Como en la muerte anunciada de la crónica de Gabriel García Márquez, la muerte del corresponsal de Prensa Libre en Mazatenango, Danilo López, quizás pudo ser evitada. López fue asesinado el mediodía del martes 10 de marzo, por un desconocido que desde una motocicleta le disparó más de diez tiros. Junto a él perdió la vida, Federico Salazar, reportero radial de Nuevo Mundo Radio; y Marvin Israel Túnchez, periodista de una televisión de cable local que se encontraba con ellos frente a la sede de la Gobernación Departamental, fue herido de gravedad y trasladado a un hospital cercano.
Un funcionario de la Fiscalía de la Unidad de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público, que pidió no ser identificado, dijo a Plaza Pública que el martes a las 11:30 horas, una hora antes de su asesinato, el reportero Danilo López se comunicó con él para decirle que tenía miedo y que el ambiente en Mazatenango estaba “muy cargado”. En esa llamada, López explicó al fiscal que su temor se debía a una investigación que estaba realizando sobre lavado de dinero en una municipalidad de Suchitepéquez que, hasta el momento, se mantiene en reserva.
Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público, el blanco del ataque fue Danilo López, periodista de 36 años, quien desde hace ocho se desempeñaba como corresponsal de Prensa Libre en ese departamento. En ese diario se había destacado por los reportajes de investigación sobre denuncias de corrupción, los cuales le habían valido amenazas de muerte por parte de funcionarios locales. Según una publicación del 9 de julio de 2013, recogida por la agencia CERIGUA, López había denunciado ante el Ministerio Público de Mazatenango las amenazas recibidas por el alcalde de San Lorenzo Suchitepéquez, José Linares Rojas, unos días antes en las que le advirtió “que él se encontraba en el poder y tenía el dinero necesario para tomar acciones contra el reportero”. En aquella ocasión, López indicó que temía “que él o algún miembro de su familia puedan resultar víctimas, ya que la referida publicación se basa en una denuncia penal, la que hasta la fecha es investigada”.
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López había publicado información sobre Q2.8 millones adjudicados por la municipalidad de este municipio en obras inexistentes. En 2011 el corresponsal de Prensa Libre había sido amenazado por el exalcalde de Mazatenango, Juan Manuel Delgado, también por publicaciones hechas en ese diario. Según la Unidad de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (Udefegua), la primera denuncia por amenazas fue presentada por Danilo López en 2008. En esta, el reportero aseguraba haber recibido amenazas telefónicas por parte de la exgobernadora del departamento, sin indicar el nombre de ésta, donde le decía que se acordara de las publicaciones que había realizado sobre ella, porque con esa misma “vara” le mediría ella a él y que se acordara que tenía familia. Según un informe de CERIGUA, la responsable de las amenazas de muerte en contra de López fue Leonor Toledo, quien en 2008 se desempeñaba como Gobernadora de Suchitepéquez.
Clima tenso desde 2013
La directora de la Udefegua, Claudia Samayoa, aseguró que Danilo López había denunciado en varias ocasiones a esa organización el riesgo que sentía, y que el ambiente en este departamento estaba tenso desde 2013, tal como aparece recogido en el reportaje “Ser periodista en una zona roja”, publicado por Plaza Pública en junio de 2014.
El 5 de agosto de 2013, el reportero, Fredy Rodas, quien se desempeñaba como corresponsal de Radio Sonora en Mazatenango, sobrevivió a un ataque armado después de recibir una llamada donde le decían que “lamentaban lo que le ocurriría”. Y sólo 15 días más tarde, el 20 de agosto de 2013, fue asesinado el periodista y locutor Carlos Orellana Chávez, de 72 años, en una aldea del municipio San Bernardino, también en Suchitepéquez.
Esta información se encuentra recogida en una noticia escrita en aquel momento por el propio Danilo López, donde, como en una premonición, señalaba que ese “crimen que se suma a la lista de comunicadores que en lo que va de este año han sido víctimas de ataques armados, amenazas de muerte, agresiones, o acoso”.
En aquella ocasión, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que se trataba de hechos aislados y que no había “ninguna evidencia en concreto sobre situaciones que se hayan dado por el ejercicio del periodismo”.
“A partir de ahí el clima en Suchi ha sido muy complicado. A lo largo de 2014 se trató de hacer algún análisis de riesgo. La policía dijo que les iba a proteger. Danilo López decía que se seguía sintiendo amenazado porque seguía haciendo investigación periodística. Él era el que más investigaba el tema de la corrupción, él estaba venga recabar información”, indicó la directora de Udefegua. Samayoa añade que, tras el intento de asesinato de Fredy López, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, prometió incrementar la protección a periodistas en este departamento e incluso medidas cautelares, algo que nunca se concretó.
La inoperativa mesa técnica de protección a periodistas
Fue en ese mismo mes, agosto de 2013, cuando el exsecretario de Comunicación Social de la Presidencia, Francisco Cuevas, anunció la creación de una instancia de protección a periodistas. Ésta se conformó en febrero del año siguiente con representantes del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH) y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, quien tiene el liderazgo político, y cuenta con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Desde entonces esa mesa se reúne todas las semanas. En julio de 2014 designó a Ana Margarita Castillo para diseñar el Programa de Protección a Periodistas, quien, según un reportaje publicado por este medio hace dos meses: “2015: Un año difícil para la libertad de expresión” informaba, como si también se tratara de otro mal augurio, que éste tendría sus primeros resultados en marzo de 2015.
Castillo defendió que, aparte de este documento preliminar, que ya ha circulado entre periodistas y académicos, y que en el próximo mes será socializado con periodistas del interior, el Ministerio de Gobernación tiene también un protocolo que “que funciona y está en vigencia”. “No sé por qué razones no funcionó y no se dio la medida necesaria hacer la consulta con el propio”, señaló la experta.
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Se intentó consultar al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, sobre los fallos en el protocolo de protección pero, aunque ofreció devolver las llamadas, no lo hizo. Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, informó que en la tarde fue capturado Sergio Valdemar Cardona Reyes como sospechoso del ataque en el que murieron López y Federico Salazar, en las inmediaciones de Cuyotenango. En esta captura fue requisada una motocicleta así como un teléfono celular. Asimismo, otras fuentes de comunicación de la PNC, aseguraron que no hay más órdenes de captura hasta el momento, aunque se encuentran en una línea de investigación que dará resultados en los próximos días.
La mayor protección es la autocensura
Miguel Ángel Méndez Zetina, director de Prensa Libre, lamentó el asesinato del reportero de este medio, a quien recordó como un periodista que hacía una constante labor de fiscalización de las municipalidades, y que realizaba su trabajo “de manera integral, tanto información de manera diaria, como informaciones realizadas con el buen uso de los recursos en Mazatenango”.
Prensa Libre, reconoció Méndez Zetina, no cuenta con ningún protocolo de protección formal para sus periodistas. “Estructurado como tal no lo tenemos, pero hay un protocolo interno que traza líneas de comportamiento que, es doloroso decirlo, pero lleva a la autocensura, de algunos temas que deberían de publicarse y no se hacen para resguardar la integridad física”, indicó.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) repudiaron el asesinato de los periodistas, y manifestaron su confianza porque ”las investigaciones que realizan el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil puedan esclarecer prontamente estos hechos”.
