¿Por qué siguen votando los guatemaltecos?

En las elecciones generales del 11 de septiembre de 2011 llegaron a votar más de  cinco millones de guatemaltecos y guatemaltecas. Además de ser una cifra récord es, en términos porcentuales, igual a la participación de la primera vuelta en las elecciones generales de 1985, tan solo superadas por el 78.1% de participación de la Constituyente de 1984 (porcentaje que es superior a todos los eventos electorales desde 1950).

Más allá del número y el aumento de la participación, acudir a las urnas es un acto profundamente significativo para muchos ciudadanos. Así evidencia, por ejemplo, el testimonio de personas de la tercera edad y con discapacidad que acuden con dificultades a las urnas, así como el entusiasmo con el que participan muchas otras.

Aunque puede diferenciarse el “apoyo a la democracia” que parece indicar la votación con el apoyo a los partidos políticos, la construcción democrática también está en función de la práctica política partidaria e institucional. Por ello, a la pregunta que hacían E. Torres-Rivas y H. Boneo hace más de una década, de ¿por qué no votan los guatemaltecos? es posible y necesario (con las experiencias en el transcurso de 25 años) contraponerle otra: ¿Por qué siguen votando los guatemaltecos? Ello permite una evaluación más amplia sobre el sistema político electoral del país, que incluye una reflexión sobre los partidos políticos, la ciudadanía y los movimientos sociales y populares. Merece especial atención la evaluación de la participación en función de las razones planteadas durante el proceso electoral 2011.

Breve revisión del comportamiento electoral

Este es el comportamiento electoral desde 1986 hasta los resultados de las elecciones generales de 2011 (sin incluir segundas vueltas y otros procesos eleccionarios):

Tabla 1. Padrón y participación electoral período 1985-2011

Desde 1985 a la fecha, hubo un crecimiento importante del total de personas empadronadas durante el período. Tomando como base el número de empadronados de 1985, en el transcurso de 25 años aumentó un 166 por ciento el registro electoral (una cifra bruta de 4 millones 587mil 269 nuevos empadronados). Este aumento, ¿se debe al buen trabajo de inclusión en el registro electoral o dificultades para depurar dicho registro? ¿O una combinación de ambos?

Es válido señalar que existen razones para sospechar sobre este aumento. El problema del padrón electoral no corregido era significativo para 1999 como lo señalan Boneo y Torres, así como también parece serlo ahora, según Enrique Naveda, de Plaza Pública.

Asimismo, el comportamiento ha sido distinto en términos de participación. Una importante participación en el primer ejercicio electoral disminuyó hasta un 46.80 por ciento en las elecciones de 1995, el punto más bajo del ejercicio electoral. Posteriormente, se ha observado una tendencia al aumento que culmina en la participación de 69.34 por ciento en 2011 (una cifra histórica). No obstante, hay que tomar con cierta precaución dichas cifras. La tabla no incluye la importante diferencia entre participación primaria y secundaria que remite a modos distintos de comparación, es decir, si se efectúa en función del criterio internacional de la relación del total de votantes con el número de mayores de edad (Población en Edad de Votar –PEV) y no únicamente sobre el padrón electoral (criterio que utiliza el TSE).

El comportamiento de participación electoral por departamento era, al 17 de septiembre, el siguiente, según Cristhians Castillo:

(La mayor intensidad de color muestra mayor participación).

No es inusual que en la región central hay una tendencia a mayor participación electoral. Sin embargo, Sololá presenta el mayor índice de participación, ligeramente superior al 80 por ciento. En cambio, departamentos como San Marcos, Santa Rosa e Izabal tienen una participación menor al 65 por ciento (un análisis más fino debería incluir la situación por municipios, lo que puede variar el mapa considerablemente).

Por último, se puede hacer otro cálculo sobre el 100 por ciento de los ciudadanos empadronados y realizar un análisis diferente.

Como se advierte, si se combinan los votos nulos, los votos en blanco y el porcentaje de abstención se obtiene casi un 40 por ciento del total de empadronados (correspondiente a una cifra de 2 millones 868 mil 704 personas). Aquí se propone de manera provisoria que una fuerte cantidad de empadronados no han sido incluidos y/o apelados para el ejercicio electoral y para la votación por unos candidatos a presidente y vicepresidente específicos. Las dificultades para acudir a las urnas, rechazo pasivo (apatía y desinterés) y rechazo activo podrían figurar entre las razones para que un 40 por ciento de la población empadronada no haya elegido a un candidato específico.

Mientras tanto, un 60 por ciento de la población empadronada (no se sabe cuál es el porcentaje de la PEV) asistió a las urnas y eligió a un candidato. Más que el abstencionismo, lo sorprendente es que una cantidad tan alta de guatemaltecos haya acudido a las urnas. Algunos de los siguientes factores podrían ayudar a explicar este significativo respaldo:

¿Por qué siguen votando y votan más los guatemaltecos?

Los beneficios del sistema democrático: frente a las dictaduras militares todavía no olvidadas, la práctica democrática resulta mejor, aún con todos los signos de agotamiento que presenta el sistema electoral y partidario. Además, aunque se tenga la sensación generalizada de ir de mal en peor como país, algunos indicadores han tenido mejoras importantes. Por ejemplo, como lo señala un informe del PNUD, de 1990 a 2006 hubo una reducción de 12 por ciento del nivel de pobreza (lo que no significa que el número total de pobres haya disminuido o que, desde la crisis económica de 2008, haya cierta involución). Hay algunas mejoras que deben ser consideradas como motivo de adhesión democrática.

Mejoras en el sistema de participación electoral: que incluye, entre otros, que de 1999 a 2011 han existido cambios que incluyen una mayor cantidad de mesas electorales lo que acerca al votante al centro de votación.

Cortejo electoral y arraigo local: los partidos políticos, así como otras organizaciones, mantienen un permanente, aunque ilusorio, cortejo electoral hacia los votantes. Toda la propaganda basada en ofertas electorales puede considerarse como un despliegue a favor de seducir a los electores que, por única vez en cada cuatro años, son tomados en cuenta (esta es la apelación imaginaria). Además, no hay que descartar que a nivel local (municipal) hay una mayor posibilidad de participación efectiva.  

La elección racional de los votantes que perciben mayores beneficios en ir a votar que en abstenerse. Hay una evaluación racional en función de costos y beneficios. Diversas explicaciones sobre el comportamiento electoral van en ese sentido.

Por último, aunque resulta imponderable, cada cuatro años se renueva cierta esperanza en que el país puede mejorar. Dicha esperanza es un motor político real que se mueve en la campaña política y que apunta a necesidades insatisfechas de los guatemaltecos.

Ideología electoral y corrupción política

Votar no es una conducta natural, sino una acción con sentido. Es una práctica social, lo que para Daniel Feiersten “implica un proceso llevado a cabo por seres humanos y [que] requiere de modos de entrenamiento, perfeccionamiento, legitimación y consenso que difieren de una práctica automática o espontánea”. Si bien hay factores individuales, institucionales y sociales que contribuyen a que las personas participen en una elección, el problema se plantea por algo que va más allá de debilidades o aspectos circunstanciales: la corrupción sistémica en la práctica política guatemalteca.

Hay conciencia de esta situación, pero no se sacan las consecuencias pertinentes. Al contrario, la discusión pública tiende a oscurecer el problema. El análisis de los argumentos hechos insistentemente en los medios de comunicación, contribuye a desvelar ciertas motivaciones ideológicas del voto.

Una primera línea de argumentación gira en torno a que el voto en blanco, nulo o la inasistencia son un desperdicio porque el sistema electoral no los toma en cuenta. La participación se justifica porque no hay significación política en estas posibilidades. Aunque se considere una forma pasiva o activa de rechazo frente al sistema político, no tiene un significado real. Este argumento gira en torno a un criterio eminentemente pragmático: participar es mejor que no participar. No se ofrece una reflexión de fondo sobre aspectos cruciales de la democracia, incluyendo los fines y su relación con el bienestar de la población.

La segunda línea de argumentación opera en torno a la posibilidad de mejorar las condiciones individuales o colectivas de quienes conformamos el país. De manera más ideológica, como se presentó en la campaña publicitaria del TSE, votar significa ir “por Guatemala”. La intención de votar por tal o cual candidato también se argumenta de esa forma: es lo mejor para el país. Sin embargo, ¿no es irónico formularlo dada la experiencia histórica en estos últimos decenios?

Los argumentos se plantean después de la experiencia de diversos gobiernos señalados de una corrupción endémica y que los partidos políticos realizan una práctica partidaria mediocre, insulsa y llena de señalamientos. De hecho, en la campaña de 2011 los partidos políticos (con alguna excepción) se presentaron como empresas familiares, de amigos o como máquinas electorales al servicio de capitales tradicionales o “emergentes” (un término elegante para designar nuevas mafias) e intereses propios. Sin militancia partidaria real y representativa. Un ejemplo de esta última afirmación es el de la “juventud” postulada al Congreso, que no representa a los jóvenes urbanos de barrios marginales, menos a los jóvenes rurales.

En el camino a las elecciones hubo postulaciones de candidatos debido al dinero que pueden pagar para ocupar una casilla de diputado, propaganda mentirosa, coacciones, muertes violentas, negociaciones con organizaciones criminales (narcotráfico), entre otros. Además, a nivel local se produjeron varios conflictos post-electorales que evidencian el deterioro de la práctica político partidaria, que derivaron en violencia: en 91 municipios existieron conflictos (27 por ciento del total). Hay señalamientos insistentes de compra de votos por los principales partidos que, aunque difícil de comprobar, resultan más que rumores. En el artículo Las elecciones: lado B, Enrique Naveda traza un cuadro de los partidos políticos con las siguientes características: “indefinición ideológica de las agrupaciones, su falta de convicciones políticas, su carencia de sustento filosófico, su heterogeneidad interna que niega la cohesión, su volatilidad, su nula o casi nula representatividad, su escasa labor formativa, su calidad de vehículo electoral, su dependencia del financiamiento privado, su olvido del interés general, su nula capacidad de propuesta”.

Resulta una señal de la calidad de la “oferta electoral” y del nivel político del electorado, que programas y adscripciones ideológicas sean elementos de muy poco peso para el electorado. El voto se dirige a promesas (que poco se cumplen) y la personalidad fabricada del candidato (como se fabrica la imagen de cualquier jabón o desodorante).

Por lo señalado, se puede advertir fácilmente una contradicción subyacente a la mayoría de columnas de opinión y juicios de analistas políticos vertidos en los medios: el sistema electoral y la práctica política partidaria muestra males sistémicos y profundos, pero hay que ir a votar. Esta contradicción parece ser general (a excepción de uno que otro optimista irredento). Por ejemplo,  Haroldo Shetemul en una columna titulada Proceso traumático, un par de días antes de las elecciones del 11 de septiembre, dice: "Si bien no hay propuestas sólidas y es muy probable que gane quien gane no haya cambios sustanciales en nuestra calidad de vida, considero que se logró dar un paso adelante al concluir sin sobresaltos este proceso".

En otras palabras, la “oferta electoral” es muy mala pero no hubo mayores problemas para que se formulara dicha oferta. Este ejemplo basta para subrayar una posición sintomática: nuestro sistema electoral y la práctica política partidaria e institucional del país presentan problemas esenciales que no se resolverán al ir a votar. Lo más que se puede esperar de estas elecciones es que se elija al “menos peor” (una constante en el imaginario del país). Sin embargo, después de hacer esta evaluación, hay que ir a votar. ¿No es esto una clara expresión de la importancia de los elementos ideológicos en el ejercicio electoral?

Si hubiera una discusión y reflexión seria sobre la contradicción entre votar y la corrupción política, es decir, una efectiva politización de la ciudadanía, los resultados podrían ser significativamente distintos. Pero no existe. Otros elementos entran en juego: factores ideológicos, prácticas de construcción de ciudadanía (ajenas a la realidad) y tecnologías de poder que aseguran la permanencia de ciertas prácticas sociales.

Más allá de la falacia de afirmar que participar en las elecciones contribuirá a la construcción de un mejor país y futuro, las elecciones se pueden considerar como un mecanismo ideológico que se utiliza como una herramienta de construcción de una nacionalidad ficticia. Es ficticia porque la nación no alcanza para todos, especialmente para los excluidos de ella: los pobres, los discriminados, los oprimidos. Sin embargo, cuando hacemos cola, marcamos caras y símbolos y nos manchan el dedo, podemos regresar en paz a nuestros hogares, sintiéndonos ciudadanos de la nación… aun cuando la realidad social permanezca igual y siga despreciando y humillando a un significativo número de sus habitantes.

Lo que se detecta, en el fondo, es la incapacidad de crítica por miedo (herencia del conflicto y de la violencia actual) ignorancia o comodidad cómplice frente a un sistema político y electoral que ha sido fuertemente corrompido. Más allá de las normas (irrespetadas) que nos rigen, el espacio democrático se encuentra atravesado de contradicciones y paradojas que solo se podrían resolver si se plantea otro tipo de discusiones y de prácticas políticas. Pero esto necesita de otro sujeto político que aun no aparece.

* Mariano González es docente de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala e investigador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Escribió este artículo para Plaza Pública.