Mejor una defensoría

Desde su nacimiento, el PDH ha velado por la garantía de la libertad de prensa y de la libertad de expresión. Sobran los ejemplos en los cuales la institución se ha pronunciado ante diversas formas y diversos actores que han intentado restringir ambos derechos. Casos de censura previa, agresiones contra periodistas, asesinato de estos, restricciones de derechos laborales de periodistas y de comunicadores, cierre de medios de comunicación y persecución de estos, entre otros, han sido objeto de distintos pronunciamientos, informes e incluso sanciones.

Del año 2008 a la fecha, a esta gama de temas se agregó lo relacionado con el derecho de acceso a la información. El PDH se constituyó en la entidad reguladora de velar por la tutela y la garantía del referido derecho, según se establece en el decreto 57-2008. Ya pasaron dos procuradores y dos formas distintas de enfrentar los retos que implica darle seguimiento al cumplimiento de un tema en un sistema acostumbrado a la secrecía y a la opacidad.

Si bien se ha avanzado en ambos temas, el problema es que estos se trabajan de manera aislada, cuando están completamente relacionados. Una violación del derecho de acceso a la información puede implicar una violación de la libertad de expresión e incluso de la libertad de prensa.

De esa cuenta, las nuevas autoridades deberían modificar las formas de trabajo. Se debe constituir una defensoría del derecho a la información, que debe incluir todos los temas relacionados con lo que implica el derecho a investigar, recibir y difundir opiniones e informaciones sin limitación alguna. Esto implicaría unificar esfuerzos, así como recursos humanos y logísticos, en defender contra todas aquellas agresiones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información, entre otros.

Guatemala está en una situación que casi llega a niveles de excepcionalidad en el tema de agresiones a periodistas y asesinato de estos. Los casos de censura son abundantes. La persecución amañada de las autoridades contra comunicadores comunitarios es vergonzosa y responde a intereses patrimonialistas y clientelares. Asimismo, hay una gran variedad de casos de usos de medios digitales que cruzan los límites de la legalidad. Como guinda del pastel, los mismos informes del PDH son evidencia del enorme incumplimiento y violación del derecho de acceso a la información. Todo lo anterior, sin contar el impacto que generan temas como la publicidad oficial, el derecho a uso de frecuencias radioeléctricas, la existencia de reglas de equidad en la distribución del uso de medios en época electoral, legislación de medios digitales, etc.

Una defensoría colocaría al PDH como una institución completamente interesada en la tutela de estos derechos y lo dotaría, sin duda alguna, de un gran bagaje teórico y doctrinal que lo haría capaz de defender con tesón estas libertades fundamentales que impactan el acceso al poder, el ejercicio de este y, por ende, la democracia.