La rápida caída en desgracia de una subdirectora del Minfin

El miércoles después de mediodía, Nohemí Jeannette Portillo Pazos de Escobar recibió un correo electrónico de Plaza Pública. Casi al mismo tiempo, en el buzón del ministro de Finanzas, Pavel Centeno, entró otro.

Se les interrogaba por un asunto delicado.

Después de una carrera en el Ministerio de Finanzas que comenzó hace 30 años, el 1 de abril de 1982 en lo que hoy es Auditoría Interna, Portillo Pazos había llegado a ocupar el cargo de subdirectora normativa de Compras y Adquisiciones del Estado. Pero en los tres últimos años, de 2009 a 2011, Portillo Pazos se había convertido en proveedora de ese mismo Estado: de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos. El conflicto parecía obvio no sólo porque el artículo 19 de la ley de Probidad en su inciso C, prohíbe que cualquier funcionario reciba directa o indirectamente, beneficios originados de contratos, concesiones o franquicias que celebre u otorgue el Estado. También por su cargo: era una de las principales encargadas del órgano rector del Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público, el que vela por los intereses del Estado y propone reglas claras en el marco de la transparencia.

Los hechos por los que se preguntaba en los correos electrónicos eran los siguientes: Portillo Pazos es propietaria de tres empresas de seguridad privada que entre 2009 y 2011 le brindaron servicios a la Oficina del Procurador de los Derecho Humanos, cuyo titular es Sergio Morales.

Esos servicios, por los que según Guatecompras, el PDH pagó Q9 millones, eran muy variopintos. Las empresas de Portillo Pazos le alquilaban a la oficina del defensor del pueblo vehículos de tipo agrícola, desarrollaban investigaciones sobre violencia y muertes o abusos contra los migrantes o trata de personas, pero también sobre la atención médica a pacientes con VIH/Sida, las desapariciones forzadas o las adopciones ilegales, y le suministraban mensajeros: cada factura detalla el cobro de 14 mensajeros; hay meses en que hay más de una factura.

La mayoría de los servicios lo ofrecían indistintamente una empresa o las otras. No ocurría así con los guardias de seguridad privada. La PDH los contrataba conSistemas de Seguridad Sociedad Anónima, la única de las compañías de Portillo Pazos que, en febrero de este año, aparecía registrada en el Ministerio de Gobernación como empresa de este tipo.

Todos los contratos que sus empresas recibieron fueron, según Guatecompras, mediante el procedimiento de la compra directa y la mayoría por facturas cercanas a los Q30 mil, aunque en ocasiones se emitía más de una factura al mes, en un signo de fraccionamiento. Hasta 2009, Q30 mil era el monto máximo que la Ley de Contrataciones permitía en este tipo de adquisiciones que no exigían un concurso público. En aquel momento se aumentó a Q90 mil.

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En el 27–69 sobre la 23 avenida de la zona 5 hay un portón grande en una casa de dos niveles pintados de rojo descascarado, sucio. Las ventanas caídas dejan ver cortinas desgarradas, casi en el suelo. Aquí se deberían encontrar, según los registros de Guatecompras, las tres empresas de seguridad de Portillo Pazos que la PDH contrata, y según las patentes de comercio, dos.

Aquí debería estar, en principio, Sistemas de Seguridad, S.A., creada en 1990, y de cuyo consejo de administración es presidente desde 2008 el capitán segundo de infantería Ronal Wilfredo Portillo Pazos, mientras su esposa, Martha Damaris Cordón Madrid, y su hermana Nohemí Jeannette Portillo se turnan en el cargo de gerente general. Una empresa de la que en 2011, los Portillo Pazos se declaran como accionistas únicos.

Aquí debería estar, también, Comandos de Seguridad J.D., creada en 1995 a nombre de Nohemí Leant Portillo Pazos, su viejo apelativo, y de Martha Damaris Cordón (según el Registro de la Propiedad, el capitán es asimismo miembro de la sociedad). Y también debería encontrarse en este lugar Sistemas de Seguridad (Copropiedad), cuya patente comercial data de 2006 a nombre de los hermanos Portillo Pazos.

Según Guatecompras, que toma en cuenta el último domicilio fiscal, las tres deberían estar aquí. Según las patentes, sólo la primera, Sistemas de Seguridad S.A., está nueve avenidas más allá, en la 14 avenida 24–11 de la zona 5. Pero ninguna de las tres está aquí.

Un hombre de unos 25 años abre la puerta.

–¿Están aquí las empresas Sistemas de Seguridad?

–No, ¿por qué pregunta?

–Estoy averiguando. ¿Entonces no hay aquí ninguna empresa?

–No, ninguna.

Ninguna de las tres empresas que según Guatecompras recibieron casi Q9 millones están en el lugar en el que según Guatecompras deberían estar. Eso significa, si los datos del portal son correctos, que nunca estuvieron o nunca notificaron el cambio.

Ninguna, tampoco, parece haber sido constituida para ofrecer la mayoría de los asuntos por los que obtuvo esas retribuciones. Según sus patentes, sus objetos eran, en suma, los servicios de seguridad y vigilancia a la propiedad privada mediante policía privada, la protección y el traslado de valores, las investigaciones policiales, la venta, el arrendamiento y el mantenimiento de bienes relacionados, la instalación de equipos electrónicos y un centro de profesionalización de personal.

Entre 2009 y 2011 Sistemas de Seguridad, S.A., autorizada por la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación, recibió Q5,595,000 de la PDH en contrataciones directas de guardias privados e investigaciones especiales sobre temas como pacientes con VIH/Sida y trata de personas. Por cada una de estas investigaciones, la Oficina del Procurador desembolsaba 28 mil 375 quetzales.

En el sitio web de la PDH es posible encontrar algunos “informes especiales” que van firmados por la Dirección de Estudio, Análisis e Investigación. En varios casos coinciden con los temas que se le encargaban a la empresa. Compuestos en esencia por estadísticas producto de revisión de periódicos y revistas, son un compendio de datos sin analizar. Por ejemplo, el 14 de septiembre de 2011, Guatecompras registra tres publicaciones y tres facturas por investigaciones especiales sobre el tema de "muerte violenta de pilotos", solicitado por la dirección administrativa. Y el 13 de octubre, esa dirección publica el Informe sobre homicidios de personas relacionadas al transporte urbano, diez páginas que muestran en tablas las estadísticas de crímenes hasta septiembre.

Por su parte, Sistemas de Seguridad (Copropiedad), obtuvo en ese mismo periodo 82 contratos directos por Q2,281,000 quetzales por alquiler de carros con doble tracción e investigaciones en los mismos temas por lo que se contrata a la otra empresa.

Comandos de Seguridad J.D., cuya función declarada es la de brindar servicios de vigilancia y asesorías de seguridad, le ofrecía a la PDH, entre otros, servicios de mensajería por los que cobraba Q25 mil 550 cada quincena. En tres años, según los datos de Guatecompras, se le adjudicó casi un millón de quetzales por todos sus servicios.

Guatecompras, no obstante, parece contener algunos errores y haber duplicado el registro de algunos pagos. Hay números de facturas que aparecen repetidos y sumados en tantas ocasiones como veces se repiten. Después de eliminar los registros redundantes, la cifra de lo que cobraron las tres empresas en tres años ascendió a Q7,382,625, casi un millón de dólares, según el cálculo de Plaza Pública.

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Portillo Pazos de Escobar no respondió al correo electrónico. Una vez fue localizada por teléfono pero se excusó y pospuso la conversación, hasta que ya no volvió a contestar. Se la buscó, también, en la 14 avenida 24–11 de la zona 5, la dirección registrada por Sistemas de Seguridad, S.A., en la que en la patente y en el Ministerio de Gobernación, pero no en Guatecompras.

Había tres motos con el logotipo de la empresa y un hombre corpulento que salió de la casa.

–Buscamos a Jeannette Portillo.

–Ella no se encuentra. No llega seguido.

–¿Ustedes dan servicio de agentes de seguridad?

–Sí –dijo mientras cerraba la puerta y desaparecía detrás de ella.

Sí respondió, en cambio, el ministro de Finanzas, Pavel Centeno, al mensaje electrónico y después a una llamada telefónica el mismo miércoles, con celeridad. Se encontraba de viaje  pero al enterarse de los resultados preliminares de la investigación, desde el extranjero pidió, según sus palabras, que se destituyera inmediatamente a Nohemí Jeannette Portillo Pazos de Escobar, la subdirectora normativa de Compras y Adquisiciones del Estado que durante tres años fue proveedora mediante tres empresas de la PDH junto con su hermano y su cuñada.

“Cuando se le informó”, aseguró al teléfono el ministro, “ella decidió renunciar. Es una situación que debimos de haber comprobado y no es sostenible que no nos pudiéramos haber dado cuenta. Pero llevamos sólo unos meses y estamos verificando cosas. Por ejemplo, relaciones familiares. Ya hemos hecho algunas destituciones correspondientes. Todos han recibido el mensaje de cero tolerancia contra la corrupción”.

“¿Se quedará contento su Ministerio con la renuncia?”

“Vamos a investigar cuáles son las responsabilidades durante el tiempo en que fue subdirectora y contratista, y después haremos lo que proceda”, respondió Centeno. “Ella cometió un doble error: conociendo la ley, se puso como mandataria o representante de unas empresas que eran proveedoras del Estado. Y omitió darle información al despacho de que ella estaba trabajando así”.