El día en el que Jimmy Morales provocaba la peor crisis política de su mandato, a 300 kilómetros de la capital, miles de vecinos de Santa María Cahabón (Alta Verapaz) tomaban parte en una consulta de buena fe sobre las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, que operan en los ríos Oxec y Cahabón.
La consulta fue organizada por los detractores de la hidroeléctrica, los vecinos que están a favor de la empresa decidieron no acudir a la votación. Participó el 39.7% de la población (26,537 habitantes, de un total de 70,000 residentes en las 195 comunidades). Todos ellos, salvo once, votaron en contra de la presencia de la empresa. Básicamente, uno de cada tres vecinos del municipio se sumó a la convocatoria, organizada por los pobladores y rechazada expresamente por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), que pagó anuncios en español y q’eqchí para “mostrar su preocupación” sobre un evento que calificaba como “carente de todo sustento legal”.
En todas las aldeas el acto se celebró sin incidentes. Aunque en municipios como Salac I, donde parte de la comunidad quiere expulsar a la hidroeléctrica y otra parte defiende su actividad, tras suscribir un convenio en 2012, se registraron momentos de tensión. El hecho de que solo participasen quienes se oponen activamente a la hidroeléctrica permite evaluar el grado de apoyo de las protestas. Lo que no puede contabilizarse es si aquellos que no votaron defienden la infraestructura o, simplemente, no toman partido.
En Oxec no quieren hacer comentarios. Su responsable de Sostenibilidad, Valeria Prado, se limita a ratificar que están “en pleno cumplimiento de lo establecido por la Corte de Constitucionalidad (CC)”. El MEM no ha realizado tampoco ningún comentario. Es posible que la mente de sus responsables se encuentre en otro lugar, teniendo en cuenta los sucesos de las últimas jornadas en la capital.
Una aldea dividida en dos asambleas paralelas
Son las 8:30 horas. Nos encontramos en Salac I, unos 4 kilómetros después de la represa de Oxec. Se trata de una de las aldeas más alejadas del municipio de Santa María Cahabón, a la que se accede tras un viaje de dos horas en carro, a través de un camino de terracería. Una primera vista al escenario de la consulta evidencia la división en la comunidad. A la izquierda, sobre un alto, se encuentra una especie de salón al aire libre con bancos donde está previsto que se celebre la consulta. Sin entrar al terreno, en el camino, otro grupo observa a los que se acercan. Son los partidarios de la hidroeléctrica. Toda la jornada será un tira y afloja entre ambos grupos que, por suerte, concluirá sin que la sangre llegue al río.
“Todo ha salido bien. La gente ha podido votar y hemos resuelto los problemas”. Mario Coc, responsable de la consulta en Salac I, se mostraba satisfecho al concluir el ejercicio en su aldea. De un total aproximado de 800 habitantes, 146 adultos y 87 menores participaron en la consulta. Se trata del 28,3% de la aldea. Todos rechazaron la presencia de la hidroeléctrica. Esta es una de las 11 comunidades que en 2012 firmó convenios con la compañía (dinero y ayudas a cambio de apoyo), lo que le ubicaba directamente dentro de la lista de adhesiones hacia la empresa. La votación, sin embargo, evidenció que se encuentra partida, que defensores y detractores están movilizados y que resulta difícil encontrar una solución satisfactoria cinco años después de que los emisarios de Oxec aparecieran por primera vez en este remoto núcleo urbano.
“Estamos divididos entre quienes apoyan la hidroeléctrica y los que no”, reconoce Valerio Tiul, agricultor, y preparado para votar. En su opinión, la presencia de la empresa causa daños en el caudal del río y cree que, a largo plazo, puede ser perjudicial para la comunidad. “Lo único que legamos a nuestros hijos son nuestras tierras. Tenemos que ser responsables”, afirma.
Esta es una comunidad humilde. La mayor parte de sus habitantes se dedica al campo, una labor por la que suelen cobrar Q 34 por jornada. Disponen de escuela primaria y básica. Quien se desplace diariamente hasta Cahabón, la cabeza del municipio, pierde en el camino cuatro horas.
En la zona donde se va a realizar la consulta hay ambiente festivo. Frente a la mesa, presidida por Mario Coc, se ha colocado una ofrenda con frutos de la tierra. Tras las palabras de agradecimiento, que se extienden por espacio de una hora, comienza el proceso de votación. Mientras tanto, a escasos 500 metros, otro grupo, al menos tan numeroso como el que va a participar en la consulta, se reúne para expresar su apoyo a la empresa.
“Todos vamos a la misma iglesia, construida con la ayuda de la empresa. Todos nos hemos beneficiado de sus ayudas. Ahora no pueden decir que no sirve”. Abelino Caal lidera al grupo. Viste una camisa polo negra y pantalones negros y mueve a la gente bajo un calor abrasador. A ratos, se resguardan del sol en un porche. A ratos, discute qué hacer en el descampado junto a un destartalado campo de fútbol.
“Si no hubiera ricos no conseguiríamos trabajo”, reitera Caal, que reconoce que en ocasiones es contratado por Oxec. Junto a él, el maestro Héctor Choj insiste en el argumento del empleo: “muchos jóvenes han tenido que emigrar. La empresa nos permite trabajar cerca de casa”. Obtener un empleo en la hidroeléctrica significa ser contratado durante una semana o dos cada dos o tres meses como operario poco cualificado. En total ganan unos Q 750 o Q 1,500. Más de lo que se obtiene dedicando toda la jornada al campo.
Los argumentos se han repetido hasta la saciedad. Los detractores de la hidroeléctrica denuncian no haber sido consultados, reivindican que la decisión debe estar en manos de las 195 aldeas y alertan sobre los peligros ecológicos de la empresa. Los partidarios niegan estos efectos perniciosos y defienden la presencia de la compañía, haciendo hincapié en los empleos que ofrece y las ayudas económicas que se recibirán durante los próximos 20 años. Esto, en los 11 núcleos donde se firmó convenio y que configuran el “área de influencia” de Oxec. En el resto solo se movilizan quienes están en contra, mientras que los que no participan tampoco tienen razones como para estar a favor. Simplemente, no se sienten concernidos.
“Nos están comprando por Q 150,000 al año”. Agustina Bulun Ho cree que el aporte de la empresa no compensa en comparación con los daños al medio ambiente que, en su opinión, provoca la hidroeléctrica. En comunidades cercanas, como Las Tres Cruces, concretan estos daños. Aseguran que han desaparecido peces y que el río llega menos caudaloso.
La votación de los contrarios a la hidroeléctrica y las tensiones con los partidarios
“¿Están de acuerdo con que la hidroeléctrica siga operando en los ríos Oxec y Cahabón de Santa María Cahabón?” Tras la pregunta, decenas de pequeñas manos se alzan. Son los menores de edad, los que todavía no tienen DPI, cuyo voto no computa en una asamblea ordinaria pero que se les permite participar como parte de la “fiesta cívica”, tal y como la define Mario Coc.
Una vez contabilizadas las 87 manos alzadas, los menores de edad van pasando uno por uno ante la mesa, para estampar su huella dactilar en el acta. Mientras tanto, los adultos de ambos bandos comienzan a discutir. Una delegación de los partidarios de la hidroeléctrica se ha presentado ante la asamblea que celebra la votación. Dicen que quieren que su sufragio se contabilice también, aunque no está claro. La mayoría de este grupo sigue los acontecimientos a 500 metros, en un terraplén. Algunos de los que sí que votarán les observan desde lo alto.
A partir de entonces se suceden las reuniones paralelas, especialmente en el grupo que defiende a la empresa, y las miradas de reojo, a la espera de lo que decidan. Primero, este sector asegura querer sumarse a la votación. Luego reiteran que se trata de un acto sin validez, por lo que dicen no querer tomar parte, aunque sí estar presentes para saber qué se registra en el libro del Consejo Comunitario de Desarrollo (Codoce). Los que tenían previsto votar desde el principio se mantienen a la expectativa. Algunos creen que sus rivales solo quieren boicotear su acto. Otros están dispuestos a que el debate se dirima a mano alzada.
Comienza la votación de los adultos. Se levantan las manos con DPI y el largo proceso de validar todos y cada uno de los participantes, que son llamados por su nombre para que firmen o estampen su huella dactilar en el acta.
Los detractores de la consulta vuelven a la carga. La tensión crece, ya que a la discusión sobre la hidroeléctrica o los términos de la consulta se le suman pleitos vecinales que se han enquistado en los últimos años. Por ejemplo, en este caso, cinco de los ocho cocodes están en contra de la empresa. “Vamos a elegir a otro presidente, porque este no responde a nuestras necesidades”, clama uno de los partidarios de Oxec. En los momentos de mayor crispación, desde el bloque partidario de la compañía se sugiere que la prensa y los observadores sean expulsados.
Mientras se contabilizan los votos, junto a la mesa que preside el referéndum, los ánimos se calientan. Un sector de los partidarios de la empresa (todos hombres) discute nuevamente su participación o no en la asamblea. Finalmente se llega a un acuerdo. Quienes defienden la consulta de buena fe seguirán con su proceso, mientras que los partidarios de la empresa no se sumarán a la votación. Estos, sin embargo, reiteran que no creen que este acto tenga validez y solo darán legitimidad al proceso que lidera el MEM.
El MEM está trabajando en un proceso de consulta que sigue los lineamientos marcados por la Corte de Constitucionalidad. En él participan las 11 comunidades del área de influencia, diversas instituciones y la propia empresa. Está previsto que la comisión de preconsulta tenga lugar en septiembre.
En un minuto, la tensión se disipa, quienes no deseaban participar se dispersan y vuelve a sonar la música. Según relatarán posteriormente en la organización, escenas similares se registraron en Las Tres Cruces, otro de los municipios que firmaron convenio pero que ahora se encuentran partidos. En el resto de municipios todo se desarrolló sin contratiempos. La única dificultad objetiva era hacer llegar las actas hasta Santa María Cahabón, teniendo en cuenta que votaron comunidades que se encuentran a cuatro horas de trayecto de la capital del municipio.
En las aldeas más comprometidas con la hidroeléctrica, como La Escopeta, ubicada a 5.6 kilómetros de Oxec, no se realizó consulta. Sus vecinos celebraron una reunión en el centro comunitario, pagado con fondos de la compañía. “Si alguno no viene, sabremos si existe oposición al proyecto”, argumentaba José Chun, planillero de la empresa y autoridad “de facto” en la aldea. Tampoco se celebraron consultas en Seasir (a 2,2 kilómetros de la planta) ni Sepoc (a 5,35 kilómetros). No obstante, los vecinos de este último núcleo que sí querían votar se desplazaron hasta Champerico. Así evitaban confrontaciones con aquellos vecinos que respaldan la infraestructura.
Incógnitas sobre el futuro
Después de recopilar todas las actas, el Consejo Electoral hizo públicos los resultados en el kiosko de Santa María Cahabón, cabeza del municipio. Faltan las valoraciones. Quizás el hecho de que el proceso se desarrollase con un ojo mirando hacia la crisis abierta en Guatemala hace que, por el momento, la organización no haya hecho pública su valoración. Julio González, miembro de Madre Selva, colectivo ecologista que ha acompañado a los comunitarios, ponía en valor la participación de los pobladores, recordando que en otros comicios, como el que en 2015 escogió al alcalde, Mariano Caal, se celebraron con menos votos en las urnas. Además, reitera que esta fue una jornada “pacífica” y que pudo desarrollarse a pesar del boicot del Estado.
Como en Salac I, la consulta ha servido para que los detractores de Oxec se contabilicen y exhiban su capacidad de movilización. También ha permitido desplegar los argumentos para la discusión sobre las consultas en base al convenio 169 de la OIT, una discusión todavía no resuelta. Además, establece una base para futuros amparos ante la Corte Iberoamericana o diversos tribunales internacionales.
Sin embargo, el MEM, y por extensión el Estado, sigue rechazando este procedimiento. Y realizando su propia consulta, que solo incluye a las 11 aldeas del área de influencia.
La empresa sigue en funcionamiento. De hecho, ni siquiera durante la jornada en la que miles de personas votaron en su contra pararon las máquinas que construyen su segunda planta.
