A punto de dejar las reformas a la Ley Electoral para otro año

Hay veces que el Congreso se pone un poco religioso. Días que demuestran que, así como las leyes pensadas para transformar, ordenar, desmarañar, transparentar, limpiar el sistema político, pasan un largo vía crucis y son torturadas antes de recibir el plácet, también existe una ruta de peregrinación que lleva a Miami a partidos y diputados y exige ritos sacrificiales, en forma de reformas, al dios benefactor que controla la televisión abierta de Guatemala: el empresario mexicano Ángel González, y a quienes dominan las telecomunicaciones.

Ayer, en el Congreso, sucedieron un poco las dos cosas: el Pleno pospuso las tibias reformas a la Ley electoral y de partidos políticos que se discuten a fondo desde las pasadas elecciones, y aprovechó para modificar, por sorpresa, la Ley de telecomunicaciones. El cambio amplía de 15 a 20 años la duración del usufructo de las frecuencias radioeléctricas, dificulta la desconcentración del poder en la comunicación y favorece a los empresarios que ya gozan de esos contratos para radio y televisión, en especial a González, pero también, por ejemplo, a los de telefonía, por ejemplo a Tigo.

Y en cierto modo, ambos asuntos están relacionados. Las discusiones para reformar la Ley electoral han tocado la posibilidad de cambiar la forma en la que los diputados y partidos políticos se relacionan con los medios de comunicación durante la campaña.  Pero ayer se reformó la de telecomunicaciones (con 90 votos de 158 -50 diputados ausentes–, en tercera lectura, con dudas y discusiones y una discusión, con cabildeos externos), y la Ley electoral, de nuevo, quedó de lado, en su vía crucis.

Un cambio de planes

Si la Ley contra el enriquecimiento ilícito pasó un calvario, la reforma a la Ley Electoral, cuyas consecuencias afectan de forma tibia pero directa a los congresistas y a todos los satélites del sistema político, va en el mismo camino. Con el Congreso actual, las expectativas eran que se abordara el tema en el primer año. Sin embargo la tarea se complica por los desacuerdos entre los bloques.

El pasado 20 de noviembre hubo un intento por incluir esta iniciativa en la sesión plenaria, pero el apoyo fue mínimo en la instancia de jefes de bloque, y no llegó al pleno del Congreso. Quienes apoyan la Ley aún tratarán de incluirla en las tres sesiones que quedan antes de concluir el actual período ordinario.

La aprobación del Presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2013 marcó un punto conclusivo en una agenda mínima acordada entre el partido oficial y varias bancadas aliadas.

Había aún algunos aspectos planteados que quedaban sin discutirse. La emisión de Q3.5 millardos en bonos del tesoro y las reformas a la Constitución eran algunos de ellos. A finales de octubre, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) denunció que estos puntos pendientes formaban parte de un nuevo paquete de negociaciones. Según esta bancada, Ley Electoral sería el último asunto que se discutiría en el año, y así los diputados mejorarían un poco la desgastada imagen del Congreso.

Un día después de la acusación pública la situación cambió drásticamente para el oficialismo. Varias bancadas se manifestaron en desacuerdo con modificar la Carta Magna y los diputados del Partido Patriota tuvieron que empezar una cruzada con los demás bloques para tratar de convencerlos.

Fue así como el oficialista Gudy Rivera, presidente del Congreso, se reunió con Roberto Alejos, miembro del bloque Todos y uno de los principales promotores de la Ley Electoral para tratar de convencerlo de llevar sus votos.

El esfuerzo parecía haber valido la pena para el Partido Patriota (PP). Alejos –que se había opuesto a las reformas constitucionales si no pasaban antes las de la Ley electoral– había cambiado ligeramente su postura y estaba dispuesto a apoyar al oficialismo si se dejaba encaminado el trámite por la Ley por la que había luchado.

La Ley Electoral es de rango constitucional y su modificación requiere una consulta a la Corte de Constitucionalidad (CC). Si se lograra avanzar en las dos primeras lecturas en 2012, se podría también consultar a la CC y esperar su respuesta a principios del próximo año para retomar el proceso en su fase final para la tercera lectura y redacción final. Pero este plan tampoco se ha concretado hasta ahora.

La discordia en forma de enmiendas

El pasado 16 de noviembre, el jefe de bancada del Partido Patriota, Valentín Gramajo, le entregó a Alejos un paquete con 35 enmiendas y condicionaba su apoyo al cumplimiento de su contenido. Las enmiendas planteaban dejar fuera aspectos como el voto en el extranjero, las cuotas de participación de indígenas y mujeres,  la rotación en la dirigencia de los partidos y el financiamiento del TSE, entre otros.

El condicionamiento no fue bien recibido por la sociedad civil. Dentro de la Comisión específica de asuntos electorales –integrada por cinco miembros de Todos– también había dudas, pues estas enmiendas llegaban pese a que ya habían tenido lugar reuniones entre los asesores de la Secretaria General del PP, Roxana Baldetti. El resultado había sido la incorporación de algunas sugerencias al dictamen.

Después de las críticas, Gramajo señaló que el objetivo en la mayoría de artículos era mejorar la redacción, pero aceptó que algunas de las obligaciones que tenían los partidos, como la de no reelegir a sus secretarios generales, podría quedar a discreción de cada partido y, si el resultado fuera bueno, otros partidos tendrían la opción de seguir su ejemplo –tal como podría hacerse sin reformar la Ley.

Según Gramajo, ya había un acuerdo de Alejos de que se retiraría el dictamen para darle tiempo al PP de formular estas enmiendas. El objetivo era incorporarlas no como enmiendas, sino como parte del dictamen.

“Nosotros no pensamos retirar el dictamen”, fue la respuesta de Alejos, que explicó que se trata nada más de cambiar un dictamen por otro en el que se incluyeran los cambios que han resultado de las pláticas con abogados constitucionalistas y otros bloques.

Entre los cambios se incluirían también los acordados con Baldetti, pero Alejos se mostró contrario a las propuestas presentadas por Gramajo.

Ante la duda de por qué se habían manifestado dos corrientes diferentes –la de Baldetti y la de Gramajo– dentro del bloque oficial, Mario Taracena, jefe de la UNE, opinaba hasta el pasado 19 de noviembre que su homólogo en el PP había actuado por cuenta propia, sin la anuencia del partido. Un día después, Taracena señaló tener conocimiento de que Gramajo ya había sido reprendido por esa decisión.

Alejos aseguró que también se tomaron en consideración algunas sugerencias de la diputada Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala. A criterio de la parlamentaria, hay algunos aspectos de la Ley que pueden llevar a un sistema bipartidista. El principal de ellos se relaciona con la reforma al artículo 49, pues en ella se establece que los partidos deberán tener organización por lo menos en cuatro municipios de cada departamento. Según Montenegro, esto afecta a los partidos con menos recursos.

Desde los jefes de bloque

A pesar de las desavenencias, el bloque Todos, secundado por la UNE, tenía la intención de que se incluyera el tema electoral en la sesión del 20 de noviembre. Los planes de la mayoría de bancadas era otro.

Las dos agrupaciones presentaron su propuesta en la Instancia de Jefes de bloque, que se reunió a puerta cerrada. Sin embargo, los diputados salieron decididos a aprobar reformas a la Ley general de telecomunicaciones, para que los derechos de usufructo del espectro radiofónico se otorguen por plazos de 20 y no de 15 años, como estaba establecido en la Ley, e incluir algunas otras enmiendas.

“A nosotros nos mandaron a hacer las paces con Valentín”, dijo Alejos, después de la reunión de jefes de bloque, en relación con el tema de la reforma electoral.

Las discrepancias entre Todos y el PP por la reforma a la Ley electoral no impidieron que los dos bloques se unieran para apoyar las reformas en la Ley de telecomunicaciones, secundados por Libertad Democrática Renovada (Lider), Visión con Valores (Viva), el Partido Unionista (PU) y la Gran Alianza Nacional (Gana), y en buena medida la Unión del Cambio Nacional (UCN).

Taracena ya había advertido la proximidad de esta Ley en un foro sobre la Ley electoral. El jefe de la UNE señaló que se debía a compromisos adquiridos por tiempo en televisión abierta con el empresario mexicano Ángel González. Según él, todos los partidos han viajado a Miami, Estados Unidos, para solicitarle espacio televisivo para las campañas electorales. “El que diga que no, está mintiendo”, exclamaba el diputado. Sin embargo, al ser consultado, Taracena aclaró que el mayor beneficio no es para la televisión abierta, sino para la telefonía celular, y alguno de sus lobistas estuvo presente ayer en el Congreso.

La agenda aprobada por los diputados el martes aún no está agotada. Sin embargo, Todos y UNE tienen la intención de que se incluya la Ley electoral en la sesión del jueves 22. Pero esto sólo será útil si en las horas que les quedan para ese momento logran el apoyo necesario para asegurar que la moción sea aceptada por el pleno del Congreso. Apenas faltan tres sesiones para que tengan que dejar las reformas a la Ley Electoral para otro año, para más tarde.