La Vicepresidencia no ha convocado nunca a la Comisión contra el lavado de dinero

En julio de 2008, Fitch Rating, la agencia internacional de calificaciones, hizo un reporte de la situación del sistema financiero guatemalteco. “Creemos que hay mucho que corregir y que caminar comparado con el resto de la región”, decía el documento y añadía que no creían que la regulación bancaria, en el caso guatemalteco, fuera discrecional o rígida.

Víctor Mancilla -el todavía superintendente de bancos cuya renuncia supuso un zafarrancho de especulaciones y ataques contra el Gobierno que daban por sentado que la Vicepresidenta, como ocurrió en otras ocasiones, tenía mucho que ver en su salida- revisa algunas líneas del documento.  “Más bien”, continúa leyendo, “sentimos una supervisión todavía bastante laxa”. Luego se detiene, mira hacia el frente y declara: “Hablaba de nosotros, de la SIB”.

Hoy, cuatro años después de aquel reporte, Mancilla explica que para las reformas que quería hacer la Superintendencia buscaban mejorar radicalmente las regulaciones existentes o generar nuevas, en caso de que no existieran, para tener controles reales del sistema financiero y de seguros del país.

Mancilla se puso a la cabeza de la SIB hacia la mitad de ese proceso, cuando asumió el puesto el 1 de octubre de 2010 tras la marcha al Banco de Guatemala de su predecesor, Edgar Barquín, a cuyo equipo se había unido, procedente del Banco Internacional, dos años y medio antes. Los logros de su gestión –de eso en buena medida quiere hablar–  los tiene escritos en varias hojas de papel bond dentro de un cartapacio que pone sobre la mesa de reuniones de la dirección. Y los lee: Exigir un aumento de reservas al sistema financiero, formalizar la red de agentes bancarios (JM 102-2011), la ley de la actividad aseguradora (Decreto 25-2010), modificar el reglamento para la administración del riesgo de crédito (JM 167-2008), dice entre otros.

En el área bancaria, destaca el haber logrado que el sistema financiero constituyera unas reservas de Q2,400 millones. “De los cuales Q692 millones fueron registrados, Q328 millones fueron desvanecidos porque los clientes prefirieron cancelar sus créditos, Q145 millones porque aportaron  garantías reales a la operación y Q723 millones son producto de completar los expedientes porque no tenían información para evaluar el riesgo. Eso suma Q1,890 millones. Además de Q575 millones tras modificar el reglamento para la administración del riesgo de crédito, donde se exigía la constitución de reservas genéricas”.

–¿Esto no existía o no se tenían las suficientes garantías?

No, es un estándar. Internacionalmente se exige que entre el 1 y 2 por ciento de la cartera se constituya en reservas para mitigar aquellos riesgos imprevistos. Se emitió esta disposición que no se había emitido nunca en este país y que ya era un estándar internacional… Ese es un logro importante porque vino a fortalecer la calidad de los activos bancarios y patrimonialmente a los bancos.

–¿No encontró oposición de la banca para esto?

–Eh… Por supuesto que sí. Esto no se había impuesto porque ellos no dejaban ponerlo. Las resoluciones de las que hablo son posteriores a julio de 2008 y recibimos el total respaldo del presidente de la República, Álvaro Colom, porque esto no pasaba antes. Ahora pasó y representó Q1 mil 888 millones que antes eran utilidades y que ahora son reservas. En consecuencia, este dinero se quedó respaldando el patrimonio y no se lo repartían. Además, estos 575 millones de reserva genérica. Esto es, creo yo, uno de los aspectos más relevantes de nuestra gestión.

También propusimos (y la Junta Monetaria emitió) la norma 134-2009, que es el reglamento para la gestión del riesgo cambiario crediticio, para exigirle capital adicional a los bancos relacionados con la concesión de créditos en moneda extranjera a agentes económicos que no generan divisas. Esto demandó que los bancos tuvieran que asignar 422 millones de capital adicionales a los que les exigía la normativa. Además, se emitió la resolución 102-2011 que norma el riesgo tecnológico, porque no se tenían sitios alternos.

–Hubo un banco que perdió toda su base de datos…

–Es que los sistemas se caen y no se tenía un backup profesional. Tenían basecitas por aquí y por allá. Eso se corrigió en este período. Y, aparte, trabajamos las reformas a la ley de bancos y la ley de tarjetas de crédito, que están en el Congreso de la República.

En seguros, entró en vigor la ley de la Actividad Aseguradora, que incluye apertura a las aseguradoras extranjeras y la comercialización masiva para que puedan llegar a través de establecimientos de comercio a toda la base de la pirámide. Y, lo importante de la ley es que cumple el 90 por ciento de los estándares internacionales que establece la IAIS (International Association of Insurance Supervisors).

–¿Por qué no se cumple con el otro 10 por ciento?

–Porque son, digamos, materias para mercados desarrollados que no son operativas en nuestro medio. Y cada uno de los estándares desarrollan 14 o 15 criterios y hay algunos que no hay que ponerlos sólo porque lo exigen porque no se adaptan. Por ejemplo, las reaseguradoras tienen que pasar un proceso de reinscripción. Aquí, con solo que estén inscritas en la IAIS, las inscribimos.

–¿Por qué?

–En primer lugar consideramos que no vendrían, que nos mandarían por un tubo porque somos un país pequeño y no van a hacer una gran gestión porque ya la hicieron antes en otro lugar, porque le es antieconómico. En ese sentido, las principales reaseguradoras son de categoría mundial y hay muy buena relación con Guatemala.

–¿De qué tamaño es el mercado de seguros?

–En este momento estamos hablando del 1.2 por ciento del PIB. La penetración a nivel mundial no es como la bancaria, en Estados Unidos es el 7 por ciento y en otros países, como Chile, del 5 por ciento; pero la media de Centroamérica es como de 1.3 por ciento. No estamos diferentes de la región pero eso no nos debe de consolar, ¡estamos mal en la región! El seguro es casi inexistente, casi elitista. Ahora, con la nueva ley ya han venido nuevas aseguradoras.

–¿Por qué no se permitía el ingreso de aseguradoras extranjeras?

–Porque había una prohibición. Eso propiciaba que vinieran muchas aseguradoras piratas que vendían sus seguros.

–Creo recordar que cuando promovieron esta ley hubo cierto recelo y críticas de parte del sector privado. ¿Cómo lidiaron con esto?

–No, la verdad es que el sector asegurador cooperó mucho. Ellos decían: “Esto nos pone el listón más arriba, nos implica más requisitos y más capital, pero sabemos que es para nuestro fortalecimiento”. Nunca vi un sector más predispuesto a cooperar.

–Cualquiera podría pensar que con la prohibición había un buen negocio.

–Correcto, pero no. Más bien, miraban competencia desleal que venía de afuera. Y los que se oponían en un principio eran los corredores, que eran quienes manejaban esas cosas debajo de agua.

–¿Las cuentas piratas de aseguradoras?

–Sí. Ellos hicieron mucha resistencia hasta que logramos convencerlos. Los citamos al SIB, vinieron bastante a la defensiva y nos dijeron que era la primera vez en 40 años que un superintendente los invitaba a debatir del tema. Lo que hicimos fue incluirlos porque tenían derecho a hablar porque eran parte del proceso. Ellos fueron los que se opusieron en un principio e hicieron ‘lobby’ en distintos lugares, pero después los convencimos de su conveniencia.

–¿Cuánto implicó de aumento de capital para las aseguradoras esta nueva la ley?

–Fue un aumento indirecto. La nueva ley requirió ajustes al procedimiento de cálculo de las reservas técnicas que implicó, a la fecha que hicimos el cálculo, Q700 millones, asumiendo que se mantienen los mismos niveles de riesgo.

–¿Venía de la banca y llegó a molestar a muchos bancos?

–Sí, en efecto, les costó mucho en los dos primeros años. Pero no iba a venir a sentarme y solo estar recibiendo los beneficios. Los bancos dicen que están gestionando mejor, pero es que yo mismo fui con cada gerente y con cada presidente de banco a contarle las costillas y a decirle: “Así los vemos” (muestra un cuadro con los indicadores en color rojo). “Quiero obtener un compromiso de ustedes de que la próxima vez que venga ya van a estar así” (señala los indicadores en verde). Por supuesto, los consejeros ignoraban todo eso porque no era un esquema que se manejara antes. Y eso se hizo por propia supervivencia y ahora resulta que ganan más dinero cobrando menos de tasas. Son más eficientes.

–Pero el spread (la diferencia entre las tarifas que cobran y las que pagan los bancos) sigue siendo bastante alto.

–Pero es el más bajo de Centroamérica, el segundo más bajo de la región después de Dominicana si vemos la profundización del sistema financiero guatemalteco. Y sigue siendo alto en efecto y no hay forma de poderlo bajar. Es el sistema. El mercado tiene menos tamaño y la red más oficinas y horarios extendidos. Obviamente el esquema es más ineficiente pero no porque la banca lo sea sino porque se maneja mucho dinero que sale de aquí. Si se quedara, la profundización sería el doble y podría ser mucho más eficiente. Y eso que no se cobran los servicios, como en El Salvador y Costa Rica. Lo que pasa es que en la tasa va incluido todo, porque aquí el cliente no quiere pagar aparte por los servicios. La tasa activa no es la más alta de la región; es la más baja después de la de El Salvador y Panamá, que son dolarizados. No es precio lo que está haciendo no competitivo al país. Se juzga eso, pero hay que considerar todos estos otros elementos.

Para finales de julio de este año, la SIB envió 84 denuncias de casos con indicios de lavado de dinero al MP, producto de delitos como extorsión, secuestro, defraudación tributaria y narcotráfico. ¿Cuánto caminan estas denuncias en el sistema judicial? Mancilla no puede dar estadísticas de ello, la Comisión Presidencial contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, creada en mayo de 2010, en la que se comparan las estadísticas, no se ha reunido en este año. Aun sin poder hacer comparaciones, el superintendente dice sentirse satisfecho del trabajo realizado por la Intendencia Especial de Verificación (IVE), la dependencia de la SIB encargada de la investigación de estos casos. Según su propio plan de trabajo, este año se ha realizado ya un 120% del trabajo previsto para estas fechas.

–En 2011, la SIB hizo 102 denuncias de indicios de lavado de dinero por Q864 millones, con más de 1,700 personas involucradas.

–La mayor parte de casos y de personas involucradas se derivan de casos de extorsiones, pero ahí los montos son bajos. En narcotráfico, son menos los casos pero los montos son significativamente más altos.

–Veintinueve casos fueron por narcotráfico, por un monto Q 675 millones, pero queda la duda de cuántos de estos se judicializaron. Sabemos que eso se sale de su área, pero significa llevar hasta el final el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

–… Esa parte, digamos, está en proceso. Un logro fue constituir la comisión interinstitucional en el período presidencial anterior, que involucraba a distintas dependencias estatales: el Ministerio de Gobernación, las secretarías de Investigación Estratégica y Privada adscritas a la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público, la IVE… En fin. Desafortunadamente este año no hemos tenido ninguna reunión de la Comisión, no ha sido convocada. Pero la Comisión tiene un plan estratégico y este se está ejecutando a través de cuatro mesas de trabajo: táctica y de inteligencia, programa de capacitación, acuerdos de intercambio y estadísticas. En la de estadística cada quien aporta las suyas y el propósito era ver cuál era la meta que nos fijaríamos.

–¿Metas de efectividad?

–La SIB da sus estadísticas de denuncias; el MP, de judicialización; y los juzgados, de sentencias. Pero no nos hemos reunido en este período porque no hemos sido convocados.

–¿Quién tiene que convocar?

–Ehhh… (Mancilla baja la mirada y busca las palabras con que responder) La coordinación es de la Vicepresidencia de la República…

–Si no hay convocatoria, ¿las cuatro mesas no funcionan?

–No, funcionan per se y tenemos un plan de trabajo. Pero hay cosas que hay que decidir y esto se hace en la mesa. Por ejemplo, hace dos meses se acercó el Minigob, el MP y la Corte para reactivar todo este tema.

–¿Tiene idea a qué se debe que no se haya convocado?

–No, no tengo idea. El año pasado nos reuníamos mensualmente. Por ejemplo, en 2011 tuvimos una ejecución de 98.3 por ciento y ahora llevamos un 92.5 por ciento, pero no hemos tenido reuniones donde podríamos pedirle más refuerzos a las distintas mesas y acelerar este tema. Entonces, al final del año 2012 ya podríamos tener información para, a partir de las estadísticas, plantearnos metas.

–¿Entonces cómo mide la efectividad del IVE?

–Tenemos un plan de trabajo y no dependemos de nadie. El propósito de la mesa es que todos los demás también hagan su trabajo y ahí es donde nos tenemos que coordinar, porque, en primer lugar, la gente involucrada no tenía idea de qué era el lavado, incluyendo problemas serios con las fiscalías. Por eso es que una mesa era de capacitación y tenemos un pensum, que no ha sido aprobado porque no se ha reunido la Comisión. En la medida en que no se active, no vamos a cumplir con las recomendaciones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Tenemos que fortalecer a todos los equipos y por eso es que la Vicepresidencia pasada designó a la IVE como coordinadora de todas las mesas. Lo que falta es que hay fases de aprobación de ciertas cosas, por ejemplo, el plan de trabajo y capacitación está hecho. Pero no está aprobado y no lo podemos poner a marchar.

–¿Y de esto tienen conocimiento las autoridades del nuevo gobierno?

–Quien está participando activamente es el viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería. Y con el MP tenemos esa relación cercana en la parte de la inteligencia. En relación con los casos, al cierre de julio hemos enviado 84 denuncias. Según nuestro plan íbamos a enviar 120, un promedio de 10 mensuales, para 2012. Ahora llevamos 84 casos a julio, eso significa un 120 por ciento de efectividad. Además, establecimos controles para Personas Expuestas Políticamente (PEPs), los cuales no se tenían y simplificamos los formularios de IVE para las operaciones de baja transaccionalidad para propiciar la inclusión financiera.

–¿Y los resultados?

–Por ejemplo, en las capturas de las bandas del aeropuerto y de tarjetas prepago, la base de las investigaciones la hicimos nosotros y se las planteamos al MP y al Minigob. Pero surgió de aquí, producto de la resolución JM 108-2010 que exigió más información para la gente que deposita en moneda extranjera efectivo. Esto generó que el efectivo en moneda extranjera que ingresa a los bancos disminuyera el 40 por ciento de variación interanual en promedio desde el 2010 hasta la fecha.

–Eso quiere decir que este dinero en efectivo que depositaba la gente era dinero sucio…

–Seguramente. Como se establecieron esas exigencias, la gente ya no pudo justificar sus depósitos y tuvo que dejar de depositar.

–¿El 40 por ciento? ¿De cuántos millones estamos hablando?

–Tenemos algunos datos: hubo niveles de US$ 150 millones de efectivo mensualmente que han bajado a US$ 80 millones. Además establecimos un instructivo para las transportadoras de dinero. Estados Unidos se quejaba que de dónde salía tanto dinero y resulta que los bancos eran los que menos enviaban dinero. Tenían un montón de clientes privados que mandaban efectivo a Estados Unidos a través de esas empresas.

–¿No se tenía un registro de clientes?

–No. Emitimos un instructivo el 26 de julio de 2010 y empezó a bajar el envío de dinero de particulares. Hubo meses de US$ 100 millones enviados a través de ellas. El promedio es US$ 80 millones. Ahora ha bajado más o menos a US$ 50 millones. Ya dejaron de enviar particulares porque tenían que dejar registro de quién mandaba, qué mandaba y cuál era el origen de ello.

–¿Con estas dos medidas se cierran las puertas al lavado de dinero en la banca guatemalteca?

–No, es que eso no se puede evitar sino lo que se hace es minimizarlo, cada día encuentran nuevas fórmulas. Si uno tapa aquí se encuentran otra. ¿Qué ha estado pasando con esto? Como se cerró Guatemala, ahora van a El Salvador y de ahí viene lavado el dinero, porque viene. Nosotros tenemos un piso de US$3 mil, El Salvador, de US$50 mil, y es más fácil. Se han incrementado las transferencias que vienen de El Salvador para acá y de aquí se van a China. Todas esas denuncias están puestas y es parte de lo que tiene que ver el MP. No hay país del mundo que no lave dinero. Unos lo contienen más que otros pero es un mal mundial

–Ustedes pueden hacer ese tipo de cosas pero mientras que no haya represión del delito el mensaje es “todavía puedo hacerlo”.

–Así es.

–Hoy uso un prestanombres para meter al sistema cierta cantidad de dinero y como no hay o no veo el seguimiento, no veo capturas, etcétera, mañana tomo otro o de repente tengo a 20.

–Esa es la situación que no permite dar golpes serios. Las extorsiones son otro tema, ahí sí se está trabajando y ya algunos bancos tienen contacto con el MP y avisan cuando están depositando una extorsión para que a la hora de cobrar, esté la policía y así se capture. Pero eso es cuando alguien llega a depositar y dice: “Vengo a depositar de una extorsión”. Entonces se activa la alerta y si alguien llega a sacar dinero de esa cuenta lo capturan.

–¿Son montos muy pequeños que no están dentro del formulario IVE?

–En algunos casos 200 o 500 quetzales y por eso son muchos casos y suman el monto más bajo de la tipología de delitos que tenemos en la SIB. Un año sumaron Q3 millones, mientras en el narcotráfico una sola operación puede alcanzar Q50 millones. En las extorsiones el monto es pequeño, pero el número de perjudicados es enorme. A veces la gente más pobre es la que está pagando esas cosas. Pero también se ha venido atacando y se está trabajando con el viceministro Rivera Clavería en estos temas. Y teníamos ese esquema con el anterior ministro de Gobernación. La estructura estaba y ha continuado operando.

–A mí me llama la atención el caso de lavado de dinero de HSBC. ¿Han tomado nuevas medidas por esto?

–Tenemos un plan estratégico que incluye lo que llamamos “supervisión basada en riesgos”. Lo que hace es cumplirse con los principios básicos de Basilea, que incluye el lavado de dinero. Cuando venimos establecimos un esquema para el lavado de dinero, en donde tenemos un equipo de trabajo que va a los bancos a verificar sus políticas y si funcionan los sistemas que tienen implementados de monitoreo, política “conozca a su cliente”. Yo, personalmente, y mi equipo de trabajo fuimos con los equipos de administración que estaban con muchas debilidades. Les dimos un plazo de seis meses para que corrigieran todo eso.

–¿Eso fue después del caso HSBC?

–No, eso fue antes. Sonará rimbombante, pero antes de que tronara la crisis mundial ya teníamos una red de seguridad bancaria diseñada. En mayo o junio de 2008 la presentamos y sobre eso trabajamos porque no teníamos que estar esperando que nos cayera un rayo. Y entre nuestras prioridades fue que la SIB no tenía supervisión in situ.

–¿Solo veían papeles?

–Solo era de gabinete: venía la información, la miraban y decían: “esto está bien”. Cuando vinimos, mandamos gente a los bancos. Cuando tronó la crisis y se reunió el G-20, en noviembre de 2008, dijo que la supervisión tenía que ser in situ. Eso ya lo hacíamos. La supervisión a los bancos tiene que ser invasiva y por eso tenemos gente en todo el sistema. De ahí surgieron todos esos ajustes, no salió de mirar papeles aquí. El tema es que tomamos esas medidas, hicimos ese plan, luego lo aplicamos. Les voy a enseñar…

Mancilla busca entre su carpeta de documentos. Muestra unas gráficas de colores que explican la evaluación de riesgo de los bancos del sistema en 2008. En ellas, las zonas en rojo representaban alto riesgo de lavado de dinero. Señala las transferencias, las agencias en zonas fronterizas, cuentas regionales y la falta de mitigación de riesgos. La gráfica entera está en rojo. “No tenían nada”, dice y prosigue: “Los evaluamos en 2011 y ahora están así. Antes estaban en rojo y ahora están verdes. Claro, verde no es lo mejor, lo mejor es azul, es extremadamente difícil llegar porque se requiere tecnología y personal que incrementaría los costos y pondría en riesgo su viabilidad económica, porque ya no ganaría dinero por dedicarse solo al control”. ¿Cómo lo hicieron? “Iba a los bancos y les decía ‘mire, así están y les requerimos que se pongan así. Si a los seis meses que vengamos no están así, los voy a multar’. Se lo dije así como se los estoy diciendo a ustedes”.

–¿Y tenían base para multarlos?

–Sí. No estaban haciendo lo que deberían hacer. Les dimos seis meses para que corrigieran todo eso y lo hicieron. Hubo bancos que contrataron consultorías internacionales para que implementaran sus sistemas. Esos son logros, y no fue con el garrote: “Te multó y mira lo que haces”. Les ayudábamos, les dábamos capacitación. Falta, por supuesto que falta. El reto es subir un poco más el listón pero se ha visto ese compromiso de los gestores bancarios en mejorar.

–Se podría pensar que la banca pudo ponerse recelosa.

–Sí, es que no fue fácil. Hubo gente que nos decía: “¿Ustedes son operadores u orejas de los gringos? ¿Por qué le están haciendo el trabajo a Estados Unidos?”. No es trabajo para Estados Unidos, es para nuestra sociedad. O sea, estos negocios ilícitos desplazan al negocio legal, corrompen a la juventud y además son producto de la muerte. No podemos estar haciéndonos de la vista gorda de esto.

–¿Y eso no lo veían los bancos o simplemente lo ignoraban?

–Creo que no había consciencia.

–¿O miraban números y no gente?

–Es que además les demostramos que no están ganando nada, solo exposición a multarlos y de repente los cerraríamos. El lavado no les deja nada, los depósitos los ingresan un día y los sacan al día siguiente. ¿Cuál es el negocio? Yo no entendía su mentalidad financiera: se demostraba que eran un desagüe.

–¿Cree que no eran racionales económicamente esos negocios para los bancos?

–No, por lo menos con lo que pasa aquí. En HSBC no sé si se quedaban con millones o con cientos de millones, porque ahí pasaban millardos. Pero para las instituciones bancarias guatemaltecas no es un negocio a menos que algunos estuvieran implicados y obtuvieran dinero por ello. Para las instituciones como tales, no es ningún negocio.

–¿Cuánta gente trabaja en la IVE?

–Ochenta y tres gentes y una investigación lleva un promedio de ocho meses. Lo que tratamos es de ir a verificar transacciones y vamos con tecnología y todo para ver qué cosas están controlando y qué no. Hay algunos bancos que tienen bastante rigor en sus controles. Pero igual, si uno relaja, ellos se relajan porque representa altos costos. El monitoreo de la transacción bancaria consume el 50 por ciento de recurso informático. Si antes necesitaban 800 gigas ahora son 1 mil 600 para hacer lo mismo y eso es mucho dinero en inversión, entonces los bancos se quejan y dicen: “Es que estamos trabajando para la superintendencia o para la IVE”. Desgraciadamente, el sector bancario exige que se tengan esos controles que implican costos adicionales a lo que tenían previstos en sus planes de negocios. Además requieren una estructura, de un oficial de cumplimiento, de comunicación. Son inversiones fuertes que tienen que hacerse para poder cumplir con esto.

–¿Y lavado a través de créditos?

–Debe de haber casos, en efecto se detectan casos, se han investigado y denunciado pero son los menos.

–¿Y crédito para la construcción?

–No, necesariamente. Ahí lo que se da es un sector en sí muy expuesto. Ahí no es que se den créditos, sino al contrario, compran al contado y lavan el dinero. Porque si no pasan por el sistema bancario están menos expuestos. Decía el ex presidente Álvaro Colom: “¿Por qué no controlan? ¡Miren esos edificios!”; y no nos tocaba, eso queda fuera de nuestro ámbito, ahí es donde tienen que operar una policía financiera como la de Estados Unidos, que ve esas cosas que están fuera del sistema bancario pero si es un negocio paralelo de todo esto que se opera con base en efectivo. Aquí se critica: “¿Qué hace la IVE aquí?”. No tenemos nada que hacer ahí, es por ignorancia que creen que la IVE tiene que estar en todo. El MP si tiene que estar en todo y por eso se está intentando implementar un esquema de investigación. Tenemos el control de la investigación en el sistema bancario pero con lo que queda fuera del sistema no tenemos nada que ver ni ningún acceso y es ahí en donde, con base a lo que hemos visto, se debe estar metiendo la mayor parte.

–Para ir terminando, se ha conjeturado mucho en estos días acerca de los motivos de su salida. ¿Qué piensa de esas conjeturas?

–Acerca de las conjeturas no tengo ningún comentario. Yo ya tenía planeado salir. Cuando vine mi visión era de cuatro años aquí y se han cumplido. Pude seguir o no, pero estuve trabajando cuatro años, 20 horas al día, porque quería llegar a estas metas y me siento satisfecho de haber llegado. Considero que es el momento de irme.

–¿Ha habido algo que lo haya desmotivado en estos seis meses?

–No, realmente no. Hemos ido rematando algunas cosas, aunque nunca las tareas están completas, pero los planes que tenía previstos en aquella ocasión se cumplieron incluso con mayor nivel de ejecución de lo que me había planteado.

–¿Por qué cree que es este el momento preciso para salir?

–Porque me había planteado cuatro años.

–Que ha ido posponiendo.

–A la gente les dije: “tengo este plan, así es que trabajemos duro estos cuatro años porque quiero cumplir con estas metas”. No tengo mucha motivación para seguir. No quiero que lo vayan a tomar como lo que dijo Pep (Guardiola): “Ya me siento vacío, aquí terminé, más logros ya no puedo hacer.” Sería demasiado petulante de mi parte.

–Ya tenemos el titular: “Superintendente de Bancos se cree con Pep Guardiola”.

–No sé si la explicación sea la correcta. Eso ha provocado desgaste físico, sinceramente me siento cansado.

–Su puesto es técnico, pero tiene un alto componente político. Una de las conjeturas es que existieron presiones para que usted saliera y recientemente la Vicepresidenta en una entrevista lo justificó en Emisoras Unidas con que usted era gente de la UNE y ella que ha tenido en su escritorio seguimientos bancarios hechos por la IVE que habían sido filtradas a ese partido. ¿Qué le responde?

–No pertenezco a partido político alguno. Precisamente, alguien escribió, un periodista importante, que “la IVE solo denuncia a los opositores” y le envié una respuesta con las estadísticas. No recuerdo los números, pero durante este período el 50 o 48 por ciento de denuncias eran de gente del partido que ejercía el poder. Aquí no se apañó a nadie. Ahorita a partir de mi renuncia se escribe mucho de procesos, de detalles y mucho es mentira; y daría la apariencia de que nos lo imputan a nosotros y eso podía poner en incomodidad a sectores del gobierno. No tenemos ningún interés en confrontarnos con nadie, pero no porque tengamos temor a algo sino porque simplemente hemos hecho un trabajo profesional y libre de todo tipo de presión. Durante todo ese tiempo nunca tuve presión de nadie. Todo se filtra, presenté mi renuncia al Presidente. Fue sellada a las 11:02 de la mañana y a las 11:36 de la mañana ya tenía una cita del Partido Líder en el Congreso. Todo se filtra y pretendían imputarme a mí también haberlo filtrado. Incluso, algún medio de comunicación salió diciendo que en consecuencia de esa citación fui a poner la renuncia. Pero no, la citación se derivó de que alguien filtró mi renuncia.

–¿Alguien desde el despacho del Presidente?

–Lo único que sé es que presenté mi renuncia, pedí que me firmaran una copia, llamaron a un asistente y fueron a sacarle copia y dije: “Hijo, aquí se fregó todo”. O sea, justo cuando veníamos vi un tuit, lo vi en el Twitter. El punto es que no tuve presión de nadie, la relación con el presidente Otto Pérez Molina, la poca relación, fue cordial.

–También salió una columna de Gustavo Berganza donde hace una correlación de hechos.

–El 90 por ciento de eso es inexacto, es incorrecto. Lo único que hacen esas cosas es exponerlo a uno. En nada ayuda sacando esas cosas, no ayuda a aclarar nada.

–En las columnas y editoriales de elPeriódico se tiende a decir que con su salida y la posible salida de Susan Rojas de la dirección de IVE lo que se buscaba es quitar a la gente que había estado contando las costillas del sistema bancario, haciendo un buen trabajo en lavado de dinero, etcétera… y que esto ponía en peligro la posibilidad de que se siguiera haciendo este buen trabajo.

–No voy a emitir juicios de valor sobre eso. Solo voy a decir que mi retiro obedece a planes personales. Si hay otras cosas, las ignoro. No recibí ninguna presión de nadie, tampoco las hubiera aceptado.

–¿Qué va a hacer en el futuro?

–Mi intención es no volver a trabajar nunca (sonríe). Dedicarme a proyectos personales, no tengo planes de ubicarme en alguna institución. He recibido ofertas de dos bancos, de dos organismos internacionales, de una universidad y de hacerme socio de un despacho regional, pero no he planteado tomar algo de eso. Esto no quiere decir que en el futuro no lo tome pero no tengo intención de dedicarme a nada en los próximos doce meses.

–Si tuviera que elegir una o dos cosas, ¿qué le gustaría que retomara su sucesor?      

–Construimos un plan a cinco años. Está ahí, el equipo técnico está compenetrado y le diría: “Aquí ustedes son la orquesta y los músicos, todo mundo sabe qué hacer”. Tenemos modelos de simulación para presentar escenarios y en función de eso ya tenemos definidas normativas que hay que completar: ley de microfinanzas, ya casi terminada, y la ley del mercado de valores, en la que hemos estado trabajando los últimos días. El esquema de supervisión ya está en proceso de maduración, la gente ya sabe qué hacer tanto para bancos como para seguros. En el tema de lavado de dinero, igual, los esquemas ya están caminando. De tal manera que me puedo ir hoy igual y, sino hay ninguna interferencia, los planes de la SIB deberían seguir caminando.

En el tema de la IVE igual. La semana pasada se celebró en Honduras, con auspicio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), una actividad para armar la Comisión Regional contra el Lavado de Dinero donde nombraron a la IVE nuestra coordinadora y tutora del proyecto porque nos reconocen que somos la mejor de la región. Nuestro equipo está maduro. Tenemos pendiente una norma de reglamento de gestión de riesgo operacional que lo están trabajando los equipos y no creo que me dé tiempo de terminarlo. Va a salir la ley de microfinanzas y la de mercado de valores; y la ley de cooperativas, que esta en el plan estratégico, para el segundo semestre, y la ley del fondo de pensiones, que sería para el año siguiente.

–La ley del mercado de valores, ¿qué pretende?

–Tener un marco jurídico que cumpla con estándares internacionales y que propicie el desarrollo del mercado. En este momento el mercado es cero. El problema es que la ley actual no cumple con ni uno solo de los estándares. ¿Qué inversionista o quién va a venir aquí si el marco jurídico es inapropiado? No es que esté en cero sino que hay unos estándares que dicen: “o cumples el cien por ciento o te pongo cero”. Creo que en logística esta avanzada la ley, pero el marco jurídico esta muy débil.

–¿Y la ley de cooperativas incluye su presencia en la Junta Monetaria?

–No.

–Digo, porque el mercado de ellos ha crecido…

–Sí, pero no es que cada sector deba tener un representante en la Junta. Ninguno debería de tener representantes ahí, pues. Los tienen porque el modelo es de Alemania y ellos son autónomos y todo. Sin embargo, a pesar de eso a la Junta ha llegado gente bastante profesional y ha habido un equilibrio que se ha mantenido hasta la fecha. Eso ha sido la clave para mi gestión, el apoyo del Presidente y el apoyo de la Junta. Si no, yo solo no podría haber hecho esto.