Los últimos árboles de los Ex PAC (que costaron Q2 mil millones)

La montaña no da para más. Bejuco y más bejuco y ni un ciprés. Son las doce del mediodía y los rayos de luz caen perpendiculares sobre la maleza de un cerro ubicado en Villa Canales. Lorenzo Arana, vestido con una camisa verde, un sombrero y un gran cinturón con un óvalo plateado en el centro, separa la vegetación salvaje tratando de encontrar uno de los cipreses que sembró en el 2006 como parte del Programa Bosques y Agua para la Concordia.

El paseo es, desde el principio, infructuoso. Arana, conocido como Don Lencho, de 70 años, originario de la aldea Positos, Villa Canales, sigue abriendo camino con un machete con la esperanza de encontrar alguno de los árboles, mientras cuenta cómo tuvo lugar el proceso de reforestación.

“Íbamos en grupos de 40 personas, y nos asignaron 64 árboles a cada uno. Pasamos dos o tres días haciendo el trabajo. Primero se botó todo el monte, luego limpiamos, después ahoyábamos y por último se sembraba”. Se plantó ciprés, matilisguate y pino. Fueron reforestadas 12 manzanas de esta área rural de Villa Canales, asegura Arana.

Patrullero de los finqueros

Lorenzo Arana es uno de los conocidos como ex patrulleros de Autodefensa Civil. Es uno de los hombres organizados por el ejército a partir 1981 como parte de sus tácticas de contrainsurgencia, con el fin de involucrar a la población civil de forma activa en la “lucha contra el comunismo”, según da cuenta el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico.

Don Lorenzo muestra su acreditación de patrullero y cuenta que prestó sus servicios de 1982 a 1985, vigilando la finca Pacaya Grande, también en Villa Canales. Donde, de hecho, trabajaba durante el día junto a su madre. Su servicio como patrullero consistió en resguardar aquella propiedad privada por las noches, equipado con un machete.

Benito Marco Tulio Borrayo, también de la aldea Positos, acompaña esta expedición. Aunque menos elocuente, Borrayo reclama el tercer pago que le prometieron como parte de la reforestación. Él también patrulló desde 1982. Cuidaba la Finca Caña Vieja, y posteriormente la Finca Hamburgo. Comenzó cuando tenía 13 años y lo hacía también por las noches, también con un machete. Nunca tuvo que confrontarse con ningún grupo guerrillero.

“Cuando me reclutaron para ser patrullero no tuve otra opción más que aceptar para que no me tacharan de guerrillero. Ahora el Gobierno no nos quiere pagar por un trabajo que ya hicimos”, alega.

 “Hemos servido de trampolín político”

A medio centenar de kilómetros de allí, los líderes ex patrulleros de Chimaltenango se dan cita cada jueves en el Parque Central de este municipio. El objetivo de la reunión no es hablar de árboles sino organizarse para reclamar los pagos prometidos por Otto Pérez. Juan Moxin, representante de San Juan Comalapa, dirige la reunión en un pequeño salón improvisado.

 “Sembramos los árboles, pero el pago no llegó”, indica Nicolás Xaper, que acudió desde Chichicastenango (Quiché) a la reunión.

“Nos han sacado todo el pisto. Ya me estafaron como siete veces. Los líderes piden 100 quetzales para agilizar el pago y luego no llega”, agrega Antonio Rodas, patrullero de Tecpán.

Moxin reflexiona ante las palabras de sus compañeros: “Hemos servido como un trampolín político. En 2005 Portillo nos dio el dinero, en 2007 Berger. En tiempos de Colom solo ofrecimientos, pero no nos han pagado. Igual ahora con el presidente Otto Pérez Molina”, indica.

¿Y en qué consistía su trabajo de patrulleros?

“En cuidar a gente de pisto”, explica Chali.

Otros relatan un papel más activo: “Íbamos a sacar a la gente de sus casas”, relata Leopoldo Utz, de San Andrés Iztapa.

“¿Y qué hacían con ellos?

“Los mataban”, responde sin que las facciones de su rostro se modifiquen un ápice.

Portillo comenzó, Berger lo institucionalizó

La idea de recompensar a los patrulleros por sus servicios al ejército durante los años ochenta surgió en la época del presidente Alfonso Portillo, quien a partir del año 2002 comenzó a prometer recompensas a los hombres que habían colaborado con el ejército durante el conflicto.

Estos ofrecimientos se hicieron tangibles en 2003, mediante los acuerdos gubernativos 228-2003 y su modificación, 556-2003, que regularon el primer pago de Q1,700 efectuado a 517 mil patrulleros.

Sin embargo y por iniciativa de organizaciones de derechos humanos, como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Corte Constitucionalidad declaró nulos tanto los acuerdos gubernativos antes mencionados como el decreto 28-2004 aprobado por el Congreso de los Diputados, por considerar que no se establecía de dónde obtendría el Estado el dinero para otorgar las compensaciones a los patrulleros.

En 2005, el presidente Óscar Berger ideó una contrapartida para institucionalizar el desembolso a los ex PAC, creando el proyecto de reforestación Bosques y Agua para la Concordia. El programa consistía en plantar árboles en terrenos comunales, municipales y estatales, así como el cuidar de las fuentes de agua y naturaleza. Para tal fin, se creó un fideicomiso con el mismo nombre, administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) y que tenía como fideicomitente al Estado. Lo representaba el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA).

Q2 mil millones para ex PAC: 517 mil patrulleros recompensados

El Fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia ha gestionado desde su creación un patrimonio de Q1,941 millones, según un informe de auditoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 2011.

Este dinero estaría incluido el gasto presupuestado para el fideicomiso desde 2006 a 2011, el cual asciende a un total de Q1,101 millones, según el portal de transparencia del Ministerio de Finanzas (2006: Q445 millones; 2007: Q356 millones; 2008: Q100 millones; 2009: Q50 millones; 2010: Q100 millones; 2011: 50 millones), a lo que habría que sumarle el primer pago, realizado por Alfonso Portillo entre 2003 y 2004, para el cual se emitieron eurobonos por 870 millones.

Con este dinero, el Ministerio de Agricultura debía completar tres pagos de Q1,700 cada uno a los 517 mil patrulleros registrados en listas elaboradas por los líderes. Según información proporcionada por el MAGA, ya fueron compensados 517 mil ex PAC con un primer pago; 210,841 de estos mismos ex PAC ya recibieron el segundo y 379,494 personas el tercer desembolso.

Q1 mil millones para víctimas del conflicto: 16 mil familias resarcidas

Entre tanto, el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en 2003 para indemnizar a los familiares de las víctimas o desaparecidos durante el conflicto armado interno -200 mil personas perdieron la vida en manos del ejército, policía o PAC, según el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico-, ha recibido Q1,020,640.201 desde su creación, casi la mitad de lo que recibieron los patrulleros. 

Mientras que 517 mil patrulleros han sido indemnizados por sus servicios, solo 16 mil familiares de víctimas han recibido compensación a través del Programa Nacional de Resarcimiento, según cifras proporcionadas por el Programa, es decir, por iniciativa del Estado. Algunos otros han sido resarcidos como consecuencia de algunas resoluciones de la Corte Interamericana a de Derechos Humanos.

De hecho, este año el PNR recibió Q80 millones del Presupuesto General de la Nación. Mientras tanto, el programa Bosques y Agua para la Concordia, reciclado para poder seguir ofreciendo pagos a los patrulleros, recibió una asignación presupuestaria de Q100 millones.

¿Y los árboles?: Murieron por falta de mantenimiento

Después de atravesar varias hectáreas de vegetación salvaje del astillero de Villa Canales aparece la muestra de que Don Lorenzo hizo su trabajo:

–Aquí hay uno.

La alegría contagia a todos los asistentes de la expedición, ansiosos de ver al menos uno de los ejemplares. Se trata de un ciprés raquítico, de cerca de un metro de altura, apabullado por la maleza que lo rodea.

Cuando la espesura de las malas hierbas hace imposible seguir por la senda, con tan solo dos de los arbolitos hallados, Don Lencho ya no tiene más que decir.

“No hay árboles, no se les dio mantenimiento y se murieron”, se excusa.

“Nosotros no le dimos el mantenimiento a los árboles porque a muchos ya no nos quisieron dar el tercer pago. ¿Quién iba a trabajar de gratis?”, agrega Borrayo, que a pesar de lo estipulado en el programa cuenta que reforestó en el Campamento Monte Sion, propiedad de la iglesia Evangélica.

El ingeniero Raúl Maas, del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar -entidad encargada de realizar el mapa forestal de Guatemala junto al Instituto Nacional de Bosques (INAB)- reiteró que la mayor parte de los árboles sembrados por los patrulleros se perdió por falta de cuidado.

Haroldo García Escobar, coordinador del proyecto Bosques Comunitarios (BOSCOM), del INAB, ofreció la misma respuesta. “Según lo estipulado en el Programa de Incentivos Forestales (Pinfor) los árboles deben recibir un mantenimiento de cinco años para que éstos puedan sobrevivir. Aunque con un año libres de maleza las plantas agarran”, dijo García, que en 2006 vendió 1,000,600 plantas al programa Bosques y Agua a través de un vivero de su propiedad. “Los árboles se produjeron, se sacaron a cotización y se adjudicaron contratos a viveros públicos y privados”. “Se llevaban a las comunidades, y los líderes llegaban a recogerlos”. “El problema de este programa es que fue un asunto político”, concluyó García.

40 millones de plantas

Luis López fue el ingeniero que coordinó la parte técnica del fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia durante el gobierno de Óscar Berger. Se encargaba de ver cuáles eran los árboles indicados para cada zona geográfica y cuántos debían encargarse a cada vivero.

En total, según cuenta, se requirieron 40 millones de árboles para abastecer a todos los departamentos. “Fue el mayor intento de reforestación a nivel nacional de la historia”, indicó López, quien añadió que, por lo complejo de este programa, cualquier resultado podría catalogarse como un éxito.

En cada hectárea, según el ingeniero, se sembraron en promedio 1,111 plantas. De las cuales, se esperaba, terminarían creciendo aproximadamente 400 árboles. Estos 40 millones de árboles, según la ecuación proporcionada por López, habrían supuesto la reforestación de 36,036 hectáreas en todo el territorio nacional, desde que inició el proyecto. Según el actual mapa forestal con datos de 2010 ésta es la cantidad de árboles con la que cuenta actualmente el departamento de Escuintla (36,612 hectáreas); o aproximadamente  la misma cantidad de hectáreas que sumarían los departamentos de Jalapa (22,408 hectáreas) y Jutiapa (12,730). Según el mapa forestal, actualmente se pierden 38 mil hectáreas de árboles cada año.

¿Son los de los patrulleros?

¿Dónde están esos árboles?

El MAGA deniega información sobre árboles reforestados

Se solicitó al  Ministerio de Agricultura la información de cuántos árboles fueron sembrados y los puntos en los que se habían plantado a través del fideicomiso desde 2006 a 2011,  los cuales, según indicó Luis López, se ubicaron y documentaron por polígonos. El fin de la petición era comparar los datos del Maga con las imágenes satelitales con las que se cuenta para la elaboración del mapa forestal.

La información, sin embargo, fue “denegada” mediante un oficio de la Unidad de Acceso a la Información de esta cartera. El motivo es que “ésta es inexistente en el Ministerio de Agricultura y Ganadería”. “El MAGA no cuenta con la información del fideicomiso”, agregó Juan Pablo Guzmán, vocero de la Institución.

Nuevo programa sin información del anterior

Sin embargo, y como se pudo comprobar a través del Crédito Hipotecario Nacional, toda la información sobre el fideicomiso Bosques y Agua para la Concordia se encuentra actualmente bajo la tutela del Ministerio de Agricultura. Eso sí, olvidadas en 77 cajas en una bodega de zona 1 de las que ni su propio dueño, el MAGA, parece acordarse.

El actual guardián de tales datos, tal como indicó una fuente de almacenes del MAGA, es el nuevo proyecto ideado por el Gobierno para seguir contentando a los patrulleros tras la liquidación del fideicomiso. El programa conserva el mismo nombre: Bosques y Agua para la Concordia, y el Gobierno erogó en 2012 Q100 millones del presupuesto para ponerlo en marcha, siempre a través del Ministerio de Agricultura.

El coordinador es Efraín Oliva, quien fungió como subsecretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP) al mando del fideicomiso durante el gobierno de Óscar Berger. Y su director es Víctor Reyes. Tanto a Oliva como a Reyes se les requerió  saber dónde se encontraban los documentos que mostraban los polígonos en los que se sembraron los árboles desde 2006 a 2011. Ambos dijeron desconocerlo y agregaron que posiblemente esa información la custodiaba la dirección de Fideicomisos del MAGA.

Mientras la dirección de fideicomisos del MAGA dijo que era el Crédito Hipotecario Nacional quien resguardaba la información, encargados del CHN indicaron que en junio de 2012 las cajas habían regresado al MAGA. Preguntado al respecto, un responsable de almacenes de este Ministerio, indicó que habían pasado a ser responsabilidad del nuevo programa Bosques y Agua para la Concordia. Finalmente, Víctor Reyes indicó que era cierto, pero que no consideraba posible tener acceso a las cajas donde se conservaban los documentos. Las que contenían los nombres de los patrulleros retribuidos con los pagos, sin embargo, se encontraban en los pasillos de la nueva sede del programa de reforestación, tal como se comprobó en una visita al lugar.

52 mil nuevos pagos a patrulleros

 “El fideicomiso ya fue liquidado. Este es un programa nuevo pero con el mismo nombre. Queremos terminar de dar el pago a los patrulleros, pero no nos quedamos solo ahí. Es un programa más general que los ex PAC”, dijo Víctor Reyes.

Este año, informó, se completarán pagos a 52 mil patrulleros más, pero Reyes no sabía si se continuará en 2013, puesto que en el fondo “es un programa político”. Mientras tanto los líderes de las diferentes agrupaciones de ex PAC forman parte del proceso de decidir a quién se le remunerará este año y a quién no.

Los  diferentes patrulleros consultados indicaron haber sido estafados por estos supuestos líderes, en particular por Luis Méndez y la Confederación Nacional de Ciudadanos.

–Todos nos hablan de Luis Méndez –repone Reyes. –“Según parece está fugado. Pero no tenemos ningún mecanismo mejor para establecer qué personas recibirán el dinero.”

¿Van a darle mantenimiento a los árboles que sembraron los patrulleros años atrás? La respuesta de Reyes fue que no saben dónde se ubicaban los árboles y que la mayor parte de ellos se perdieron.

 –¿Y cuántos patrulleros faltan para que ya se concluya de realizar todos los pagos y el programa termine?

–Esto nunca se definió de forma exacta–respondió Reyes. –En la misma sentencia (de la Corte de Constitucionalidad) dice que no se puede definir ni establecer un número concreto.

En base a un informe elaborado en 2003 por la agencia de cooperación de Estados Unidos (USAID) y el Centro de Investigaciones Económicas (CIEN) a finales de 1982 se estimaba que había 300,000 patrulleros. En noviembre de 1983 la cifra ascendía a 500,000 y a finales del 94 a un millón 300 mil.

Los hombres que ayudaron al ejército durante el conflicto armado interno podrán seguir siendo, de esta manera, una cifra inexacta. Y si los partidos políticos así lo desean, un grupo al que dirigir eternamente una misma promesa en tiempo de elecciones. Los árboles, en todo caso, nunca fueron lo importante.