Más gris que oscura, así es la comisión que elegirá al próximo Fiscal General

Los quince abogados que integran la Comisión de Postulación para Fiscal General tienen en sus manos el futuro de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala. Los integrantes de esa comisión prevén elegir el próximo 16 de abril, mediante voto individual y público, a los seis aspirantes que serán incluidos en la nómina definitiva, de la cual el presidente Jimmy Morales designará al profesional que dirigirá el Ministerio Público (MP) los próximos cuatro años, a partir del próximo 17 de mayo.

Aunque los criterios de evaluación para la elección de los seis finalistas fueron definidos en una tabla de gradación aprobada por los mismos integrantes de la comisión postuladora (formación académica, experiencia profesional y proyección humana), el resultado de ésta no será vinculante a la hora de la votación final, salvo para los que no alcancen un mínimo de 60 puntos, que serán descalificados. Obtener los punteos más altos no garantiza a ninguno de los aspirantes ser beneficiado con el voto de los comisionados. En ocasiones pasadas se ha visto que son los intereses personales, de las instancias que representan o de los grupos de poder con los que están vinculados interesados en influir en la elección del nuevo Fiscal General, los que privaran en los integrantes de la Comisión de Postulación en el momento definitivo.     

Y son precisamente los intereses, los que unen o separan a los miembros de la Comisión —doce decanos de las facultades de Derecho del país, dos representantes del Colegio de Abogados (los presidentes de la junta directiva y del Tribunal de Honor), y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)—.

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Sentados en la mesa principal de la sala de vistas de la CSJ, su centro de operaciones, buena parte de los comisionados conjugan principios jurídicos y políticos con intereses propios o ajenos al proceso.

Los decanos del establishment

En el mapeo de relaciones de los quince encargados de elegir al próximo jefe del MP, destacan los decanos de tres de las universidades más tradicionales del país: Jary Méndez Maddaleno, de la del Istmo (Unis); Rolando Escobar Menaldo, de la Rafael Landívar (URL); y Milton Argueta Pinto, de la Francisco Marroquín (UFM).

Los tres decanos aseguran que votarán con base a sus criterios personales y no por lineamientos de las instituciones que representan. Dos de las tres universidades tienen vínculos conspícuos con el sector empresarial: en la lista de fiduciarios de la UFM se encuentran familias del sector azucarero como los Herrera, del ingenio Pantaleón; de licores como los Botrán y Castillo; y cementero, como los Novella. Y otras como Vielmann, Beltranena y Sprigmuhl. Algunos integrantes de estos clanes han sido señalados por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) en diversos casos de corrupción y financiamiento electoral ilícito. De ahí el discurso crítico de algunas de estas familias hacia la actual fiscal general Thelma Aldana, y el comisionado de la Cicig, Iván Velásquez. Otro fiduciario de esta casa de estudios es el empresario Dionisio Gutiérrez Mayorga, de la Corporación Multi Inversiones, quien se ha manifestado a favor de la lucha contra la corrupción.

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Argueta, el decano más veterano en temas de comisiones de postulación, asegura que las autoridades de la UFM le otorgaron la “libertad de hacer lo que le dijera su conciencia” en la votación de los candidatos para Fiscal General, y también se distancia de posibles influencias del sector empresarial o de los fiduciarios de su universidad. El abogado dice que durante el tiempo que dure su trabajo en la comisión, en su oficina permanecerá una puerta eléctrica para que nadie pueda ingresar con la intención de reunirse con él. Sus secretarias, explica, tienen la orden de no dar citar ni transferir llamadas. “Esto es para que no digan que ando reuniéndome con alguien. No es así. Yo soy responsable de mi decisión. Solo yo”, subraya.

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Méndez Maddaleno también descarta en su decisión influencias de la Unis, sus fiduciarios (los Castillo Monge y Novella, entre otros), así como de la ultraconservadora obra del Opus Dei a la que está conferida esa casa de estudios. “El rector me dijo que tomara la decisión que considerara mejor para mí y para el país”, asegura. Además, se desvincula de cualquier relación con el presidente Morales o el ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela (cuyo padre, Acisclo Valladares Molina, es uno de los candidatos a Fiscal General), von quienes se la relaciona porque su hermano, Rodrigo Méndez Maddaleno, trabajó como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2015 y 2017 en el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), dirigido entonces por el hoy ministro.**

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Escobar Menaldo, decano de la URL, es según observadores de oenegés y sociedad civil, uno de los “líderes naturales” de la comisión por su prestigio profesional. Su relación familiar con el general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, señalado a finales de los 90 de liderar una estructura criminal de defraudación fiscal y de violaciones a los derechos humanos, suele salir a luz durante sus participaciones en espacios como la Comisión de Postulación. Ni las autoridades de la universidad ni la Compañía de Jesús (Jesuita) a la que pertenece esa casa de estudios, asegura, orientarán su decisión a la hora de votar por los candidatos que integrarán la nómina definitiva.

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El secretario de la Comisión, Luis Ruano Castillo, decano de la Universidad Mariano Gálvez (UMG), suele ubicarse del lado del trío UFM-URL-Unis. El abogado tiene una conexión directa con el gobierno del presidente Morales. En 2016 asesoró al mandatario en el tema de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. También se le atribuye una larga amistad con el vocero presidencial Heinz Heimann. “Eso (la asesoría) es lo único que van a encontrar”, asegura.

Dime con quién andas…

La Comisión de Postulación también está integrada por personajes con roles eminentemente políticos como Julio Dougherty Liekens, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).

Dougherty Liekens fue concejal quinto de la municipalidad de Guatemala de 1986 a 1990, y magistrado suplemente del TSE, electo por la alianza UNE-FRG-Gana, de 2008 a 2014. Su madre es prima del padre del jefe edil. Su cuñada, además, está casada con el primo de Patricia de Arzú, esposa del alcalde. Julio Enrique Dougherty Monroy, su hijo, es viceministro de Integración de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía. Está bajo el mando de Acisclo Valladares Urruela, hijo de Acisclo Valladares Molina, uno de los candidatos a fiscal general, quien a su vez está bajo el mando del presidente de la República.

Dougherty sonríe mientras se le pregunta sobre sus relaciones familiares. Admite que hay un nexo familiar con Arzú, pero que no habla con él desde hace siete años cuando fue magistrado del TSE. Asegura que la posición laboral de su hijo no tendrá ninguna influencia en sus decisiones como miembro de la Comisión Postuladora. “Él (su hijo) cumple normas. Nadie está preguntándole si su papá está en esta comisión y qué hace”, explica. Ambos se pasan lo suficientemente ocupados como para estar pendientes de lo que hace el otro durante el día.

También destaca por sus relaciones familiares Juan Carlos Rodil Quintana, decano de la Universidad Da Vinci (UdV), hijo del exministro de Gobernación y ex presidente de la CSJ, Juan José Rodil Peralta, señalado por malversación de fondos, fraude, omisión de denuncia y usurpación de calidad en la década de los 90, y designado en 2016 como embajador de Guatemala en Nicaragua por el gobierno de Jimmy Morales (aunque su nombramiento fue revertido antes de ocupar el cargo).

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Rodil Quintana se ha dedicado a la academia. Tiene dos licenciaturas, tres maestrías y un doctorado. Le molesta que se le relacione con el pasado de su padre. “Quieren hacer esa conexión con mi papá. Yo soy mi propia persona. Es más, creo que ni le he hablado desde que empezó la comisión”, dice. Asegura que no tiene ni ha tenido aspiraciones políticas. Sin embargo, en las elecciones de 2015  fue candidato a diputado por el partido Visión con Valores (Viva). Ocupó la quinta casilla del Listado Nacional. “Yo no tengo aspiraciones políticas. Zury (Ríos) me llamó. Yo soy muy amigo de ella porque nos entendemos en eso de ser hijos de políticos. Yo le tengo mucha admiración y la quise apoyar y le dije que sí”, cuenta. Renunció al partido, explica, en 2016 para presentarse como candidato al directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

También se desliga del antiguo decano de la UdV, el abogado Fredy Cabrera, y del actuar de este en las comisiones pasadas. “Si me van a juzgar que sea por las decisiones que yo tomo. No por lo que él (Cabrera) hizo”, indica. La UdV se fundió en 2008. Se le denomina “universidad de cartón” porque gradúa con insólita rapidez y cuestionados métodos académicos a estudiantes que han cerrado pensum en otras universidades pero que no han logrado graduarse en estas. Rodil Quintana dice que el problema no es que ellos hagan eso, sino que hay un problema de fondo para que la gente no se esté graduando de la casa de estudios en la que inició. 

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A la par de Rodil Quintana se sienta Ángel Barrios Izaguirre, decano de la Universidad Mesoamericana (Umes). La Umes fue fundada en 1971 en convenio con la UFM. Barrios tiene vínculos con el padre Javier Serrano Ursúa, sacerdote salesiano exdecano de Derecho y actual rector de la Umes.

Hasta ahora no se ha evidenciado un patrón de votación entre los decanos. Un ejemplo de esto fue cuando votaron para aceptar o rechazar las tachas presentadas en contra del candidato Érick Álvarez Mancilla. En ese momento se escuchó por primera vez en el salón de sesiones de la Comisión la voz de la abogada Ana Mercedes Suasnávar Palma, decana de la Universidad de Occidente (Udeo). Habló para pronunciarse a favor del exmagistrado de la CSJ. Mientras que Enrique Fernando Sánchez Usera, decano de la Universidad Panamericana (Upana), se mantuvo en absoluto silencio durante la discusión, pero votó en contra de aceptar los señalamientos. El aspirante Álvarez Mancilla es docente y miembro del Consejo Académico de la casa de estudios representada por Sánchez Usera.

La Upana es otra de las universidades que en los últimos años se ha dedicado a graduar con celeridad a estudiantes provenientes de otras casas de estudios en donde no han logrado concluir sus procesos de formación académica de manera satisfactoria.

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Luis Roberto Aragón Solé, decano de la Universidad de San Pablo, destaca por tomar la palabra en las sesiones, hacer preguntas y cuestionar los procedimientos. Representa a la universidad que fundó el pastor evangélico Harold Caballeros, quien actualmente es su rector y que en 2011 creó el partido Visión con Valores (Viva) para lanzar su candidatura presidencial. Luego de su derrota en la primera vuelta, Caballeros apoyó a Otto Pérez Molina e incluso fungió como Canciller a inicios de la administración del Partido Patriota (PP).

De los decanos que integran la Comisión de Postulación, la de la Universidad de Occidente, Ana Mercedes Suasnávar Palma, es la que tiene menos experiencia en esas lides; se graduó recientemente y también recientemente fue nombrada en ese cargo. Participó en el proceso de profesionalización de la Policía Nacional Civil (PNC), de acuerdo a Guatecompras, y fue secretaria de un juzgado en Quetzaltenango. Es sobrina de Pedro Pablo Palma Lau, líder de la antigua guerrillam, en la que se le conoció como “Comandante Pancho”, y exdiputado del Frente Republicano Guatemalteco. También es familiar de Julissa Palma, quien a su vez es esposa del exministro de Gobernación durante el gobierno del PP, Mauricio López Bonilla. Este último guarda prisión preventiva desde 2016 por casos de corrupción.

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Se abordó a la decana para conocer mejor su trabajo y sus nexos familiares, pero se negó a dar declaraciones. Dijo que “no está facultada para hacerlo” y se dirigió hacia el elevador de salida. La Facultad de Derecho de la UdeO no imparte la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales ni extiende títulos de Abogado y Notario; solo imparte un Doctorado en Derecho. A pesar de esto, tiene voz y voto en la comisión porque la Ley de Comisiones de Postulación habla de Facultades de Derecho sin mayor precisión.

Los otros tres decanos, Gustavo Bonilla de la Universidad de San Carlos (Usac), Yuri Búcaro de la Universidad Regional y Mario García Morales de la Universidad Rural, son vinculados al grupo del exdecano de la Usac, Estuardo Gálvez, el que a su vez es señalado de actuar como “operador político” para influir en las elecciones y designaciones de las autoridades de la Usac y del sistema de justicia del país. Bonilla fue magistrado vocal de la CSJ de 2009 a 2014 y magistrado titular vocal de la Sala Tercera de Trabajo y Previsión Social de 2004 a 2009. Tres fuentes del OJ aseguran que las magistraturas le fueron dadas por cabildeo de Gálvez y no fue sorpresa que lo haya nombrado su sucesor.*

Búcaro, por otro lado, fue secretario del Consejo de la Carrera Judicial, instancia que se encarga de ordenar al personal de este organismo. Al pedirle una entrevista para hablar del tema, el decano dijo que no responde preguntas de los medios.

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García representa a la casa de estudios que pertenece a la familia Reyes Lee. El diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Fidel Reyes Lee, es el rector de la Universidad Rural. Además, en el Consejo Académico se encuentra Braudio Leonides Morán Burgos, padre de Demetrio Morán. Morán fue viceministro de Desarrollo del Ministerio de Desarrollo (Mides) y esto lo vincula al presidente Jimmy Morales.

Por mandato legal, la comisión postuladora es dirigida por el presidente de la CSJ, José Antonio Pineda Barales. El nombre de este magistrado apareció en febrero pasado en la lista de abogados que se reunieron con Roberto López Villatoro, alias “El Rey del Tenis”, previo a la elección de jueces y magistrados de 2014. Esa relación fue mencionada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en la presentación del caso “Comisiones Paralelas”, el cual permitió la detención de López Villatoro y del magistrado de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, Eddy Orellana Donis. Aunque la fiscal general, Thelma Aldana, dijo que no se habían encontrado indicios de la posibilidad de hechos delictivos por parte de Pineda Barales, ese encuentro supone una conexión con el mayor operador político de las comisiones de postulación en los últimos 15 años.

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El presidente de la CSJ también ha sido señalado de contratar familiares en el Organismo Judicial. En octubre de 2017 admitió que avaló el ascenso de su hija, Carolina Pineda Molina, de oficial III del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal a secretaria del mismo. Esto sucedió en 2015 cuando el magistrado no se inhibió de conocer los documentos en el pleno porque “sería ilógico pensar que un voto va a hacer la diferencia” y que le pareció incorrecto que se integrara a un suplente para resolver algo ya aprobado. Pineda negó haber influido en la contratación de Pineda Molina y sus otros dos hijos que también laboran en el organismo. “Hay muchas personas que tienen familiares dentro del Organismo Judicial, y eso no genera nepotismo”, sostuvo el presidente en su momento.

Los dos puestos restantes de la comisión los ocupan el CANG. El primero corresponde al presidente de la Junta Directiva, Luis Fernando Ruiz Morales. Es un abogado penalista con más de 20 años de experiencia. De los integrantes de la Comisión de Postulación, es el que único que abiertamente critica al MP y la Cicig por procesar a abogados como Moisés Galindo o Marco Antonio Rossell, vinculados a casos de corrupción.

Para la elección del CANG, a Ruiz Morales se le ligaba representar a la Coordinadora Nacional Multisectorial de Integración Social (CONAMIS), a Abogados de Mixco y a la denominada “Alianza Toronja”, el pacto del PP y Libertad Democrática Renovada (Lider) para designar en el Congreso en 2014 a los magistrados de la CSJ y Cortes de Apelaciones.

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Otro de los señalamientos que pesan sobre Ruiz Morales son los nexos con la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y con el general Ricardo Bustamante, el “hombre fuerte” de las agencias de inteligencia del país. También se le relaciona con Mario Duarte, Sandra Jovel, Jimmy Morales y el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rudy Pineda. Al ser cuestionado sobre esas relaciones, explicó que conoció a algunas de esas personas cuando impartió cursos en la Secretaría Técnica, en su calidad de docente de la Usac. A Jovel y Morales les dio clases en el doctorado de Seguridad que se impartió en la Usac; y con Pineda admitió tener amistad, pero aclaró que lleva meses sin hablarle.

Aunque las conexiones y relaciones no garantizan que los comisionados se decanten por determinado candidato, las influencias podrían empezar a verse en las evaluaciones y calificaciones de los perfiles, proceso que inició el 9 de abril y, de acuerdo con la agenda estipulada, terminará el 11. El acuerdo es elegir a los seis candidatos que integrarán la nómina a presentar al presidente solo de entre quienes obtengan una puntuación mayor a 60 puntos. Ahí está el primer reto: lograr que los candidatos de su interés alcancen esa puntuación mínima; el segundo será sumar los votos necesarios para incluirlos en la nómina. De ahí en adelante, la decisión respecto al futuro de la lucha contra la corrupción e impunidad estará en manos de Jimmy Morales.

* 11-04-2018. 20:00. NOTA DEL EDITOR. Por una confusión en el proceso de reporteo, en el párrafo identificado con * al final, se había consignado que la Asociación de Estudiantes Universitario (AEU) apoyaba al decano de la Facultad de Derecho de la USAC. Esa afirmación fue retirada de este reportaje, debido a que no fue posible corroborar ese extremo, y porque el mismo fue negado por los directivos de la AEU. Pedimos una disculpa a los aludidos por la imprecisión.

** 13-04-2018. 08:00. NOTA DEL EDITOR. Rodrigo Méndez Maddaleno, aclaró a Plaza Publica que, en efecto, laboró en PRONACOM como asesor por parte del BID, entre marzo de 2015 y abril 2017. Es decir, un año antes de que el abogado Acisclo Valladares Molina, padre del ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, presentara su candidatura a la Fiscalía General.