El contragolpe de Semilla y la nueva alianza oficialista
Crónica de una ilegalidad anunciada
— Julio Héctor (@JulioHectorE) January 13, 2024
Hace dos días denuncié la recepción de comunicación del @Congresoguate exigiendo requisitos nuevos, fuera de la ley, a completar el 14 de enero previo a asumir el puesto de diputado.
Fue noticia en @prensa_libre @soy_502 @lahoragt un hilo muy…
El contragolpe de Semilla y la nueva alianza oficialista
El 14 de enero fue un aviso de lo que podría ser la legislatura de los próximos cuatro años: empujones, insultos, gritos, amenazas y traiciones. La sesión solemne duró trece horas que resumió la batalla de los últimos seis meses antes del cambio de gobierno. El nuevo oficialismo, negociado por Movimiento Semilla, logró que 69 diputados de otras 15 bancadas lo apoyaran para arrebatarle la junta directiva a la alianza que protegió al gobierno saliente y que estaba comandada por los partidos de Alejandro Giammattei y las excandidatas presidenciales Zury Ríos y Sandra Torres, quienes fueron traicionadas por 25 diputados electos con las organizaciones políticas que ellas dirigen.
Pasaron cuatro años para que los diputados de Semilla hicieran lo que varios de sus electores les exigieron cuando eran oposición: dejar de ser moderados. Se pararon sobre el podio del hemiciclo para increpar al presidente de la junta provisional y exigir que les dieran la palabra antes de votar por la directiva de 2024, que ganaron y que solo sirvió para presidir el cambio de presidente pues la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó repetir por cuatro acciones legales que presentaron opositores al nuevo gobierno.
Ese fue uno de los momentos clave del 14 de enero de 2024 a lo largo de la extensa jornada en el Congreso, en la que se buscó boicotear la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.
Horas antes, congresistas electos de Semilla irrumpieron en un salón con acceso restringido, donde una comisión revisora buscaba retrasar la jornada de transmisión de poder, declarar independientes a legisladores electos y evitar que Julio Héctor Estrada, de Cabal, asumiera por una denuncia presentada dos días antes.
Fue una lucha entre un nuevo y un viejo Congreso, el segundo señalado de estar integrado por congresistas del llamado «pacto de corruptos», una categoría acuñada desde hace siete años que al principio aludía a un acuerdo entre distintas bancadas que reformaron el Código Penal para conmutar las penas de hasta diez años de cárcel para la mayoría de delitos.
Varios de los políticos que alcanzaron ese «pacto», en 2017, se beneficiaron de esa reforma, principalmente quienes eran investigados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), expulsada por el presidente Jimmy Morales un año después. Con la llegada de Alejandro Giammattei al poder, esa alianza se consolidó y se convirtió en una maquinaria que operaba alineada en el Legislativo y que se extendió a los otros dos poderes del Estado.
Giammattei fue sancionado, a 72 horas de haber dejado el cargo de presidente de la República, por el gobierno de Estados Unidos por «su involucramiento en significativos actos de corrupción».
La sesión solemne en la que se cerró el periodo 2020-2024 y se instaló la nueva legislatura se inició a las 9:30 de la mañana, con hora y media de retraso, y en ese momento sin sobresaltos. El palco reservado para diplomáticos estaba casi vacío y la participación de altos funcionarios del Estado era escasa. Estuvieron presentes la magistrada titular de la CC, Dina Ochoa, además de los suplentes Claudia Paniagua, Juan José Samayoa y Luis Rosales. También acudió el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Alejandro Córdova.
En el inicio de la plenaria solo hubo 62 diputados, mientras las negociaciones para conformar la nueva junta directiva, que se incrementaron en la semana previa al 14 de enero, continuaban.
Un grupo de legisladores se reunía en uno de los salones en donde la prensa no tenía acceso, pero personas que no eran diputados electos, como Jorge Baldizón, hijo del excandidato presidencial Manuel Baldizón — condenado en Estados Unidos por lavado de dinero— se paseaban sin restricción.
Los periodistas solo tenían permitido estar en el palco de prensa, un espacio de seis metros de ancho por seis de largo y con 23 butacas que fue insuficiente para más de 60 medios de comunicación acreditados, según el Congreso. A un lado del ingreso a ese recinto hay un letrero que dice: «capacidad, 24 personas». Frente a la única puerta del palco de prensa, que sirve de entrada y salida, el personal del Legislativo colocó una reja metálica para impedir que los comunicadores salieran del lugar sin su autorización. Nunca hubo una justificación para esas medidas.
Los empleados de comunicación y de seguridad del Legislativo vigilaban a los reporteros hasta para ir al baño y así evitar que accedieran a otros salones, pese a que en estos se discutía la revisión de credenciales de los diputados electos, uno de los puntos clave previo a la instalación de la nueva legislatura, debido a que se buscaba dejar sin opción de competir por la directiva especialmente a Semilla, al amparo de un acuerdo que aprobó la Contraloría General de Cuentas (CGC) en diciembre.
A las 10:40 horas la aún presidenta del Congreso, Shirley Rivera, anunció un receso en la sesión solemne para que una comisión multipartidaria, presidida por el diputado Javier Hernández, del desaparecido partido FCN-Nación, analizara las credenciales que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) extendió a cada diputado electo. Fue el inicio de la turbulencia en el Congreso. La pausa en la sesión se prolongaría durante ocho horas.
En el Congreso ya se esperaba confrontación
Además del finiquito que extiende la Contraloría, la directiva que presidía Rivera pidió un documento adicional llamado «Cuenta corriente», que debía ser generado el mismo 14 de enero en la página electrónica de la CGC, previo a la sesión solemne. Eso abrió la puerta para que una denuncia a última hora evitara la toma de posesión de cualquier diputado, siempre que tuviera el aval de la comisión revisora.
Y así ocurrió. El legislador electo por el partido Cabal, Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas en el gobierno de Jimmy Morales, denunció que la noche del 12 de enero verificó que ese día le apareció en la «Cuenta corriente» de la Contraloría, una denuncia por un hallazgo durante su gestión como ministro.
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La CGC también indicó que la inobservancia de los nuevos requisitos constituía una resistencia a la acción fiscalizadora, que le permite a la institución aplicar el Código Penal. El abogado constitucionalista, Édgar Ortiz, consideró que estos requisitos adicionales que pidió la Contraloría eran ilegales porque no los contempla la Constitución Política de la República.
El inicio del contragolpe
Al mediodía, los diputados de la bancada VOS, Orlando Blanco, Jairo Flores y Karina Paz llegaron al palco de prensa a exigirle al personal del Congreso que no limitara el trabajo de los periodistas, después de algunas denuncias publicadas en redes sociales. Las transmisiones que los diputados realizaban en Tik Tok sirvieron de presión para que los empleados de seguridad dejaran pasar a la prensa hasta el Salón Virtual donde se reunía la comisión revisora a puerta cerrada.
La situación empezó a subir de tono cuando Blanco ingresó al salón para observar cómo se evaluaban las credenciales de los diputados electos. Allí empezaron los empujones porque personal de seguridad del Congreso evitaba a toda costa que más personas entraran para fiscalizar el procedimiento. Un tumulto de diputados, reporteros y personal del Legislativo se agolpaba en la puerta. Adentro solo se escuchaban gritos y golpes sobre la extensa mesa de esa sala.
En la puerta, el diputado Flores también gritaba a un empleado del Congreso que se negaba a darle paso:
—¡Usted no me puede tocar porque soy diputado! Si me toca le respondo—, le decía al borde de iniciar una revuelta.
Se observaban más empujones y gritos, pero ninguno del enjambre lograba entrar.
—¡Quítese, señor! Si usted no me da paso yo lo voy a denunciar—, insistía Flores mientras jalaba del brazo al guardia.
La subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso, Silvia Patricia Valiente Castro, quien está embarazada, se paró en la entrada del salón, de espaldas a los periodistas y a los diputados que insistían en ingresar. La directora extendió el brazo derecho para abarcar el ingreso y obstruir las cámaras y celulares de los reporteros.
Valiente se postuló en las elecciones de 2023 como candidata a legisladora de Chiquimula con el partido Vamos, en segunda casilla, pero no fue electa. Durante las sesiones plenarias de la pasada legislatura, la funcionaria también obstruía el paso a los diputados opositores para que estos no llegaran a la junta directiva a reclamar.
«¡Compañeros de la prensa, exponer a una mujer embarazada es práctica de esta junta directiva. Si fuera legal esta reunión, ustedes estarían adentro. Pero no hay fundamento para que Shirley (Rivera) haya hecho esta comisión!», gritaba en el interior de la sala la diputada de Semilla, Ligia Hernández, quien no se reeligió. Había logrado entrar a la reunión para presenciarla.
En tanto que Manuel Rivera, del bloque Victoria, tampoco reelecto, confirmó la denuncia de Hernández: «¡Compañeros de la prensa, les quiero pedir respeto a la sesión. Hay una licenciada acá en estado de gestación, no empujemos, la vamos a lastimar!», justificó el diputado.
Enseguida, el presidente de la comisión, Javier Hernández, quien ese día dejó de ser congresista, cerró la puerta frente a reporteros y diputados. Nadie más pudo entrar. Diputados de oposición denunciaron que la junta directiva delegó la presidencia de ese órgano de manera arbitraria a Hernández. Nunca se informó cuál fue el sorteo para integrarla.
La comisión revisora llevaba más de dos horas reunida, pero sin ningún avance. El diputado Flores denunció que la intención de haber conformado la instancia era obstaculizar la toma de posesión del binomio presidencial conformado por Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Para que se iniciara el acto de investidura de Arévalo y Herrera, programado para las 2 de la tarde, faltaba una hora. Pero la revisión de las credenciales de los 160 diputados no había comenzado. Después de eso, restaba la aprobación del dictamen de la comisión, el cierre de la legislatura 2020-2024, la toma de posesión de los nuevos diputados y la última de las batallas: la elección de la junta directiva.
La carrera era contrarreloj.
El oscuro guardián del Congreso
Tras el intento de la bancada VOS por ingresar al Salón Virtual —se llama así porque el lugar tiene pantallas inteligentes en los escritorios y en las paredes para realizar reuniones en línea—, el diputado Inés Castillo, reelecto con el partido UNE, también llegó para ingresar, pero el jefe de seguridad del Congreso, Jorge Ignacio López Jiménez, se lo impidió. Jiménez también obstruyó el trabajo de la prensa.
El jefe de seguridad es un coronel del Ejército retirado, quien al inicio del gobierno de Jimmy Morales dirigió la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), pero en septiembre de 2016 fue destituido por acusaciones de espionaje desde esa dependencia hacia periodistas, funcionarios, empresarios, políticos y defensores de derechos humanos.
El cuestionado historial de Jiménez incluye haber sido copropietario de la empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala (Visegua), proveedora del Estado y señalada hace siete años de proveer armas a pandilleros en Villa Nueva.
Además, en 2022 se reveló que Visegua contrató como guardia de seguridad a Malfred Orlando Pérez Lorenzo, apodado el Payasito, acusado en el caso Diario Militar de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de humanidad.
Cuando se elevó la turbulencia en el Congreso el 14 de enero, muy cerca de López Jiménez se mantuvo el diputado Hérber Armando Melgar Padilla, del FCN-Nación, uno de los integrantes de la alianza política que encabezó el expresidente Alejandro Giammattei. Melgar Padilla también fue el jefe de seguridad de la campaña electoral de Morales.
Una publicación del diario elPeriódico, de agosto de 2016, reveló que el ahora jefe de seguridad del Legislativo y Melgar Padilla fueron compañeros de promoción en la Escuela Politécnica. La nota reprodujo una denuncia planteada en la oficina del PDH por un exagente de la SAAS en la que se señala que el diputado, quien fungía como asesor ad honorem del presidente Morales, era en realidad quien tomaba las decisiones en la secretaría a cargo de la seguridad presidencial.
Jiménez no respondió ninguna de las preguntas que la prensa le formuló para que explicara los motivos de las restricciones, quién y por qué las había ordenado.
—¿Por qué no nos dejan entrar?—, le preguntó Castillo al jefe de seguridad.
—Tenemos órdenes—, respondió Jiménez.
—Bueno, ahorita vamos a venir 50 diputados—, advirtió el congresista.
Una comisión acorralada
En los pasillos del Congreso aumentaba el rumor de que los diputados electos de Semilla serían declarados independientes, es decir sin bancada y sin opción de competir por la junta directiva. También existía el temor de que la comisión desconociera las credenciales de varios congresistas que mantenían negociaciones con el nuevo oficialismo.
En una transmisión en directo se escuchaba que el diputado Aldo Dávila reprendía a Hernández sobre la conformación de la junta: «¡Traenos una resolución del sorteo que hicieron! ¿Hubo sorteo o fue a dedo? Va a presidir alguien (Hernández) que ni a partido llega. No hubo ningún sorteo para definir quién iba a calificar las credenciales», le dijo Dávila a Hernández cuando este intentaba sacarlo del salón.
«Aquí están fraguando el golpe de Estado. Señores, no quieren instalar el Congreso porque la Constitución nos impone darle posesión al presidente antes de las cuatro de la tarde», dijo a la prensa el diputado Inés Castillo.
Las expresiones «golpe de Estado» y «golpe de Estado en curso» se han repetido casi a diario durante los últimos seis meses en Guatemala, desde el día que el TSE confirmó que el Movimiento Semilla disputaría la segunda vuelta contra la UNE, paradójicamente, el partido por el que fue electo Inés Castillo. Lo señaló hasta el cansancio el presidente electo Bernardo Arévalo desde antes del balotaje, la OEA y la comunidad internacional hicieron lo mismo.
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Las declaraciones de Castillo y Dávila fueron una chispa que prendió otra mecha en el Congreso. Los diputados electos de Semilla llegaron al salón donde la comisión revisora aún no iniciaba con la calificación de credenciales. Las puertas seguían cerradas y solo algunos diputados que no integraban la comisión, al que el diputado Castillo llamó «tribunal de inquisición», pudieron ingresar.
Jiménez resguardaba la puerta y Melgar Padilla solo observaba a un costado. Los legisladores electos de Semilla estaban enardecidos y gritaban consignas mientras transmitían por Tik Tok todo lo que ocurría: «¡Fuera golpistas, se les acabó el tiempo!», «¡Respeten la voluntad del pueblo!», señalaban.
El diputado electo Jonathan Menkos golpeaba la puerta y con la voz impostada gritaba: «¡Se acabaron los pactos de corruptos!». El jefe de seguridad del Congreso no tuvo otra opción que abrirse paso entre los legisladores electos y los reporteros que grababan cada instante con sus celulares y cámaras, para dejarle el camino libre al nuevo bloque de Semilla.
Ronalth Ochaeta, otro diputado electo de Semilla, embistió la puerta cinco veces hasta que la abrió a la fuerza. Al otro lado, los diputados Maynor Mejía, de Vamos, y Manuel Rivera, de Victoria, no pudieron contener a los enardecidos. «¡Se acabó esto!», gritó Menkos al entrar al salón, movió la cabeza e hizo un cruce de manos como cuando un árbitro pita el final de un partido de futbol. Rivera lo empujó y le gritó: «¡Respetá las puertas del Congreso!». Hubo cruce de gritos.
Más gritos. Los diputados que integraban la comisión revisora se pararon y salieron rápido del salón. Huyeron de la prensa y de los insultos de los nuevos diputados que exigían terminar con la reunión. Uno de ellos alcanzó a decir a los diputados de Semilla que «ahora se jodieron».
En efecto, en ese momento los diputados de Semilla estaban en aprietos. Su toma de posesión se veía lejana y la transmisión del mando presidencial, remota. Algunos diputados salientes acusaban de desobediencia y sedición al no entregarle el mando a Bernardo Arévalo. «Hacemos un llamado a la población a que se organice porque aquí toca defender la democracia», decía la diputada independiente Lesly Valenzuela.
Zozobra
Tras la irrupción de Semilla en la comisión revisora, la pausa en la primera parte de la sesión solemne se prolongó. Era la 1:30 de la tarde y la seguridad del Legislativo dirigida por el militar López Jiménez bloqueó los accesos al hemiciclo. Las puertas hechas de rejas de metal sólido fueron cerradas con cadenas y candados.
En un extremo del Congreso, cercano a la entrada de la Octava avenida, zona 1, a un grupo de unos 30 periodistas que volvía de cubrir la escandalosa reunión se les impidió acceder al palco de prensa durante 40 minutos, como una medida de castigo por atreverse a ingresar a un área que había sido declarada, de manera arbitraria, como restringida para los medios de comunicación.
López Jiménez ordenó que los cadetes de la Escuela Politécnica se retiraran de las instalaciones y pidió que ingresaran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), sin armas, para evitar el paso de los periodistas y que estos hicieran su trabajo en una sesión donde aumentaba la incertidumbre.
«A las y los colegas se les mantuvo retenidos por más de cuarenta minutos en el área de Casa Larrazábal, prohibiéndoles movilizarse dentro del Congreso, lo que violenta la libertad de expresión y el derecho de informar», denunció el colectivo de periodistas No Nos Callarán.
La sede central del Congreso está en el centro de la ciudad de Guatemala, enclavada entre la Octava y la Novena avenida. Hay estrechos pasillos que comunican entre oficinas, salones de juntas y el hemiciclo que se parece a un teatro, o a veces a un circo. Al otro extremo del edificio, otro grupo de personas estaba retenido también por el cierre de las puertas con cadenas y candados, era un grupo de diputados electos.
La situación dentro del Congreso enardeció los ánimos en las calles aledañas por el temor de que se retrasara o no se realizara la investidura de Bernardo Arévalo como presidente de la República.
En algunos puntos como la Novena calle y Octava avenida los manifestantes lograron burlar el cerco policial, aproximándose a las afueras del edificio de la asamblea para exigir a los diputados que agilizaran la sesión. En otros puntos, las consignas hicieron retroceder a elementos de la Policía Militar, que también fue enviada a las calles.
«¡Apoyemos la democracia, somos resistencia pacífica!», recordaba una manifestante en uno de los cercos.
A las 2:30 de la tarde, la presidenta del Congreso convocó a una conferencia de prensa y el personal de seguridad del Legislativo se vio obligado a permitir el paso a los periodistas y a los diputados retenidos. Rivera dijo que en breve se retomaría la sesión para revisar las credenciales y adelantó que los diputados electos por el partido Semilla asumirían sus cargos como independientes.
Media hora después, la comisión de credenciales retomó su trabajo. Tras casi ocho horas de incertidumbre, a la vista de jefes de Estado, comunidad internacional y altos representantes de organismos internacionales, los diputados de la comisión decidieron.
Los rumores eran ciertos. Por mayoría, desconocieron a la bancada Semilla y crearon un dictamen donde se les declaró independientes. También se declaró como tal a los diputados Adim Maldonado e Inés Castillo, disidentes de las directrices de Sandra Torres, que en los días previos sostuvieron pláticas con Semilla y otras bancadas de oposición para postular una planilla a la junta directiva.
El único diputado electo a quien se le desconoció su credencial fue a Julio Héctor Estrada, de Cabal. Este proyecto sería enviado a la legislatura saliente y así fue aprobado. A las 8:13 de la noche quedó instalada la legislatura 2024-2028.
Semilla arrebató la directiva
El diputado Samuel Pérez lucía sereno en el centro del hemiciclo, pese a que su bancada estaba suspendida por tercera vez en cuatro meses. Platicaba con sus colegas de bancada Román Castellanos y Andrea Villagrán, luego con el diputado de Vamos, Sergio Arana, un antiguo colaborador del expresidente Giammattei, contra quien el Ministerio Público (MP) pidió orden de captura un día antes de la toma de posesión y en medio de las negociaciones para lograr los votos por la junta directiva.
El MP pidió la captura de Arana por violación y violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado. Sin embargo, una jueza de femicidio solo lo citó a primera declaración. La audiencia se programó para el 17 de febrero.
No es la primera vez que Arana se mantiene cerca de Semilla. Previo al cierre del último periodo ordinario de sesiones, en todas las plenarias sostenía largas pláticas con el presidente electo Bernardo Arévalo, quien al mismo tiempo era diputado del bloque Semilla y acudió a varias de las últimas sesiones de la legislatura pasada. Arana se acercaba a Arévalo, bromeaba con él y le hablaba al oído. Román Castellanos confirmó que el diputado Arana se encontraba en negociaciones con Semilla desde finales de 2023 para apoyar la nueva directiva.
Arana no genera simpatía a lo interno de todo el bloque Semilla, no solo por el caso en su contra por violación y violencia contra la mujer, sino por su actitud calificada como prepotente. El 14 de septiembre de 2021, durante la sesión solemne por el Día de la Independencia, Arana arrebató y rompió carteles que usó Semilla para protestar contra Alejandro Giammattei quien acudió a la plenaria.
Pero la noche del 14 de enero de 2024 fue distinta para Semilla. Su bancada de 23 diputados los convirtió en la tercera fuerza en el nuevo Congreso y les representó pasar de dejarse arrebartar los carteles en la sesión plenaria del 2021, a arrebatar la junta directiva para la que ya contaban con los votos suficientes.
Tras instalarse la junta provisional de debates (el enlace entre la junta directiva saliente y entrante), presidida por el diputado Joel Martínez Herrera, de Vamos, y complementada por los secretarios Inés Castillo, de la UNE y Luis Contreras de Compromiso Renovación y Orden (CREO), Martínez dio la palabra al diputado Byron Rodríguez, de Todos, para que presentara una planilla para la junta directiva, sin tomar en cuenta una petición previa de Semilla, presentada por escrito.
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A las 8:26 de la noche, Joel Martínez tiró otra chispa y su decisión provocó otra explosión en el Legislativo. Los diputados de Semilla junto con Nery Rodas, de Cabal, se apresuraron para rodear al presidente de la junta provisional y obligarlo a que enmendara el trámite.
Los diputados se pararon sobre el púlpito de madera que usan los presidentes de Estado para emitir discursos en las sesiones solemnes celebradas en las tomas de posesión, o los días de la Constitución y de la Independencia. Eso les sirvió para alcanzar el estrado de la junta directiva, un amplio escritorio café oscuro, de madera, con finos acabados desde donde las juntas directivas dirigen las sesiones.
Las diputadas de Semilla Elena Motta, Andrea Villagrán y Laura Marroquín transmitían por Tik Tok todo lo que ocurría, mientras reprendían a Martínez. De nuevo hubo gritos en todo el pleno, mientras diputados como Felipe Alejos, de Todos, y Sandra Jovel, de Valor-Unionista, negaban con la cabeza en señal de rechazo por el desorden.
La escena no cambió durante media hora. Gritos y reclamos hacia el presidente de la junta provisional. Las nuevas diputadas de Semilla Mercedes Monzón y Elena Motta se colocaron en uno de los costados del extenso escritorio de la junta directiva y evitaron el paso a la diputada de Vamos, Greicy de León; la misma estrategia que empleó la subdirectora de Asuntos Jurídicos en la comisión revisora de credenciales, para evitar el ingreso de la prensa y los diputados de Semilla.
Aunque la junta provisional enmendó el trámite, de nuevo dieron la palabra al diputado Byron Rodríguez, quien propuso una planilla para junta directiva encabezada por la excanciller de Jimmy Morales, Sandra Jovel. Otra vez, Semilla y sus aliados mostraron inconformidad. Román Castellanos nominó a una segunda junta directiva conformada así:
La junta de debates decidió someter a votación a las dos planillas propuestas. El primer turno fue para la opción que encabezó Jovel, quien permaneció de pie con los brazos cruzados y recostada sobre su curul, con la cara larga y la vista fija al tablero electrónico. El conteo se estancó cuando llegó a 75 votos. A los costados de la diputada estaban su colega de bloque Lucrecia Marroquín y Álvaro Arzú, de Unionista, con casi las mismas expresiones.
Solo tuvieron el apoyo de Vamos, Valor, Unionista, Todos y Cabal, la base de la alianza que permitió al gobierno anterior aprobar sus iniciativas de interés. Jovel y Marroquín cruzaban miradas, sorprendidas ante el resultado.
El viejo pacto entre los partidos que controlan Alejandro Giammattei, Sandra Torres y Zury Ríos, languidecía. La clave fue la traición de los diputados de la organización de Torres: 28 fueron electos con la UNE, pero solo siete votaron por la opción que encabezó Jovel.
Semilla y sus aliados gritaron y saltaron, como cuando en la tanda de penales de un partido de futbol, un equipo celebra porque el contrario acaba de errar la pena máxima.
A las 9:30 de la noche, justo doce horas después de iniciarse la sesión solemne, la junta provisional sometió a votación la nómina encabezada por Semilla. El diputado Adim Maldonado caminaba entre las curules y con los brazos alzados les decía a sus compañeros «¡De una vez, de una vez!». Los llamaba a apurar la votación.
Samuel Pérez hacía lo propio con los nuevos legisladores, les daba indicaciones de cómo votar. En el hemiciclo seguía el bullicio, se escuchaban gritos como «¡Fuera corruptos! ¡Fuera corruptos!». Hubo gritos ensordecedores, Sandra Jovel tenía la mirada clavada en el suelo, mientras Lucrecia Marroquín agachaba la vista y se cubría el rostro con las manos. La imagen fue objeto de memes en las redes sociales de manera instantánea.
La nueva alianza oficialista tardó 30 segundos en alcanzar los votos suficientes para arrebatar la junta directiva. Los diputados de Semilla y sus aliados explotaron al instante, gritaron, saltaron y extendieron los brazos en señal de victoria, como la celebración de un gol en los últimos minutos de un sufrido y decisivo partido de futbol.
El secretario de la junta de debates, Luis Contreras, tomó la palabra: «Señores diputados, en este momento se cierra la votación»… de nuevo la misma explosión. Otro gol. Con 92 votos, el nuevo oficialismo se impuso. Una vez más los gritos «¡Fuera corruptos! ¡Fuera corruptos!».
Mientras seguía el ruido y los opositores levantaban la mano para pedir la palabra en el hemiciclo, el presidente de la junta de debates Joel Martínez Herrera dejó abierto el micrófono:
—Vos, Inés, ¿cómo se llama el gordo que era presidente (del Congreso)?—, preguntó a Inés Castillo.
—Allan Rodríguez—, respondió.
—Por favor, le vamos a dar la palabra al diputado Allan Rodríguez—, anunció Martínez Herrera.
La grabación del momento también inundó las redes sociales de inmediato y se mantuvo por varios días en memes y videos para aludir a la sesión del 14 de enero.
El expresidente del Congreso Allan Rodríguez y Joel Martínez Herrera forman parte del mismo partido político, Vamos, que llevó a la presidencia a Alejandro Giammattei.
Al tomar el micrófono, el expresidente del Legislativo señaló que la elección que recién terminaba era «nula» por haber incluido a diputados que habían sido declarados independientes al asumir sus curules. Se refería al presidente Samuel Pérez y a dos legisladores de la UNE que conforman la nueva directiva. El mismo cuestionamiento hicieron sus colegas de bloque Guillermo Cifuentes, Víctor Valenzuela y Héctor Aldana.
Gustavo Cruz, del partido Viva, cuestionó así el reclamo de Vamos: «Qué curioso que hoy hablen de legalidad, cuando en los (últimos) cuatro años estuvieron cometiendo ilegalidades desde la junta directiva, con diputados expulsados y con partidos cancelados».
Orlando Blanco, de VOS, sentenció: «¡Tengan dignidad, corruptos. Entiendan, la gente los sacó con votos y hoy los estamos sacando aquí también con votos!».
Las palabras Orlando Blanco fueron un acto de contrición esa noche. El 13 de septiembre de 2017, él fue uno de los diputados que reformaron el Código Penal para conmutar las penas de hasta diez años de prisión para la mayoría de delitos. El objetivo de ese entonces en el Congreso era proteger a los secretarios generales de partidos políticos señalados por la Cicig de financiamiento ilícito.*
Por la presión social, los diputados anularon esa reforma. En ese entonces, Blanco era secretario general del partido UNE. Los diputados Karina Paz, Jairo Flores y Adim Maldonado, ahora aliados de Semilla, también votaron por la reforma que dio origen a la clasificación «pacto de corruptos».*
Tras el razonamiento, los nuevos vicepresidentes de la junta directiva Nery Rodas, de Cabal, y Adim Maldonado, de la UNE, plantearon una propuesta (moción) a la junta provisional para reformar el acuerdo de toma de posesión de todos los diputados para el periodo 2024-2028.
La moción buscaba que Semilla volviera a ser una bancada vigente, los diputados Maldonado e Inés Castillo serían reconocidos como integrantes de la UNE y Julio Héctor Estrada tomaría posesión como legislador de Cabal.
Otro gol y otra celebración para el nuevo oficialismo. Superaron los 81 votos, la mayoría absoluta.
El secretario de la junta de debates, Luis Contreras, dejó abierto el micrófono mientras se cerraba la votación para conocer la propuesta de reforma:
—Una vergueada les están dando—, decía Contreras al presidente de la junta.
Ahora lograron 93 votos, uno más que cuando eligieron la junta directiva. Finalmente, el nuevo acuerdo que restituyó a los diputados a como fueron electos el 25 de junio y como el TSE les adjudicó sus cargos obtuvo 94 votos. La votación definitiva fue más tranquila, con aplausos mesurados.
Las alianzas que Semilla no quiso explicar
Después de que durante la campaña electoral, Adim Maldonado, entonces secretario de organización de la UNE, desinformó sobre la iniciativa 6157 que propone crear la Ley de Educación Integral en Sexualidad y que fue presentada por Andrea Villagrán y Román Castellanos, de Semilla, Maldonado fue una pieza fundamental para que el nuevo oficialismo consiguiera los votos para la junta directiva. Maldonado no solo traicionó a Sandra Torres al haber llevado 23 votos a favor del partido de gobierno, sino que busca la jefatura del bloque UNE.
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Adim Maldonado, exdiputado del FCN-Nación, y su familia son propietarios de una extensa red de empresas de cable, con presencia en casi todo el país. Una de las principales sociedades del clan Maldonado es Sistecom, S.A. que desde 2016 hasta la fecha se le han adjudicado 6.1 millones de quetzales en el Estado, según Guatecompras. El nuevo primer vicepresidente del Legislativo fue uno de los principales financistas de la campaña de Sandra Torres.
El tercer vicepresidente de la directiva, Nery Rodas, también es un viejo conocido en la política nacional. Integró los partidos Líder, del excandidato presidencial Manuel Baldizón; Prosperidad Ciudadana, del exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, y ahora es parte de la agrupación Cabal, de Edmond Mulet. Los votos de Cabal (11) también sirvieron al nuevo oficialismo para asegurarse la victoria la noche turbulenta del 14 de enero de 2024 en el Congreso.
En 2016, los entonces diputados de la UNE Orlando Blanco y Carlos Barreda, denunciaron que la empresa Portal del Agro, S.A. asociada a los hermanos Nery y Natan Rodas fueron beneficiados con 14 millones de quetzales del Ministerio de Agricultura, que dirigía Mario Méndez, también integrante del partido Líder.
Según la denuncia, la empresa proveyó insumos agrícolas a campesinos, a quienes les canjeaban vales de 200 quetzales cada uno, emitidos por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Vehículos de Portal del Agro llegaban justo a los lugares donde el CHN entregaba los vales a campesinos.
Además, otros dos diputados vinculados al narcotráfico también apoyaron la planilla que encabezó el Movimiento Semilla. Se trata del exalcalde de Ipala, Chiquimula, Esduin Jerson Javier Javier —apodado Tres Quiebres—, electo con el partido Cambio, de Manuel Baldizón, y la legisladora por San Marcos, de la organización Nosotros, Vivian Beatriz Preciado Navarijo; esta última votó por ambas planillas.
En 2021, tras una denuncia del gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía Contra la Narcoactividad del Ministerio Público solicitó retirar la inmunidad a Javier por sus supuestos vínculos con la red de narcotráfico «Los Ipala». El entonces alcalde fue denunciado por tres delitos: asociación ilícita; comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asesinato. El trámite del antejuicio deberá reiniciarse por orden de la CC.
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Mientras que Vivian Preciado Navarijo es hermana de Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós, San Marcos, extraditado a Estados Unidos en febrero de 2021 bajo cargos de narcotráfico.
Antes de ser diputada, Vivian Preciado fue detenida el 10 de agosto de 2010 —aunque dos días después quedó en libertad— por encubrir al entonces jefe del Servicio de Investigación Criminal de la PNC, Víctor Hugo Soto Diéguez, acusado de ejecuciones extrajudiciales. Soto Diéguez era pareja de la madre de Vivian y Carlos, Edilma Navarijo, actual alcaldesa de La Blanca, San Marcos.
Cuando a Samuel Pérez le preguntaron un día después de su elección como presidente del Congreso ¿por qué se alió con diputados con historiales cuestionados para lograr su objetivo? el funcionario evadió la pregunta.
«Esta es de las pocas veces que hemos visto que una junta directiva se alcanza alrededor de acuerdos de agenda legislativa y no de amenazas, extorsión, de dinero, de corrupción [...]. De haber encontrado un proceso viciado, como sabíamos que estaba ocurriendo en la otra planilla, ahí íbamos evitar llegar a acuerdos», dijo Pérez en una entrevista en el programa radial Con Criterio.
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Para ganar la junta directiva Semilla mostró su rostro pragmático. En los días previos al domingo negoció y logró el apoyo de 35 diputados la UNE, VIVA, bancadas que en la anterior legislatura conformaron la alianza oficialista. Incluso, a Tres Quiebres se le observó en un video que se hizo viral celebrar con euforia el triunfo de la planilla.
El historial político de estos actores representa la antítesis de los valores de Arévalo y Semilla. Esto representa una dificultad para que esta alianza se mantenga consistente en el tiempo, advirtió el politólogo Edgar Gutiérrez Aiza.
«La capacidad de operación política de Semilla es limitada. Mi intuición me dice que el costo de mantener esa alianza en el Congreso es un costo que Semilla no está dispuesta a pagar», aseguró.
Gutiérrez Aiza consideró que los esfuerzos de Semilla deben enfocarse en una «reeducación política» en el Congreso para que el resto de diputados entiendan que ya no se negociará con dinero, obras o contratos.
Hay que advertir que algunos diputados que antes conformaron la alianza oficialista ven ahora un momento propicio para limpiar su historial político de cara al futuro y evitar sanciones de la comunidad internacional, opinó el entrevistado.
«La reconfiguración de fuerzas internacionales ha mandado señales claras a diputados electos. Varios diputados vieron fácil sumarse a ese proyecto (al de Semilla y las demás bancadas). Saben que se enfrentan a un electorado anticorrupción que cada vez es más fuerte y sus redes clientelares cada vez tienen alcances más limitados», concluyó.
El viejo pacto vuelve a la carga
La elección de la nueva junta directiva del Congreso, producto del contragolpe del nuevo oficialismo y sus aliados, fue anulada por la Corte de Constitucionalidad luego de otorgar amparos provisionales a la Fundación contra el Terrorismo, Liga Pro Patria, diputados de Vamos y al abogado Macrino de Jesús Zúñiga.
En su resolución la Corte también suspendió todo lo actuado por la junta directiva: el reconocimiento de Semilla como bancada, la toma de posesión de Julio Héctor Estrada como diputado y la reincorporación de los diputados Adim Maldonado e Inés Castillo a la UNE.
La Corte resolvió que integrar la junta directiva con «dos diputados que fueron electos por la postulación que hizo un partido político (Semilla) con suspensión como persona jurídica», contraviene la Ley Orgánica del Organismo Legislativo.
Ese mismo razonamiento aplicó para el diputado Adim Maldonado, electo primer vicepresidente. Según la CC, Maldonado no representa a ningún bloque porque la UNE lo «desconoció». Sin embargo, Adim Maldonado e Inés Castillo aseguraron que el TSE los reconoce como integrantes del partido.
La Corte solo convalidó la juramentación y toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera.
Los parlamentarios que ganaron la junta directiva que dio posesión a Arévalo y Herrera se enfrentan a un grupo de diputados del viejo pacto que languidece, pero cuya fuerza pervive gracias al favor de la Corte de Constitucionalidad.
Pese al desacuerdo con el fallo de la CC, el partido Semilla decidió no integrar la junta directiva después de que a sus diputados los declararon independientes. Hizo lo mismo el legislador Adim Maldonado, de la UNE. El 19 de enero, el Legislativo eligió una nueva directiva presidida por Nery Ramos, de Azul. La primera vicepresidencia la ocupará Darwin Lucas, de la UNE, y la primera secretaría, Karina Paz, de VOS. Los demás cargos quedaron como fueron electos el día de la toma de posesión.*
La nueva alianza oficialista (sin Semilla en la directiva) se hizo con facilidad de la nueva junta directiva. La oposición decidió no presentar planilla y en ese escenario, la nueva coalición legislativa logró el auspicio de 115 diputados, entre ellos Sofía Hernández, de Vamos, Teresita y Nadia de León Torres —hijas de Sandra Torres— y diputados de Valor, el partido de Zury Ríos; todos enemigos políticos del partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia.*
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Nota del Editor: Los párrafos marcados al final con un «*» fueron añadidos el 22 de enero.
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