El comentario de Morales se enmarca en la crisis institucional que atraviesa Guatemala: una que al parecer no tiene fin. Y es que, justamente mientras se desarrollaba dicha reunión, la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) había convocado a un plantón frente al Congreso de la República con el objetivo de evitar que se conociera —nuevamente— la iniciativa 5,300, que propone reformas a la Ley de Antejuicio que beneficiarían al pacto de corruptos, pero principalmente a Jimmy Morales.
La molestia del presidente se evidenció al mencionar que «hay que prestar atención a lo que se enseña en la gloriosa y tricentenaria universidad», en respuesta a la convocatoria de la AEU y con el fin de hacer quedar mal ante la población a los estudiantes que manifestaron en su contra. Para esto apeló al argumento de que la universidad es «carísima» y de que, por lo tanto, cada estudiante «le sale carísimo» al Estado.
Descontextualizando las palabras del presidente (es decir, apartándolas de la crisis institucional) y dejando de lado las manifestaciones en su contra, se evidencia la incoherencia de su discurso, ya que no es posible analizar el costo que la asignación presupuestaria a la universidad representa para la totalidad de la población guatemalteca.
Esto, comprendiendo que el Estado constituye un pacto social que tiene como objetivo lograr el bien común y que una de sus funciones principales, y que supone una necesidad pública, es proporcionar y facilitar educación a todos los habitantes sin discriminación alguna. Es decir, existe una falta de claridad en las ideas de Morales desde el momento en que hace alusión a la característica de «cara» de la educación brindada en la USAC, la cual no tiene razón de ser por el hecho de que es una universidad pública y porque el Estado está obligado a mantenerla como tal. Además, está comprobado que los estudiantes (me incluyo) retribuimos al Estado más de lo que este invierte, con actividades como el ejercicio profesional supervisado (EPS), jornadas médicas, etcétera, en las cuales se materializa ese pacto social al que me refiero y sin las cuales muchas personas estarían en peores condiciones de vida.
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Como establece la Constitución Política de la República, a la USAC le corresponde una asignación privativa no menor al 5 % del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado y debe procurarse un incremento presupuestal adecuado al aumento de su población estudiantil o al mejoramiento del nivel académico, algo que no ha sido posible debido a la crisis permanente en la que vive el Estado de Guatemala, pero que sigue siendo una necesidad y, sobre todo, una obligación.
La USAC no es carísima. La corrupción sí nos sale cara a todos los guatemaltecos, que sufrimos y somos testigos de sus consecuencias (delincuencia, falta de acceso a una educación y a una salud de calidad, índices altos de pobreza y de desnutrición, etcétera). Por eso es importante resaltar la valiosa acción del Consejo Superior Universitario (CSU) de reivindicar su papel de atender las demandas de la población estudiantil al declarar personas no gratas a Jimmy Morales y al pseudovicepresidente y exrector de la USAC, Jafeth Cabrera, ya que eso demuestra no solo su compromiso histórico de velar por el bienestar de la sociedad, sino que constituye un golpe duro a estas figuras que han tratado de demeritar el valioso aporte que los estudiantes de la USAC hacemos al país.
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