Menstruar en prisión: sin toallas, agua ni atención
Menstruar en prisión: sin toallas, agua ni atención
Tanto el Sistema Penitenciario como la Policía Nacional Civil no proveen de insumos de higiene menstrual a mujeres en prisión. La experiencia se agrava con la falta de agua y el hacinamiento
«Si menstruar a veces es doloroso, incómodo y molesto, imaginate estando presa, ni siquiera hay un baño decente o privacidad», así comienza su relato Clarisa, una mujer de 35 años, originaria de Retalhuleu. Ella decidió omitir su identidad para esta historia.
Clarisa fue detenida en Coatepeque en 2016, la acusaron de ser extorsionista. Ella vivía en este departamento con su pareja desde hace dos años. «Un día de marzo estaba en la casa, empezando a prepararme para hacer el desayuno y de repente llegó la policía y tocaron muy fuerte la puerta. Me asusté y dijeron que tenían que revisar la casa, pasaron varias horas y después dijeron que yo me tenía que ir con ellos. Me agarraron duro de los brazos y me pusieron las esposas, luego me llevaron a Xela en donde me dijeron que estaba acusada de extorsión», cuenta.
Desde esa fecha, Clarisa pasó sus días en el Preventivo para Mujeres en la zona 1 de Quetzaltenango, para ella una de las peores experiencias en su vida.
Las habitaciones son compartidas, las literas rechinan cada vez que se mueven para acomodarse e intentar dormir. Las colchonetas están descoloridas, con un olor fuerte a humedad y el amanecer resulta doloroso al tener como soporte en la espalda el hierro de fondo.
«Llegar a esas fechas del mes, era un suplicio. Mi familia estaba hasta Reu porque a mi marido también lo agarraron, no tenía a nadie cerca, solo algunas veces llegaba una de mis hermanas y me llevaba lo que podía, pero no era todos los meses», cuenta Clarisa.
En Quetzaltenango existe el Centro Preventivo para Mujeres, ubicado en un inmueble de la zona 1 y es parte del Centro Histórico. El edificio es antiguo y no se le ha realizado modificaciones o cambios en las últimas décadas.
Las plagas en el edificio son una constante y a pesar de realizar algunas fumigaciones, las ratas, chinches y cucarachas no se acaban. El techo del inmueble y las paredes están dañadas, las áreas de aislamiento y la enfermería son usadas también como bodegas: cumplen los dos propósitos por la falta de espacio.
La población carcelaria triplica las posibilidades del inmueble. Según datos del Sistema Penitenciario, hasta el 2021 la cantidad de reclusas era de 160 cuando la capacidad es para 50.
Andrea Castillo es abogada y explica que en los diez años que tiene de carrera en la defensa legal, no ha existido un programa del Sistema Penitenciario (SP) que atienda las necesidades de las menstruantes y por lo tanto las condiciones dentro de la prisión violentan los derechos que tienen las reclusas.
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La profesional dijo que en estos centros carcelarios hay tiendas administradas por otras reclusas, en las que se pueden adquirir insumos como toallas sanitarias, jabón y champú, pero sucede con las toallas sanitarias que en algún momento son escasas en la prisión y por la demanda se incrementa el precio. Las reclusas pagan hasta tres o cuatro veces más de lo que pagarían en una tienda o supermercado local.
Clarisa tenía que pagar hasta 20 quetzales por un paquete de toallas sanitarias y no podía costearlo. Con otras de las reclusas hacían compresas con restos de tela, trozos de ropa que ya no utilizaban les servían para recoger el sangrado.
«El agua tampoco es suficiente en la cárcel, por eso la incomodidad de cada mes al tener que reusar las toallas de tela y no tener suficiente agua para lavarlas. Es difícil estar en estas circunstancias, más cuando yo no sabía que el dinero que me depositaban era maldito», dice.
Carlos Martínez es abogado y criminalista y explica que las entidades encargadas de administrar las prisiones no cumplen con su rol de proveer insumos de higiene menstrual a las mujeres que se encuentran en prisión. Detalla que en la cárcel de la Granja Penal de Cantel tienen una clínica y en esta algunas veces hay toallas sanitarias, pero no las proporcionan mensualmente o cuando las internas la requieren.
La falta de estos insumos es solo una muestra del colapso que hay en el sistema penitenciario guatemalteco, que además mantiene hacinamiento en cada reclusorio. «Hay personas que llevan años en prisión preventiva y no resuelven su situación jurídica y para una mujer hay condiciones que vulneran su salud y seguridad», recalca Castillo.
El SP no cuenta con información sobre la cantidad de insumos de higiene personal que entregan a las reclusas que se encuentran en las diferentes prisiones del país. Su respuesta a la solicitud de información fue que: «Los insumos de higiene personal son proporcionados por los encargados de fondo de cada centro penal, por lo tanto, el Departamento de Servicios Médicos no cuenta con el registro de los insumos que reciben las privadas de libertad recluidas en los diferentes centros penales a cargo del Sistema Penitenciario».
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En el 2020, en el contexto de la pandemia por COVID19, tres organizaciones elaboraron un informe sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres presas en Quetzaltenango. Representantes de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Udefegua), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) verificaron que una de las principales carencias del sistema carcelario en Guatemala, es la falta de atención y condiciones dignas en cuanto a salud menstrual e higiene personal.
El informe titulado «Sin derechos entre rejas: radiografía de la cárcel de mujeres de Quetzaltenango», indica que no todas las reclusas cuentan con un lugar para dormir, algunas duermen en el suelo y mantienen el miedo de ser mordidas por las ratas que se pasean por el lugar. En cuanto a los servicios básicos, el agua es escasa y uno de los tanques no funcionaba, lo cual representa que las mujeres deben acarrear el agua de un lugar a otro, incluso para bañarse y lavar su ropa.
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Enfatizan en que no proporcionan toallas sanitarias y deben adquirir jabón y productos para su limpieza personal a través de familiares que las visitan. Si requieren de medicamentos tampoco los proporciona el SP.
Flor Gómez, delegada de la oficina del Procurador de Derechos Humanos en Quetzaltenango, menciona que las familias de reclusas realizan de forma constante las denuncias ante las condiciones inhumanas en las que se mantiene a las presas, pero a través de esta entidad solo pueden requerir información y hacer recomendaciones a las entidades, que a pesar de esto no toman acciones para mejorarlas.
«El Estado de Guatemala debería proporcionar condiciones que garanticen los derechos humanos de las reclusas, porque el hecho que estén en una cárcel, no cambia que sean seres humanos con necesidades y derechos que deban ser respetados», agregó.
Precaria atención en salud sexual y reproductiva
Otro aspecto que el SP evade contestar de manera concreta es la atención que se brinda a las mujeres que requieren de métodos anticonceptivos. La respuesta entregada a través de información pública especifica que las mujeres detenidas en estos centros pueden acceder a los métodos que necesiten, pero estos deben ser solicitados.
Indican que hacen jornadas médicas con especialidad en ginecología cada tres meses y es con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en las que realizan papanicolau y aplican métodos de planificación familiar como la T de cobre. También entregan píldoras anticonceptivas e inyecciones, pero no detallan la cantidad de beneficiarias durante el último año.
El informe de las organizaciones defensoras de derechos humanos contradice la información del SP, ya que indican que en su mayoría los medicamentos que necesitan las reclusas son adquiridos con sus propios medios, incluso quienes tienen diabetes u otra enfermedad crónica.
La ginecóloga Beatriz Santos dice que la salud menstrual es un tema pendiente en Guatemala no solo para las mujeres que se encuentran en condiciones de privación de libertad, sino que a nivel general. Agrega que el costo que pagan las mujeres para tener insumos de higiene podría ser mayor al que necesita un hombre y estos insumos deberían ser de acceso gratuito en los servicios de salud.
Resalta que en países europeos están atendiendo estas necesidades porque las mujeres que no cuentan con los recursos suficientes para comprar estos productos optan por alternativas más baratas y que en muchas ocasiones representan peligro para la salud.
«He atendido casos de mujeres con lesiones y alergias por el uso de productos que no son seguros, pero los consiguieron más baratos en el supermercado. Actualmente, existen otras alternativas que a largo plazo representan menos gastos como la copa menstrual, pero en Guatemala la conversación de la salud menstrual aún es carente y lenta, por lo tanto, los productos de este tipo son más caros y en una prisión no llegan tan fácil», dice la médica.
En España tienen la Ley del Aborto desde hace 12 años, en la cual regulan la interrupción del embarazo y garantiza la atención especializada en estos casos. Actualmente, están en discusión reformas a este estatuto, dentro de las que se pretende excluir el IVA para artículos de higiene femenina, además de la propuesta de implementar la obligación de suministrar de manera gratuita los productos de higiene menstrual en centros educativos y penitenciarios.
El 1 de marzo de 2022, diputadas guatemaltecas presentaron una iniciativa de ley en la que se busca dignificar la salud menstrual. La «Ley para el Fomento de la Salud Menstrual Digna» pretende garantizar el acceso universal a productos de gestión menstrual y crear una canasta de salud menstrual que se entregue de manera gratuita en los centros educativos.
La organización Period Guatemala participó en la creación de esta iniciativa. Andrea Reyes explica que llevan más de un año trabajando con la Comisión de la Mujer y pretenden erradicar el estigma que viene con la menstruación y que tengan acceso gratuito a los productos.
La diputada Andrea Villagrán explicó que esta iniciativa propone que las mujeres tengan acceso a una canasta menstrual a través de los servicios públicos de salud que incluya toallas higiénicas, tampones, copas menstruales, esponjas marinas y ropa interior absorbente y que sea entregada en centros educativos, de detención, psiquiátricos, hospitales públicos, albergues y a mujeres en situación de vulnerabilidad.
El financiamiento de esta propuesta sería percibido de los impuestos por la importación y comercialización de productos menstruales, que en 2020 representó 32.2 millones de quetzales, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Para Clarisa estar en una cárcel en Guatemala fue de las peores experiencias en su vida. Un año después de ser capturada, salió tras comprobarse que su pareja utilizó su cuenta bancaria con engaños para recibir dinero que era producto de extorsiones que realizaba a comerciantes de la localidad.
A Clarisa estar en prisión tanto tiempo le robó mucho de su vida. Antes de la pandemia visitaba a dos compañeras que fueron apoyo durante su estadía, no se le olvida llevar jabón y toallas sanitarias, porque sabe la carencia de estas y las condiciones precarias en las que viven dentro de la prisión.
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