Las cinco iniciativas que el FCN-Nación y aliados no han logrado aprobar

Aunque han corrido con el cabildeo y las negociaciones, no les ha sido posible a quienes dominan el Congreso concretar acuerdos para dejar aprobadas antes de concluya el primer período constitucional de sesiones ordinarias (que finaliza el próximo 15 de mayo), las cuatro iniciativas que consideran más importantes para fortalecer sus posiciones frente a la lucha contra la corrupción y la impunidad, y una quinta que, aunque tendría fines electorales (de cara a los comicios de 2019) ha sido puesta sobre la mesa como moneda de cambio para las negociaciones.

Las habilidades negociadoras de los miembros de la junta directiva del Legislativo, su presidente Álvaro Arzú Escobar, y de su vicepresidente, Felipe Alejos Lorenzana, y de los diputados Luis Hernández Azmitia del Movimiento Reformador, y de Óscar Argueta de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), no fueron suficientes para sumar los 80 votos necesarios para iniciar con la aprobación de la iniciativa que busca reformar el delito de financiamiento electoral durante la sesión de ayer. De ahí que no hayan avanzado en la aprobación de la Ley de ONG que se encuentra en tercera lectura ni se hayan llegado a los consensos necesarios para las modificaciones necesarias para legalizar el transfuguismo y la destitución del Procurador de los Derechos Humanos.

La única posibilidad que tienen para mover alguna de estas iniciativas antes del 15 de mayo, en caso fructifiquen las negociaciones internas, es que los diputados que pidieron la interpelación del ministro de Ambiente, Alfonso Alonso, la cual está programada para realizarse ese día, desistan de ella. De lo contrario, la discusión de esas iniciativas se retomará hasta agosto próximo, cuando se reinicie el período ordinario de sesiones legislativas. O antes, si obtienen los votos necesarios para convocar a una sesión extraordinaria. Todo dependerá de las negociaciones y los cambios en la correlación de fuerzas internas.

1. Reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo

En la sesión del 8 de mayo, el partido oficial y sus aliados intentaron aprobar en tercera lectura las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, pero no obtuvo los 80 votos necesarios. Se trata de una iniciativa de 26 artículos, impulsada por el diputado del FCN-Nación, Christian Gabriel González, que días antes había sido aprobada en primero y segundo debate con los votos requeridos.

La iniciativa, que es rechazada por las organizaciones de la sociedad civil y las bancadas minoritarias, obliga a las organizaciones no gubernamentales (ONG) a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre las cantidades, procedencia y destino de las donaciones y financiamientos que reciban del extranjero, y facultad al Ministerio de Gobernación a cancelar las ONG que utilicen esos recursos “para alterar el orden público”.

2. Ley de aceptación de cargos

El segundo tema que mueve el Congreso no es nuevo. Apareció en la agenda legislativa durante la presidencia de Mario Taracena, en 2016, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) pusieron sobre la mesa el primer borrador de la ley aceptación de cargos. El objetivo era proponer una salida a los señalados dentro de los casos de corrupción destapados a partir de abril de 2015, con el fin de garantizar el principio de justicia pronta y cumplida, y reducir los niveles de impunidad. La propuesta del MP y Cicig fue rechazada de entrada. El diputado independiente Oliverio García Rodas, redactó una iniciativa basada en el concepto de justicia premial, el cual hace referencia al uso de beneficios y castigos, entre otros fines, para estimular la admisión de los hechos, la delación y la terminación temprana de los procesos. La iniciativa de García Rodas fue presentada en agosto de 2016. Una semana después, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una iniciativa para reformar el Código Procesal Penal, con el fin de establecer un procedimiento especial de aceptación de cargos. La falta de consensos dentro de las diferentes bancadas mantuvo engavetadas ambas iniciativas.

Pero a partir del involucramiento de poderosos empresarios en casos de corrupción, a finales de 2017 ambas iniciativas se empezaron a discutir en el Congreso. La iniciativa de García Rodas fue aprobada en primera y segunda lectura, y la semana pasada, sin que el mismo diputado ponente lo esperara, sin que se hubieran acordado enmiendas y sin consultas técnicas, se pretendió aprobar la iniciativa en tercera lectura. Eso obligó a García Rodas a retirar su propuesta del pleno, y a apoyar la iniciativa presentada por la CSJ.

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La ley de aceptación de cargo, que recoge los principios de verdad, justicia, resarcimiento y garantía de la no repetición, básicamente consiste en que los imputados que reconozcan su responsabilidad en los hechos, faciliten información y evidencias de cómo se cometieron los ilícitos y quiénes más participaron en ellos, serán declarados culpables pero beneficiados con reducción de las penas, y condenados al pago de resarcimientos para los agraviados y la sociedad, y deberán enfrentar medidas a futuro para garantizar que no vuelvan a cometer los delitos reconocidos. Diversas instancias de especialistas vinculadas a organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial, además de la Fiscalía General y la Cicig, analizan una serie de enmiendas que pretenden incluir en la iniciativa.

El interés por aprobar esa ley, que beneficiaría a una gran cantidad de los vinculados en los procesos por corrupción (principalmente empresarios, políticos y diputados), obligó al presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, a convocar a los magistrados de la CSJ para que comparecieran al Congreso a explicar los alcances de la misma. Como resultado de esa reunión, que se realizó el 9 de mayo, los diputados acordaron aprobarla en primera lectura (para avanzar en el proceso legislativo), y de manera paralela, por iniciativa del diputado Carlos Barreda, de la UNE, convocar a una mesa técnica con representación de todas la bancadas, expertos y sociedad civil, para discutir y acordar enmiendas.

3. Reforma al delito de financiamiento electoral

Quizá la ley que más urge aprobar al FNC-Nación y sus aliados, incluida la UNE, es la relacionada con la reforma al artículo 407 N del Código Penal, el cual establece las penas para el delito de financiamiento electoral anónimo. Por este delito son señalados los actuales diputados y exsecretarios generales de sus partidos Orlando Blanco Lapola (UNE) y Roberto Villate Villatoro (Libertad Democrática Renovada). Un importante número de poderosos empresarios que financiaron campañas electorales de manera anónima en el pasado, también podrían ser sindicados por esa práctica.

En septiembre pasado, durante la consumación del denominado “Pacto de corruptos”, los diputados ya habían modificado ese artículo, pero ante el rechazo popular fueron obligados a dejar sin efectos los cambios. Pero meses después la Corte de Constitucionalidad (CC) les dio una nueva oportunidad. La CC rechazó una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 407 N, pero reconoció que la redacción del mismo es ambigua, por lo que pidió al Congreso que lo reforme para aclararlo. De inmediato, el Legislativo creó una comisión extraordinaria que se encargara de discutir y consensuar una propuesta, la cual está presidida por el diputado Rodolfo Castañón Fuentes de la bancada FCN-Nación, pero que ha tenido como principal operador al diputado Óscar Argueta de la UNE.

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Tras varias semanas de discusión y negociaciones, la comisión dictaminó a favor de una propuesta que sanciona con penas de uno a cinco años de cárcel (conmutables), y una multa de Q20 mil a Q100 mil a quien consienta y reciba aportaciones a la campaña electoral y no las reporte, y con penas de uno a cinco años y multas equivalentes al 100% de lo aportado, a quienes realicen aportaciones sin acreditar su identidad. De los 16 diputados que integran la comisión extraordinaria, solo 12 firmaron el dictamen, ocho a favor y cuatro en contra. Durante la sesión del 8 de mayo, Argueta pidió las firmas a los congresistas que integraron la comisión. El objetivo era buscar nueve firmas limpias, es decir, sin voto razonado. Al no conseguirlas, el dictamen no pudo ser elevado al pleno para su discusión en primer debate.

Según el análisis jurídico realizado por la Fundación Myrna Mack, en los términos en que se redactó el dictamen, se “busca generar impunidad” porque se introducen nuevos aspectos que dificultarían la persecución penal. Hasta que el dictamen no sea aprobado por sus 16 integrantes, esto no se podrá discutir en el pleno.

4. Transfuguismo

Como moneda de cambio para aprobar las iniciativas que interesan al bloque dominante en el Congreso, un grupo de unos 30 diputados encabezados por Luis Hernández Azmitia ha propuesto modificar el artículo de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) que prohíbe a los legisladores cambiarse de partido. El transfuguismo fue prohibido en las reformas aprobadas en 2016, y está penado con la prohibición de presidir comisiones de trabajo e integrar la junta directiva del Congreso, además de que no podrán postularse como candidatos para la reelección mas que por el partido por el que fueron elegidos inicialmente. Eso es precisamente lo que los diputados encabezados por Hernández Azmitia (y que beneficiaría a unos 80 diputados) quieren cambiar: la oportunidad de buscar su reelección en las elecciones de 2019, por cualquier partido.  

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Hasta el momento, la propuesta de Hernández Azmitia no ha cuajado, más por la complejidad del proceso que por la voluntad de los diputados. Por ser una ley de rango constitucional, cualquier modificación a la LEEP debe ser llevada a consulta a la Corte de Constitucionalidad la cual puede demorar todo lo que desee en pronunciarse. De hecho, sobre las reformas a esa ley aprobadas en noviembre pasado, aún no ha emitido opinión, lo cual podría impedir que las mismas cobren vigencia para las próximas elecciones.

5. Destitución de Jordán Rodas

La relación entre el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, y el Congreso ha sido tensa desde su elección el año pasado. Varios congresistas están a la espera de un error para poder sacarlo del puesto. Los diputados Felipe Alejos y Luis Hernández Azmitia han encabezado una cruzada por convencer a 105 diputados para que den su voto para promover su destitución. Aseguran que ya cuentan con 83, pero no hay vistas a que suban de esa cifra.

El PDH les es incómodo al FNC-Nación y aliados en el Congreso, al Ejecutivo y a los políticos y diputados implicados en las investigaciones de casos de corrupción que realiza el MP y la Cicig, por el apoyo de Rodas a esa lucha, pero principalmente porque interpuso el amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), que impidió la expulsión del país del comisionado Iván Velásquez, en agosto del año pasado, cuando el presidente Jimmy Morales lo declaró non grato. 

Hasta el momento no existe una causal clara que pueda justificar la remoción del PDH por parte del Congreso. Hacerlo de la forma en que proponen Alejos y Hernández podría ser objeto de impugnaciones en la CC, y el Congreso no está dispuesto a correr con ese riesgo.