Temor en el quirófano: la violencia obstétrica persiste en salud pública
Temor en el quirófano: la violencia obstétrica persiste en salud pública
En el Congreso, diversas organizaciones buscan apoyo para aprobar una ley en contra de la violencia obstétrica, un tema poco abordado en la formación profesional del personal de Salud. En el sistema de Salud Pública esta carencia ha costado vidas.
Iris, de 18 años, fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional de Occidente (HRO) en Quetzaltenango. En el trayecto los paramédicos fueron amables, pero dentro del hospital el panorama cambió.
Las contracciones le hacían pedir ayuda que no llegó: «Si ya sabía a qué vino, debe aguantarse», le reprimieron. Un parto en tiempos de pandemia requiere el uso de la mascarilla todo el tiempo, pero en esos momentos, cuando el aire se hace más necesario, se la quitó. A gritos le ordenaron colocársela de nuevo.
Fue el principio de tres horas en trabajo de parto. El de ella fue uno de los nueve alumbramientos diarios en el HRO; unos 3,047 al año, según las estadísticas en ese centro asistencial.
Su parto fue un trámite asistido por tres personas, nació un niño y sin ninguna información se lo llevaron. Iris se asustó, ignoraba si estaba bien o mal su bebé, se lo devolvieron una hora después. Su pequeño gozaba de salud, pero la madre estaba destruida emocionalmente.
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Al siguiente día le dieron de alta y al regresar a casa llamaron a la comadrona, a quien le contó lo sucedido. Le limpió una herida en la vulva provocada por la episiotomía de la cual no le advirtieron o explicaron qué era.
La OMS explica que este es una incisión quirúrgica en la vulva que facilita la salida de los fetos y la cual es recomendable solo para casos extremos.
Después de esta experiencia Iris no quiere más hijos, la humillaron verbal y físicamente.
Su caso es justo la descripción que ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS/OPS) acerca de la violencia obstétrica de la cual se habla poco en el país.
Recién empieza a nombrarse en el contexto guatemalteco, explica Telma Suchi, coordinadora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), en Quetzaltenango. La cometen el personal médico y de enfermería al ofrecer un trato deshumanizado a mujeres que buscan los servicios de salud en hospitales nacionales, Centros de Atención Permanente (CAP) y Centros de Atención Integral Materno Infantil (Caimi).
«Una madre que da a luz tiene diferentes formas de demostrar su dolor, algunas por temor no gritan y otras sí, el personal de salud lo toma como ofensa y le exigen callarse. Recuerdo un caso en Cabricán, la mamá de la mujer embarazada me llamó y contó que su hija llevaba tres días hospitalizada sin saber de ella. Eso también se considera violencia obstétrica», relata Suchi.
Personal de Osar recibe este tipo de denuncias con frecuencia, por eso llegan a auxiliarlas para exigir mejor atención.
En Guatemala, luego del silencio y miedo por el maltrato del personal médico, se empieza a mencionar la violencia obstétrica, principalmente por organizaciones y promotoras de derechos sexuales y reproductivos. En 2009, la Red de Mujeres Indígenas documentó casos de madres que buscaron servicios de salud en Totonicapán, Quiché, San Marcos, Alta Verapaz y Quetzaltenango, donde manifestaron ser víctimas de malos tratos.
Las afectadas no la conocen como violencia obstétrica, por ello se creó una iniciativa de ley que guarda polvo en el Congreso desde 2017.
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Sin apoyo
La entonces diputada, Sandra Morán, presentó una iniciativa de Ley para tipificar la violencia obstétrica como delito y castigarlo. El Colegio de Médicos cuestionó su propuesta al considerar que criminalizaría su trabajo.. En mayo de 2017 la propuesta tuvo dictamen desfavorable.
En 2018, la diputada Sofía Hernández planteó una nueva propuesta, pero se quedó en las comisiones de la Mujer y de Salud y Asistencia Social. «No se movió más la iniciativa, si otros diputados no la toman de nuevo, quedará olvidada», asegura Morán.
La Coordinadora Departamental de Comadronas Tradicionales de Quetzaltenango (Codecot), trabaja para capacitarlas y también enseñar sobre la medicina ancestral, natural y energética.
La organización lleva más de 20 años en busca de la reivindicación de la salud materna y lograr partos humanizados en el occidente del país.
María Escobar Ramos coordina esta red de comadronas (Codecot) y explica que con el paso de los años aprenden sobre los diferentes tipos de violencia en contra de las mujeres y por eso se sumaron a investigar más de la obstétrica. Agrega que es necesario hablar de la violencia ejercida en los servicios de salud, identificar los problemas y trabajar para mejorar.
«Las mujeres no quieren ser atendidas en los servicios de salud por miedo a los maltratos y eso deriva en muertes maternas», dice Aída Pérez Vásquez, representante legal de Codecot. A través de esta unidad legal se han acercado al personal de enfermería para hablar del tema lo cual se traduce en mejoras en la atención de enfermería y del personal médico.
Las familias y mujeres víctimas de estas agresiones no denuncian, y es que tampoco existe un delito en el Código Penal que persiga el Ministerio Público.
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«Tuvimos el caso de una mujer atendida por comadrona donde el bebé venía sentado. Debía ir a un hospital, pero la partera siguió, le suministró un medicamento que la hizo empeorar en cuestión de una hora. Cuando al fin la trasladaban en un picop al hospital, murió», cuenta Suchi.
Hablaron con la comadrona, dijo que la mujer no quería ir al hospital. También con el esposo y dijo que la comadrona lo amenazó diciendo que si sus hijos se quedaron sin mamá, podían quedarse sin papá. Por eso él no denunció. Lo mismo pasa con médicos y enfermeras, las víctimas temen represalias.
Codecot realizó el estudio «Violencia obstétrica, un enemigo silencioso en las salas de parto». Determinó que hay pocos casos identificados en el departamento, solo dos mujeres contaron sus experiencias, pero ninguna denunció.
La sede del MP en Quetzaltenango no reporta casos de este tipo en sus estadísticas.
Escasa preparación en partos humanizados
Las integrantes de Osar identifican que existe violencia física, psicológica y verbal en contra de las mujeres. Las recomendaciones para capacitar y sensibilizar al personal de salud no han tenido frutos a pesar de plantearlo al Comité de Muertes Maternas, que incluye a organizaciones civiles, representantes de centros de salud, hospitales tanto públicos como privados y áreas de salud.
Para Giovani Ortega, director del HRO, el personal a su cargo no comete estos hechos porque ninguna mujer o familiar ha denunciado. Las quejas se reciben a través de la oficina de Atención al Público.
Ortega dice que no ha sido necesaria alguna capacitación o formación para el personal de enfermería sobre la violencia obstétrica porque no se han detectado casos dentro del hospital. Recursos Humanos sí ofrece algunas charlas generales sobre atención al paciente.
En los servicios postparto del HRO sirven algunos tés o infusiones a las mujeres que recién parieron. Familiares dicen que no tienen insumos como toallas sanitarias, pañales, toallas húmedas y que deben comprarlos.
Nohemí Sánchez trabaja con mujeres en Quetzaltenango en el proyecto «Apoyo en la reivindicación de las mujeres para evitar la violencia obstétrica». Incluye capacitaciones, campañas de comunicación e incluso un podcast junto a Codecot para que ellas conozcan el significado de violencia obstétrica. Todo para dejar de normalizar los malos tratos que ejerce el personal de salud, dice.
El Área de Salud de Quetzaltenango apoya procesos de formación con Codecot y también certifica a comadronas para que atiendan a las mujeres en sus hogares. Bresly Gálvez, del programa de Salud Sexual y Reproductiva, indica que la capacitación para las comadronas busca que identifiquen los momentos de riesgo para trasladarlas a tiempo a los servicios médicos para evitar muertes maternas.
En Colomba Costa Cuca, las comadronas y la enfermera a cargo del centro de salud decidieron trabajar coordinadas y evitar conflictos por el trabajo que realiza cada una. Con esto mejoró la atención que brindan a las mujeres.
En países como México y Colombia tienen clínicas donde ofrecen los partos humanizados, sus servicios plantean que la prioridad es la seguridad y comodidad de las mujeres.
Estos incluyen habitaciones adecuadas para mantener privacidad durante el trabajo de parto, también hay quirófanos si el nacimiento del bebé se complica, música a elección de la madre, pueden permanecer familiares acompañando a la madre.
En Guatemala existen estas clínicas, pero son privadas, uno de estos procesos podría costar 17,000 quetzales o más.
Las condiciones de infraestructura, personal y atención en salud pública son carentes y no es prioridad la comodidad de la mujer en proceso de parto. No existen procesos de formación y sensibilización para el personal médico y con esto evitar que un parto en los hospitales públicos de Guatemala, sea un trauma.
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