«No hace falta pasar mucho tiempo en países en desarrollo para observar que sus sociedades son una mezcolanza, pues combinan lo productivo con lo improductivo, el primer mundo con el tercer mundo», afirma Dani Rodrik.
Guatemala es vivo ejemplo de esa fragmentación cultural, social, política y económica que implica el concepto de dualismo estructural, especialmente ahora que se discute la posibilidad de reconocer el llamado pluralismo jurídico: la posibilidad de reconocer la existencia de formas de resolución de conflictos y de regulación social diferentes a las del sistema jurídico formalmente sancionado.
La propuesta del pluralismo nace de la realidad dual de muchas comunidades indígenas que mantienen sus formas de organización y autoridad y que, aunque están al margen de la institucionalidad, tienen más capacidad de acción y mayor legitimidad que las autoridades oficialmente reconocidas. Un caso concreto es la alcaldía indígena de Sololá, que tuve la oportunidad de visitar en diciembre pasado, justo en el momento en el que los 71 alcaldes comunitarios terminaban su período de un año de servicio ad honorem, con reuniones semanales y muchas horas de servicio comunitario y de mediación de conflictos, todo ello en sí mismo una impresionante tarjeta de presentación.
Nosotros hemos visto durante este año [2016] más de 3 000 problemas: separación de parejas, caminos peatonales, agua potable, violación de las mujeres, accidentes, asesinatos, extorsión… De todo. Y gracias a Dios hemos resuelto todos los problemas de forma limpia. No hemos dejado pendiente nada. Porque nosotros buscamos la reconciliación.
Representante de la alcaldía indígena, 9 de diciembre de 2016
Mientras la autoridad informal resuelve problemas y cuenta con la legitimidad y la confianza de las comunidades, la autoridad formal, con todos sus recursos y el reconocimiento del Estado, exhibe un nivel muy bajo de impacto social.
Aquí la administración nuestra no le cuesta ni un centavo al Estado. Hace poco nos hicieron una exposición de la municipalidad de Sololá, que recibió 21 millones de quetzales en 10 meses. ¿Qué impacto tuvo ese dinero en el municipio? En cambio, si nosotros acá redondeáramos mil quetzales para cada alcalde, los 71 alcaldes costarían menos de un millón de quetzales al año. Un diputado gana como medio millón al año. Sería el sueldo de dos diputados para sostener esta administración comunitaria».
Representante de la alcaldía indígena, 9 de diciembre de 2016
El cargo de autoridad indígena lleva costos económicos y sociales muy altos para cada alcalde comunitario, ya que debe dedicar mucho tiempo a resolver problemas de la comunidad, lo cual habla de una vocación de servicio envidiable. «Aquí queremos personas maduras. Aquí no se quieren trabajadores que vengan a prestar un servicio. Si son trabajadores, tienen un horario. Nosotros, en cambio, tenemos servicio las 24 horas los 365 días del año. No tenemos horario. No tenemos días. No tenemos feriado ni vacaciones ni aguinaldo ni bono 14. Nada. Servimos de todo corazón a nuestra comunidad. Aquí nadie está sentado porque esté obligado. Servimos porque nos han servido alguna vez. Estamos devolviendo esa reciprocidad». De hecho, los registros históricos disponibles demuestran que este sistema alterno de resolución de justicia data de mucho tiempo antes de la fundación del Estado de Guatemala: el acta comunitaria más antigua disponible data de 1743.
Por lo tanto, lo único que hace la propuesta 5179 de reforma constitucional es reconocer ese dualismo institucional que existe de hecho, aunque el Estado se haya negado sistemáticamente a reconocerlo oficialmente: muestra inequívoca de un profundo racismo y de una ignorancia ilustrada que exhiben quienes rechazan la posibilidad de reconocer todo aquello que no logran entender. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Más de este autor