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La represión que ejerció la PNC y el nombramiento exprés de Mazariegos

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La represión que ejerció la PNC y el nombramiento exprés de Mazariegos

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Esta es la cuarta entrega de la investigación relacionada con los mecanismos que son utilizados en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) para cooptar posiciones de poder.

Este capítulo narra la represión que la Policía Nacional Civil (PNC) ejerció en el Parque de la Industria contra estudiantes, docentes y electores de planillas distintas a la de Walter Mazariegos, mientras las autoridades de la universidad declaraban rector electo a Mazariegos, a pesar de que incumple el requisito de cinco años de ejercicio docente, como mínimo, que exige la Ley de la universidad para ser rector.

También se expone cómo las mismas autoridades de la Usac causaron confusión entre los electores para garantizarse que el decano de Humanidades y sus electores fueran los únicos que participaran en la votación del 14 de mayo.

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El 14 de mayo, en el Parque de la Industria, después de que 72 personas votaron para que Walter Mazariegos fuera el nuevo rector de la Usac, la Comisión de Escrutinio integrada por la estudiante de Derecho, Adelupe Jocabed Rojas Castillo y el elector del Colegio de Contadores Públicos y Auditores (CPA), Carlos Humberto Cotufa Reyes, tardó un minuto en «revisar» si Mazariegos cumple con los requisitos para el cargo. La supuesta revisión consistió en que el rector en funciones Pablo Oliva les mostró un fólder con documentos.

Uno de los impedimentos para que Mazariegos pudiera ser electo como rector es que no cumple con el requisito de haber ejercido la docencia por cinco años, como mínimo. Los documentos de la Facultad de Humanidades que Oliva mostró a Rojas y Cotufa refieren que Walter Mazariegos fue nombrado hace 20 años como catedrático; sin embargo, el decano pidió varias licencias y hasta la fecha no supera los tres años de ejercicio docente.

Sobre lo anterior, se buscó cuestionar a Carlos Cotufa, pero al contactarlo vía telefónica, pidió que se le marcara horas más tarde. Sin embargo, a la hora acordada desvió todas las llamadas.

El 25 de mayo, el grupo de Mazariegos dio otro empujón al rector electo. El Consejo Superior Universitario (CSU) conoció una solicitud para convocar a un nuevo proceso, debido a las anomalías registradas en el Parque de la Industria; también, un recurso de reposición contra la elección de Walter Mazariegos y ocho recursos de revisión en el mismo sentido, de los cuales tres cuestionaban el hecho de que el decano de Humanidades incumple con el mínimo de cinco años de ejercicio docente.

Las diez acciones legales fueron rechazadas por mayoría. Consejeros de oposición señalaron que quienes votaron por este rechazo, fueron los mismos que en las últimas sesiones apoyaron a Mazariegos. Sin embargo, desde el 23 de mayo las votaciones en el CSU quedaron ocultas, por lo que se desconoce quiénes votaron por rechazar los recursos.

En la sesión del 25 de mayo, el secretario general, Gustavo Taracena, no compartió a los integrantes del CSU los documentos de los recursos donde se detallan las razones contra la elección del rector. Únicamente tuvieron a la vista los dictámenes firmados por Luis Cordón, los cuales concluían que los recursos debían declararse «sin lugar». Los dictámenes que se refieren a los años de docencia de Mazariegos son el DAJ 04-2022, DAJ 02-2022 y el DAJ 07-2022.

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El 21 de junio, tras la sesión del CSU en la que este órgano nombró a Héctor Hugo Pérez Aguilera como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) en el hotel Grand Tikal Futura, Plaza Pública buscó a Walter Mazariegos para cuestionarlo sobre el incumplimiento de los años de ejercicio docente, pero se negó a responder en esa oportunidad. Mazariegos dijo que el 24 de junio daría una fecha para una entrevista presencial en la que daría sus explicaciones.

Sin embargo, en la fecha acordada el decano de Humanidades solicitó que las preguntas fueran enviadas por escrito y no ofreció la opción de una entrevista en persona en la que se le pudiera cuestionar, como se acordó el 21 de junio. Plaza Pública le manifestó que ese no fue el acuerdo y que una comunicación por escrito a través de WhatsApp no sería el método adecuado para plantearle las preguntas que el rector electo debe responder.

El mismo 24 de junio, Isabel Rojas, profesora en la Facultad de Humanidades e integrante del grupo Innova, llamó por teléfono al reportero que firma esta nota para «coordinar una información» a petición de Mazariegos. Se le preguntó si Walter Mazariegos daría la entrevista de manera presencial y dos días después, Rojas respondió que el decano de Humanidades no daría espacio para la entrevista por falta de espacio en su agenda.

Los dictámenes que fueron rechazados hace un mes aportan más elementos sobre lo que ocurrió el 14 de mayo en el Parque de la Industria, donde a través de confusiones, represión policial y la colaboración de los administradores del Parque, el grupo afín a Mazariegos logró que el decano de Humanidades fuera el único candidato participante en la elección y que en el acto solo participaran electores de Walter Mazariegos y del grupo Identidad Sancarlista.

El dictamen DAJ 08-2022 que sirvió para declarar sin lugar un recurso de revisión  donde se solicitaba anular la elección del 14 de mayo, presentado por la planilla de docentes de la Facultad de Veterinaria fue elaborado por la asesora Marlen Gómez Scala. Es casi una burla a los electores, pues ellos habían señalado que les fue imposible ingresar al Parque de la Industria debido a la violencia ejercida por los antimotines de la PNC. Uno de los electores, a quien el dictamen no identifica, señaló que fue golpeado por la policía.

A pesar de la violencia ejercida para que no entraran al recinto de la votación, un extracto del dictamen de la abogada Gómez señala a los electores agredidos de incumplir sus funciones: «En el expediente no obra denuncia presentada ante las instancias competentes que justifique el incumplimiento de asistir, acreditarse y ejercer el cargo para el que fueron electos, a sabiendas que la responsabilidad derivada del cargo como elector compromete a quien lo ostente a denunciar la comisión de hechos que puedan ser constitutivos de delito como violencia, coacción o amenaza que puedan determinar el resultado de la elección».

Gómez, además, dijo que los hechos ocurrieron frente a la puerta 4 del Parque de la Industria y se contradice en el documento. Al referirse a las agresiones denunciadas por los electores, la abogada indica «cabe resaltar que los hechos relacionados se dieron en la vía pública». Pero las agresiones también ocurrieron dentro del Parque, pues el docente de Medicina, José Luis Chen, fue detenido dentro del recinto, donde decenas de antimotines y agentes de la PNC portaban rifles lanza gases y armas de fuego.

En el informe de la «Comisión Observadora» de la elección, firmado por el decano de Odontología, Kenneth Roderico Pineda Palacios; el estudiante de Derecho, Oscar Eduardo García Orantes y el estudiante de Ciencias Económicas, Julio Armando Saavedra González se indicó que el acto de votación fue «democrático y sin ningún contratiempo». Sin embargo, se omitió ahondar sobre la represión policial sufrida por los electores que no pudieron entrar al recinto.

Aunque el informe lo asegura, la actividad no fue democrática, pues desde abril  quedaron fuera 99 electores de manera anómala  y en la elección solo participó un candidato, Walter Mazariegos, debido a la represión ejercida en el lugar de votación.

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El informe lo elaboró el decano Pineda, quien aseguró que llegó al Parque de la Industria a las 8:30 horas y observó que por la puerta 4 era imposible ingresar, luego aseguró «me llamaron para indicarme que podría entrar por la puerta 1» por la cual finalmente ingresó al salón 10. Sin embargo, no precisó quién lo llamó para indicarle por dónde ingresar. Los demás electores y consejeros quedaron fuera de la actividad porque se les informó que el ingreso debía ser por la puerta 4, la cual en todo momento estuvo bloqueada por agentes de la PNC y antimotines.

Pineda agregó que vio la presencia de manifestantes con y sin capuchas que portaban hachas y bates, así como personas con gorros pasamontaña, pero no explicó en dónde se encontraban estas personas. Aseguró que dentro del Parque había personal de seguridad privada y agentes de la PNC, pero que desconoce quién los contrató y convocó.

El actuar del estudiante de Ciencias Económicas, Julio Saavedra, es contradictorio, pues aunque su nombre aparece avalando el informe de la «Comisión de Observadora» en el que no se dan detalles de lo que ocurrió el 14 de mayo, dos días después firmó (junto con otros 13 consejeros) un comunicado en el que se señaló el «posible contubernio» entre las autoridades de la Usac y el gobierno para llevar a cabo la elección de Walter Mazariegos.

En cambio, el rector en funciones, Pablo Oliva, en el informe que presentó al CSU omitió todos los detalles sobre la represión y presencia de personas con gorros pasamontaña y agentes de la PNC. El 15 de junio, cuando en el Congreso un reportero lo cuestionó sobre la presencia de encapuchados en el Parque de la Industria, Oliva declaró «no sé exactamente a qué se refiere, pero esos procesos se están ventilando en los tribunales».

En una nueva rueda de prensa el 21 de junio, Oliva aseguró que el 14 de mayo en el Parque de la Industria no observó la presencia de personas con armas y gorros pasamontaña, ni la represión que la Policía ejerció contra estudiantes, docentes y electores de planillas diferentes a las de Walter Mazariegos, y que por eso no lo consignó en su informe.

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