Parte de la estrategia de gobierno para tratar de ostentar esta visión «tradicional» fue en su momento, intentar promulgar leyes como la 5272 denominada «Ley para protección de la vida y la familia», cuyo objetivo principal es condenar el aborto bajo cualquier circunstancia, rechazar la diversidad, limitar el acceso a educación integral en sexualidad y prohibir todo lo relativo a lo mal llamada «ideología de género». A estas acciones se suma la iniciativa 5940 «Ley para garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia contra los trastornos de la identidad de género», cuya argumentación sin asidero científico pretende proteger a la niñez y adolescencia de lo que se ha conocido erróneamente por quienes lo impulsan como «trastornos de la identidad de género», violando así el derecho humano de las personas al acceso a educación sexual e información científica en torno a la diversidad de género.
El mezquino proyecto de ley de marras, pretendía infelizmente elevar la homofobia, la misoginia y el prejuicio a categoría de Ley.
Esto en un país donde en 2022, solo del 1 de enero al 28 de octubre se registraron 1,910 embarazos en niñas entre 10 y 14 años según datos de OSAR, lo cual, dicho de otra manera, de 6 a 7 niñas menores de 14 años fueron víctimas de violación al día en el país y en donde el 24.3 % de las familias son encabezadas por mujeres, es decir, 796,051 familias si nos remitimos a información del Censo de 2018. Asimismo, de enero a agosto del 2022 según datos del Grupo Guatemalteco de Mujeres, en el país, 445 mujeres fueron víctimas de femicidio.
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La colisión cognitiva entre ideología y realidad es más que evidente: Guatemala dista de ser un país ejemplar de familia tradicional, que no solamente necesita implementar educación integral en sexualidad, sino, además, es un país carente de toda responsabilidad institucional que aborde las problemáticas reales y concretas en cuanto a niñez, adolescencia, maternidad en el marco de genuinas oportunidades de desarrollo para todas y todos. Esta aporía no obsta para que grupos conservadores salieran a las calles a marchar «por la vida y la familia» en 2018, y que, con la gestión de gobierno actual se nombrara «Patio de la vida» al antiguo «Patio de la Cultural» del Palacio Nacional, o bien, que hayamos sido la flamante «Capital Provida de Iberoamérica» y que se estableciera el 09 de marzo como el «Día por la Vida y la Familia».
A pesar de tener los datos y la cercanía con «Dios» como los denominados «ungidos» que le invocan en cada acto público, la ralea de funcionarios de gobierno cegados por la misoginia y el prejuicio no velan ni velarán por el bienestar de esa niñez violentada, por ese humano a quien se le niega su identidad de género ni a esa niña o mujer que en estado de gestación se le condena e ignora su derecho a decidir.
Parte de la sociedad civil que respalda a este grupúsculo conservador, hace lo mismo: condena en público lo que hace vista gorda en privado. Es decir, a la mujer por ser mujer se le obliga a parir con el fin de «proteger la vida», sin brindar alternativas de desarrollo, al mismo tiempo que se le condena se le calla y abandona, es por ello que esa «vida» que tanto se protege mientras está en el vientre, al nacer es condenada en este sistema de carencias e injusticias impulsado por esos mismos grupos que una y otra vez se congratulan de «protegerle», pero que son incapaces de estrecharle la mano.
Nadie ni nada va a ser protegido por un patio de la vida o la vaciedad de un discurso amparado en la ignorancia y el odio, pues son los derechos de las personas, a una vida digna, al acceso a educación integral, a la salud y la nutrición, los verdaderos fundamentos de la defensa de la vida.
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