Nos jugamos el país

Pero su afrenta contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que pone en riesgo su intento de consolidar una red de operadores vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en el Estado, está volviéndose una simple distracción.

En los últimos días ha quedado claro que Morales está dispuesto a poner en riesgo un país entero —sus instituciones, el Estado de derecho y las bases de la democracia— con tal de salir limpio del problema personal, familiar y político en que se metió al recibir dinero ilegal para su campaña, con tal de no rendir cuentas por su negligencia en casos como el del Hogar Seguro.

Su estrategia parece estar funcionando. Con un despliegue de fuerzas militares y policiales busca intimidar a la ciudadanía y a los actores políticos que actúan como contrapesos a su gobierno. Fundamentalmente, y tras su amenaza directa de que no acataría «órdenes ilegales», puso en jaque a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), que hasta ahora han puesto alto a sus intenciones por actuar fuera del marco de la ley.

Mientras tanto, sus aliados en el Legislativo están intentando reformar la ley de antejuicios con el objetivo de capturar la CC y acallar voces críticas como la del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Morales está molesto porque los magistrados han puesto un alto a sus acciones más arbitrarias del último año, motivados en parte por los recursos interpuestos por el PDH y líderes ciudadanos.

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El pulso político ha avanzado en cámara lenta, pero a estas alturas los magistrados deberían haber advertido que sus decisiones son cruciales para preservar el orden jurídico y democrático de la afrenta frontal que ha anunciado el presidente. También está en juego su propio fuero.

No se trata, a estas alturas, del futuro de la Cicig en el país ni de la continuidad de Iván Velásquez al frente de la institución. Se trata de la continuidad del sistema político y de sus bases esenciales, en las que la CC juega el papel fundamental de último árbitro político e impide que los conflictos se resuelvan por la simple capacidad de coerción y de imponerse por la fuerza.

Morales se ha quitado la careta de dictador. Y, aunque ha atizado división entre la ciudadanía —distrayendo sobre la base de quienes defienden sus derechos políticos—, no debe perderse de vista el problema fundamental:

El Ejército —que tiene décadas de ser un vaso comunicante entre Gobierno y narcotráfico— está intentando imponerse sobre el resto de los poderes del Estado. De lograrlo, el futuro del país está comprometido.