Ocho meses sin salario para las mujeres que atienden a víctimas de violencia

Solís trabaja en uno de los cuatro Caimus del Grupo Guatemalteco de Mujeres, la agrupación con más experiencia. Al principio, la falta de pagos se notaba, pero buscaban la manera de adaptarse. El carro quedaba aparcado en casa para ahorrar gasolina, la compra semanal se volvía más austera y un familiar prestaba para pagar las facturas del mes.

Pero, dice Solís, “ahora la cosa se atoró”.

Para pagar rentas y deudas, varias empleadas se endeudaron en préstamos que no saben cuándo van a devolver. Otras pidieron una segunda hipoteca de sus casas o vendieron su vehículo. Cargadas con esta incertidumbre, llegan cada mañana a la oficina y continúan atendieron a unas mujeres que no dejan de buscar ayuda.

En los primeros seis meses de 2018, los 11 centros atendieron 10,364 casos. Al de Guatemala llegaron 2,124. Son mujeres que van a sus citas con las psicólogas que las acompañan y con las abogadas que siguen sus procesos.

Algunas llegan por primera vez. Reunieron la fuerza suficiente para decir en voz alta que sus parejas o familiares las maltratan, que no pagan la pensión alimenticia o que no han reconocido a sus hijos.

El servicio es gratuito para las mujeres que lo necesiten. Cuando acuden al centro se les abre un expediente, el área de trabajo social conoce los casos y después se les da el seguimiento legal y psicológico. Desde la aprobación de la Ley contra el femicidio, en 2008, estos centros son los que se encargan de acompañar a las mujeres.

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Los expedientes se acumulan. La mayoría, con varios procesos abiertos. “Lo que correspondería es cerrar, pero eso afectaría gravemente a las mujeres”, admite Giovanna Lemus, directora del Grupo Guatemalteco de Mujeres.  “Nosotras tenemos procesos que están en camino. No podemos decirles a los jueces que ahora no podemos, que nos esperen, porque tenemos que cumplir, o perdemos los procesos”.

Cinco abogadas y cientos de casos

Sobre la mesa auxiliar, al fondo de las oficinas del departamento jurídico, 20 carpetas con órdenes urgentes esperan a ser revisadas y enviadas a diferentes juzgados antes de las tres de la tarde.

“Esto tiene que salir hoy”. La que habla es Wendy Tobar, la abogada que coordina el despacho. Está cansada. Ayer salió del centro a las nueve y media de la noche y hoy a las seis de la mañana estaba de nuevo sentada en su silla. Saca un espacio después de una reunión y antes de bucear en hojas y hojas de expedientes.

Para conocer, seguir y litigar los cientos de casos que conoce el área legal, hay cinco abogadas. Tobar dice que ahora mismo el equipo está fortalecido, aunque es insuficiente para la cantidad de procesos. Hay mujeres que llegan al centro y la organización planifica para cuatro meses después una primera cita con el fin de conocer su caso. Varias ya no regresan.

“Una carga la angustia a diario”. Lo define como una bola de nieve: a más personal en el centro, más casos pueden ser atendidos. Y la bola va creciendo. El problema llega cuando las trabajadoras se van, por hastío, por falta de pagos, por incertidumbre. “Si se nos empiezan a ir, esa gran bola no la pueden manejar dos personas”, resume.

Así ocurrió en 2015. Todas las abogadas renunciaron en diciembre, después de un año sin recibir su salario. Tobar se quedó sola. Ahora teme que este año ocurra lo mismo.

Al cansancio que comparten con sus compañeras psicólogas y trabajadoras sociales, las abogadas tienen un peso añadido. La presión del tiempo. “Es una carrera constante —continúa Tobar—.  Se tienen que llevar muchas cosas a la vez. Abajo están dos mujeres esperando su cita, pero yo tengo que sacar estos 20 expedientes y estas notificaciones que se nos vencen hoy. Sacar copias, poner timbres, y luego llevarlo al juzgado. Y además están las llamadas”.

La entrevista se interrumpe durante unos minutos, en los que la abogada atiende por teléfono a una mujer. Le da instrucciones de los documentos que debe hacerle llegar cuanto antes para continuar con su proceso legal.

Este año ya se fueron dos personas del área administrativa. Las que se quedan, dicen, lo hacen “por la causa”. Pero los ánimos ya hace tiempo que empezaron a menguar. “No estoy aquí por el dinero, pero lo necesito —Noemí Solís, la psicóloga, tiene claro ese punto—. Llega un momento en que me planteo buscar otra cosa. Llegando a estas alturas del año y no tener un solo centavo... La causa no me va a dar de comer”. Solís gana 5,750 quetzales al mes. “En el mercado se cotiza un poco más caro —admite—. Unos ocho o nueve mil”.

“El compromiso es fuerte —comparte Tobar—. Las chicas dejan de almorzar, de ir al baño, de tomar agua…”. Así como hay mujeres que van con sus citas programadas, otras llegan de imprevisto, con urgencias que tienen que ser atendidas al instante. “Hay personas que llaman y dicen que las demandó su esposo por divorcio y que mañana se vence la contestación”.

—¿Y qué les dicen?

—Que vengan.

¿Cómo se llegó a esto?

La crisis de fondos en estos centros de ayuda para mujeres no es nueva. Sucede cada año, con cada gobierno desde que se aprobó la partida presupuestaria. Pero este es de los retrasos más largos. Para entender esto, hay que retroceder once años, hasta 2007.

Los Caimus del Grupo Guatemalteco de Mujeres llevaban ya 16 años trabajando con víctimas de violencia. Se financiaban con ayuda de organismos internacionales, cuenta Giovanna Lemus, su directora, hasta que buscaron la oportunidad de conseguir un aporte del Ministerio de Gobernación.

En ese momento Adela Camacho de Torrebiarte dirigía la cartera. “Pusimos un empeño muy especial con el tema de la muerte de mujeres y violencia intrafamiliar —recuerda la exministra—. Decidimos apoyar a los Caimus, ya que había una posibilidad”. Se asignaron ocho millones de quetzales y la propuesta se envió al Congreso.

Ahí la recibió la Comisión de la Mujer, que en ese momento presidía Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala. La congresista asegura que el mérito fue de las mujeres y que ella se limitó a escucharlas, entender la problemática y pelear para que se les diera un apoyo.

Costó, dice, pero se logró. Montenegro define el trabajo como “una batalla campal”. “No querían. Hubo una serie de cortapisas de los partidos tradicionales”, asegura. “Pero también tuvimos mucha colaboración de la Red de la no violencia contra las mujeres. Hicieron marchas, manifestaciones, se pusieron frente al palco del Congreso…”.

Así fue como para el presupuesto de 2008 se aprobó la partida para los cuatro Caimus del Grupo Guatemalteco de Mujeres. Dos años después, el período en el que Carlos Menocal fue ministro de Gobernación, durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), el presupuesto se subió a 9.5 millones de quetzales.

Pero había un problema que se continuó arrastrando en los siguientes años. Los fondos que se aprobaron en 2007 salían del presupuesto destinado a la Policía Nacional Civil, y eso hizo que algunos años el dinero tardara en trasladarse a GGM. En 2015 los fondos nunca llegaron.

Camacho no recuerda por qué se tomó la decisión de que la partida saliera de la policía.

En este proceso fueron abriendo nuevos centros en otros puntos del país. El Grupo Guatemalteco de Mujeres decidió entonces repartir los 9.5 millones de quetzales según las necesidades de las demás organizaciones, pero reclamaban que no era suficiente. “De nuestros recursos siempre apoyamos a las otras. Por ejemplo, cuando abrió Nuevos Horizontes, en Xela, dejamos de fortalecer uno que era nuestro para darles a ellos”, explica Giovanna Lemus.

Durante el gobierno del Partido Patriota, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti prometió un 25 de noviembre aumentar el presupuesto a 20 millones de quetzales. Esto nunca se cumplió.

No fue hasta la nueva legislatura, en 2016, que el Foro Parlamentario de Mujeres presentó una enmienda para incrementar los fondos. Sandra Morán, la diputada de Convergencia que lideró este proceso, recuerda que fue una negociación a contrarreloj. “Costó trabajo aprobar esta enmienda. Yo fui a una reunión, cuando estaban en los últimos acuerdos, en la Comisión de Finanzas. En el último momento, cinco minutos antes de entrar a la sesión, el último día, logramos los acuerdos”.

Esto quedó redactado en el artículo 20 de la Ley de Presupuesto como una asignación especial del Ministerio de Gobernación, en la que se asignaban 9.5 millones de quetzales para el Grupo Guatemalteco de Mujeres y 11 millones de quetzales para que la cartera hiciera una modificación desde el programa de Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio al de Prevención de la Violencia y Organización Comunitaria, para apoyar los otros Caimus.

Sobre el papel quedó escrito que las asociaciones Nuevos Horizontes, Grupo Integral de Mujeres Sanjuaneras, Grupo Ixqik, Generando Equidad, la Casa de la Mujer y la Red Departamental de mujeres Chiquimultecas serían las que recibirían el dinero. 

Pero para liberar estos fondos, el ministerio debe firmar un convenio con las organizaciones, que tiene que pasar por una serie de unidades de la cartera.

Axel Romero, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito y encargado de ver todo este proceso desde que asumió en 2016, cuenta que tienen que darse dictámenes favorables de varias dependencias: policial, jurídico, de la unidad de prevención, de la de planificación y del departamento financiero. “Cada uno se toma su tiempo para revisar cada expediente —uno por cada organización, siete en total— y con cada revisión, se pide a las organizaciones que traigan varios documentos”.

Los trámites para liberar los fondos de este año comenzaron en enero, pero en los últimos meses se dieron varios cambios administrativos que retrasaron el proceso. “Esto nos hizo empezar de nuevo los procedimientos en marzo. En abril cambia el director jurídico, el financiero, el viceministro administrativo financiero dos veces… y cada nuevo, pone requisitos para la firma del convenio”. 

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Romero alega que el proceso podría haberse agilizado si en 2012 la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y en Contra de la Mujer (Conaprevi) no se hubiera debilitado hasta el punto de desaparecer.

Según la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, la Conaprevi debe impulsar la creación de Caimus y acompañar y asesorar a las organizaciones que los administran. “¿Cómo justificamos que son especializadas cuando Conaprevi dejó de continuar?”, se pregunta el viceministro. “No existe la certificación de una entidad especializada, y con toda la razón, el departamento jurídico necesita saber por qué hay que dar el dinero a estas organizaciones y no a otras”.

El funcionario asegura que ya se emitieron todos los dictámenes y que la pelota está ahora en manos del viceministro administrativo financiero, quien debe dar el visto bueno y elevar los expedientes al ministro Enrique Degenhart.

Y en esa situación estamos ahora.

Sin embargo, aunque finalmente se firmen los convenios y el presupuesto se liberara hoy mismo, existe otro problema: las organizaciones tienen cuatro meses para ejecutar los 20.5 millones de quetzales.

El Grupo Guatemalteco de Mujeres lo tiene más fácil: ellas son ejecutoras de programa. Al recibir los 9.5 millones de quetzales podrán pagar salarios pendientes y contratar a nuevo personal para lo que queda de año.

Con las otras seis organizaciones no es tan sencillo. En la Ley de Presupuesto quedó indicado que sus fondos serán ejecutados a través de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación. La cartera tendrá que contratar a personal 029 y 089 y comprar los insumos que necesiten las agrupaciones. Y tendrá que hacerlo a través de la Ley de Compras y Contrataciones, con los plazos que eso supone. Romero calcula que esto puede demorar un mes más.

Una de estas organizaciones ya escribió al viceministerio demandando que la retire de la red de Caimus. La Asociación Generando (Asogen) firmó en 2011 un convenio con el ministerio en el que la cartera se comprometía a contratar siete plazas de trabajadoras. Pero cuando fue incluida entre las organizaciones que recibirían fondos a partir de 2017, les retiraron las siete plazas. “Ellas salieron más dañadas que todas. El 13 de agosto nos piden que las saquemos de la red Caimus. A este nivel de desesperación llegaron”, expone Romero.

Si las organizaciones no consiguen ejecutar los fondos antes de que termine el año, esto puede colocarlas en una situación más comprometida. Según Sandra Morán, el año pasado había una intención de reducir el presupuesto de los Caimus. Al no aprobarse el presupuesto 2018 y mantenerse el de 2017, el monto quedó igual.

Para 2019, en Gobernación ya tienen una propuesta aprobada por Finanzas, que tendrá que pasar por el Congreso: 16 millones de quetzales para todos los centros. Cuatro millones y medio menos de lo que se ha asignado ahora. Romero lo justifica alegando que el Ministerio de Finanzas bajó los techos presupuestarios por una baja ejecución de los Caimus.

—Pero si no reciben los fondos con tiempo suficiente es complicado que se ejecuten. ¿Este año podría suceder lo mismo?

—Ese fue el problema. Pero ahora el presupuesto pasará por el Congreso de la República y ahí hay otra oportunidad de enderezarlo.

Si tampoco se aprueba el de este año, se mantendrían los 20.5 millones de quetzales actuales.

El Plan B

La situación es insostenible. Este extremo lo comparte el gobierno, las organizaciones y las trabajadoras. Pero no todos sugieren la misma solución.

Giovanna Lemus, del Grupo Guatemalteco de Mujeres, propone que el convenio que las organizaciones deben firmar con Gobernación sea bianual. De este modo, cuando se firme, tendrían un año holgado, con los fondos en sus cuentas.

El viceministro Romero tiene una propuesta más radical. “La lógica de que esto sea operado por organizaciones no gubernamentales es que el Estado nunca se había hecho cargo de este servicio. Pero ahora el Estado da la plata, resulta contradictorio que se tenga que entregar a un tercero para que ejecute la función que el Estado no cumple”.

Por esto, Romero sugiere la posibilidad de crear un programa ministerial que se encargue de ejecutar estos fondos.

—Y las organizaciones no recibirían dinero, entonces.

Romero duda unos segundos antes de responder.

—Ellas tienen la experiencia. Tenemos que garantizar de qué forma pueden seguir apoyando, porque ellas tienen el conocimiento de cómo se maneja. Pero esto debe quedar como un programa real antes de que terminemos gestión. 

De otro modo, advierte el viceministro, la modalidad de ejecución queda a criterio de que el Congreso de la República pueda quitar los fondos cuando lo considere. “Eso sí es un riesgo. Puede ser que el Congreso diga: que la misma cantidad vaya a más organizaciones. Y en cierta forma tendría razón. Hay muchas organizaciones que llevan el tema y no tienen ningún tipo de apoyo”, considera.

En el Grupo Guatemalteco de Mujeres no comparten para nada esta propuesta. “La ley es clara —responde rotunda Giovanna Lemus—. Las organizaciones tienen que llevar eso. Empezamos antes de la ley de femicidio. ¿Tú crees que se van a garantizar los derechos de las mujeres con todo lo que ocurre en el Estado? Eso no es una buena idea. Mira lo que pasó en el Hogar Seguro. ¿Podemos exponer a las mujeres? Yo creo que no. El Estado no tiene las condiciones”.

Romero reitera: “No estamos siendo efectivos. Yo me pongo en lugar de ellas, pero valorando la política pública, ¿qué es más importante? ¿Darles el dinero o que funcionen los centros?”

Por ahora, tocará esperar a ver qué se decide, tanto en el Congreso como en el Ministerio de Gobernación. Mientras, las organizaciones continúan trabajando bajo mínimos y sin fondos. Algunas de las trabajadoras consultadas lo confiesan: ya están buscando alternativas de trabajo en otros lugares. Las facturas no esperan y las deudas e intereses se acumulan.