El Ministerio Público (MP) solicitó hace diez días a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB), que inicie la recopilación de información bancaria y financiera para investigar los nombres de guatemaltecos o de personas relacionadas con Guatemala que aparecen en el listado de Swiss Leaks.
Cuatro días después de que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revelara los principales hallazgos de los datos obtenidos por el periódico francés Le Monde sobre más de 106 mil clientes del banco HSBC en Suiza, el secretario general del MP, Carlos Alberto Ruiz Prado, giró una primera solicitud de información a la IVE.
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En ella, Ruiz Prado instruía para se requiriera información “a donde corresponda” sobre la existencia de cuentas de cualquier índole o inversiones a favor o a nombre de personas de origen guatemalteco o relacionadas con Guatemala en la filial del banco HSBC de Suiza, en el período comprendido de 1998 a 2015.
Según el secretario general, desde ese mismo momento, el MP inició un proceso de investigación de acción pública. “En la información publicada no aparece ningún nombre, pero es un hecho notorio que existen investigaciones por parte de entes de persecución penal, en este caso de Francia. Queremos ver qué existe en ese listado, primero”, dijo Ruiz Prado.
El mismo titular de la SIB, José Alejandro Arévalo, dijo a Plaza Pública en una entrevista que, de ser solicitado por el MP, pedirían a las autoridades suizas la información y, de ser enviada ésta, se trasladaría de inmediato al Ministerio Público.
¿Por qué a través de la IVE?
Aun así, el mismo MP podría solicitar la información a sus homólogos de Francia. Fue el Ministerio Público francés quién procesó las bases de datos extraída por Hervé Falciani, un exempleado de HSBC, y creó las fichas de trabajo que luego obtuvieron Le Monde e ICIJ para la investigación periodística, en la que participó Plaza Pública.
Para Ruiz Prado, la intervención de la IVE es determinante para obtener la información aprovechando que esta Intendencia tiene convenios de cooperación con diferentes instituciones similares fuera del país. “Es mucho más fácil a través de la IVE que comunicarnos directamente con la fiscalía francesa. Consideramos que, tratándose de movimientos bancarios, la vía más expedita era a través de esta Intendencia”, aseguró.
En 2010, el Ministerio Público francés colaboró con otros países, como España y Argentina, enviando información procesada por sus investigadores al encontrar información de personas de esas nacionalidades.
Además, según Arévalo, no existe ningún tipo de convenio con las autoridades suizas encargadas de verificar el trabajo bancario, pero al ser un “paraíso fiscal abierto”, este pone a disposición de autoridades competentes la información para posibles investigaciones judiciales.
La futura investigación
Una vez se obtenga el listado de cuentahabientes en Suiza, la IVE podría dar trámite a otra de las solicitudes del MP: verificar la existencia de operaciones sospechosas donde intervengan de forma directa o indirecta las personas que aparezcan en él.
El papel de la IVE, intendencia que no está autorizada a comentar las investigaciones que está realizando, iría más allá toda vez que el MP solicitó información adicional que puede ser rastreada en el país, como lo es el listado de todas las transferencias bancarias procedentes de Guatemala hacia Suiza o viceversa, durante los últimos 18 años.
“En este momento no sería conveniente especular qué información encontraremos en este listado”, dijo el secretario general del MP y puso de ejemplo que se podría encontrar gente que pagó sus impuestos en el país y que luego sacaron su dinero hacia este banco europeo. “En casos como este no hay un ilícito, porque no hay ninguna norma legal que limite poder sacar dinero lícito a otros países”, aseguró.
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¿Y en casos de posible lavado de activos? “No se descarta nada”, afirmó Ruiz Prado. Es más, la segunda solicitud del MP hacia la IVE, una exactamente igual a la primera, fue firmada por personal de la Fiscalía de sección contra el lavado de dinero u otros activos y fue enviada un día después, el 13 de febrero pasado.
De 2012 a lo que va de 2015, la IVE presentó 597 denuncias al MP, en el que se involucran a 15,840 personas por movimientos dudosos de Q5,928 millones. Eso equivale al 59.34% de las denuncias recibidas por el MP a nivel nacional en el mismo período. En los últimos cinco años y en lo que va de 2015, según datos del Ministerio Público, se han procesado 1393 denuncias por lavado de dinero a nivel nacional.
“No queremos especular porque no sabemos qué información nos mandarán. Hay que tener todos los documentos, verificar las aristas de cada caso y ver si encuadran en algún ilícito, como el lavado de dinero”, dijo Ruiz Prado. Mientras tanto, están a la espera de la información que sea entregada por la IVE, una institución que no tiene un plazo definido por ley para entregarla.
