¿Quién? ¿con quién? y ¿para qué?: las claves de un diálogo sin espacios en común

“No hay condiciones para el diálogo”. Esta frase, con sus matices, resume la idea lanzada por personas tan diversas como Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos (PDH), Neftalí López, representante del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), Diego Padilla, de la Universidad Rafael Landívar (URL), Raquel Zelaya, de Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asies) y el Foro Guatemala, Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, o Álvaro Montenegro, de Justicia Ya. El “diálogo”, como concepto abstracto, es algo contra lo que resulta muy difícil posicionarse.

La crisis abierta en Guatemala a finales de agosto, cuando Jimmy Morales, declaró “non grato” a Iván Velásquez, responsable de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha desembocado en una situación incierta. El Gobierno y el Congreso están deslegitimados para una parte de la población. Las plazas se han vuelto a llenar en multitudinarias protestas. Los diferentes actores (sociedad civil, clase política, empresarios) desarrollan alianzas y conversaciones en clave interna pero sin un espacio común en el que se discutan las propuestas. No es 2015, cuando las movilizaciones forzaron la salida de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, pero se le parece.

La apelación al “diálogo” entre diferentes sectores como receta para una crisis no es nueva. En 1993 se puso en marcha el Foro Multisectorial contra el autogolpe de Estado de Jorge Serrano, que luego daría lugar a la Instancia Nacional por el Consenso. En 2001 se instauró el Foro Guatemala. Tras las protestas de 2015 se coordinaron esfuerzos entre sectores diversos. Aunque el contexto ha variado mucho (hace 24 años todavía estaba activo el conflicto armado interno), existen elementos en común, como la corrupción o la deslegitimación de las instituciones. Todo ello, al margen de infinidad de foros bipartitos, especialmente “sociedad civil-Estado”. A diferencia de las relaciones entre los movimientos sociales y la administración, el carril entre empresarios y gobernantes ha funcionado siempre de un modo fluido.

Por ahora el panorama está, en apariencia, estancado. Lo cual no implica que no se mueva. Es solo el comienzo de una partida de ajedrez, en la que todos van moviendo sus piezas sin salir de su espacio de confort.

Queda pendiente clarificar las tres preguntas clave: ¿quién convoca? ¿quiénes participan? y ¿cuáles son los asuntos por abordar?

¿Quién convoca?

La propuesta de un diálogo nacional para salir de la crisis fue lanzada por la Conferencia Episcopal, la Alianza Evangélica y la Comunidad Judía. Esto ocurrió el 18 de septiembre, dos días antes del paro nacional. En menos de una hora, el Cacif, también parte del Foro, se manifestó a favor. Lo hicieron de forma sorpresiva, sin consultar a las organizaciones que integran el Foro Guatemala, espacio que propusieron para albergar el proceso, dice Raquel Zelaya, de Asies y también participante en el Foro.

Dialogar dentro del Foro Guatemala era la primera propuesta concreta y pública que se escuchaba en las últimas semanas. Pero ni siquiera dentro de esa instancia encontró respaldo unánime. Cinco de las organizaciones que lo integraban la abandonaron al enterarse de ella, para desarrollar su propia hoja de ruta en otro espacio. Si algo no falta en este contexto de efervescencia son hojas de ruta sobre el papel.

El Foro Guatemala se fundó en 2001. Según Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y uno de los participantes desde sus inicios, este espacio de concertación tuvo un papel muy influyente en los últimos cuatro gobiernos. No en vano incluye a sectores diversos y muy poderosos de la sociedad civil. Sus integrantes, hasta el viernes 22 de septiembre, eran la Alianza Evangélica, Asies, la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales de Recursos Naturales y Medio Ambiente, el Cacif, Comunidad Judía, la Confederación de Cooperativas de Guatemala, la Conferencia Episcopal, Convergencia Cívico Política de Mujeres de Guatemala, Foro Maya, Jóvenes por Guatemala, Madres Angustiadas, la URL, la Universidad San Carlos (USAC), la Fundación Myrna Mack, el GAM, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala y el Organismo Indígena Naleb´.

Pero su capacidad para aglutinar a diversas capas de la sociedad se ha visto mermada. De hecho, las últimas cinco organizaciones abandonaron el foro el lunes 25 de septiembre. “Las posturas públicas asumidas por voceros de algunas organizaciones integrantes del Foro de Guatemala con respecto a la grave crisis que vive el país, han fortalecido la imagen, en diferentes sectores sociales organizados, de que Foro Guatemala no es un espacio lo suficientemente amplio, representativo e inclusivo”, indicaron en la carta en la que renunciaron a seguir integrando ese colectivo.

“El Foro Guatemala no es el espacio idóneo, capaz de congregar la pluralidad de fuerzas sociales y su diversidad de demandas y propuestas”, concluye la misiva. Básicamente, lo que los díscolos plantean es que ese foro podía convertirse en una pista de aterrizaje para los planes del Estado y los empresarios.

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La renuncia, según Zelaya, llegó el mismo día en el que se presentaba ante la asamblea del Foro Guatemala la propuesta para auspiciar el diálogo. Según Mario Polanco, la primera reacción fue discutir cómo se iba a rechazar el ofrecimiento. Finalmente, cambiaron de opinión y comenzaron a trazar un plan.

El representante de GAM cree que quizás su marcha pudo ser “apresurada”, pero “correcta”.

Helen Mack reitera que no ve representativa a la institución, incluso a pesar de los intentos de sus directivos por reconducir la situación. “Siguieron insistiendo, plantearon variar la metodología e incluso un formato ampliado, pero el problema es la legitimidad de quien hace la convocatoria”, dice Mack.

La renuncia de cinco de los miembros del Foro no impide que otros sectores que participan en él sigan viéndolo como un espacio apropiado. Así lo considera, por ejemplo, Antonio Malouf presidente del Cacif. En su opinión, el diálogo puede empezar en el Foro Guatemala y luego ampliarse. Cree que lo importante es la “calidad de la persona” que tenga “representación y legalidad” para ocupar una silla.

En la misma línea, Juan Carlos Zapata, de Fundesa, cree que el Foro Guatemala es “una institución con trayectoria, que no se formó ayer, ni para este dialogo, que tiene más de 15 años de historia y suficiente representatividad”. “A lo mejor podrían incorporarse otros sectores”, reconoce, pero “eso no los deslegitima”. Además, dice que habría que plantearse “a cuántas personas representan” las organizaciones que lo abandonaron.

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Raquel Zelaya dice que la dirección mantiene la “puerta abierta” a los disidentes. Asegura que el Foro no pretende ser “la última instancia” y rechaza una instrumentalización por parte del Cacif. Sobre la falta de representatividad, no descarta la incorporación de nuevos agentes, aunque en un tiempo prudencial, para evitar que se malinterprete. No antes del año que viene. “Por encima del foro está Guatemala, estamos en una crisis de institucionalidad”, argumenta.

La idea de “puerta abierta” aparece también en una carta fechada a 26 de septiembre y firmada por Marco Tulio Martínez y Carlos Alvarado Cerezo, rectores de la URL y la USAC. En ella se dirigen a las organizaciones que abandonaron el foro. Consideran que “en momentos de crisis como este, la unidad entre actores diversos pero unidos por objetivos comunes –signo distintivo del Foro Guatemala- es clave para la consolidación de la democracia”.

Ambas instituciones participan también en la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, que reúne a decenas de organizaciones y lleva celebrando encuentros desde hace aproximadamente un mes. La primera toma de contacto fue auspiciada por Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, pero luego pasó a ser presidida por Alvarado Cerezo.

No hace falta mucho análisis para llegar a la conclusión de que los sectores más conservadores siguen respaldando al Foro, aun transigiendo con una inclusión de nuevos actores. Aquí aparece la idea de “representatividad y legalidad”, que expresa Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala. Por el contrario, los actores más progresistas que se encontraban en el foro lo han abandonado. Algunos, como la Fundación Myrna Mack, están presentes en la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad.

Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), ubica la apuesta por el Foro de Guatemala dentro de una estrategia de los grandes empresarios y la clase política. Asegura que el “plan A” era un diálogo directo entre Cacif, el Gobierno y el Congreso. Descartado por la presión popular, cree que el foro era la segunda opción. Si esta vía tampoco logra éxito (y no parece que vaya a lograrlo, al menos a convertirse en el elemento central del diálogo), vaticina que individualidades y tanques de pensamiento del sector conservador tratarán de abrir espacios.

Si se da por hecho que el Foro Guatemala no será ni convocante ni centro de ese supuesto diálogo. Entonces, ¿quién lo hará?

“El PDH podría convocar a una instancia. Ha recibido ataques pero ha sabido situarse. Además, ha sido explícito afirmando que para que haya un dialogo vinculante deben darse unas condiciones previas”, dice Álvaro Montenegro, de Justicia Ya. En su opinión, la clave para que no se haya impuesto una agenda preestablecida por las élites es el “cambio en la correlación de fuerzas”. En 2015 muchas personas salieron a la calle pero, al final, no se les tomo en cuenta para hacer la negociación ni hubo reformas profundas. “La idea es que no se tome en cuenta a las mismas personas de siempre, a esta especie de think tanks que tienen vínculos con el Congreso, el Ejecutivo, el sector privado y las iglesias”, asegura.

La presencia del PDH en la plaza durante el paro nacional, fue de las más aplaudidas, junto a la de Lenina García, secretaria general de la recuperada Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU). “Los jóvenes podrían llamar a ese dialogo. Nosotros, como estudiantes podemos tener esa legitimidad. No respondemos a ningún interés. Somos universitarios, no respondemos a entes políticos. Lo dicen nuestros estatutos”, dice García, que pone como condición que esa figura sea “consensuada y no impuesta”.

Juan Carlos Zapata cree que la convocatoria debe llegar “del primero que lo haga, y que los demás asistan”. Considera que “el PDH es una figura, también las iglesias o los rectores. Hay diferentes actores, todos pueden sumar”, afirma. Tampoco descarta definitivamente al Foro Guatemala. Al hablar de inclusión menciona tanto a organizaciones urbanas que no existían cuando este ente fue fundado, como Justicia Ya, Somos o Semilla, así como a grupos campesinos como el CUC y Codeca.

Gonzalo De Villa, presidente de la Conferencia Episcopal, mantiene que el Foro Guatemala es el espacio apropiado. Descarta que la Iglesia Católica se articule como promotora del diálogo. Cree que la marcha de cinco organizaciones dio “oxígeno” a Jimmy Morales, por lo que la considera “un error”. 

¿Quiénes dialogan?

Si no hay claridad sobre quién tiene legitimidad para llamar a un diálogo, menos la hay sobre quiénes deben ser invitados a la mesa.

Mario Polanco recuerda sus inicios en el primer experimento multisectorial del que tiene memoria. Era mayo de 1993 y Jorge Serrano Elías acababa de dar un autogolpe. Tuvo que ir con su carro, que al parecer no estaba en muy buenas condiciones, a buscar a tres personas para participar en el movimiento contrario a la asonada, recuerda. La primera se encontraba en Chimaltenango. Era Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992. La segunda, Efraín Ríos Montt, antiguo militar golpista, en aquel momento aliado contra la asonada y actualmente juzgado por genocidio durante su gobierno de facto entre 1982 y 1983. El tercero era un miembro del Cacif, del que Polanco no recuerda su nombre.

De aquellas conversaciones surgiría el Grupo Multisectorial Social y, después la Instancia Nacional de Consenso. Baste el ejemplo para señalar que la actual no es la primera ocasión en la que, ante circunstancias excepcionales, se plantean soluciones dialogadas. La gran diferencia es que, transcurrido el tiempo, hay quien tiene la experiencia empírica de que ningún intento tuvo resultados. Al menos, en lo que se refiere a logros tangibles las capas populares.

Existe una delgada conexión que lleva desde la Instancia Nacional de Consenso hasta el Foro Guatemala. Las relaciones personales y los vínculos creados en estos espacios suelen servir para levantar futuras iniciativas.

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Daniel Pascual también tira de historia. Asegura que ni siquiera tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, en un contexto en el que se confiaba más que ahora en las conversaciones con el Estado, se registraron grandes logros. Recuerda las once comisiones paritarias sobre diferentes asuntos, la participación de agrupaciones campesinas en la Instancia Nacional de Consenso, la agenda reformista de la sociedad civil y el fracaso que supuso que ninguna de las medidas planteadas fuese implementada. “Cuando teníamos las respuestas nos cambiaron la pregunta”, ironiza. Fija el año 2005, durante el mandato de Óscar Berger, como el final de la ilusión del diálogo gestado tras los Acuerdos de Paz.

“Hoy no hay condiciones para dialogar. No podemos apostar a modelos tradicionales que en nada han contribuido a resolver los graves problemas del país. Han sido maquillaje para bajarle las revoluciones a los movimientos sociales. Se necesitan nuevos liderazgos para oxigenar el sistema no con prácticas del pasado, autoritarias y sin consensos”, afirma Jordán Rodas, para después afirmar que el Foro Guatemala podría ser parte de un diálogo más amplio.

Antes de analizar quién se sienta a conversar, cabe recordar cuestiones fundamentales. El paro del 20 de septiembre marcó tres reivindicaciones básicas: la renuncia de los 107 diputados que aprobaron la reforma al Código Penal que facilitaba la impunidad de la corrupción (112 según Álvaro Montenegro, que afirma que el Congreso dio mal los datos), el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales para que sea investigado por supuestamente haber recibido financiamiento electoral ilícito (una demanda que se está extendiendo hacia la exigencia de que abandone su puesto), y la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos. Las tres forman parte de un consenso de mínimos. De momento, las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es el único aspecto en el que existe consenso con sectores como el empresariado o la clase política.

Pero la demanda de cambios profundos, incluso a través de una Asamblea Constituyente Plurinacional, como plantean Codeca, el Consejo del Pueblo Maya de Occidente (CPO) y Waqib Kej, se extiende a otras agendas de los movimientos sociales.

Resulta imprescindible realizar esta acotación ya que, teniendo en cuenta que el Gobierno y los diputados son deslegitimados por la plaza, no parece lógico que se les acepte como interlocutores. A eso se refiere Rodas cuando asegura que no existen condiciones.

“¿Para qué hablar con presuntos delincuentes? No tiene ningún sentido”, considera Helen Mack. “No vamos a dialogar con el crimen organizado”, afirma Neftalí López, de Codeca. Se refiere a los diputados, aunque luego señala que tampoco está en sus planes sentarse en la misma mesa que el Cacif.

La idea es, como expresa Diego Padilla, de la URL, que el diálogo no sirva para “legitimar” la situación actual. En su opinión, hay apelaciones a mantener conversaciones que buscan “apagar” la movilización. Ahí aparecería la estrategia de “reformar alguna ley y oxigenar el sistema”. “A Otto Pérez no se le convocó a un dialogo para ver si salía”, añade Álvaro Montenegro, que considera que no se pueden iniciar conversaciones partiendo de la impunidad.

Juan Carlos Zapata tiene otra opinión. “No creo que imposibilite (la no renuncia de los diputados para comenzar el diálogo). Si no pasa lo que yo quiero, ¿entonces no me siento? No podemos ser intolerantes”, dice. “Empieza a afectar a la certeza jurídica en la inversión. Guatemala no puede seguir con esta parálisis”, afirma. Durante la crisis han dimitido Francisco Rivas, Leticia Teleguario y Julio Héctor Estrada, ministros de Gobernación, Trabajo y Finanzas, aunque siguen en sus puestos a la espera de ser relevados.

También hay quien cree que el diálogo es inviable en este momento, pero que gestos desde el Gobierno o los diputados pudieran facilitarlo. Según Raquel Zelaya, podría ser una señal de Jimmy Morales hacia la CICIG e Iván Velásquez. O, en el caso de los diputados, un acercamiento al Tribunal Superior Electoral para promover una Ley Electoral y de Partidos Políticos en sintonía con lo que reclama la sociedad civil. También pide “más serenidad” tanto a sectores populares como conservadores. Pero “ni en el presidente ni en el Congreso se ve voluntad de diálogo”, reconoce Zelaya. Durante el mes y medio que se alarga la crisis, Morales ha buscado aliados entre los alcaldes y los ganaderos, además del estamento militar que lo sostiene. Al mismo tiempo, los diputados desarrollan estrategias como el chantaje a sectores sociales para atrincherarse en sus puestos y condicionar las protestas.

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Las posiciones expresadas por sectores progresistas y conservadores llevan a dos estrategias diferentes. Por un lado, movimientos sociales y otras instituciones se reúnen en torno a la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad. Por el otro, cámaras empresariales y tanques de pensamiento afines trabajan en clave técnica y mantienen su relación con el Congreso.

El jueves 28 de septiembre, cerca de medio centenar de personas se reunió en el Paraninfo de la USAC. Se trataba del tercer encuentro de estas características, que buscaba acordar un calendario de acción en torno a las tres reivindicaciones principales de la plaza, pero también ampliarlo a una “agenda de país”. Se toman en cuenta acciones judiciales, movilizaciones y propuestas legislativas. Está previsto que esta estructura de coordinación se implante también en los departamentos. Así se recoge en un llamamiento público para el sábado, 14 de octubre, a las 15:00 horas. Los promotores han convocado asambleas en las plazas de los distintos municipios del país para dar a conocer la iniciativa y comenzar con su desarrollo en todo el territorio.

En esta mesa hay representantes de Codeca o el CUC. Estos grupos, junto con otros sectores, participan a su vez en otros espacios como la Articulación por la Vida, contra la Impunidad y la Corrupción. Según explica Julio González, miembro del colectivo ecologista Madre Selva y también integrante de la plataforma, esta surgió como consecuencia de unas jornadas celebradas en agosto en Chimaltenango en la que autoridades ancestrales, grupos indígenas y colectivos ambientalistas analizaron las consecuencias de la sentencia sobre la hidroeléctrica Oxec. Al final, todo está relacionado. Como recuerda Helen Mack, la realidad de las comunidades tiene que ver más con las hidroeléctricas, el problema de las tierras o la desigualdad, asuntos pendientes desde hace décadas. Y sus representantes no quieren que la movilización se limite a cuestiones “coyunturales”, como las define Neftalí López, de Codeca.

El empresariado y los sectores más conservadores tampoco se han quedado en casa. Como explica Juan Carlos Zapata, disponen de sus propios espacios como la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), formado por el Centro de Investigación Económica Nacional (CIEN), la Fundación Guatemala 2020, Cacif y Fundesa, o las reuniones de las propias cámaras, no solo las nacionales, que sirven para poner en marcha una “hoja de ruta en común”.

En relación a quién debe sentarse, los empresarios ponen condiciones, aunque sin llegar a concretar. Antonio Malouf, presidente de Cacif, y Javier Zepeda, de la Cámara de Industria, insisten en que quien se siente tenga “representatividad y legalidad”. La respuesta llega tras ser interrogados directamente por su disposición a dialogar con Codeca.

“Con o sin diálogo debemos dejar la polarización que nos está matando. La corrupción mató la infraestructura y tenemos 900 furgones que no pueden ingresar desde México porque las carreteras están destruidas”, dice Molouf en una conversación telefónica al salir de una reunión con Jordán Rodas.

El empresario asegura que la cita con el PDH no era para concretar acciones para el diálogo, aunque se habló del tema. “Es evidente que estamos en una crisis y que tenemos que salir de ella. Cómo hacerlo para que sean transformaciones a largo plazo es lo que debemos de planificar, porque no podemos estar en la plaza cada dos años”, añade.

“No es la cantidad de sectores, sino la calidad de sus líderes porque solo así se van a lograr una agenda de trabajo que pueda ser ejecutada y no se quede en buenas intenciones otra vez”, agrega Zepeda.

Una tesis para el futuro: ¿el espacio de diálogo amplio podría ser un híbrido entre el Foro Guatemala y la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad? Dos figuras con peso institucional participan en ambos espacios: los rectores de la USAC y la URL.

En todo este contexto existe un elemento que no se puede obviar: la posición de los Estados Unidos y su capacidad para presionar al actual gobierno. La visita de la congresista Norma Torres, con discursos muy duros contra la corrupción, tanto en privado como en público, sirve como pista. La capacidad de Washington está en cortar los fondos para Guatemala. Habrá que ver hasta qué punto los diputados están dispuestos a atrincherarse. A nadie se le escapa tampoco que la administración Trump, ahora comprometida contra la corrupción por sus propios intereses (migración y narcotráfico), cambiaría de aliados en caso de que las reformas no se adapten a sus intereses. La llegada del nuevo embajador, Luis Arreaga, servirá para despejar dudas.

Hay un consenso en que el diálogo es bueno, lo que hace falta es encontrar el mecanismo en donde pueda participar la mayor cantidad de actores”, expresó en un encuentro con el G-13, el grupo que reúne a los países donantes.

¿Sobre qué se dialoga?

“No se puede perder de vista asuntos fundamentales como las hidroeléctricas, la minería o las tierras. Hablamos de un modelo económico fracasado”, considera Helen Mack. Existen movimientos indígenas y campesinos que se han sumado a la estrategia de la Asamblea Ciudadana bajo la condición de que no se olviden sus reclamaciones, añade, lo que implica que “la estrategia de la clase media conservadora quedó atrás”.

“Hay organizaciones que no entienden la dinámica rural, que tienen una visión reformista que solo entiende cuestiones coyunturales”, considera Neftalí López.

El común denominador de todos los consultados está en que el país no funciona. Basta con recordar los índices de pobreza, el acceso al agua, la desnutrición, el acceso a la salud y la educación, la violencia…

“Tres quintos de los jóvenes en edad de estudiar están fuera del sistema”, señala Raquel Zelaya. Diego Padilla, de la URL, subraya que el debate no se puede limitar a la corrupción, sino que tiene que abarcar la estructura del país. Juan Carlos Zapata habla el estado de las infraestructuras. Suma y sigue.

Todo es susceptible de ser discutido porque todo está deteriorado.

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Aquí aparecen varias de las grandes tensiones que explican la política guatemalteca. Por un lado, el corto plazo versus las cuestiones estratégicas. Por otro, la ruptura versus la reforma. Aquí tiene su impacto la capacidad de movilización popular, que es la que mantiene el pulso a las reivindicaciones. El paro del 20 de septiembre fue masivo. Dos semanas después, una nueva convocatoria de Justicia Ya en la plaza, reunió a unas decenas de personas. La adhesión de la ciudadanía a las convocatorias tiene mucho que ver con la capacidad de los líderes políticos de generar indignación.

No solo los grupos progresistas se movilizan. El domingo, convocados por Guatemala Inmortal, dos centenares de personas se concentraban frente a la CICIG para exigir la salida de Iván Velásquez. Luego, muchos de ellos terminaban reconociendo que lo que desean es que se marche la institución de la ONU, a la que acusan de impartir una “justicia parcializada”.

Una de las ideas que ha permeado en entre los sectores agrupados en la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad es la Asamblea Plurinacional Constituyente y Popular. Una propuesta para la que ya presentan documentos Codeca, Waqib Kej y CPO. No todo este espacio de coordinación comparte el proyecto, pero está sobre la mesa. De hecho, su posicionamiento político señala que “mediante un proceso escalonado y socialmente concertado buscamos promover las reformas institucionales y las condiciones políticas necesarias para la instalación de una Asamblea Plurinacional Constituyente, para construir un Estado plurinacional y de Derecho. En este sentido, una de las tres mesas sectoriales aborda el modelo constitucional. Las otras son sobre corrupción y Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

“El sistema político colapsó. Hay que crear una nueva agenda de país que permita tratar acciones y debates sobre todos los sectores, que permita sustentar las bases del Estado plurinacional, ya que el actual no es incluyente”, dice Lenina García, secretaria general de la AEU.

Neftalí López cree que el tiempo del “reformismo” se ha terminado. Que solo con reformas estructurales pueden resolverse los problemas del país. Aquí entra todo. Desde la problemática de la tierra hasta la electricidad (Codeca plantea su nacionalización), pasando por el modelo extractivista.

En el otro extremo, Juan Carlos Zapata considera que la asamblea constituyente “no tiene ni pies ni cabeza”. Recuerda que la actual composición del Congreso no es capaz de abordar reformas como la de la justicia, por lo que ve inviable este proyecto. La Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad respondería a esta afirmación apelando a la “depuración” del Congreso. Todo tiene relación, aunque los espacios se mantengan estancos.

El representante de Fundesa indica que existe una “hoja de ruta” en el sector empresarial que se extiende a asuntos económicos y políticos. Sobre el primer tema, menciona leyes que ya están en el Congreso, como las reformas del Código de Comercio (aprobadas el martes), la ley de factoraje o la ley para insolvencia. Sobre la política, defiende el “fortalecimiento institucional” a través de normas como la “Ley de Servicio Civil, Ley de Amparo, Comisiones de Postulación y Ley del Organismo Judicial”. Además, por supuesto, de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Raquel Zelaya, por su parte, considera que la Constitución “necesita modificaciones” pero recuerda que el proceso para estas reformas puede venir del Congreso y no de una “ruptura del orden constitucional”.

Gonzalo de Villa cree que, como mínimo, deben abordarse dos asuntos: la corrupción y un nuevo modelo electoral. “Cualquier diálogo que intente eludirlos no será escuchado”, asegura. 

Regresamos a una cuestión clave: la actual composición del Congreso. Con los actuales diputados o con las normas que rigen el acceso al legislativo, no parece factible una modificación de la Constitución en la línea de lo que demandan las organizaciones campesinas e indígenas. Básicamente, si todo sigue igual, en las elecciones de 2019 se aplicarán los mismos mecanismos, lo que mantiene el statu quo. Por eso la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos aparece como paso previo.

Una clave: para que esta reforma entre en vigor, los tiempos aprietan. Al tratarse de una norma que toca el modelo constitucional, debe ser revisada por la Corte de Constitucionalidad. Esta suele tomarse un mínimo de ocho meses para analizar las normativas. Así que resulta fácil establecer el cálculo de que la reforma debería estar aprobada por el Congreso para el mes de febrero de 2018. Recordemos que en mayo de 2019 se abre el proceso electoral. Uno de los temores que expresan progresistas y conservadores es que, en caso de no cambiarse la ley, llegaríamos a las próximas elecciones con el sistema actual, lo que perpetuaría a los partidos que ahora mismo se reparten el poder y, previsiblemente, alargaría la crisis.

Con todo el escenario abierto, es previsible que Jimmy Morales se arrepienta ahora del día en el que declaró “non grato” a Iván Velásquez. Desatando la indignación no solo provocó el rechazo popular sino que abrió la Caja de Pandora a la discusión sobre un modelo de país que para amplias mayorías no funciona.