Observan que el fertilizante actual viene diferente en su presentación, en su efectividad y más caro. Se requiere de mayores cantidades en cada cosecha, pero, además, por experiencia, consideran que el fertilizante trae algún componente que afecta las semillas nativas y limita el desarrollo de la planta de maíz, obligándose a acudir a las semillas transgénicas de las grandes empresas. En el área mesoamericana, existían cientos de variedades de maíz, hoy se ha reducido su número y sigue en descenso; la región es reportada como la que posee la mayor diversidad de maíz a nivel mundial, hoy en peligro.
Del muro de Biodiversidad alimentaria
El conocimiento de la biotecnología, en poder de los países industrializados, se utiliza para producir «especies mejoradas», llamadas productos transgénicos, para satisfacer las necesidades del gran capital, no del estómago de los pueblos dependientes y colonizados como el nuestro. Han logrado formular leyes que se implementan a nivel global, para patentar los resultados derivados de la experimentación biotecnológica y con ello privar del derecho a la alimentación si no hay pago alguno por usar las patentes.
Monsanto, la gran transnacional, en muchos países, reprime a los pequeños agricultores que cultivan maíz aduciendo que son sus semillas las utilizadas sin autorización y los Estados complacientes sancionan y presionan al campesinado para orillarlos al uso de los productos genéticamente modificados. Se han formulado leyes que protegen la propiedad intelectual para garantizar su monopolio, siguiendo las orientaciones de la doctrina de patentes de Estados Unidos.
«Cuando Monsanto patentó su maíz Bt, llamado comercialmente YieldGard, a pesar de que solamente le estaba incorporando una fracción minúscula del material genético de otro organismo, también existente en la naturaleza (gen Bt), la compañía adquirió derecho exclusivo sobre toda la planta hasta el punto que puede ejercer un monopolio efectivo sobre la semilla de la variedad a nivel mundial».[i]
Los Estados se pliegan a los intereses de las transnacionales alimentarias y legislan para protegerlas e imponerlas en los mercados locales (colonialismo externo). A su vez, abandonan la producción nacional y, sobre todo, indiferentes a sus efectos en la inseguridad, falta de soberanía alimentaria y el hambre que se va extendiendo (colonialismo interno).
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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) recientemente expuso la forma en que el gobierno –el actual y los que le han precedido– aborda el flagelo de la pobreza y el hambre: el presupuesto 2023 para la inversión pública en niños y adolescentes (IPNA) es cercano a 30 mil millones de quetzales. Pero los programas de IPNA han sufrido recortes presupuestarios a junio, los de prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica; de la mortalidad materna y neonatal; de acceso y disponibilidad alimentaria se redujeron en más de 200 millones de quetzales. Recortes presupuestarios en programas de transferencias monetarias con énfasis en nutrición, dotación de micronutrientes a niños menores de 5 años por 95 millones de quetzales, llegando aproximadamente a 300 millones de recortes en tan necesarios programas.
Además, los programas del IPNA, tienen a junio una baja ejecución: en prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica y transferencias monetarias condicionadas en salud y educación, apenas se ha ejecutado 33.5%, y así otros con menos ejecución llegando al extremo de 0% de ejecución en el programa de apoyo al consumo adecuado de alimentos.
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía campesina) desnuda la crisis alimentaria: más de 6 mil niños menores de 5 años, fallecidos por desnutrición aguda, 220 muertes en el actual gobierno, 76,312 casos de niñez con desnutrición aguda. Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición crónica en América Latina. Y Prensa Libre (8 de agosto 2023) apunta que la inflación cae, pero la comida se encarece y que la canasta básica aumenta 11.7% en un año.
La crisis alimentaria, herencia colonial, se acerca a la capital, a centros poblados, afectando ya no solamente a los pueblos indígenas.
[i] EL MAÍZ EN EL SIGLO XXI. Helvetas Guatemala. 1998.
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