Lo que les voy a relatar está sucediendo ahora mismo en el Ministerio Público de Guatemala, en la Dirección de Análisis Criminal. Esta dirección tiene presencia a nivel nacional. Es por ello que una analista profesional se encontraba asignada a una fiscalía municipal. En ese lugar, y después de varios años de laborar, denunció hace apenas unos días ante sus superiores que era víctima de acoso sexual por parte de un fiscal. Por esto, a los pocos días, y supuestamente en aras de proteger a la denunciante, la trasladaron de esa fiscalía y mandaron en su lugar a otra analista profesional.
Cuando se hizo la denuncia, al parecer se realizó una «averiguación» en dicha fiscalía, lo que hizo que, junto con el traslado, se supiera en los pasillos de dicha dirección la existencia de una denuncia de acoso sexual contra un fiscal de dicha fiscalía. Por ello, cuando la analista profesional a quien mandaron a sustituir a la denunciante fue nombrada el 14 de junio para ir a esa dependencia, fueron varias las mujeres que, en solidaridad y en aras de advertirle, le dijeron que no se fuera a esa fiscalía, que «ahí acosaban».
En ese momento, la analista, de nombre Silvia, decidió hablar con su jefe y solicitarle que no la enviara a ese lugar, pues ella tenía conocimiento de que ahí había problemas de acoso sexual, por lo cual ella se sentía expuesta y creía que estaba en riesgo su integridad sexual, física y psicológica. La respuesta del jefe fue preguntarle cómo se había enterado e indicarle que esa información él la tenía en un informe secreto, al que se suponía que nadie tenía acceso. Incluso, llegó a insinuar que eso era «fuga de información», con lo cual reconoció la existencia de dicha denuncia. Así, cuando la analista le preguntó por qué se la mandaba a ese puesto habiendo riesgo para ella, la respuesta fue «es que usted tiene un carácter fuerte», como indicando que ella se podía defender sola del acoso.
Entonces, su superior le dijo que se quedaría sin efecto su traslado. Sin embargo, unas horas después fue notificada que se la trasladaba a la Fiscalía contra las Extorsiones, distinta a aquella en la que Silvia estaba originalmente, en un claro acto de represalia.
El 19 de junio de 2019, Silvia fue llamada a una reunión, que en realidad fue un interrogatorio por parte de sus jefes, para que, bajo amenaza de denunciarla penalmente por supuesta «filtración de información», dijera quién le había hablado de la denuncia contra el fiscal acusado de acoso sexual y confesara si había sido la victima original del acoso, con lo cual incluso se insinuó que podían tomar represalias contra dicha denunciante en caso de que Silvia no dijera quién le había dado la información.
[frasepzp1]
Silvia es mi hermana, y sé de este caso porque el día que ocurrió dicho traslado ella me llamó con impotencia, con rabia, con la voz entrecortada, por tener que ir a trabajar a una fiscalía con un jefe con historial de acoso. Le aconsejé que fuera a hablar con el director y que seguro él entendería, pero la respuesta de este solo han sido amenazas y represalias en contra de ella por haberse atrevido a decir lo que todos saben, pero que son obligados a callar: que en esa fiscalía hay un jefe acosador.
Ella es una analista que comenzó en una plaza técnica en octubre de 2016 y que después, al año, fue ascendida al puesto de analista profesional. Es una mujer que ha trabajado en organizaciones de defensa de los derechos de la mujer y que, por ende, sabe lo que significa el ciclo de la violencia y que no debe callar estos actos, sobre todo para evitar que otras mujeres sean víctimas. Por eso prefiere quedarse sin trabajo y denunciar las amenazas y el acoso a que son sometidas las mujeres que denuncian la violencia sexual, así como el acoso en su trabajo en el Ministerio Público de Guatemala.
En resumen, una mujer denuncia a un fiscal por posible acoso sexual y es trasladada de su puesto. Mandan a otra mujer a cubrirla, pero esta se niega a trabajar con un fiscal abusivo y también es trasladada a otra fiscalía. Ahora, la segunda analista es amenazada con que se le iniciará un proceso penal por haber «divulgado» esta denuncia internamente, por lo que decide renunciar de forma irrevocable ese mismo día (19 de junio de 2019), con el miedo de ser trasladada a ese lugar y seguir bajo las órdenes de un jefe que está más interesado en acallar las denuncias de acoso sexual que en proteger a sus trabajadoras de otros jefes abusivos. Mientras, el presunto agresor está tranquilo en su puesto de trabajo, sin que a la fecha se le haya iniciado ningún proceso disciplinario.
Y después nos preguntamos por qué es tan difícil para las mujeres denunciar acoso o abusos sexuales. Este es un perfecto ejemplo de cómo se criminaliza la denuncia y se persigue a las víctimas, y no a los victimarios. Sin embargo, este caso no puede permanecer en silencio, ni ningún otro en el MP o en cualquier dependencia. No tenemos que esperar ocho o nueve años, como con la Municipalidad de Guatemala, para hacer las denuncias.
Por eso, mujer trabajadora del MP y de cualquier otra dependencia del Estado, anímate a denunciar el acoso sexual y a tus jefes. Si estos lo encubren, no permitas que otras mujeres sean víctimas como tú. Tienes el apoyo de la mayoría de la sociedad, que no dejaremos que estos casos queden impunes.
Columna 1 de 2. Mañana continuaré con el resto de esta historia.
Más de este autor