Algunas cuestiones se han puesto en discusión: si hubo o no violación a la libertad de expresión (dado que no se trata de la restricción de un derecho por parte del Estado), y si se trató de censura o del ejercicio del derecho de un medio de comunicación a fijar fronteras editoriales a la opinión. En muchos casos, pareciera asumirse un consenso político tácito respecto de la normalidad de las fronteras editoriales a la opinión. Pareciera que la ética utilitarista de este sistema nos hace creer que las libertades vienen mutiladas de nacimiento; nos impide ver que la mutilación se da, más bien, dentro del tenso (y a veces conflictivo) curso de su desarrollo, y nos hace olvidar que el juego de la democracia también se trata de la reivindicación de su efectividad.
Han pasado varias semanas desde aquel episodio y, dado que el debate se encuentra abierto, expreso algunas ideas desde este rinconcito de la Plaza:
Creo que en este caso debe hablarse, tanto de libertad de expresión, como de censura. Aunque en el ideal clásico, los derechos humanos son considerados límites frente al poder público, con el auge neoliberal y la reducción de las capacidades del Estado, la intervención y el poder de actores privados en la arena pública da pie a extender la eficacia inmediata de los derechos a las relaciones entre particulares. La reflexión aplica a los medios de comunicación que, encontrándose en manos privadas, vehiculan un debate de indudable carácter público, dirigido a la formación de una opinión ciudadana que se pretende libre y madura.
Las fronteras deberían eliminarse para las columnas y los blogs, porque la opinión es el núcleo duro de la libertad de expresión. El respeto a la pluralidad de opiniones viene a ser la frontera, más bien, para un medio de comunicación que se precia de respetar los derechos humanos y de no estar por encima de sus reconocimientos. Ejercer el criterio mediante la opinión es el urgente ejercicio, para prepararnos como sociedad, para enfrentar nuestras tensiones y fricciones internas.
Ningún modelo democrático puede conseguir unanimidad; por ello, sea cual sea el grado de adhesión, siempre habrá disensos que deben gestionarse en la arena pública. Esa arena pública es hoy, en gran parte, virtual. Y éste es uno de sus necesarios espacios.
Si la libertad de expresión engloba, tanto el derecho de expresar pensamientos e ideas, como el derecho de recibirlas, su restricción afecta tanto a quien expresa el pensamiento, como a la comunidad, que deja de recibir todo tipo de opiniones e informaciones posibles.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado criterios sobre los que considero importante reflexionar: 1) el abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de una responsabilidad posterior para quien lo cometió (por esa razón, además de fronteras éticas existen responsabilidades, incluso penales, para quienes opinamos en los medios de comunicación). La aplicación de responsabilidades debe ser llevada a cabo mediante sanciones posteriores y no por medio de la censura previa a la expresión; 2) La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralistas y democráticas de las sociedades actuales; 3) El uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate, fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas; 4) La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley.
La libertad de expresión, en sociedades como la nuestra, tiene una urgencia casi rabiosa. Y no sólo cuando es claramente vulnerada o amenazada por el poder público, que es apenas la mitad de la historia. También cuando su articulación cotidiana en la esfera pública está mediada por intereses, criterios y poderes privados.
Ante la afirmación de que la libertad de expresión tiene un “precio” que es el de las fronteras impuestas por el financista, y de que las reglas del mercado dicen que si uno no puede expresarse en un medio, es “libre” de buscarse otro (aunque sea un pasquín que sólo lee la vecina), ¿tan utópico es apelar a la coherencia con el espíritu deliberativo de una Plaza Pública que halla su inspiración en Habermas y sus tesis dialógicas? ¿Tan absurdo es cuestionar que la “constitución” de la Plaza Pública nos dé con una mano lo que nos quita con la otra?
La libertad de expresión es un derecho en todas sus luces, cuyo precio fue muy alto para tantos y tantas que fueron silenciados/as en el pasado. En tributo a esa historia, lo nuestro ahora debería ser el debate de las ideas, de los argumentos, la edificación de una democracia pendiente, ejerciendo la palabra. Si para ello hace falta darle vuelta a los conceptos, hacer un uso contrahegemónico de los discursos, revisar límites éticos en el diálogo, sigamos haciéndolo.
Por último: es falaz contraponer los logros del medio como argumento contra la crítica de la censura, y en pro de la aceptación resignada de las fronteras editoriales. Expresarse contra la censura y las fronteras editoriales no significa no reconocer el excelente trabajo de la Plaza Pública, sino comprometerse crítica y reflexivamente en su construcción colectiva.
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