La Usac, un edificio que nunca se construyó, Q12 millones en peligro y unas elecciones a rector

El 25 de abril pasado, los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) y los implicados en el proceso de licitación e investigación de la construcción de un edificio de laboratorios en el Cunoc,  dejaron de responder a las llamadas y los mensajes de Plaza Pública. El objetivo era preguntar por la construcción, adjudicada en 2014 y que nunca llegó a construirse. Un día antes, algunos de los participantes en el proceso y posterior investigación, así como integrantes del Consejo (que en sus últimas dos sesiones ha debatido sobre el caso) prometían dar su versión. Pero llegó el día 25, a una semana de la elección de los cuerpos electorales que conformarán el cónclave que escogerá al próximo rector el próximo 7 de junio, y se impuso el mutismo. Algunas de las fuentes se excusaban, argumentando no querer calentar más el ambiente de cara a la elección. Otras, que la víspera se habían mostrado entusiasmadas con la posibilidad de ofrecer información, simplemente dejaron de responder.

Se impone la ley del silencio sobre un edificio que nunca se levantó y por el que la universidad estatal ya ha pagado un anticipo Q12 millones.

Un resumen de los acontecimientos: La construcción se aprobó en 2014, durante los últimos meses de Estuardo Gálvez Barrios como rector. La oferta ganadora presupuestó el proyecto en Q64 millones. La Usac pagó Q12 millones a Cocisa S.A. —la compañía ganadora de la licitación— en concepto de adelanto. Pero la Auditoría Interna de la universidad recomendó paralizar la obra tras detectar irregularidades en el proceso, tras verificar que la Junta de Licitación modificó las cifras originales de la oferta. El caso pasó a la Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGCN), que presentó una denuncia ante el Ministerio Público en 2015. Los laboratorios nunca se construyeron, Cocisa se niega a devolver el dinero del adelanto, y un tribunal de arbitraje —a donde fue llevado el caso— analiza cómo resolverlo. Pero en el contexto de las elecciones a rector, el CSU ha tenido que retomar el asunto y discutir si se adhiere a la denuncia penal, como sugieren algunos de sus integrantes.

El mismo día en el que los celulares dejaron de contestar, el máximo órgano de la Usac celebró un tenso encuentro en el que se decidió que el 7 de mayo realizará una sesión extraordinaria para abordar el asunto. No quieren que este debate afecte a las elecciones internas en una institución que, por atesorar tanto poder político siempre ha estado en el ojo de diferentes grupos de interés.

El miércoles, 2 de mayo, están previstas las elecciones de los cuerpos electorales que escogerán al próximo rector. Todas las fuentes consultadas asumen, de una u otra manera, que el caso se ha revivido para influir en estos comicios.

El reglamento de elección a rector funciona con base a cuerpos electorales, que se reunirán en cónclave el próximo 7 de junio. Tres son los aspirantes a suceder a Carlos Alvarado Cerezo en la rectoría: Murphy Olympo Paiz Recinos, Carlos René Sierra Romero y Hada Mariela Alvarado Beteta.

Fuentes de la universidad, a cambio del anonimato, señalan que existe una orden verbal a los cuadros intermedios (de una autoridad que no identifica) de mantener el silencio sobre el caso.

Una cronología basada en documentos oficiales

La reconstrucción de la cronología se basa en los documentos publicados en Guatecompras, informes de la Dirección de Asuntos Jurídicos, actas del CSU y comunicaciones oficiales entre la Usac y la empresa que resultó adjudicataria. El único de los participantes en el proceso de licitación que accedió hablar con Plaza Pública fue el exrector Gálvez Barrios.

Todo comienza a finales de 2013. El 27 de noviembre se publica en Guatecompras el proyecto “Construcción de un edificio para clínicas, laboratorios y aulas puras, para las escuelas de Medicina y Odontología del Centro Universitario de Occidente, con sede en la Ciudad de Quetzaltenango, de la Universidad de San Carlos de Guatemala”.

Al concurso se presentan tres empresas: Constructora de Obras Civiles, Sociedad Anónima (Cocisa S.A.), Constructora Vides y Grupo Beta Constructores. Esta última es descartada por la Junta de Licitación.

La Junta estaba compuesta por: Mario Alexander Velásquez Pérez, Rolando Grajeda Tobar, Álvaro Amilcar Folgar Portillo, Henry Manuel Arriaga Contreras y Manfredo Chavarría Linares.

El 21 de enero de 2014, los licitadores comunican a Cocisa S.A. la existencia de errores aritméticos en su oferta. La compañía había planteado un presupuesto de Q68,001,488.52, el que  con las correcciones, fue reducido a Q.64,120,730.37.

Tras la aceptación de la empresa, la Junta de Licitación adjudica el proyecto a esa empresa.

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El 29 de enero, según el acta 2-2014, el CSU aprueba las decisiones de la Junta, la suscripción de un contrato y el pago de un anticipo por el 20% del total a la empresa adjudicataria. En aquel encuentro se encontraban presentes dos de los tres candidatos a rector: Paiz Recinos, entonces decano de Ingeniería, y Sierra Romero, representante del Colegio Profesional de Médicos Veterinarios.

El 10 de abril se firma la escritura pública número 12 ante el notario Eddy Giovanni Miranda Medina, en la que se oficializa el contrato de obra.

El 12 de junio, la Usac entrega a Cocisa un cheque por Q11,450,130.42, a lo que se suma el IVA de Q1,374,015.65, lo que hace un total de Q12,824,146.07, en concepto del anticipo acordado.

El 27 de junio, Alvarado Cerezo, quien ocupaba el cargo de Secretario General de la universidad cuando se realizó el negocio, toma posesión como nuevo rector, en sustitución de Gálvez Barrios, quien ocupó el cargo entre 2006 y 2014.

Apenas 20 días después de que Alvarado Cerezo se estrenara como rector, comienzan los problemas. El 15 de julio, la comisión de Auditoría Preventiva de la Usac solicita suspender temporalmente el proceso para estudiar algunas irregularidades detectadas.

El 30 de julio, en la segunda sesión de CSU presidida por Alvarado, se accede a la petición de la auditoría.

El 3 de septiembre, la auditoría emite un informe en el que considera que “en el proceso de compra se incumplieron procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, que no fueron subsanados en su oportunidad, por lo tanto, Auditoria Interna se exime de responsabilidad de cualquier señalamiento futuro por el ente fiscalizador; asimismo, la responsabilidad de dicho proceso corresponde a la Junta de Licitación, División de Servicios Generales y la Dirección General de Administración”.

En octubre llega el informe de la Contraloría General de Cuentas, en el que se detallan dos anomalías relacionadas con el Control Interno y tres más con el cumplimiento a Leyes y Regulaciones Aplicables.

La principal irregularidad detectada es la modificación del precio final. Los auditores del Estado consideran que en la oferta de Cocisa se observó “un incumplimiento a requisito fundamental ya que existen errores aritméticos en la integración de precios, en el programa cronológico de inversión y ejecución y en sus anexos”.

La respuesta de la Usac es que las bases de licitación permiten corregir errores aritméticos, que esta modificación implicó un beneficio de Q4 millones para sus arcas y que no supuso “ninguna alteración a las especificaciones y la calidad de la obra”.

“Es importante indicar que el numeral 11.3 de las Bases de Licitación establece que 'serán considerados no subsanables el no cumplimiento de requisitos que se consideran básicos’, sin embargo, en el presente caso no estamos ante un ‘no cumplimiento de requisitos’ sino ante un error aritmético, esto quiere decir que el requisito sí se cumplió pero que no tenía una falla aritmética, esto a su vez necesariamente implica que no estamos ante algo que fue subsanado debido a su no cumplimiento es decir a su no existencia, sino que estamos ante  una corrección de lo existente”, se excusaban los responsables de la Usac.

Estos argumentos no convencieron a la Contraloría.

“Los argumentos presentados por las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala no son suficientes para el desvanecimiento del resultado, derivados a los errores presentados en la oferta ganadora, el cual modifica montos, que como resultado el valor de su oferta no es el real, así como el cálculo del factor de la obra no es el correcto, lo que implica que existió error en la presentación de los requisitos fundamentales (…) por lo que esta oferta debió rechazarse en su momento”.

El numeral 11.3 de las Bases de Licitación indica que “cualquier error u omisión que pueda alterar la sustancia de la oferta o mejorarla” es “motivo de descalificación automática del proceso de licitación, sin discusión alguna”.

La Contraloría también llama la atención sobre el hecho de que la Usac no ha presentado un documento actualizado que respalde la propiedad del terreno en donde estaba prevista realizarse la obra. Este punto sí fue subsanado por los representantes de la universidad, al mostrar la escritura pública 26, de fecha de 13 de marzo de 2013, en la que se acredita la propiedad de los terrenos por parte de la municipalidad de Quetzaltenango, que los cede para la construcción de los laboratorios. Un aporte que, a juicio de los auditores, quedó “incompleto”.

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La Contraloría también aludía a la recomendación de suspender la obra por parte de la Auditoría Interna. Una solicitud que, si bien fue avalada por el CSU, “a la fecha de la elaboración del informe se observó que dicho evento se encuentra activo en el portal Guatecompras, sin indicar a la Comisión de Auditoría de manera específica las gestiones realizadas al respecto; por lo que todas las acciones legales y administrativas que se deriven del mismo son responsabilidad de las Autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala”.

El 26 de noviembre, según consta en el acta 22-14, el CSU levanta la suspensión sobre el proyecto. En el documento se hace referencia al aval de la Dirección de Asuntos Jurídicos y a la subsanación del problema con los terrenos. No se habla de la gran anomalía que plantea la Contraloría: la modificación del precio de la oferta que finalmente fue adjudicada.

El 25 de febrero de 2015, la Controlaría solicita a la entonces titular de la Dirección General de Administración de la universidad (DIGA), Alenka Irina Barreda, que le informe sobre las gestiones realizadas para la devolución del anticipo.

Ante esta demanda, la Usac constituye una Comisión de Alto Nivel que, en un informe del 25 de mayo, determina que los incumplimientos detectados por la Contraloría, como las irregularidades en la adjudicación, son insubsanables, así que propone la suspensión definitiva del proyecto, “con el objeto de requerir la devolución del dinero entregado como anticipo y en su caso la ejecución de las fianzas respectivas”.

En las actas 12, 13, 14 y 15 del CSU, levantadas entre el 10 de junio y el 8 de julio, se aprueba la suspensión definitiva del proyecto, se da cuenta de un intento de conciliación con la empresa que concluye sin acuerdo y se inicia el proceso de arbitraje.

Las dos últimas actas cuentan con un voto razonado de Alfredo Itzep Manuel, representante de la Facultad de Agronomía. En el primero, considera que “se deben deducir las responsabilidades penales, civiles y administrativas de los funcionarios, empleados, personas vinculadas y los miembros de la Junta de Licitación involucrados en este asunto”. En el segundo, plantea que el CSU “no debe caer en la situación de incumplimiento de deberes y omisión de denuncia, ya que se han identificado falacias e irregularidades administrativas”.

El 14 de julio, la Contraloría General de Cuentas presenta una denuncia en la Fiscalía contra la Corrupción en contra del exrector Carlos Estuardo Gálvez Barrios, el actual rector Carlos Guillermo Alvarado Cerezo; y los cinco integrantes de la junta de licitación: Manfredo Chavarría Linares, Rolando Grajeda Tobar, Mario Alexander Velásquez Pérez, Álvaro Amílcar Folgar Portillo y Henry Manuel Arriaga Contreras. También plantea ampliar la demanda a “todos aquellos que en su momento resulten ser responsables de la comisión de hechos ilícitos dentro de la investigación”, y a los representantes de Cocisa S.A.  

El 18 de mayo de 2017, tres años después de la adjudicación del proyecto, comienza el proceso de arbitraje.

El 17 de enero de 2018 se celebra la audiencia dedicada a los alegatos finales.

Según un informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Usac, fechado a 5 de marzo, la empresa argumentó que la suspensión de la obra era “una actitud unilateral que no tenía fundamentación”, que la obra debería concluirse para beneficiar a la educación superior en el occidente del país, que se trata de una “empresa seria y sólida y sin contingencias legales” y que en el caso de que el tribunal no considerara viable la continuidad se tuviesen en cuenta “las estimaciones y los costos financieros y directos que tuvo que asumir”.

Por parte de la universidad se argumentó que la suspensión “está fundamentada en la instrucción de la Contraloría General de Cuentas”, que por el tiempo transcurrido no es factible retomar la obra, que la empresa debe darse por beneficiada por haber dispuesto del anticipo durante cerca de mil días y que su exigencia es la devolución del total adelantado más los intereses.

El tribunal arbitral tiene hasta el 11 de junio para emitir una resolución. Será cuatro días después de que tome posesión el rector que sustituya a Alvarado Cerezo, quien tendrá que enfrentar este asunto como una de sus primeras prioridades. Al proceso de arbitraje se suma el proceso penal. Según el informe de la Usac, “con fecha 7 de noviembre se solicitó la desestimación de la denuncia ante la Fiscalía de la Sección contra la Corrupción, en virtud de que los hechos denunciados no constituyen delito alguno”. El argumento que esgrime Ricardo Alvarado Sandoval, que es quien firma el informe como director de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es que no se puede recurrir a la vía penal antes de que se resuelva el arbitraje. No todos en el CSU comparten esta visión.

Un informe y un supuesto pacto para posponer decisiones

Fuera del mundo de los informes y los protocolos oficiales, en un ambiente de acuerpamiento de los tres candidatos a rector, con los diversos sectores alineándose ante la batalla del 2 de mayo, el caso del edificio de laboratorios que nunca se construyó en Quetzaltenango, llega nuevamente al CSU.

Dos fuentes presentes en las últimas reuniones cuentan, a condición de anonimato, que el Juan Carlos Godínez, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, llevó una presentación ante el consejo en la que señalaba las irregularidades que había detectado desde el punto de vista legal. Una tercera fuente señala que el abogado actuó “de oficio” y que estaría motivado por su cercanía a Carlos Sierra, uno de los tres aspirantes a rector. Plaza Pública se puso en contacto con el letrado, quien se comprometió a dar una entrevista un día después de la reunión del 25 de abril. Sin embargo, tras el encuentro dejó de responder a las llamadas y los Whatsapp enviados.

El informe, que no ha sido avalado por el CSU, destaca diversas irregularidades:

• Que el cambio en el total de la oferta realizado por la Junta de Licitación permite que se favoreciese a una empresa, lo que califica como “acción contraria a derecho”.
• Que el CSU fue “sorprendido en su buena fe” al aprobar el proyecto, ya que el entonces jefe de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Francisco de Mata Vela, actual magistrado de la Corte de Constitucionalidad en representación de la Usac, no les informó sobre las modificaciones que se habían hecho a la oferta.
• Que en el acta 2-2014 se redactó de modo incorrecto el nombre del proyecto, lo que invalida las acciones posteriores.
• Que el entonces rector, Estuardo Gálvez Barrios, incurrió en una ilegalidad al aprobar el contrato de obra, que debía ser avalado por el CSU.
• Que hubo irregularidades en el pago del anticipo y la recepción de la fianza.

Como estrategia, Godínez plantearía que la Usac denuncie en el Ministerio Público “a las personas que integraron la Junta de Licitación, quienes modificaron ofertas de manera ilegal, a quien haya autorizado la aprobación del contrato, sin tener facultades para el efecto, así como a los que hayan tenido la guarda y custodia de las fianzas presentadas dentro del proyecto por no haber tenido la diligencia debido y estas hayan vencido”. También propone querellarse contra el representante legal de Cocisa S.A. y sus socios.

Esa se sumaría a la denuncia presentada por la Contraloría General de Cuentas en 2015 ante la Fiscalía contra la Corrupción.

En conversación telefónica con Plaza Pública, el exrector Gálvez Barrios, afirma que el proceso fue completamente legal, que no hubo irregularidad alguna y que las investigaciones obedecen a intereses políticos. Afirma que la denuncia de la Contraloría se produce en el contexto de las elecciones generales de 2015, en las que se le quiso vincular con el mensaje “no te toca”, dirigido contra Manuel Baldizón, entonces aspirante del partido Líder.

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Gálvez sostiene que las bases de licitación permitían la corrección de errores aritméticos, niega que el procedimiento se desarrollase con prisas, y considera que no se puede proponer expulsar a personas que todavía no han sido escuchadas ante el Consejo. “Se trata de una denuncia espuria, que se filtró en su día por intereses políticos y que ahora se revive por el mismo motivo”, afirma. Cree que hay que esperar a lo que determine el arbitraje, e incluso no descarta que el edificio se construya finalmente.

Ni Alvarado Cerezo ni los cinco señalados por la Contraloría quisieron dar explicaciones.

Dos se excusaron en que por ser trabajadores de la universidad y solo podrían hablar con el permiso explícito del rector. Los otros tres no respondieron a las insistentes llamadas telefónicas ni a los mensajes dejados en sus despachos.

La empresa tampoco quiere dar explicaciones. No respondió a los dos correos electrónicos en los que se pidió una entrevista, enviados por indicación de una secretaria.

La Controlaría tampoco accede a ofrecer más información que la propia denuncia presentada en 2015, a la que Plaza Pública ya había accedido.

En la Fiscalía contra la Corrupción, también silencio. El caso MP001-2015-66938 está en manos de la fiscal Bárbara Zuñiga, de la agencia número cinco. Lo único que confirma es que la investigación está en marcha. Esto no implica que la denuncia vaya a terminar en proceso penal.

Un caso que influye en la elección de rector

La última reunión del CSU vivió momentos de tensión a cuenta de este caso. Los participantes en el encuentro que hablan con Plaza Pública lo hacen a condición de anonimato. “Los ánimos estaban muy alterados”, explica una de estas fuentes.

Las fidelidades hacia los candidatos a rector, asegura, tienen su influencia a la hora de posicionarse en el consejo sobre cómo abordar esta crisis. Por un lado, estarían los partidarios de Paiz Recinos, a quien se vincula con Gálvez Barrios y del que se dice que Cocisa es uno de sus grandes financistas, un rumor que no se puede corroborar de forma independiente. Este sector sería partidario de no hacer público el escándalo y ganar tiempo.

Cabe recordar que Cocisa es una de las empresas señaladas en el caso Construcción y Corrupción destapado por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en julio de 2017.

Por otro lado, estarían los afines a Carlos Sierra, quienes sí querrían que el caso se conozca para perjudicar a Paiz, su principal adversario.

Un último sector sería el partidario de Hada Alvarado, más minoritario y con una posición más neutral pero tendente a que se investigue.

No solo el contexto electoral influye. Actuaciones como la desarrollada por el MP y la Cicig contra el gobierno de Álvaro Colom, en febrero de este año, han puesto en alerta a quienes, en algún momento del proceso, estamparon su firma en documentos oficiales. Existe el temor también de que instancias universitarias sean acusadas de “omisión de denuncia”.

Desde la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Jeffry Alexander Oqueli, secretario general adjunto, se muestra partidario de la investigación, defiende la necesidad de “voluntad política” y de “cultura de la denuncia”, y considera que el actual sistema por el que se elige al rector no permite suficiente fiscalización.

Entre los aspirantes, únicamente dos, Carlos Sierra y Hada Alvarado, respondieron. El tercero, el principal señalado por esta polémica, Murphy Paiz, no se presentó a la entrevista concertada con Plaza Pública a pesar de haberla acordado minutos antes.

Sierra asegura que no estuvo presente en el momento en que el CSJ avaló la negociación.

“Ese día yo salí al mediodía, no estuve cuando se avaló”, asegura. Sin embargo, explica que al seno del consejo “llegó la propuesta con todos los dictámenes favorables: el del Departamento Jurídico, el de Financiero, el de Planificación, el de Presupuesto, el de Auditoría. Todos los dictámenes que deben llevar un proceso para ser avalado, además que el rector (Estuardo Gálvez) dijo que todo estaba en orden”.

Tiempo después, agrega, “en una comisión donde estaba el expresidente de la Corte de Constitucionalidad (Francisco de Mata Vela), que entonces era director de Asuntos Jurídicos, se dio un aval para que se iniciará el proceso”, y meses después “llegó un dictamen en contrario, donde decía que ya no”.

Sierra reconoce que el proceso “arrancó con graves irregularidades”, como que no se le informó al Consejo que el usufructo sobre el bien “ya había terminado cuando se adjudica y llevaba el dictamen favorable de Asuntos Jurídicos”, y que tampoco “se le informa al Consejo que el precio integrado de la obra había sido modificado”.

Para el candidato a rector, los principales responsables de las anomalías fueron “las personas que adjudicaron” porque “permitieron una modificación del precio integrado de la obra para que siguiera participando la empresa que ha construido todo aquí en la ciudad universitaria”, así como el entonces rector, Estuardo Gálvez, que “se arroga capacidades y funciones que no tiene”. Lo peor, lamenta, “es que tenemos Q12 millones perdidos y un edificio que no existe”.

De ser elegido rector, asegura, denunciaría el caso ante la Fiscalía y constituiría a la universidad en querellantes adhesivos. “Yo no tengo compromisos con ninguno. Los responsables de ese proceso están apoyando a otro candidato a rector (Paiz), y están desesperados porque ese candidato llegue. Nosotros estamos comprometidos con la transparencia”.

Hada Alvarado, dice saber que “hubo problemas e irregularidades en la contratación de una empresa para la construcción del edificio” y “sobre la forma en que se emitieron pagos sin tener las autorizaciones respectivas”.

Espera, asegura, “que se hagan una investigación profunda para establecer si hubo o no delitos, y que se hagan investigaciones en otros procesos similares”.

También ofrece, de ser elegida rectora, que pedirá a MP que investigue y que pondrá a disposición de la Fiscalía “todos los documentos oficiales”. “Aunque haya un costo fuerte para la universidad y sus anteriores autoridades, se debe de pagar. Lo importante es no seguir afectando a la institución; se debe llevar ante la justicia a los responsables”.

La elección de rector comenzará a aclararse esta misma semana. Quien esté al frente de la Usac deberá tomar decisiones sobre un asunto que, en los pasillos de las facultades, constituye un secreto a voces. De momento, lo único constatable es que los alumnos del Cunoc no disponen del edificio proyectado y las arcas universitarias tienen Q12 millones menos. Así como que los responsables de las anomalías luchan por el olvido y la impunidad.