 7, 11, 12 y Radio Sonora) en la banda 700 y pretende cambiar su uso para datos móviles y 4G.
- El actual superintendente de la Sit ordenó despejar la banda 700, con la excepción de la parte de Tigo. Documentos analizados por Plaza Pública muestran que esta decisión, fundamentada en documentos que no existen, contradice los dictámenes de sus propios técnicos, basados en recomendaciones internacionales.
- La resolución fue impugnada por Claro y el PDH por fraude de ley y violación de la competencia.
- Si la resolución del superintendente se mantiene firme, el Estado de Guatemala dejaría de ganar millones por la subasta.
Documentos prueban que el nuevo superintendente de Telecomunicaciones descartó, sin un razonamiento sólido, reiterados dictámenes de sus propios técnicos, en una decisión que preliminarmente beneficia a por Tigo. Sugerían liberar completamente la banda 700 (ideal para la tecnología 4G) y sacarla a subasta. Con este juego Tigo puede burlar el proceso y ahorrar millones que debería pagar al Estado. La compañía Claro y la PDH protestaron.
—Tigo adquirió títulos de usufructo por audio y video. ¿Por qué le dio a derecho explotar la banda 700 para telecomunicaciones?
—No se les está reconociendo, ni tampoco les estamos diciendo que los pierden.
El que responde es Marco Baten, Superintendente de Telecomunicaciones (Sit), cuya resolución es parte de un juego de malabares que beneficia a Tigo al esquivar, de momento, una subasta de la que el país podría recibir millones de quetzales, mejor internet y más cobertura.
La respuesta, que es ambigua apareció en un reportaje de febrero en este medio. Baten insistía entonces en que él no favorecía a nadie. No obstante, los documentos recibidos por Plaza Pública a través de la Ley de Acceso a la Información, muestran que el razonamiento para su decisión es escaso, o más bien, nulo.
[relacionadapzp1]
Todo el debate inicia con la llamada banda 700 (698 – 806 MHz), el espectro radioeléctrico ideal para tener internet más rápido en todo el país. Claro y Tigo, las dos telefónicas que operan en Guatemala, lo hacen en otras frecuencias, con alcance limitado y por tanto más caro para el usuario. Si pudieran utilizar la banda 700, que ahora ocupan iglesias, bancos, radios comunitarias, radio comercial y televisión, podrían implantar la tecnología 4G e incluso 5G. Esa franja hoy está subutilizada.
La resolución 664-2020, publicada en diciembre de 2020, buscaba aprovechar este espectro. Pero resultó una pieza que se asemeja a un juego de malabares del gobierno que beneficia a Tigo.
Por un lado, la resolución ordena limpiar la banda 700, es decir, sacar de ahí a las iglesias, bancos, radios comunitarias y otros que la subutilizan. Por otro, permite a esta compañía conservar las frecuencias (un tercio de la banda 700) que compró a Ángel González en 2020, el dueño de Corporación Albavisión, propietaria de los canales 3, 7, 11, 13 y Radio Sonora.
La poca claridad creó un purgatorio legal desde que la empresa de telefonía Claro y el Procurador de los Derechos Humanos protestaron: alegan violaciones a la libertad de competencia, a los derechos de empresa y fraude de ley.
[frasepzp1]
La solución tardará en llegar. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) debe resolver este recurso, pero cuatro meses después no ha dado un paso.
El retraso ocurre a pesar de tener en contra un peso pesado como Claro; de los antecedentes planteados por técnicos de la misma Sit; de la debilidad de la resolución; y de que este impasse niega a los guatemaltecos una subasta que traería mejor velocidad, precio y beneficios al consumidor.
[relacionadapzp2]
Durante semanas Plaza Pública intentó conocer la postura de Tigo pero no respondió a las peticiones.
Hay antecedentes: técnicos de la Sit recomendaron limpiar la banda y subastar todo
La Sit tiene una misión clara, es la entidad encargada de administrar y supervisar cómo se explota el espectro radioeléctrico. Marco Baten es su máxima autoridad administrativa. Lo nombraron apresuradamente a finales de 2020 y su gestión arrancó con mucho ruido.
El impasse empieza en 2020, cuando Tigo (Comunicaciones Celulares S.A.) compró a Ángel González, dueño de corporación Albavisión, los derechos de usufructo que él poseía sobre 36 MHz de la banda 700. La compra no fue pública, pero en entrevista a Plaza Pública el actual superintendente lo corroboró.
Para entender el juego de malabares es importante saber algo: El usufructo que Tigo compró a González se otorgó para transmitir audio y video, nada relacionado con datos móviles y mucho menos la tecnología 4G.
Baten tenía pocos días de haber asumido el cargo cuando firmó la resolución 664-2020 que permitió a Tigo conservar los 36 MHz comprados a González. Esta decisión contradice las recomendaciones previas de técnicos de la misma Sit que analizó Plaza Pública: independientemente de quién fuera propietario de las frecuencias y del tipo de servicio que ofrecía, todos debían pasar a otra banda (la 600).
[frasepzp2]
Con ese traslado, queda libre la banda 700 para subasta, y los propietarios no pierden ningún derecho: transmitirán como ya lo hacen. Esta propuesta servía para igualar el terreno para todos a la hora de pujar por el beneficio del espectro que mejor transmite datos móviles.
En una entrevista con Plaza Pública, Baten defendió su decisión aduciendo que era necesario hacer algo para arrancar con el proceso de subasta después de años de impasse. «No había ningún dictamen técnico que te dijera con exactitud qué se debería hacer, solo había opiniones. Con esta resolución eso fue lo que hicimos. Dijimos: “señores, vamos a empezar a trabajar”».
[relacionadapzp3]
A juicio del superintendente, los dictámenes anteriores de la institución que ahora dirige son solo una opinión. Pero al menos tres oficios emitidos por la gerencia de frecuencias de la Sit lo desmienten.
La línea del tiempo para entender la ambigüedad de Baten
Primero, el 4 de septiembre de 2019, el gerente de frecuencias y radiodifusión de la Sit, Elvin Alquejay, respondió en el oficio OFI-Sit-170-2019 a la consulta hecha por Tigo. La telefónica consultó sobre la validez y posibles limitantes a la compra de usufructos en la banda 700. Para entonces aún no había comprado los derechos de usufructo a Ángel González.
En respuesta a Tigo, Alquejay indicó que la Sit reconoce la compraventa en el mercado secundario de frecuencias (la compra a Albavisión). Sin embargo, aclaró que el rango que era de interés de la telefónica estaba dentro de las llamadas «Telecomunicaciones Móviles Internacionales».
Así, el gerente respondió que «para promover y asegurar el desarrollo eficiente de los sistemas móviles en el territorio nacional (introducción de Banda Ancha Móvil), todos aquellos derechos otorgados en usufructo en el rango de frecuencias en mención, independientemente del servicio de radiocomunicaciones que se explote, serán objeto de reubicación».
Es decir, independientemente del uso que le daría Tigo, el título debía pasar a otra banda menos óptima para transmitir internet.
El intercambio continuó. El 6 de junio de 2020, durante los toques de queda, Tigo propuso readecuar la banda 700 de tal forma que ellos conservaran los títulos que pertenecían a Ángel González. Según el plan de la telefónica, la Sit debería sacar a subasta 50 MHz y respetar los 36 que ya compraron.
El gerente de Tigo, Luis Valladares Guillén, expuso por escrito la propuesta de su empresa para conservar los derechos adquiridos y usarlos para ofrecer servicios móviles. En el oficio, remitido a Elvyn Alquejay, el gerente expresó su inconformidad con el traslado de sus frecuencias a la banda 600, alegando que no había tecnología adecuada en el mundo para explotar servicios móviles en esta. En cambio, señalaron que tenían disponibilidad inmediata para explotar por lo menos 12 MHz de la banda 700.
Tigo recalcó que debían respetar la certeza jurídica de su inversión, y que tenía la tecnología adecuada para usar la banda.
Ante este reclamo, el gerente de frecuencias se mantuvo firme. Replicó que las sugerencias técnicas de Tigo eran viables pero no permitían obtener la mayor cantidad de beneficios de la banda, y que los títulos que tenían eran para audio y video.
Ángel González usaba correctamente el usufructo transmitiendo radio y televisión, y si Tigo querían usarlos para transmitir internet, debía contar con un dictamen jurídico y financiero, señaló Alquejay. Además, indicó que habría que sopesar el retraso y la pérdida económica que significaba para el país seguir las recomendaciones de la empresa.
Finalmente, el 3 de diciembre de 2020, pocos días antes de que Baten asumiera el puesto y aprobara la nueva resolución a la que él se refiere como «el punto cero», el técnico de frecuencias Jorge Ávila indicó al coordinador de comprobaciones radioeléctricas de la Sit que siguiera las recomendaciones hechas desde hace más de tres años: trasladar a todos los usuarios de la banda 700 (24 en total) en la banda 600, para liberar y subastarla completamente.
Es difícil calcular cuánto podría obtener el Estado de esta subasta. En Brasil, por ejemplo, el ente regulador del espacio radioeléctrico otorgó el usufructo de 20 Mhz de la banda 700. Recibió 2,400 millones de dólares a cambio.
Para Ávila estaba «claro que en cumplimiento de la normativa internacional la única forma de aprovechar eficaz y racionalmente es dejándola libre de derechos de radiodifusión, para la introducción de nuevos derechos, para su explotación del servicio móvil».
A pesar de esta colección de antecedentes, en una nueva consulta, Baten mediante un escrito enviado a Plaza Pública, insiste en que «no existen resoluciones distintas a las emitidas por despacho (su oficina). Lo que existe son solo consultas y opiniones que no tienen relación directa al reordenamiento y las mismas no son vinculantes».
[relacionadapzp4]
El juego de malabares no para ahí. Además, Baten basó su decisión sobre un documento que no existe.
La resolución se basó en un dictamen jurídico que no existe
Baten llegó a la Superintendencia y no reparó en medios para firmar la resolución 664-2020. De hecho, algunos considerandos de la misma resolución aluden a documentos internos que oficialmente no existen, y a recomendaciones internacionales que no cita, lo que contrasta con al meticulosidad de sus técnicos para citar las referencias.
Lo firmado por Baten alude a un dictamen de la gerencia jurídica del 11 de diciembre de 2020, que reconoce la necesidad de readecuar todos los usufructos en la banda 700, independientemente del uso que le den. Contradictoriamente, el mismo documento avalado por el superintendente indicó que, según las recomendaciones internacionales, deben respetar los derechos adquiridos por un operador de servicios móviles en la banda 700.
Debido a que el documento contiene dos afirmaciones contrarias (por un lado cita recomendaciones internacionales que piden despejar la banda, y por el otro defiende que Tigo conserve ese espacio), Plaza Pública pidió a la Sit el sustento técnico de la resolución del 11 de diciembre. La gerencia jurídica indicó que en sus archivos no existe tal documento.
Además, la protesta de Claro cita dos antecedentes internacionales que recomendaban limpiar por completo la banda: un acuerdo multilateral de Centroamérica y del Caribe firmado en Belice el 14 de septiembre de 2018; y la recomendación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-R M. 1036-6), el máximo organismo que establece rutas para optimizar el uso de las telecomunicaciones a nivel mundial.
[relacionadapzp5]
Por vía escrita se preguntó a Baten si su resolución estaba basada en datos imprecisos y contrarios a los documentos citados por Claro. Aseguró que no hay «ninguna contravención, debido a que lo que emite la UIT y otras entidades internacionales son recomendaciones que deben de adaptarse a la realidad de cada país miembro».
En cuanto al dictamen inexistente, aseguró que no es un problema, que «simplemente se consignó una fecha errada de dicho dictamen en la resolución. Sin embargo, ningún dictamen, acuerdo u otro antecedente que se haga mención en la resolución 664-2020 es base para crear dicha resolución».
Baten favoreció a Tigo y Claro lo sabe
En un expediente de 197 páginas, Claro planteó que la resolución benefició a Tigo y perjudicó su libertad de comercio y empresa, señalando además que Baten tiene un conflicto de interés que lo hace no idóneo para ocupar el puesto.
Baten es inapropiado para el cargo, según Claro, porque hasta noviembre de 2020 trabajaba para Guatel, entidad registrada como operador de servicios de telecomunicaciones. De acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Telecomunicaciones, no debió ser nombrado, pues una limitante para asumir el cargo es haber “representado o defendido los intereses de empresas operadores o comercializadores de servicios de telecomunicaciones dentro del año anterior a la fecha de su nombramiento.”
La acusación de Claro indica que desde 2012 manifestó a la Sit el interés por participar en la subasta de la banda 700. Argumentan que si no compraron derechos en el mercado secundario (tal como lo hizo Tigo), fue por obedecer los procesos definidos por la Superintendencia.
Al permitir a Tigo conservar derechos en la banda 700, Claro cree que Baten «beneficia a dicho operador con un reordenamiento que le otorga un par de frecuencias con un ancho de banda de 15 MHz de subida más 15 MHz de bajada». Es decir, privilegiar a su competidor.
A la queja de Claro se suma un recurso del Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, que pidió revocar la resolución alegando que la subasta estaría incompleta y por tanto es un fraude de ley. Sostiene además viola el principio de igualdad y de competencia.
La cantidad de argumentos y evidencia presentada contra la resolución se acumulan, pero el superintendente Baten no se inmuta. Considera que el Micivi deberá evaluar cada argumento, pero aclara que «Telecomunicaciones de Guatemala (Claro) no es usufructuario de la banda 700, por lo cual no se vulneró ninguno de sus derechos».
Respecto al debido proceso, Baten asegura que la resolución fue notificada a todos los usufructuarios que tienen derechos sobre la banda 700, «y siendo ellos legitimados para impugnar no plantearon ningún recurso pues no se ha vulnerado ningún derecho».
[relacionadapzp6]
Ante la acusación de fraude de ley, se limitó a negarla. Concluye que como encargado del espectro radioeléctrico sigue «firme en la resolución, pues es el comienzo del reordenamiento… Estamos a espera de lo que se resuelva por parte de la entidad que corresponde en estricto respeto a la ley».
Comunicaciones no resuelve y la Sit «tardará años» en definir cómo utilizan la banda
Aunque los recursos fueron interpuestos hace más de cuatro meses, el Micivi aún no los resuelve. Baten fue nombrado directamente por el ministro de Comunicaciones, y según el superintendente anterior, José Monterrosa, fueron las autoridades de esa entidad, en particular, el viceministro Rodolfo Letona, quien más lo presionó para firmar la resolución.
Monterrosa dijo a Soy502 que el mismo presidente Alejandro Giammattei fue tajante en señalar que la resolución debía ser firmada «porque no podía perder su preferencia con ciertos canales», en aparente alusión a los usufructos que Tigo compró a Ángel González.
Aunque los recursos planteados deberían suspender los derechos de usufructo en la banda, y paralizar el uso y explotación de las frecuencias, no hay certeza de que haya sucedido.
Plaza Pública solicitó a la Sit los resultados de los monitoreos de frecuencia realizados a la banda 700 entre enero y abril. La respuesta, firmada por el coordinador de comprobación radioeléctrica, Herbert Arizandieta, es un baño de realidad: «debido a la envergadura del trabajo a realizar, los resultados finales podrían llegar a demorar varios meses o años, por estar las supervisiones supeditadas a la disponibilidad de personal técnico, viáticos, etc.».
En resumen, no saben si Tigo ya usa la banda 700.
El futuro de internet y la implementación de la tecnología 4G será el resultado de una batalla entre dos gigantes, y de momento apunta a que ningún árbitro pondrá primero ni el interés del Estado, ni mucho menos el público.
Más de este autor