Por primera vez: Diputados tendrán que justificar, a viva voz, por qué eligen a un magistrado
Por primera vez: Diputados tendrán que justificar, a viva voz, por qué eligen a un magistrado
La implicación de Gustavo Alejos en la elección de magistrados llevó a que la CC impusiera una nueva regla para tratar de rescatar el proceso. Por primera vez, cada congresista deberá expresar si las personas por las que vota son de reconocida honorabilidad. El informe de la FECI, que plantea que una trama para manipular la justicia, sugiere que por lo menos 15 candidaturas deben quedar descartadas.
En el Congreso, las diferentes bancadas empezaron a valorar el informe que presentó Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), y que refiere la existencia de un poder paralelo que interfirió en la selección de los candidatos a las cortes de justicia. Hay bancadas que usarán el documento como base para elegir y otros que desdeñan su contenido.
La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó que los diputados, antes de convocar a una sesión para elegir a los magistrados, deben analizar el documento que la Feci les entregó. En su resolución agregó una nueva instrucción: Cuando realicen la plenaria, cada uno deberá asumir el peso político de su elección.
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La instrucción de la CC es que deben indicar a viva voz las razones por las que apoyan cada candidatura, y decir si esa persona cumple o no con el requisito de idoneidad y honorabilidad que establece la Constitución.
Del listado de 26 candidatos a Corte Suprema de Justicia (CJS) y 270 de Cortes de Apelaciones, hay 15 que tuvieron contacto personal o por vía de mensajes de texto y llamadas telefónicas con Gustavo Alejos. Cinco de ellos aspiran a dirigir la CSJ.
Alejos, es un empresario con experiencia en los negocios con el estado, financió a varios partidos políticos, fue secretario del presidente Álvaro Colom, está preso por evasión y figura como sindicado en cinco procesos por corrupción. A este historial debe sumar la categoría de operador de las cortes.
Alejos, el operador
La investigación de la Feci refiere que hubo un proceso paralelo para manipular la actual elección de cortes. El operador, quien aparece al centro de la historia, es Gustavo Alejos.
En febrero pasado, la Feci adelantó el hallazgo de las múltiples visitas que Alejos recibió durante cinco días, del 12 al 16 de febrero, durante su estancia en el Sanatorio Ciudad Nueva, en la zona 2 capitalina. Un juzgado lo envió a ese lugar para, supuestamente, recuperarse de sus afecciones de salud, pero en realidad la instalación sirvió como un centro de operaciones.
Esta es la conclusión por los hallazgos que la fiscalía presentó: Alejos no estaba en una cama de hospital. Salía a recibir y despedir a sus visitas, también para atender llamadas telefónicas por celular, sin el custodio que le asignó el Sistema Penitenciario.
Las visitas y comunicaciones telefónicas que la Feci documentó refieren que mantenía contacto con personas interesadas en influir, o ser beneficiadas, en la integración de las cortes de justicia.
Aunque varios de los señalados en la investigación aseguraron que lo visitaron por otros motivos, o porque estaban preocupados por la salud del empresario, la coincidencia con el proceso de elecciones resulta evidente. En la lista de visitantes, por ejemplo, está la jueza de Mayor Riesgo, María Eugenia Castellanos. La visita la hizo junto al esposo de su hija, Heydi Pamela Delgado Castellanos. Ambas son candidatas a la Corte de Apelaciones (CA).
«Cómo va a estar comunicándose (con) alguien que puede decidir la situación de él en instancias superiores», cuestiona el jefe de la fiscalía, Juan Francisco Sandoval. Los postuladores Dennis Arita y Romeo Monterrosa, también aparecen en los registros de visitas y comunicaciones telefónicas. El último busca su reelección como magistrado de Apelaciones.
Monterrosa admitió que fue convocado a reunirse con Alejos para hablar de algunos candidatos. El empresario también sostuvo comunicación con Carlos Guerra, quien fungió como presidente del Consejo de la Carrera Judicial, la instancia que desarrolló la evaluación de desempeño de jueces y magistrados con aspiraciones a las cortes.
El documento de la Feci pone en duda el sistema de evaluación, porque hay indicios de que valora más las conexiones que la academia o la experiencia personal.
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La fiscal General, María Consuelo Porras, presentó un amparo en la CC, que logró detener el proceso. Aunque su pedido era repetir todo, la CC dio otra salida. En la sentencia emitida el 06 de mayo, dio un plazo de 10 días para que la Feci entregara al Congreso el informe sobre la influencia indebida que documentaron. A esto, debían agregar el listado de candidatos con causas penales registradas por el MP.
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El informe lo entregó el 28 de mayo. Un día después, empezó a correr el plazo de 20 días para que los diputados analicen el documento y los expedientes de 26 candidatos a la CSJ y 270 de Apelaciones. Cinco días después de concluido ese periodo –a finales de junio– el Congreso debe convocar a votación.
Alejos, la figura que aparece como el orquestador de esta manipulación, no ha emitido comentario. Ya no está en el sanatorio, porque violó las condiciones de su detención.
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Las posturas en el Congreso
El informe del MP genera rechazo total en algunos diputados, otros lo valorarán para sustentar su elección.
La bancada Todos está entre los partidos políticos que se resisten a tomar en serio el informe de la Feci. El subjefe de bloque, Boris España, un diputado de Chiquimula, dice que el documento que elaboró la fiscalía tiene inconstitucionalidades, extralimitaciones e inconsistencias.
España no tiene una buena relación con la Feci desde que, en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), iniciaron un proceso para retirarle el antejuicio e investigar su presunta participación en el cobro de coimas por la aprobación de leyes cuando era miembro del Partido Patriota. El diputado mantiene intacta la inmunidad que le concede el cargo.
De acuerdo con España, no pueden excluir del proceso a los candidatos visitaron o tuvieron contacto con Alejos, porque eso «viola el principio constitucional de inocencia», ya que ninguno ha sido oído y vencido en juicio. El mismo argumento esgrime el Instituto de Magistrados. En una comunicación telefónica, el diputado expone sin tapujos su punto de vista.
«Le pongo un ejemplo. Mire, qué bonita esta babosada pue, Selvin Flores, de Chiquimula, el hermano de Jairo (Flores) que es de la UNE y no está con nosotros, le voy a hablar con objetividad, ha sido secretario de juzgado, ha sido juez, magistrado, va a la Suprema y a la reelección (en Apelaciones).
Jamás me habló aquí (en Chiquimula) sino que me buscó en mi oficina ya estando electo el muchacho. Es un ejemplo claro de una persona que por mencionarse que es hermano de Jairo se le está truncando la carrera judicial. Qué necesidad (tenía) de ir o no ir (a visitar a Alejos). Lo hizo por lobby me imagino, pero ese señalamiento, el mío y el de Felipe Alejos, son infundados».
La resolución de la CC señala que los diputados pueden analizar si la relación de candidatos con Gustavo Alejos amerita poner en duda la idoneidad y honorabilidad de los candidatos, «sin que ello prejuzgue sobre la existencia o no de responsabilidad penal». La investigación de la Feci apunta a que ese tipo de vínculos refieren a un conflicto de interés, porque los magistrados electos tendrán que resolver en algún momento la situación legal de Gustavo Alejos.
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Un mensaje del día del cariño
Los diputados Felipe Alejos y España, aparecen mencionados en la investigación de la Feci. España expone su versión.
«Yo oí los mensajes (notas de voz) de Felipe Alejos y eran mensajes del Día del Cariño que le mandó Gustavo a él. Estupideces de esa naturaleza. Ese es un señalamiento político para eliminar a ciertas personas que no han respondido a sus intereses (de la Feci)», reclama. En su caso, el informe señala que su exasesor, Nelson Cámbara, también sostuvo comunicaciones con Gustavo Alejos. España refiere que no tienen relación con él desde hace tres años.
Felipe Alejos, que logró en 2018 que no lo investigaran por un caso de corrupción, cuestionó que el fiscal Juan Francisco Sandoval lo cite en su informe, cuando su hermano, Ronald Armando Sandoval, trató de chantajearlo. El fiscal Sandoval respondió con una denuncia para que el MP indague el hecho.
En un polo totalmente opuesto a Todos está la bancada Semilla, que tras analizar el informe decidieron usarlo como referencia en su votación. No apoyarán a los que tuvieron comunicación con Gustavo Alejos, y pedirán que los diputados que lo visitaron o tuvieron contacto con él se abstengan de elegir. La lista de la Feci incluye a 10 diputados, cinco de la UNE, dos de Viva, uno de Todos, uno de UCN y otro de Vamos.
«Hay un clarísimo conflicto de intereses y potenciales delitos», afirma Samuel Pérez, miembro de la bancada Semilla. Sin embargo, es consciente de que los diputados no están obligados a separarse del proceso, pero recalca que la resolución de la CC da la oportunidad a que cada uno asuma el costo político de sus decisiones.
«Va a ser bueno escuchar si (los diputados señalados) tienen el descaro de votar, por qué y cómo van a justificar sus votos», expone.
Aunque no conocen a todos los candidatos, lo que tienen claro es que ninguno de los que se reunió con Gustavo Alejos tiene justificación. Pérez dice que prepararon un mecanismo para actuar en este proceso, que es su primera experiencia política en la elección de magistrados de justicia.
Carlos Barreda, el jefe de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), adelanta que el bloque entrará a un análisis profundo del caso. Desde que la Feci publicó su informe, emitieron un comunicado en donde señalan que, en la manipulación del proceso, además de Gustavo Alejos, también está vinculada Sandra Torres –la excandidata presidencial con la que ahora están en disputa–.
En la misma publicación recalcan que Santiago Nájera, Jorge Estuardo Vargas y Carlos López Maldonado, no pertenecen al bloque y el partido busca expulsarlos como afiliados. Mientras que a Marleni Lineth Matías Santiago también la separaron del grupo porque responden a los intereses de Alejos y Torres. Nada dicen del diputado Raúl Antonio Solórzano Quevedo, de Quiché, que también aparece en el informe de la Feci.
Barreda asegura que no van a respaldar a ninguno de los candidatos a magistrados de CSJ y sala de Apelaciones que tengan algún señalamiento. Aunque su respuesta no es tan contundente respecto a la situación del candidato Selvin Wilfredo Flores Divas, hermano de Jairo Flores, integrante de la bancada. Plaza Pública intentó contactar al candidato Flores pero este no respodió las llamadas.
«El hermano entiendo que sí, el informe de la Feci lo vincula. Esperamos que también a la hora de verlo detalladamente, me imagino que también está siendo cuestionada su idoneidad», responde Barreda sin ser concreto.
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Alejos: La misma historia que Sinibaldi y Baldizón
Los partidos políticos representados en el Congreso han usado mecanismos de tráfico de influencias para elegir magistrados. En 2014, la decisión la tomaron Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, dos excandidatos presidenciales sobre los que pesan sendos procesos de corrupción.
De la investigación de ese proceso salió el caso Comisiones Paralelas II. Es decir, la elección actual es una vertiente de esa investigación hecha pública antes de la salida de la Cicig en septiembre de 2019. La diferencia en esta ocasión es que hay un operador diferente y las pesquisas las dirigen los fiscales guatemaltecos sin el respaldo de la comisión internacional.
A inicios de 2019, Baldizón, detenido en Estados Unidos, aportó detalles de esa elección de cortes, pero cuando el gobierno de Jimmy Morales anunció que no renovaría el convenio de la Cicig, suspendió los contactos con la comisión.
Las investigaciones desvelaron que la mayoría de candidatos a la CSJ buscaron a Sinibaldi, o a Baldizón, e incluso a los dos políticos para pedirles apoyo a cambio de su lealtad en el ejercicio del cargo. Debido al retardo en la presente elección, varios de esos candidatos continúan en funciones.
En las negociaciones de ese entonces participaron los operadores Gustavo Herrera (prófugo de la justicia) y el exrector Estuardo Gálvez. Ambos nombres volvieron a aparecer involucrados en comunicaciones con Alejos.
Barreda, de la UNE, recuerda que en esa votación ellos se apartaron debido al acuerdo que hicieron Sinibaldi y Baldizón.
Hoy, la historia ha variado un poco. El Congreso está fragmentado, y las mismas bancadas también lo están. La UNE tenía medio centenar de integrantes a inicios de año y está partida desde la primera sesión en el Congreso, cuando un grupo encabezado por Santiago Nájera, los traicionó a cambio de un puesto en la Junta Directiva.
Barreda cuenta a 32 diputados leales. Desde hace varias semanas, y aun en medio de la crisis de salud por el coronavirus, han atendido a decenas de candidatos que les quieren presentar su plan de trabajo y su hoja de vida.
Lo mismo dice España, de Todos. No hay día en el que no encuentren a uno o dos candidatos que esperan una audiencia con la jefatura de la bancada. Samuel Pérez, de Movimiento Semilla, asegura que urge una reforma estructural del sistema de elección. «Lo que nos molesta es que el proceso tiene que pasar por una decisión política y eso pone todos los incentivos hacia la corrupción. Si no se cambian las reglas va a seguir así».
La CC reconoce el problema estructural que menciona Pérez y en su resolución «exhorta» a que los diputados inicien un proceso de «reformas constitucionales como de leyes ordinarias, que garanticen la calidad e independencia del Organismo Judicial», antes del siguiente relevo en las cortes, previsto para 2024.
La nueva propuesta de Giammattei
El martes 2 de junio, el presidente Alejandro Giammattei anunció que promoverá una reforma Constitucional que eliminará las comisiones de postulación. Su propuesta es que los magistrados de apelaciones sean de la carrera judicial o sean electos en un concurso por oposición. En lugar de cinco años, el cargo sería por 10 años. Los magistrados de CSJ aumentarían de 13 a 15, para que el Ejecutivo, el Congreso, los decanos de seis universidades privadas de derecho y la Usac, el Colegio de Abogados y los Magistrados de Apelaciones, designen, cada uno, a tres integrantes.
El diputado Samuel Pérez, recuerda que la Cicig dejó una propuesta en desarrollo. Carlos Barreda y Boris España, concuerdan en que es necesario el cambio. Sin embargo, hay una realidad que no pueden obviar. Están en un Congreso con 19 bancadas y varias de ellas están fragmentadas por disputas internas. La posibilidad de consensos parece lejana ahora.
De momento, Todos y la UNE dividen su tiempo para recibir a los candidatos que los buscan para presentarles su hoja de vida y plan de trabajo. Ambos aseguran que esta vez no habrá componendas, como en 2014. Una afirmación difícil de asimilar.
«Esta sería la primera oportunidad en la que votaríamos. Ya tuvimos algunas reuniones con grupos projusticia que nos plantearon qué personas tenían algún señalamiento, tacha o cuestionamiento. Y el colectivo de organizaciones como Justicia Ya, la Fundación Mack, nos entregaron un listado de personas no idóneas pero que sí habían pasado (a integrar la nómina)», cuenta Barreda.
«Solo que seas abogado conoces a la gente. Los diputados que son abogados son los que tienen más influencia en esta decisión. Yo solo conozco a Alejandro Córdova, porque estuvimos juntos hace muchos años en la AEU (Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos)», añade.
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Córdova aparece en la lista de la Feci porque sostuvo comunicaciones con Gustavo Alejos. La UNE dice que buscará acercamientos con bancadas afines. Entre ellos, Semilla, Creo, una parte de Bien y de Humanista, Victoria, URNG y Winaq, para definir el método para determinar la idoneidad de los candidatos.
La CC ha pedido que los diputados se apeguen a los principios básicos internacionales para elegir personas «íntegras e idóneas», con las calificaciones jurídicas apropiadas. Y han hecho énfasis en la necesidad de una escogencia no basada en criterios políticos y conforme a un sistema meritocrático. De lo contrario, cita la sentencia, «podrán deducírseles las responsabilidades civiles y penales correspondientes».
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