Una semana de efecto dominó y tres líneas de acción para el futuro

—Están todos en reuniones —explica.

La AEU, renovada tras la victoria electoral de la planilla Frente, liderada por Lenina García, es una de las organizaciones que encabeza las protestas derivadas en un paro nacional que tendrá lugar el miércoles 20 de septiembre.

La convocatoria es plural, aunque da la sensación de organizarse de modo improvisado. La acción de los diputados, que la semana pasada aprobaron un paquete de medidas que exculpaba a los políticos de la financiación irregular de los partidos y permitía eludir la cárcel a los responsables de centenares de delitos, ha sido el principal aliado para alimentar la protesta.

Los hechos suceden de forma vertiginosa en las últimas semanas. Al mismo tiempo que Sygier habla en el polideportivo de la USAC, el presidente, Jimmy Morales, insiste ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que promoverá la revisión del acuerdo sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Poco después se conocerá la renuncia de tres de los ministros de su gobierno: Julio Héctor Estrada (Finanzas), Leticia Teleguario (Trabajo) y Francisco Rivas (Gobernación). Todo lo que ocurre en la macropolítica es relevante porque, a pesar de la voluntad de diversos movimientos sociales para responder en la calle a la crisis abierta hace tres semanas por Morales, las decisiones del presidente y sus aliados en el Congreso son imprescindibles para ampliar el efecto del llamado a tomar las calles.

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El paro nacional volverá a unir en la protesta a movimientos capitalinos, que dependen más de la coyuntura para lograr el éxito en sus convocatorias, y organizaciones campesinas, con una mayor tradición de manifestaciones.

Todo contexto es diferente, pero es imposible no hacer referencias a las marchas de 2015, que concluyeron con la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

En este caso, las demandas son claras: renuncia de los 107 diputados que votaron a favor de las reformas del Código Penal en el Congreso, que se le retire la inmunidad al presidente Jimmy Morales para que sea investigado por el supuesto financiamiento irregular de su partido, FCN-Nación, y desarrollo de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Ese es el mínimo común denominador, ya que organizaciones como el Comité de desarrollo campesino (Codeca) defiende una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional como fórmula para modificar las estructuras del país. Ponen como ejemplo lo ocurrido en 2015, cuando las protestas dieron paso a unas elecciones en las que se impuso Jimmy Morales.

Ahora estamos en la casilla de salida. La movilización es solo una pata de una estrategia que también incluye el trabajo en los tribunales y en los órganos legislativos.

Cómo una marcha se convierte en un paro nacional

—Las condiciones para un cambio están dadas. Aunque el proyecto es a largo plazo, no algo coyuntural.

Byron González, dirigente de Codeca, explica que su organización tenía previsto movilizarse el día 20. Desde hace semanas, el colectivo campesino venía anunciando una protesta contra la corrupción. En principio iba a ser una marcha. Los acontecimientos de la última semana han terminado por desbordar la propuesta. Una reunión celebrada hace una semana, en la que estuvieron presentes diversos grupos entre los que se encontraba la Asamblea Social y Popular, representantes de la AEU y de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), terminó de perfilar la nueva protesta.

Todavía los diputados no habían votado para amnistiarse ni la ciudadanía había rodeado la asamblea. Sin embargo, el rumor era que los aliados de Morales tenían previsto modificar la ley para permitir que el presidente pudiese destituir a la fiscal general, Thelma Aldana, y que los diputados se recetarían cinco salarios diferidos.

—Al principio estaba prevista una marcha. Pero ante la aceptación ciudadana, el apoyo de universidades, colegios, pequeñas empresas… Se cambió al paro —confirma Samantha Sygier.

La evolución de la presión en la calle ha sido muy rápida, siempre condicionada (alimentada, podríamos decir) por las decisiones de Morales y del Congreso.

El domingo 10 de septiembre, la comisión pesquisidora recomendó retirar el antejuicio al presidente. Un día después, 104 diputados, uno menos de la mayoría cualificada, rechazaba el antejuicio. A pesar de ello, apenas unas decenas de personas se mantuvieron en el exterior de la asamblea para protestar contra la impunidad. Un día después, el martes 12, la Articulación por la Vida, contra la Corrupción y la Impunidad, que agrupa a grupos urbanos y campesinos, reunió a cientos de personas en una marcha que concluyó frente al Congreso.

El grueso de los asistentes eran campesinos. Seguía faltando el factor “urbano” que se movilizó por primera vez en 2015, durante el proceso de cuatro meses que concluyó con la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Las protestas del jueves 14 y el viernes 15, con la toma de la plaza por parte de los indignados y la concentración ante el Congreso, ante las que algo menos de cien diputados permanecieron encerrados durante nueve horas, son el comienzo de un efecto dominó. Primero, como pequeños detalles, como algunos establecimientos que hacían público que no servirían a los 107 diputados que votaron las medidas sobre corrupción. Posteriormente, como una cascada de instituciones que se sumaban a la convocatoria de la AEU (previamente era de Codeca) y convertían la marcha en un paro. Durante las horas que el Congreso permaneció rodeado por los manifestantes, muchos de ellos tenían claro que ese no era sino un punto y aparte. El 20 de septiembre ya estaba marcado como próximo hito.

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Representantes de la Iglesia Católica, la Alianza Evangélica y la comunidad judía hicieron el martes un llamado al diálogo centrado en el Foro por Guatemala y apoyando las marchas siempre que fuesen “pacíficas”.

Poco después, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), abogó por la misma receta de discusión mediante un comunicado de prensa y defendió que el Congreso continúe con las reformas al sector justicia, a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Contrataciones y la Reforma del Servicio Civil.

Antonio Malouf, presidente del Cacif, aseguró que cada empresario tiene libertad de participar o no en las manifestaciones “siempre y cuando sea de forma pacífica”. Descartó que la participación de Codeca fuera un motivo para que ellos se abstengan de sumarse como gremial y aseguró que están más preocupados por las “propuestas” para concretar el diálogo y la gobernabilidad que en las protestas en sí.

Las últimas jornadas han sido de reuniones a múltiples bandas. Hasta comprobar el éxito del paro y los próximos movimientos del Ejecutivo y el Legislativo no se podrán visualizar sus primeros efectos. Si es que los tienen.

Del “no te metas en política” al “cuídate mucho”

Una de las preguntas que flotaba en el aire a principios de la semana pasada era qué tenía que ocurrir en Guatemala para que se encendiese la chispa de la indignación generalizada. Hasta que los diputados se unieron para perdonar la corrupción, la mayor manifestación había sido la protagonizada por los campesinos. Es verdad que también convocaban grupos urbanos, pero el grueso de la movilización eran miembros del Comité de Unidad Campesina (CUC) y autoridades ancestrales. Ahí se escuchaban consignas contra el robo de fondos públicos, pero mezclados con otros asuntos que siguen sin resolverse y afectan de modo directo al campo: la pobreza, la desnutrición y los conflictos con la minería y las hidroeléctricas.

—Han creado el relato de que las protestas son una cuestión política, que se trata de algo partidista, comunista, que nos lleva a Venezuela —explicaba esa semana Samuel Pérez, secretario general del Movimiento Semilla. En su opinión (que hay que contextualizar, ya que la entrevista se desarrolla antes de la explosión de la calle de los días 14 y 15 de septiembre), no se había logrado “un consenso de ciudadanía versus corruptos”.

—La participación de los ciudadanos no es estable, no hemos consolidado un movimiento social —añade Alejandro Pineda, miembro de la Batucada del Pueblo.

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Él era una de las figuras que, megáfono en mano, animaba a los manifestantes que se concentraban el 15 de septiembre frente al Congreso a manifestarse de modo pacífico pero contundente. A la hora de analizar qué explica la aparente apatía de ciertos sectores, apela al miedo, producto de 36 años de conflicto interno que todavía permanece en la memoria colectiva, a la desinformación, a la criminalización. También aporta detalles que apuntan a un cambio. Es lo que él denomina “pasar del `no te metas en política` al `ten cuidado`” como recomendación que se transmite de padres a hijos en muchos domicilios guatemaltecos.

La criminalización de la protesta es un elemento en boca de todos los movimientos sociales. El viernes 15 de septiembre, los diputados más afines a Jimmy Morales hablaron de “hordas violentas”, de “drogados y borrachos”.

—Hay una campaña para estigmatizar a los líderes, perfilar a la gente es el primer paso —afirma Álvaro Montenegro, integrante de Justicia Ya.

En su opinión, uno de los elementos positivos de esta crisis ha sido la rapidez de respuesta, debido a que redes que ya estaban en marcha desde 2015 se han reactivado. Ahí puede estar una clave a la hora de unir las demandas de los sectores capitalinos y los campesinos. Pone como ejemplo el trabajo en común para la reforma de la justicia que unió a activistas urbanos con autoridades ancestrales.

En relación a la criminalización, los estudiantes han expresado sus temores. Por eso, en una comparecencia celebrada el lunes, la secretaria general de la AEU, Lenina García, enumeró una serie de lineamientos entre los que se encuentran la prohibición para los manifestantes de cubrirse el rostro, el veto a realizar pintas y el establecimiento de un servicio de vigilancia conformado por 120 alumnos. Existe el temor a la presencia de infiltrados que utilicen la marcha para crear violencia y luego señalar a los convocantes.

Otro de los elementos que condiciona es el marco de discusión. Algo que los diputados se han encargado de modificar. En un primer momento, cuando Morales quiso expulsar al responsable de la CICIG, Iván Velásquez, se generó la dialéctica de “Iván versus Jimmy”. Como lo explicaba Sofía Marroquín, una de las personas que el viernes se manifestaban frente al Congreso, se creó la división “entre defender a un extranjero o a un presidente evangélico apoyado por los militares”. A partir de ahí también opera el discurso del miedo. “Han tratado de asustar con el petate del muerto”, considera Alejandro Pineda, en referencia a la teoría de los medios oficialistas sobre una supuesta conspiración izquierdista que buscaría convertir el país en una sucursal de Venezuela.

El día después del paro nacional

Una manifestación, por muy masiva que sea, siempre es un medio para lograr un objetivo. Las organizaciones, aunque centradas en el paro nacional, piensan también en el día después. Ahí aparecen medidas concretas, tanto de protesta como propositivas. “La marcha sirve para reforzar a la gente, para motivarla para seguir protestando”, considera Alejandro Pineda. También, como método de presión. Pudo ser la indignación popular, unida a la presión internacional, la que obligó a los diputados a retractarse en 48 horas de unas medidas que consideraron que podrían pasar fácilmente en víspera del feriado de la Independencia.

“En las comunidades consideran que los diputados no saldrán hasta que no se inicie un bloqueo de carreteras”, apunta Byron Martínez, de Codeca. Recuerda que su organización no ha variado el lema de exigir la marcha de Jimmy Morales y la investigación a los asambleístas corruptos, así que sitúa la protesta como un punto y seguido para más movilizaciones.

El jueves está previsto que el Congreso vuelva a debatir sobre el antejuicio a Jimmy Morales. No es descartable que, al igual que ocurrió la semana pasada, se registren protestas en las inmediaciones de la asamblea. En este caso, para exigir que se investigue al presidente.

Al mismo tiempo, en diversos departamentos ha surgido un movimiento que señala a los diputados originarios de cada lugar, les responsabiliza de sus últimas decisiones y les insta a dimitir. El veto en establecimientos comerciales puede extenderse a los lugares de origen de los parlamentarios. En palabras de Samantha Sygier, originaria de Sololá y que pone como ejemplo las protestas registradas en su departamento, se trata de “desgastar a los partidos”. Además de la denuncia pública, otra de las líneas de trabajo está en la interposición de demandas de antejuicios contra los diputados. Algunos de ellos ya están siendo investigados por corrupción.

Álvaro Montenegro, de Justicia Ya, reconoce que no sabe qué ocurrirá en los próximos meses. En realidad, nadie lo sabe. Sí que recuerda que el proceso desarrollado hace dos años fue largo. Que hubo momentos en los que se replantearon las movilizaciones e incluso estuvieron por tirar la toalla. Al final, Pérez Molina y Baldetti cayeron.

No todo el movimiento es destituyente. También hay propuestas.

La más concreta, la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Se trata de una propuesta que choca con la dinámica de la pescadilla que se muerde la cola. Quiere evitar que la corrupción se perpetúe en el Congreso pero son los mismos diputados acusados de corrupción los que deberían aprobarla. Esto se explica mirando hacia 2015. Tras las protestas, los diputados que llegaron al Congreso formaban parte de las mismas élites que copaban la asamblea previamente. No hubo depuración. Así que los problemas se repiten. La dificultad para poner en marcha una modificación legal de tal envergadura es que son los mismos políticos a los que se quiere alejar del poder los que deberían de aprobar la ley. Una tarea difícil. A pesar de ello, la USAC, que goza capacidad legal para presentar reformas, ya tiene en mente un proyecto. Según indica Samantha Sygier, miembros de la AEU junto a abogados de su confianza están preparando las comisiones de diálogo para elaborar el plan y remitirlo al Congreso.

En opinión de Samuel Pérez, del Movimiento Semilla, la “judicialización” no puede ser la receta mágica. Recuerda que, incluso en el caso de que se eliminase la corrupción, el resto de problemas del país perviven. Apuesta por la articulación política y la dignificación del servicio público. Semilla se encuentra en proceso de constituirse como partido. En un proceso paralelo, Codeca, la organización campesina, apoya también la creación de un “instrumento político” junto a otros movimientos sociales. Aunque para poder concurrir todavía deben cumplir los duros requisitos y esperar los dos años que faltan para las próximas elecciones. Si no ocurre algo antes.

La acción de los diputados y del presidente ha despertado la indignación ciudadana. Los movimientos sociales, desde sus diferencias, convergen en un paro y comienzan a perfilar una agenda común, aunque sea de mínimos. Existen diferencias, como ocurre en cualquier proceso de cambio al que se suman diversos sectores. La articulación de demandas que unan a los sectores urbanos y a los movimientos indígenas y campesinos es uno de los retos.

Mantener el nivel de las movilizaciones es otro. Como reconoce Alejandro Pineda, el éxito puede ser un arma de doble filo, porque por un lado sirve para motivar pero también puede dejar la falsa sensación del deber cumplido sin lograr los objetivos.

“Lo fundamental son los cambios estructurales”, afirma Byron Martínez, que cree que Guatemala se encuentra en un “momento efervescente” que abre muchas oportunidades, especialmente ante el “desgaste del Estado”.

Queda pendiente la discusión entre quienes creen en una línea reformista y los que consideran q esa via se agotó en 2015 y defienden la Asamblea Plurinacional Constituyente. Pero ahora todo está abierto.

“Los cambios no se dan tan rápido. Estamos en un proceso difícil, pero que da esperanza. Estamos liberando el Estado”, resume Álvaro Montenegro.