Las amenazantes intenciones de Degenhart para con el Archivo Histórico de la Policía

En 13 años de febril actividad, el personal del Archivo Histórico de la Policía Nacional logró poner a salvo los 80 millones de documentos hallados en estado de abandono completo, que describen 116 años de la institución y, en buena parte, la historia política contemporánea del país. En su momento, el hallazgo, realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos de forma totalmente casual, fue sorprendente, ya que revelaba a la sociedad un patrimonio de memoria histórica colectiva que, evidentemente, se quería mantener en el olvido, como buena parte de la controversial historia reciente del país.

En poco más de una década se lograron organizar, describir y digitalizar 24 millones y medio de documentos a través de un proceso científico en línea con las normas internacionales de la archivística moderna. El Archivo Histórico de la Policía Nacional es en la actualidad el mayor archivo histórico de América Latina, que permaneció oculto al escrutinio de la sociedad pero que finalmente fue liberado. En menos de tres lustros, la Unidad de Acceso a la Información del archivo ha atendido 14,259 solicitudes de información, y 29,544 páginas de sus documentos han sido certificados para procesos judiciales.

El archivo ha servido para que investigadores sociales reconstruyan la historia, déspota y criminal, de los acontecimientos políticos más importantes del último siglo, registrados por las fuerzas civiles de seguridad, la Policía Nacional, aliada subordinada de militares y escuadrones de la muerte. Sus valiosos documentos también han servido para demostrar ante los tribunales, la responsabilidad criminal de funcionarios y agentes del Estado en decenas de casos de violaciones a los derechos humanos.

Quizá ha sido por ello que el pasado lunes 27 de mayo, el ministro de Gobernación Enrique Degenhart, amenazó frente a los micrófonos de la prensa, con cambios en las modalidades de acceso y de gestión del Archivo Histórico, denunciando que «es impensable que la cartera de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, no tenga ninguna participación en el manejo de sus propios archivos», ya que algunos contienen información de «seguridad nacional». Puntualizó que el Archivo «es importante para Guatemala, hay información sensible y que está protegida por la Ley de Acceso a la Información Pública», olvidando que si la preocupación fuera proteger documentos para investigaciones sobre violaciones de derechos humanos, el artículo 24 de la Ley declara que «en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad».

El ministro acudió a la antigua y siempre verde –ahora más en auge que nunca – lógica de la soberanía nacional, de que, a pesar de ser documentos públicos «no vamos a permitir que esos archivos salgan de forma masiva al exterior del país» porque «no puede haber instituciones extranjeras que tengan los archivos completos».

En efecto, las preocupaciones del ministro del Interior son bien fundamentadas ya que el Archivo ha sido una pieza clave en el proceso de esclarecimiento histórico de la última década. Casos como la desaparición del líder estudiantil y sindicalista Édgar Fernando García, en 1984, fueron probados a través de documentos que sirvieron no sólo a condenar a los autores del crimen –Héctor Roderico Ramírez Ríos y Abraham Lancério Gómez– tipificando el delito de desaparición forzada, sino a ligar a proceso a los autores intelectuales, Héctor Bol de la Cruz y Jorge Alberto Gómez. El primero, en aquel entonces, era coronel del Ejército y director general de la policía. Su perfil ejemplificaba las conexiones entre fuerzas policiales y militares en la toma de decisión durante la época de represión de Estado de los años 80.

Documentos del archivo sirvieron también para aclarar la función de los aparatos de la inteligencia policial en los casos de los asesinatos del líder estudiantil Oliverio Castañeda, en 1978, y del dirigente político y exalcalde capitalino Manuel Colom Argueta, en 1979.

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Tal vez sean dos los casos más emblemáticos que hayan generado un repudio fuerte en contra de la función del Archivo por parte de la jerarquía militar todavía al poder.

10 de mayo 2013. El primer juicio por genocidio se cierra con una sentencia condenatoria en contra del exjefe de Estado de facto, Efraín Ríos Montt, cuya defensa, más allá de las razones de la implementación de las políticas de seguridad de Estado en el marco del contexto histórico de la guerra fría, apelaba a la imposibilidad del e dictador de controlar toda la cadena de mando. Documentos del Archivo demostraron la obsesión del general en realizar visitas a las dependencias del Estado para mantener un orden de control capilar y estricto en todas las operaciones realizadas por las fuerzas del orden entre marzo de 1982 y agosto de 1983, época de su gobierno.

23 de mayo 2018. A las 4:30 de la madrugada, el Tribunal C de Mayor Riesgo dicta sentencia condenatoria en contra de cinco militares retirados por la desaparición de Marco Antonio Molina Theissen. Los condenados son Manuel Benedicto Lucas García, exjefe del Estado Mayor del Ejército; Manuel Antonio Callejas Callejas, exjefe de Inteligencia Militar y los altos cargos de la zona militar de Quetzaltenango Francisco Luís Gordillo Martínez, excomandante; Edilberto Letona Linares, exsubcomandante; HugoRamiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar. Siendo personas ancianas, la sentencia los condena, prácticamente, a cadena perpetua.

Entre las paredes del poder, todavía se recuerda la reacción furibunda de Enrique Degenhart, entrando al despacho del exministro de Cultura y Deporte, José Luis Chea Urruela, paquete de documentos del Archivo a la mano, alegándole duramente por el papel de esos documentos en el juicio recién cerrado.

El pasado 3 de agosto, la dirección del Archivo se debilitó drásticamente con la no renovación del contrato a su histórico coordinador, Gustavo Meoño, que recibe la noticia sin alguna explicación, en una reunión en la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo papel había sido administrar los fondos que varias agencias de la cooperación internacional brindaban para el funcionamiento del Archivo. Varios meses en ausencia de un nuevo coordinador han sido funcionales para una campaña de despidos masivos del personal y el debilitamiento de la institución en sus funciones esenciales.

El recorrido, por el momento, termina frente a un nuevo caso que podría desestabilizar ulteriormente los poderes militares detrás del gobierno del presidente Jimmy Morales: 4.000 documentos archivados hacen referencia al Diario Militar, donde se denuncia la ejecución de 183 personas, durante el período del conflicto armado interno, la mayoría realizada de forma extrajudicial.

El procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, para obligar a los ministerios de Gobernación y Cultura y Deportes a garantizar el resguardo, cuidado y inalteración de los documentos históricos del Archivo. La acción legal busca que ambas carteras prorroguen el plazo del usufructo del edificio donde se encuentra el Archivo, en la zona seis de la capital, para evitar el desmantelamiento y desaparición de los documentos, antes del vencimiento de este el próximo 30 de junio.